Históricamente, Colombia se ha caracterizado por una democracia restringida, lo que ha impactado en todos los ámbitos políticos y sociales, particularmente, en el acceso y la participación ciudadana en los medios de comunicación masivos, hoy organizados bajo una estructura de mercado oligopólica articulada al gran capital financiero e industrial transnacionalizado. La propiedad de los medios de comunicación ha pasado de familias a holdings empresariales con inversiones en la banca, la construcción, la agroindustria y el comercio, consolidando su control sobre la agenda pública. Estos conglomerados no solo concentran la mayor parte del ecosistema mediático, sino también la pauta publicitaria estatal, garantizando su sostenibilidad y hegemonía.
El fondo de inversiones Valorem, de la familia Santo Domingo, controla Caracol Televisión, Blu Radio, La Kalle y El Espectador; el grupo financiero Aval es el dueño del diario El Tiempo y Portafolio; el grupo español Prisa, propiedad de fondos ingleses y probablemente árabes, son dueños de Caracol Radio y controlan el Canal Uno; mientras que la Organización Ardila Lülle es dueña de RCN Televisión, RCN Radio y La República; el Grupo financiero Gilinski es el dueño de Semana, El País de Cali y El Heraldo de Barranquilla; y el clan político de los Char que ha capturado gran parte del espectro radial a nivel nacional.
Por ello, el modelo comunicativo en Colombia es antidemocrático y excluyente. Durante décadas, los medios públicos han sido relegados bajo el control de gobiernos de derecha que no han promovido su fortalecimiento. Sin embargo, su panorama cambia cuando intentan abrir espacio a nuevas voces. El caso de RTVC es un ejemplo: sus esfuerzos por ampliar la diversidad informativa han sido atacados y deslegitimados por los medios masivos, que perciben una amenaza a su audiencia acrítica. Mientras tanto, estos mismos conglomerados gozan de acceso irrestricto a recursos públicos, mientras el periodismo emergente, que busca equilibrar la balanza informativa, es empujado a la marginalidad digital, donde los algoritmos limitan su alcance y lo condenan a una disputa desigual.
La crisis (en el sentido hegeliano del concepto), emerge con la llegada de un gobierno alternativo, que introduce nuevas voces y agendas inexistentes en la estructura oligopólica dominante. Estas voces, centradas en la crítica y el debate de lo público, incomodan a quienes han controlado la información.
Desde las organizaciones de libertad de prensa se clama por la pluralidad informativa. Sin embargo, en Colombia esto sigue siendo una promesa incumplida en todos los medios. Algunas iniciativas digitales han tratado de posicionar nuevas voces y agendas contrahegemónicas, sin lograr alterar estructuralmente la distribución del poder mediático ni incomodar realmente a quienes lo controlan. De hecho, muchas de las voces críticas que denuncian la falta de pluralismo en los medios públicos ignoran el contexto estructural de esta disputa.
La elección de un presidente distinto al bloque de poder históricamente gobernante ha permitido la emergencia de audiencias antes acalladas. No se puede ignorar a ese sector del país que tiene otras voces y otras historias, que no se ven reflejadas en el ecosistema mediático masivo controlado por conglomerados económicos. Un ejemplo de esas voces silenciadas se reflejó en el estallido social, cuyo verdadero significado algunos aún no comprenden.
A nivel regional, países como Argentina y Uruguay han implementado legislaciones que reservan parte del espectro radioeléctrico para actores no comerciales, promoviendo una mayor diversidad informativa. En Colombia, esta discusión sigue siendo ignorada. Lo máximo alcanzado ha sido la participación de nuevos actores comunicativos y sociales en el marco de los canales públicos. Sin embargo, cuando esto ha ocurrido, debido al ascenso de gobiernos alternativos a nivel regional y nacional, la situación se ha tornado incómoda y poco deliberante. Por el contrario, los medios masivos fingen ser plurales para sostener una reputación falaz. Hoy, RTVC refleja esta realidad y es víctima de ella.
Si bien el actual gobierno ha intentado responder a estos retos con iniciativas como la red de medios de la Unidad Solidaria, el fortalecimiento de los medios alternativos y anuncios de pauta, los esfuerzos siguen siendo parciales y no han modificado la correlación de fuerzas ni promovido transformaciones estructurales más allá de coyunturas y gobiernos de turno. Esta falencia no es menor, pues deja en deuda la democratización de las comunicaciones en función de una ciudadanía orientada hacia la paz y los derechos humanos, es decir, hacia la transformación cultural del país.
Por otro lado, los sectores extremistas anuncian que, en caso de un eventual triunfo electoral en 2026, cerrarían los medios públicos. Sabemos que podrían cumplir su promesa, ya que su poder se sostiene en los medios hegemónicos. De fondo, su verdadero objetivo es impedir que emerjan nuevas voces que desafíen las agendas construidas por los medios corporativos.
Si hoy, o en 2026, se cerraran los medios públicos o se inutilizaran de facto, como ocurrió con Canal Capital, ¿mejoraría la calidad de nuestra democracia? ¿Se alcanzaría el pluralismo informativo que supuestamente se está perdiendo? Además, ¿debe el sistema de medios públicos jugar un rol activo en la transformación del ecosistema comunicativo y en la búsqueda de la pluralidad informativa? Creemos que sí. Pero también nos preguntamos: ¿debe ser RTVC el único garante de la pluralidad informativa? Por supuesto que no.
Resulta sospechoso que esta cruzada por el "pluralismo en lo público" provenga de medios que, en diferentes momentos de la historia, han estado al servicio de políticas o regímenes claramente antidemocráticos, violatorios de los derechos humanos, normalizando la violencia y con poca crítica hacia el genocidio político, entre otros de la violencia nacional que documentó la Comisión de la Verdad. También han sido cómplices activos en la construcción de imaginarios sexistas, clasistas, xenófobos, racistas y homofóbicos, moldeando las conciencias de audiencias acríticas, bajo la apariencia de entretenimiento e información. Si se trata de buscar pluralidad y equilibrio, misteriosamente ningún medio masivo comenta lo que sucede con algunos canales públicos regionales manejados por la derecha, principalmente en Antioquia.
Desde la Revista RAYA, hemos impulsado este debate y lo hemos enfrentado, al igual que otros esfuerzos periodísticos, con hechos a través de nuestro trabajo, haciendo control a todas las formas de poder, es decir, al conjunto del establecimiento político y económico. Seguiremos en la lucha por llegar a acuerdos con nuestros pares, construir alianzas y ejercicios colaborativos, en aras de ampliar audiencias y de llegar a las masas para superar la marginalidad de lo digital, llevando al debate público nuevos temas y voces, haciendo periodismo de calidad, en donde se abran espacios para ello, como el que mantenemos con Señal Colombia, donde realizamos un trabajo ético y responsable, con estricto ejercicio de independencia, para que la ciudadanía forje, informadamente, sus propias opiniones.
En la medida que el ecosistema mediático masivo se transforme de manera estructural, se podrán discutir sin maniqueísmos, manipulaciones y sin la hipocresía de quienes claman pluralidad mientras consolidan un sistema que, por diseño, excluye cualquier visión que desafíe el statu quo. La disputa por lo público es, en esencia, una disputa por la democracia.
