El fin de semana pasado el gobierno Petro convocó la primera Convención Nacional Campesina. Durante tres días, unos 2.500 líderes campesinos de todo el país se encontraron con el presidente y sus ministros en el campus de Bogotá de la Universidad Nacional.
Por: Isabel Caballero Samper
Cuando una minga indígena o una marcha campesina llega a Bogotá, la ciudad universitaria suele convertirse en lugar de acogida y el polideportivo que queda junto al estadio Alfonso López Pumarejo se suele llenar de cambuches y refugios improvisados. Este fin de semana fue distinto, aunque la Universidad Nacional sí fue el lugar de encuentro, los cambuches y las ollas comunitarias sostenidas con donaciones de los estudiantes fueron innecesarios porque el gobierno financió la estadía en hoteles de la zona de los 2.500 asistentes a la Convención Nacional Campesina.
El presidente había dicho que el objetivo de la cumbre campesina era “construir un movimiento nacional capaz de presionar las reformas fundamentales que necesita la sociedad en Colombia”. Y al final de la convención el ministro Prada anunció la creación de un “mecanismo de coordinación nacional campesina en el que se harán seguimiento a las conclusiones de esta convención y concertación de política publica con los campesinos”.
Fuera de los varios anuncios que miembros del gobierno hicieron durante sus intervenciones en la Convención —allí estuvieron presidente y los ministros de Interior, Agricultura, Ambiente, Trabajo y Ciencia además de varios congresistas de l bancada de gobierno— no se llegó al final del evento a conclusiones ni acuerdos vinculantes. Seguir trabajando en eso se supone que será el trabajo del mecanismo de coordinación que se conformará de manera democrática.
El gobierno se comprometió a impulsar la adhesión de Colombia a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales y a que el DNP la incluya en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta declaración pasó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018 pero el gobierno Duque no se adhirió argumentando que “los derechos colectivos que reconoce la Declaración exceden y trascienden la legislación colombiana”, ahora el gobierno Petro sí votaría a favor.
Además, y relacionado con esta Declaración, un proyecto de ley para reconocer al campesinado como sujeto de derechos de especial protección constitucional cursa trámite en el Congreso impulsado por los senadores Alexander López y Robert Daza y el exsenador Alberto Castilla —todos del Polo Democrático, parte de la coalición de gobierno.
El gobierno también se comprometió a implementar la Reforma Rural Integral pactada en la Habana, a ampliar los municipios PDET y a crear una Dirección Campesina en el ministerio del Interior.
Como la Convención no llegó a conclusiones ni acuerdos, los líderes campesinos le entregaron al gobierno un documento de 142 páginas con las relatorías de las diferentes mesas y submesas de trabajo que documentan cientos de propuestas. En respuesta, el ministro Prada dijo “Prepararemos la respuesta a todas las propuestas de los campesinos y las campesinas en esta convención, pero habrá que revisar su financiación, su estructura jurídica, su viabilidad técnica y también el periodo de implementación en estos cuatro años porque todo no es pa’ la semana entrante. De tal manera que de forma supremamente responsable por el gobierno reconocemos ese mecanismo de coordinación campesina como una instancia de diálogo permanente.”
Así, la primera Convención Nacional Campesina se terminó con menos bombos de los que empezó. Los anuncios del gobierno fueron muy bien recibidos y durante los discursos los aplausos no paraban, pero al cierre lo único que se concretó fue la creación de una mesa (otra mesa) para hacer seguimiento a las propuestas, pues ni siquiera se llegó a hacer compromisos
