Más allá de la academia, la antropología ayuda a entender cómo viven, se organizan y reclaman sus derechos las distintas comunidades. En un país tan diverso como Colombia, ese conocimiento no solo permite leer mejor esa realidad, sino también orientar decisiones públicas sin desconocer contextos sociales, culturales y territoriales.
Análisis Especial para RAYA por: Nurys Silva, Antonio Olmo, Mayra García y Felipe Lozano – ICANH.
Para los colombianos, es usual ver la figura de Virginia Gutiérrez de Pineda sin saber, probablemente, quién fue. Está en el billete de $10.000. Su imagen aparece en el anverso y, en el reverso, un fragmento de su trabajo. Pero volver hoy sobre su nombre no tendría por qué quedarse en un gesto de reconocimiento simbólico. También permite ahondar sobre una cuestión más amplia: qué lugar ocupa la antropología en un país como Colombia y cuánto puede contribuir en la toma de las decisiones públicas.
No se trata de un homenaje casual: Gutiérrez de Pineda fue una de las pioneras de la antropología en Colombia y uno de sus mayores aportes fue cuestionar la idea, existente hasta mediados del pasado siglo, de que las políticas públicas pueden diseñarse bajo un mismo molde para todos los territorios.
En la década de 1960, Virginia Gutiérrez de Pineda demostró, con rigor empírico, que las familias colombianas no respondían a un único modelo, sino que estaban profundamente marcadas por la diversidad cultural, regional e histórica del país. Además, puso especial énfasis en revelar las experiencias, los roles y las desigualdades que enfrentaban las mujeres en distintos contextos regionales y culturales del país.
Sesenta años después, Colombia sigue siendo un país profundamente diverso, con una pluralidad étnica reconocida, marcadas diferencias regionales y en el que cohabitan más de un centenar de pueblos indígenas, existen decenas de lenguas vivas y múltiples formas de organización social y política. Frente a este contexto, la antropología ha encontrado uno de sus campos de acción más relevantes: el de comprender estas particularidades en el país.
Esa comprensión no se agota en la descripción académica de la diversidad. En un país donde las diferencias culturales atraviesan la sociedad, el conocimiento antropológico se vuelve un insumo para decisiones públicas concretas. Entender cómo se configuran las identidades colectivas, cómo operan las autoridades propias o cómo se organizan las comunidades no es un ejercicio teórico: en muchos casos, de esos elementos depende que una intervención estatal no desconozca derechos, no agrave conflictos existentes y no reproduzca desigualdades históricas.
Por eso, la antropología ha ido ocupando un lugar cada vez más visible en escenarios estatales, donde la diversidad cultural deja de ser una constatación general y se convierte en un asunto político y administrativo.
En esos espacios, puede cumplir una función clave: traducir, contextualizar y tender puentes entre lenguajes culturales, jurídicos y administrativos que rara vez se encuentran en igualdad de condiciones. No se trata de reemplazar la voz de las comunidades ni de hablar por ellas, sino de aportar elementos para que las decisiones públicas reconozcan contextos históricos, formas de organización y relaciones con el territorio que suelen quedar por fuera de la mirada institucional.
Un ejemplo reciente es el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional en 2023. En ese proceso, impulsado inicialmente por una solicitud de la Corte Suprema de Justicia, participaron organizaciones campesinas y centros de investigación como Dejusticia, entidades estatales como el DANE, la Procuraduría y la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios, así como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Allí, el conocimiento antropológico fue insumo para comprender al campesinado no solo como una categoría productiva, sino como sujeto colectivo con identidad, formas organizativas y vínculos territoriales propios.
Otro caso relevante es el desvío del cauce del Arroyo Bruno, afluente del río Ranchería, asociado al avance de un proyecto minero en La Guajira.
Ante la posible vulneración de derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud, la seguridad alimentaria, la participación y la integridad cultural, la Corte Constitucional solicitó al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) acompañar una inspección judicial y elaborar informes de seguimiento sobre los impactos de esta intervención.
En este contexto, el conocimiento antropológico fue clave para comprender la importancia social, económica y cultural del arroyo para las comunidades wayuu aledañas.
Los análisis mostraron que la modificación de su cauce no sólo transforma un ecosistema, sino que genera procesos de reducción territorial que afectan las condiciones de subsistencia de estas comunidades. Así, la evidencia aportada permitió dimensionar cómo esta alteración hídrica puede comprometer de manera integral la vida colectiva del pueblo wayuu y poner en riesgo su pervivencia física y cultural.
Para entender de manera más amplia qué se le pide hoy a la antropología desde el Estado, el ICANH ha puesto al servicio de la ciudadanía el Explorador de Conceptos, una herramienta que organiza y sistematiza las consultas, solicitudes y requerimientos que distintas entidades y actores le hacen a la institución. Igualmente, la serie de boletines “De la consulta al concepto antropológico”, permite identificar tendencias, temas recurrentes y en qué ámbitos de la gestión pública se solicita este tipo de conocimiento.
En última instancia, pensar hoy la antropología en Colombia supone volver sobre una discusión que Virginia Gutiérrez de Pineda ayudó a instalar hace décadas y que sigue abierta: la de los límites de cualquier mirada homogénea sobre el país. En ese sentido, volver hoy sobre la figura de Virginia Gutiérrez de Pineda no es un gesto nostálgico ni anacrónico. Es recordar que, desde hace décadas, la antropología viene advirtiendo algo fundamental: sin comprensión cultural, la acción estatal corre el riesgo de ser incompleta, ineficaz e, incluso, injusta.
