Por Óscar Arnulfo Cardozo
La más reciente movilización de líderes arroceros en Bogotá, el pasado 27 de junio, concentró a cerca de 3.000 pequeños productores provenientes de todos los departamentos del país adscritos a la entidad gremial ‘Dignidades Agropecuarias’ y particularmente a su capítulo sectorial, ‘Dignidades Arroceras’. Si bien, su principal demanda en dicha movilización consistía en reclamar la necesidad de que el gobierno sostuviera aún el incentivo de almacenamiento en aras de lograr una estabilización de precios del producto, puertas adentro, su movilización desveló una crisis histórica de cientos de pequeños productores arroceros explotados, quebrados y urgidos por una reforma rural real que los represente. Campoalegre (Huila), conocida en tiempos mejores como “la capital arrocera de Colombia” es quizás el mejor ejemplo de este olvido estatal y quiebra sectorial acumulada durante décadas.
Cultivos de pancoger en Campoalegre. Foto: Óscar Cardozo.
Una breve historia arrocera de Campoalegre.
Durante todo el siglo XX, Campoalegre (Huila), un municipio ubicado en el centro del Departamento del Huila (A tan solo 45 minutos de su capital, Neiva), se caracterizó por el ser principal productor de arroz del departamento y uno de los más grandes del país ganándose así su título de “capital arrocera de Colombia”. Su privilegiada ubicación bañada por extensas quebradas y tierras que habían sido capituladas a campesinos tras triunfos de los antiguos líderes de la ANUC en el territorio, servían en tiempos más recientes para la siembra extensa de arroz. Empresas tan grandes en la producción de este grano como Roa y Florhuila, nacieron justamente en los albores de este siglo allí, en Campoalegre, posicionando sus primeros molinos.
Sin embargo, la apertura neoliberal en Colombia de la mano de César Gaviria hizo que muchas de estas tierras pasaran a incrementar su valor, subiendo así mismo los arriendos para muchos de los pequeños productores. Igualmente, los precios de los insumos para la producción de alimentos se encarecieron y el atraso tecnológico nacional les dejaron relegados ante la andanada de competidores internacionales más baratos y subsidiados en sus economías. Así, ya para 1994, las hectáreas sembradas de arroz en este municipio se verían mermadas a solo 4.800 en su primer semestre, uno de los bajones más drásticos de su historia dado que un año atráss la cifra era de 6.817 hectáreas.
Esta situación llevaría directamente a los cientos de pequeños productores a dejar atrás la monodependencia arrocera y buscar en otros cultivos la supervivencia. De este modo,, la siembra de sorgo y maíz empezó a ocupar los espacios dejados por el arroz en ciclos rotatorios de cultivo que les aseguraban ingresos. En tiempos donde incluso los propios molinos grandes miraban otras regiones del país como el Caribe y los Llanos como nuevos núcleos de asentamiento arrocero y explotación.
Si bien, muchos de los campesinos productores en Campoalegre siempre retornan al arroz como cultivo principal de siembra (En 2004 llegaron a sembrar 7.200 hectáreas en el primer semestre), desde lo acaecido a mitad de los años 90, nunca han vuelto a confiarse plenamente en los rendimientos que deja este cereal en sus economías. Por eso, a la par de su experticia en la siembra de arroz, con los años han aprendido a ser diestros en la siembra de café, tabaco, maíz, sorgo, algodón y plátano ocupando así por temporadas sus terrenos propios y arrendados con estos cultivos de rotación.
La tierra como monopolio empresarial y de los terratenientes.
“Hoy día, producir una hectárea de arroz para un pequeño productor en Campoalegre cuesta 11 millones de pesos y la tonelada la paga la industria arrocera a 6 millones. Perdemos 5 millones por corte. Sí, los insumos bajaron un 20 %, pero apenas hace una semana, y nosotros no sembramos recién, llevamos 120 días en este ciclo de producción por lo cual tenemos costos elevados. En la cadena productiva de la comercialización de arroz en el país, los productores pequeños somos el eslabón más débil y amenazado. Nosotros no vemos la viabilidad de seguir cultivando arroz por los bajos precios de compra para el segundo semestre de este año, nos volcaremos a sembrar maíz aunque este cultivo al igual que el arroz y el algodón sea igualmente caro de producir (11 millones por Hectárea entre insumos, arriendos y mano de obra). El gobierno debería garantizar a cada sector un porcentaje mínimo vital para su supervivencia”, señala Martín Vargas, Presidente de ‘Dignidad Arrocera’ en el Huila alertando el estado actual de los pequeños productores en Campoalegre.
Martín Vargas en alquiler de un tractor para labores de siembra. Foto: Martín Vargas.
Y no es para menos, la economía local Campoalegruna se ha basado históricamente en la apuesta de siembra por este cultivo. Los negocios se han sostenido gracias al mercado constante de este cereal tan bendito para el crecimiento mismo del municipio - bodegas, restaurantes, almacenes de insumos agrícolas, secadoras, barrios enteros, hoteles, panaderías y hasta cantinas ven desfilar a diario algún pequeño productor en sus tareas cotidianas de cosecha arrocera- pero también ven cómo de a poco se contrata menos mano de obra que deambula esperando ocuparse, molinos que se trasladan a nuevas zonas de cultivo en el país y hasta suicidios por pérdidas completas en las inversiones para arroz. Poder tener una buena cosecha allí es tan definitivo como la vida misma de sus 35.000 habitantes.
Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), el 78 % de los habitantes de Campoalegre, entre su área urbana y rural, no tienen más allá de 10 hectáreas para tener su casa, sus animales y sus cultivos. Lo llamativo de esta situación es que estos pequeños productores, solo ocupan el 14 % del total del municipio, siendo el 86 % restante ocupado por las empresas industriales de arroz y terratenientes que subarriendan a campesinos para su cultivo. Una lógica bastante perversa y de vasallaje en pleno 2023.
Sobre esta situación, Vargas nuevamente comenta la imposibilidad de estar por fuera de estos dominios sin intervención del Estado: “Campoalegre es tan solo un reflejo de la situación arrocera en Colombia: un territorio dominado por el monopolio organizado de tres empresas familiares que compran el 80 % de la producción de arroz en el país. Los Murra, en el Tolima, con Arroz Diana, los Roa, en el Huila, con Arroz Roa y Los Suso, en el Valle, con Arroz Blanquita manejan a su antojo la compra y venta de terrenos para el cultivo de arroz en el país. Bajo la ley de oferta y demanda ellos anualmente tienen toda la cosecha más grande de arroz en el año, la de arroz secano en los llanos orientales (297.000 Hectáreas), imponiendo un único precio de compra que al final resulta siendo irrisorio para el pequeño productor arrocero endeudado. El gobierno debería poner en cintura a estas tres empresas familiares en Colombia para que le paguen al pequeño productor un precio justo bajo un sistema de estabilización de precios y una mayor vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, particularmente en lo que a Paddy Verde respecta pues por lo menos en el Huila la carga (125 Kg) nos la siguen pagando a 200.000 pesos. Ni un bulto de urea vale eso”.
La movilización en Bogotá y los puntos centrales para el sector.
Convocada por los dirigentes arroceros de cada Departamento adscritos a ‘Dignidad Agropecuaria’, capitulo ‘Dignidad Arrocera’ en el país, más de 3.000 productores de arroz marcharon el pasado 27 de Junio, con la firme exigencia no solo al Gobierno Nacional sino también a las industrias arroceras de cambiar su situación fijando un precio significativo de compra por carga que dignifique mínimamente el trabajo de los pequeños productores y el establecimiento de mesas de negociación que incluyen abordar otros puntos neurálgicos para el sector.
Uno de ellos, refiere a discutir el impacto que han tenido los tratados de libre comercio (TLC) en el mercado local de arroz en Colombia, teniendo como referente el TLC con los Estados Unidos, principal país que importa arroz hoy día al país y cuyo arancel por venta para el año 2029 llegará a 0, razón por la cual muchos de los almacenes de cadena que hoy venden el arroz pasarán a importar la materia prima desde Norteamérica y a comercializarlo bajo su propio sello, quebrando totalmente la producción nacional. Al respecto, Vargas apunta: “Con los TLC, Colombia entró a importar mayormente sus alimentos (tenemos a la fecha 18 tratados de libre comercio vigentes). El arroz pasó a negociarse en su momento como parte de estos acuerdos comerciales para garantizar un supuesto “bajo precio”, lo cual no ha resultado del todo cierto pues con las guerras, la pandemia y las mejores garantías laborales y de producción en esos países con los que suscribimos TLC, resulta mucho más barato producir nuestro propio arroz en Colombia que importarlo”.
Un segundo punto, quizás en el que puede haber más encuentros con el Gobierno, dado su irrestricto apoyo con la baja en los precios desde el primer trimestre de este año, es el de los precios de los insumos. Para ello, los arroceros plantean una estabilización que les garantice un mínimo de seguridad en los precios, tan volátiles como inestables. “Los insumos sí han bajado y eso hay que reconocerlo enormemente a este Gobierno. Por ejemplo, la urea normal pasó de 280.000 en años anteriores a 130.000 en este y la urea recubierta de 320.000 a 150.000”, plantea Vargas.
Finalmente, un tercer punto refiere a ampliar más la discusión sobre el horizonte mismo del denominado “incentivo de almacenamiento”. Para esto, la propuesta desde el sector de los arroceros incluye temporalmente seguir con el pago de dicho incentivo a las industrias arroceras y poseedores de la tecnología de almacenamiento para que guarden uno o dos meses sus cosechas y permitan estabilizar los precios sin castigar al pequeño productor que solo tiene una o dos en todo el año. De cara al futuro, la propuesta a largo plazo será que este incentivo se desmonte con el fin de que sean los propios pequeños productores asociados los poseedores de sistemas de almacenamiento, trilla y secado para exportar directamente el grano sin intermediarios monopolizados.
Por ahora, existe buen ambiente con la nueva ministra de agricultura Jhenifer Mojica (a diferencia de su antecesora, Cecilia López, pues nunca cumplió lo pactado en las mesas de discusión con los arroceros), quien ya ha anunciado 20.000 millones para sostener el incentivo de almacenamiento y definiendo que con esta entrega se deben estabilizar los precios en el mercado por parte de las industrias arroceras, las cuales aún se niegan a aceptar el ofrecimiento, exigiendo abruptamente 60.000 millones o una continuidad en el irrisorio precio de carga para el Huila de 186.000 pesos cuando en el orden de lo justo para el productor, el precio debe ser de 230.000 pesos.
Cultivo de arroz en Campoalegre. Foto: Martín Vargas.
