En 2026, el gobierno de Estados Unidos escaló la guerra económica contra Cuba con una orden que presiona a terceros para cortar el suministro de petróleo y derivados. La medida eleva el riesgo de parálisis en transporte, bombeo de agua, hospitales, alimentos y cadena de frío de medicamentos. La escalada se inscribe en seis décadas de bloqueo y reactualiza Baraguá como símbolo de soberanía y resistencia.
Análisis especial para RAYA
Por Jairo Estrada Álvarez
Profesor del Departamento de Ciencia Política. Universidad Nacional de Colombia
- "El futuro de nuestra patria será un eterno Baraguá"
- La incesante pretensión del sometimiento de Cuba por parte de los Estados Unidos
- Condiciones actuales de extrema excepcionalidad en la guerra económica contra Cuba
Conmemoración del centenario de la Protesta de Baraguá, celebrado el 15 de marzo de 1978. - Foto: Cuba Debate
“El futuro de nuestra patria será un eterno Baraguá”. La célebre frase del Comandante de la Revolución cubana, pronunciada en el acto de conmemoración del centenario de la Protesta de Baraguá, celebrado el 15 de marzo de 1978, adquiere en el presente relevancia ante la mayor amenaza de la historia reciente sobre la soberanía de Cuba por cuenta de la política del gobierno de los Estados Unidos. Esa amenaza ha alcanzado un nuevo umbral en 2026: se pretende cortar, por vía de sanciones y castigos a terceros, el acceso de Cuba a petróleo y derivados, es decir, a la energía necesaria para sostener la vida cotidiana y los servicios esenciales.
En aquella ocasión, Fidel evocó ‒como un símbolo de la lucha por la independencia y la soberanía‒ la negativa de Antonio Maceo a aceptar la paz sin el logro de los objetivos principales de la primera gesta libertaria contra el colonialismo español: la abolición de la esclavitud y la independencia de Cuba. La Protesta de Baraguá —la decisión de no firmar una “paz” que renunciara a la independencia y a la abolición de la esclavitud— fue liderada por Maceo y otros mambises, guerrilleros independentistas, que integraron el Ejército Libertador en Cuba, lucharon primero en la Guerra de los Diez Años (1868-1878) y luego en la Guerra Chiquita (1879-1890) y la Guerra de Independencia (1895-1898). Esta última fue liderada por Maceo, José Martí y el dominicano Máximo Gómez. Maceo, el “Titán de Bronce”, cayó en combate el 7 de diciembre de 1896, meses después de la muerte de otro insigne revolucionario cubano, José Martí, el “Apóstol de la Independencia”, a manos del ejército español, el 19 de mayo de 1895. Máximo Gómez, el “Generalísimo”, falleció en La Habana en 1905.
Para las luchas independentistas, la Protesta de Baraguá constituyó a la vez un símbolo de la resistencia y el referente de que la paz en Cuba lo sería con dignidad y soberanía. Ese significado de Baraguá se ha extendido a lo largo de toda la historia cubana. No solo inspiró el accionar del movimiento revolucionario independentista, sino también las luchas por la democracia y contra el dominio imperialista de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, así como contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958). Igualmente encontró continuidad en la gesta revolucionaria que iniciara con el asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 y condujera al triunfo de la revolución cubana el 1.º de enero de 1959. En ese hilo, Baraguá deja de ser un episodio y se vuelve un referente político-cultural de dignidad y soberanía.
Foto : Aaffur
De la misma manera, se encuentra vivo en el presente tras la más larga y cruel guerra económica desatada por un poder imperial como el representado por los Estados Unidos contra toda una nación y su pueblo, cuyos impactos superan con creces cualquier irracionalidad: impedir el acceso a la energía necesaria para garantizar la subsistencia básica de toda la sociedad. Y por cuenta de tales impactos, incrementar la pretensión de sembrar miedo y desesperanza, provocar rabia social e inducir el descontento generalizado, socavando los principios y valores y las relaciones sociales de cooperación y solidaridad que por décadas han conformado el basamento social y la vida cotidiana, a fin de forzar la caída del “régimen” o una “transición” que permita la materialización de la histórica ambición de los gobiernos de los Estados Unidos del sometimiento de Cuba a sus designios. En términos cotidianos, el golpe a la energía se traduce en interrupciones del transporte, de servicios hospitalarios, del bombeo de agua, de la distribución de alimentos y de la conservación de medicamentos.
No es en absoluto una exageración afirmar que hay una política en curso, que replica bajo otras condiciones y con rasgos diferentes los mismos propósitos del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Lo único que le ha faltado al gobierno de Donald Trump es poner a circular un render sobre la vida maravillosa en La Habana y Santiago, y en general, en todo el territorio cubano (la “Riviera cubana”), que vendría tras el negocio inmobiliario y la transformación de Cuba en un “paraíso inversionista”, una vez se produzca la anhelada caída del “régimen”.
En el caso de Cuba, los alcances de tal pretensión son aún mayores, pues buscan un impacto político-cultural de una magnitud incalculable: se trata de liquidar un símbolo de la resistencia y la rebeldía mundial y, sobre todo, de evidenciar ‒a través de un ejercicio de demostración brutal‒ que es imposible pensar en perspectiva histórica una formación social diferente al capitalismo. Dicho de otro modo: se busca clausurar la idea de que una sociedad puede organizar su economía, su política y sus relaciones de poder por fuera del capitalismo. Se trata, en ese sentido, de la pretensión de imponer un castigo insuperable a los ideales y al movimiento real de los trabajadores y trabajadoras del mundo, que busca cumplir al mismo tiempo la función de prefiguración de escenarios presentes y futuros de la acción política, en los que no haya cabida para proyectos políticos y de sociedad que cuestionen los fundamentos sobre los cuales se erige la sociedad capitalista.
A la experiencia acumulada de Cuba en el propósito de construir una sociedad alternativa ‒sin haber tenido una posibilidad estable y duradera de demostrarlo, porque no se le ha permitido‒ debe forzársele un único desenlace posible: el del fracaso. Este debe presentarse como el fracaso de los nobles ideales de la resistencia, la revolución y el socialismo, en cualquier lugar del mundo donde pretendan florecer. No se trata, desde esa perspectiva, solo de Cuba, sino, sobre todo, de lo que esa experiencia ha significado para la resistencia y la rebeldía de naciones y pueblos a lo largo y ancho del planeta, particularmente para quienes han luchado por la dignidad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación, esto es, el derecho de decidir sin injerencia o tutela externa el propio modelo político y económico, y que, en distintos momentos del último siglo largo, han enfrentado la dominación y la explotación capitalistas y han propugnado por su superación mediante la construcción de un nuevo orden social.
El “eterno Baraguá”, como parte indisoluble de una muy particular condición de la sociedad cubana que, con seguridad, perseverará en los cada vez más difíciles tiempos que se avecinan, requiere hoy del internacionalismo y la solidaridad que Cuba ha brindado en distintos momentos de lo que se ha caracterizado como la experiencia de la revolución cubana. No hay lugar para la indiferencia ni para las “aguas tibias”. El momento exige determinación y situarse del lado correcto de la historia.
Para la mejor comprensión del presente cubano, este texto se ha dividido en tres partes. En la primera, se aproxima un breve análisis histórico de la pretensión del sometimiento de Cuba por parte de los Estados Unidos. En la segunda se aborda la guerra económica contra Cuba llevada a cabo por los Estados Unidos durante más de sesenta años, como parte de esa pretensión de sometimiento. La tercera se ocupa de las condiciones actuales de extrema excepcionalidad en la guerra económica contra Cuba, provocadas por la orden ejecutiva del 29 de enero de 202, expedida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
La incesante pretensión del sometimiento de Cuba por parte de los Estados Unidos
A lo largo de los siglos XIX y XX se registran diversos intentos de los Estados Unidos de dominar a Cuba. En el contexto de la puesta en marcha de la doctrina Monroe, John Quincy Adams, entonces secretario de Estado y luego presidente, formuló en 1823 en desarrollo de la política de la “Fruta Madura”, la tesis según la cual Cuba “caería” -por “ley de la naturaleza” y gravitación geopolítica- en manos de Estados Unidos tras independizarse de España. En otras palabras: se sostenía que, una vez Cuba dejara de ser española, gravitaría inevitablemente hacia la unión americana sin necesidad de una temprana intervención directa estadounidense. Un par de décadas después, en 1854, en documento secreto conocido como el Manifiesto de Ostende, se formuló por diplomáticos estadounidenses la propuesta de comprar Cuba a España o en su defecto de tomarla por la fuerza para expandir la esclavitud y asegurar intereses estratégicos.
Tras una larga lucha independentista de los mambises cubanos (combatientes independentistas) contra el colonialismo español, Estados Unidos intervino y declaró la guerra a España en 1898, impulsado por sus intereses estratégicos y de expansión imperial; forzó en el Tratado de París de ese mismo año la entrega del control directo sobre Cuba por parte de los Estados Unidos, tal y como ocurrió con Puerto Rico, Filipinas y Guam. Lo que siguió en esos años (1899-1902) fue la primera ocupación militar y el dominio de los Estados Unidos sobre Cuba a través de un gobernador estadounidense encargado de “gestionar la transición”.
La independencia tutelada de Cuba fue condicionada con la inclusión de la Enmienda Platt (1901) en la nueva constitución. Tal enmienda permitía a los Estados Unidos intervenir militarmente, controlar las finanzas exteriores y establecer bases militares (de ese tiempo data la base de Guantánamo). En el marco de la inestabilidad política que afectaba al primer gobierno republicano, tutelado y títere, de Tomás Estrada (1902-1906), se produjo la segunda ocupación militar estadounidense, la cual se extendió de 1906 a 1909. Hasta 1934 Cuba fue gobernada bajo los designios neocoloniales de la enmienda Platt. En términos prácticos, esa tutela constitucional reconocía un “derecho” de intervención y garantizaba la instalación de bases militares.
La persistente lucha de las fuerzas nacionalistas cubanas, la creciente presión social y popular reivindicando la soberanía nacional, la política exterior del “Buen vecino” del gobierno de Franklin D. Roosevelt, así como el hecho de que los Estados Unidos ejercían control sobre la economía y la política de la isla, expresando razones diferentes pero congruentes, condujeron a la derogación de la Enmienda Platt el 29 de mayo de 1934. Lo que siguió a partir de ese año fue la profundización de las relaciones de dependencia de Cuba frente a la potencia imperial, los intentos de establecer en diferentes momentos y en algunos casos gobiernos con inspiración democrática (sin que lograran consolidarse) y un acumulado de luchas por la soberanía y la democracia que alcanzaría mayores niveles en los años cincuenta. En todo ese período se registró la injerencia de los Estados Unidos, sobre todo cuando advertían afectaciones de sus intereses de dominio sobre Cuba. Desde la década de los años treinta empezó a rondar la figura de Fulgencio Batista. En distintas circunstancias fungió como agente de los intereses de los Estados Unidos e incidió ‒dado su poder en el ejército‒ en el curso del proceso político cubano. A partir de 1952 instauró un régimen dictatorial que se extendió con el apoyo explícito de los Estados Unidos hasta su renuncia, el 31 de diciembre de 1958. Había triunfado la gesta revolucionaria liderada por el Comandante Fidel Castro.
Tras el triunfo de la revolución cubana y dados los ideales y las primeras realizaciones para edificar una nación soberana, superar la dependencia histórica frente a los Estados Unidos y favorecer los intereses de las clases subalternas, la potencia imperial inició toda una serie de acciones para revertir el proceso de transformación revolucionaria en curso. En esos primeros años se encuentran las disposiciones iniciales que derivaron en el bloqueo y la guerra económica contra Cuba por parte de los Estados Unidos. Luego del fracaso de la invasión mercenaria en abril de 1961 en Bahía Cochinos, financiada y dirigida por la CIA, se produjo, el día 16 de ese mes, la declaración del carácter socialista de la revolución cubana, con lo cual no sólo se dio continuidad a un proceso inédito de construcción de una sociedad alternativa, socialista, en la isla, sino que se produjeron impactos que alentarían las luchas por la liberación nacional y el socialismo en el entonces denominado Tercer Mundo y, de manera particular, en Nuestra América; además de la reconfiguración geopolítica de la Región. El dominio y la hegemonía de los Estados Unidos fueron resquebrajados a solo 90 millas náuticas de su territorio.
Desde esos años hasta el presente, no ha habido descanso por parte de la potencia imperial en su propósito de derrotar el modo de gobierno y erradicar el tipo de sociedad que comenzó a construirse en Cuba, mediante un repertorio que ha incluido incontables e incluso inimaginables variantes. Las operaciones encubiertas y la guerra económica han sido una constante. Esa pretensión de liquidar el “régimen cubano” solo es comprensible a la luz de la historia y de lo que Cuba ha significado para la rebeldía mundial y para las causas de la revolución y el socialismo.
La existencia de un mundo bipolar hasta el derrumbe de la Unión Soviética y la desaparición de los países del “socialismo realmente existente” en Europa Oriental constituyó una garantía para impedir aventuras intervencionistas de los Estados Unidos en Cuba; a partir de 1962, en medio de la “crisis de octubre” tuvieron que comprometerse a desestimar cualquier invasión al territorio cubano. Aunque Cuba nunca hizo parte del tratado militar de asistencia mutua conocido como el Pacto de Varsovia, siempre contó con el contrapoder y el contrapeso que representaban la Unión Soviética y el “sistema socialista mundial”. La “guerra fría” se acompañó a partir de finales de los años cincuenta, primero, de acciones de distensión y, luego, de la política de coexistencia pacífica entre dos sistemas (capitalismo y socialismo), refrendada por el Tratado de Helsinki en 1975, en el cual se incluyeron y reconocieron principios como la no intervención, la inviolabilidad de las fronteras y el respeto a los derechos humanos. Aunque, por razones obvias, Cuba no hizo parte de las negociaciones que condujeron a la firma de ese tratado, sus contenidos contribuyeron a la generación de nuevas condiciones para la regulación de las relaciones internacionales a escala planetaria y a diseñar el marco de coexistencia pacífica que en todo caso la favorecía. Debe afirmarse que lo señalado no constituyó impedimento para que los Estados Unidos continuaran con su intervencionismo militar en diversos lugares del planeta o emprendieran guerras localizadas, siempre aduciendo razones de “seguridad nacional” y la defensa de sus “intereses estratégicos”. Las pretensiones intervencionistas frente a Cuba tuvieron que contenerse por las razones anotadas.
El “eterno Baraguá” cobró nuevamente fuerza tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991. En ese tiempo, la pregunta que rondaba en el ambiente era acerca de cuándo se produciría la caída del “régimen cubano”. Han pasado entre tanto 35 años y el “régimen” sigue ahí. Parte de la respuesta a esa circunstancia se encuentra precisamente en ese “eterno Baraguá”: han sido décadas de lucha por la supervivencia digna y la preservación de la soberanía, en medio de las más adversas circunstancias. Los tiempos más difíciles del Período Especial (años de crisis de los noventa iniciado con el derrumbe soviético), lograron sortearse. Lo que sobraba en limitaciones y carencias fue compensado con dosis de sacrificio y dignidad. También en ese momento la disyuntiva era colonia o independencia, colonia o soberanía.
Hacia finales de la década de 1990, los cambios políticos ocurridos en Nuestra América por cuenta de los entonces denominados gobiernos de izquierda y centroizquierda del sur del continente condujeron a un debilitamiento de la posición hegemónica de los Estados Unidos en la Región. La potencia imperial empezaba a sentir las limitaciones del mundo unipolar neoliberal que se había impuesto tras la crisis y extinción del “socialismo realmente existente” en 1991; se encontraba en curso una reconfiguración de la geopolítica mundial aún no concluida. Para Cuba, todo ello significó unas nuevas condiciones de contexto que dieron nuevos aires a la asfixiante situación del Período Especial. En particular, el canje de petróleo venezolano por servicios médicos cubanos y educativos, entre otros, conllevó a que por más de dos décadas mejorara el abastecimiento de energía, asunto básico para la existencia de cualquier sociedad y economía. En este punto es necesario indicar que nunca se trató de donaciones o regalos; siempre hubo contraprestación a través de diversas maneras. Se desconoce la historia de Cuba y se vulnera la verdad cuando se afirma que el sostén del “régimen” en las últimas décadas ha sido el petróleo venezolano.
Tal sostén se ha encontrado en realidad en el apoyo de la población, que por décadas se ha querido corroer y ahora dinamitar. A pesar de que nunca se le ha permitido a Cuba probar libremente su modelo económico y de sociedad, por efecto de la incesante guerra económica y los numerosos esfuerzos de desestabilización política realizados por los Estados Unidos, la preocupación por construir, preservar y acrecentar la legitimidad política y cultural del proceso de la revolución cubana ha sido una constante. La clave ha estado en una indisoluble imbricación entre proyecto y dirección política y el sentir y el pensar del pueblo cubano. La expresión más reciente culminó con la expedición de la nueva constitución en 2019, refrendada en el referendo del 24 de febrero a través del voto popular por el 86,85% de la población, tras un proceso constituyente que movilizó y consultó a más de nueve millones de ciudadanos y ciudadanas entre los meses de agosto y noviembre de 2018 y del cual surgieron más de 783.000 propuestas ciudadanas. No hay ningún ejercicio del mal llamado mundo democrático ‒ni en los regímenes de “democracia electoral” que imperan en la Región‒ que pueda siquiera aproximarse al ejercicio de verdadera democracia participativa y directa propio del proceso constituyente cubano. Este se llevó a cabo en un contexto de profundización de las presiones estadounidenses para socavar el “régimen” durante el primer gobierno de Donald Trump (2017-2021).
Desde luego, el proceso cubano no ha estado exento de errores y desaciertos. Todos ellos constituyen factores de análisis que deben tenerse en cuenta para explicar la realidad actual de Cuba, pero en absoluto compensan los impactos de una política de incesante acecho y agresión sistemática llevada a cabo por los gobiernos de los Estados Unidos. La elaboración de una historia contrafáctica parece un esfuerzo inútil, pues nunca podrá saberse en qué situación se encontrarían la sociedad cubana y su proyecto de construcción socialista si se le hubiese permitido labrar libremente su destino, mediante el reconocimiento y la aplicación de normas básicas de coexistencia entre naciones que garantizaran la soberanía y la autodeterminación política, económica, social y cultural.
La existencia de un “orden internacional basado en reglas”, a pesar de los contrapoderes y contrapesos y de la necesidad de reivindicarlo, pareciera ser por lo pronto una quimera, pues el derecho que se impone es el del ejercicio de la fuerza, como, entre otros, se expresa en Gaza o en la pretensión de compra o anexión de Groenlandia y se evidenció en el reciente ataque militar a Venezuela y en la orden ejecutiva para privar de petróleo a Cuba y pretender una vez más acabar con el “régimen”. Aún está por verse qué resulta de este oscuro panorama, enrarecido por los avances de la ultraderecha y los procesos de fascistización en curso (con contenidos propios de la época), que en absoluto pueden considerarse lineales y ascendentes, dada la naturaleza conflictiva y contradictoria del orden capitalista. En cuanto a Cuba, se sabe que los Estados Unidos chocarán con el “eterno Baraguá”, el cual no es un mito ni una invención, sino una condición político-cultural inherente a la nación y el pueblo cubanos.
La pretensión de sometimiento, lejos de agotarse en episodios de intervención, encontró su forma más estable en la guerra económica, la cual trasciende el bloqueo económico, es decir, el complejo andamiaje de sanciones económicas y financieras, así como de restricciones y castigos a terceros (por cuenta la aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses) que ha buscado asfixiar a la sociedad cubana.
El bloqueo económico, componente principal de la guerra económica contra Cuba
Foto: Celag
Para ampliar la perspectiva de análisis, se hace necesaria una aproximación a lo que ha significado la guerra económica que los Estados Unidos han adelantado contra Cuba a lo largo de más de seis décadas. No hay en la historia ejemplo alguno que merezca una comparación. El componente principal de esa guerra económica ha sido el bloqueo total que se impuso oficialmente por el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, a partir de las 12:01 horas del 7 de febrero de 1962, en aplicación de la sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera vigente desde septiembre de 1961, con la cual se prohibió totalmente la importación de mercancías de origen cubano.
Con la puesta en marcha del bloqueo total, se daba continuidad a numerosas medidas previas de castigo al curso que tomaba la revolución cubana y se materializaba una estrategia que venía siendo diseñada cuidadosamente, según un artículo publicado por la Presidencia de Cuba (La Habana, 2 de febrero de 2026. En documento del 11 de diciembre de 1959, el jefe de la división del hemisferio occidental de la CIA señaló que no había otro remedio que enfrentar la revolución cubana con todos los medios a su alcance; impedir que Cuba desarrollara su propia economía era uno de ellos. Pocos meses después, el 6 de abril de 1960, se precisó que la estrategia a seguir debería consistir en privar al país de recursos materiales y financieros a fin de provocar el descontento generalizado de la población por efecto del hambre, el sufrimiento y la desesperación; es decir, buscando erosionar la legitimidad del proceso revolucionario para producir la caída del gobierno. Lo que siguió en la historia fue el “perfeccionamiento”, con mayor sofisticación, del bloqueo total. También se ha observado el fracaso de esa política.
No son difíciles de imaginar las dificultades que trajo el bloqueo económico para un país con dependencia económica absoluta frente a los Estados Unidos. Los años sesenta estuvieron muy marcados por el propósito de construir una nueva economía, cuyos fundamentos descansaban sobre las nacionalizaciones y la reforma agraria realizada, el muy fuerte estímulo a la educación, el reconocimiento y el avance en la materialización de los derechos sociales, y, sobre todo, en una impresionante movilización social por el trabajo, cuyo resultado ‒por efecto de la Revolución‒ era apropiado y distribuido socialmente. Existe evidencia histórica para comprobar que Cuba desde los primeros años se empeñó a fondo en la construcción de una nueva sociedad y alentó incluso las discusiones teóricas sobre el “modelo socialista”; dentro de ellas debe recordarse, por ejemplo, el debate celebrado entre el Ché Guevara y Charles Bettelheim sobre la teoría del valor en el socialismo.
En esa década, en medio de la continuidad del bloqueo total impuesto por los Estados Unidos y del aislamiento frente a América Latina propiciado por la potencia imperial a través de la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales por parte de todos los países de la Región, con la excepción de México, Cuba inició la diversificación de sus relaciones internacionales particularmente con el “campo socialista” (la Unión Soviética y los países aliados de Europa Oriental). Mientras los Estados Unidos reforzaban su estrategia anticomunista y contrainsurgente para contener los impactos de la revolución cubana e impedir una “segunda Cuba” a través de la Alianza para el Progreso y su “mini Plan Marshall” de 20.000 millones de dólares (hoy, más de 200.000 millones) y las más variadas estrategias de intervencionismo, incluido el militar, como lo fue la invasión a República Dominicana en 1965, Cuba avanzaba, no sin desaciertos o reveses, como la “Zafra de los diez millones” en 1970, en el inédito proceso de construcción del socialismo y de una base económica propia.
Los persistentes impactos del bloqueo económico, sin ser anulados, pudieron “regularse” durante un tiempo histórico significativo gracias al ingreso de Cuba en 1972 al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), el organismo de integración económica del “bloque socialista”, y su membresía hasta la disolución de tal organismo en 1991 en medio del derrumbe del socialismo soviético y de Europa Oriental. La participación activa de Cuba en la división internacional socialista del trabajo permitió el ininterrumpido suministro energético con petróleo soviético, el abastecimiento de bienes industriales provenientes del “campo socialista”, así como el impulso a la producción cubana con el desarrollo de algunas actividades económicas extractivas, industriales y agrícolas (níquel y cobalto, refinación de petróleo, biotecnología, medicamentos, azúcar, tabaco, ron, entre otros), con lo cual se generaron fuentes propias de ingreso (en todo caso con preeminencia del azúcar), que sirvieron de soporte y permitieron financiar el proceso de construcción socialista en todas sus dimensiones.
Durante esas casi tres décadas, no se sintieron en magnitud amenazadora los impactos del bloqueo económico. Si bien no se configuró una sociedad basada en la exacerbación y la ilusión del consumo, como es propio de la sociedad capitalista, lo cual nunca ha sido propósito del socialismo cubano, sí lograron consolidarle condiciones para una existencia digna de la población sustentada en el disfrute real de sus derechos. Han sido reconocidos mundialmente los logros de Cuba en educación, salud, seguridad social, cultura, en la especial atención a la infancia y la adolescencia y en campos focalizados de la investigación científica, entre otros. En igual sentido, fueron garantizados los abastecimientos básicos, no suntuarios, de bienes materiales a la población. En todo caso, a pesar de que en esas décadas Cuba fue ampliando sus relaciones a nivel mundial, la base económica que fue construyendo se caracterizó por la marcada dependencia del “campo socialista”, bajo un enfoque que pretendiendo desarrollar un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en el internacionalismo, la solidaridad y la cooperación, se fundamentaba, en todo caso, en la vigencia de la teoría del valor. En ese sentido, es falso afirmar que los logros del socialismo cubano se explicaban exclusivamente por el “subsidio soviético”.
La situación existente en la segunda mitad de los años ochenta, varió de manera radical con la crisis del “socialismo realmente existente” y su estrepitoso derrumbe. Frente a lo sucedido, en aplicación del “efecto dominó”, se esperaba que se produjera la derrota del socialismo cubano. Su principal mercado ‒de exportación e importación‒, el del “campo socialista”, desapareció en pocos años; la mayor parte de la base tecnológica del conjunto de la economía se quedó sin respaldo; el abastecimiento de energía cesó de manera abrupta. La caída del “régimen” solo era cuestión de tiempo, se afirmaba. Muy a pesar de las pretensiones del gobierno de George Bush, de los deseos de las fuerzas de la contrarrevolución y de la mafia cubano-americana asentada en Miami, en el estado de Florida, tal caída no llegó. De esa manera quedaría demostrado que el socialismo cubano tenía unos fundamentos históricos, políticos y culturales, que trascendían el tipo de relación establecida con el “campo socialista”. Dentro de ellos se encontraba el “eterno Baraguá”, el cual se puso nuevamente a prueba en los muy difíciles años del Período Especial, que empezó en 1991.
Así como Cuba inició la construcción socialista en medio del bloqueo económico de los Estados Unidos en los años sesenta, se veía obligada ahora en los noventa a reconstruir de nuevo su economía bajo circunstancias de excepcionalidad extrema, caracterizadas por una reconfiguración geopolítica en la que no había contrapoderes de peso en ese nuevo orden mundial de hegemonía de los Estados Unidos y de imperio del neoliberalismo.
Con la caída del “campo socialista” y dado que ‒como ya se dijo‒ no se advertía el “efecto dominó” en Cuba en lo inmediato, incluida la inexistencia de un movimiento opositor que quebrara la unidad del pueblo cubano y pudiera ser instrumentalizado políticamente, los Estados Unidos optaron por acentuar las condiciones del bloqueo económico con la promulgación de la Ley Torricelli en 1992. Las contravenciones del bloqueo adquirieron una dimensión extraterritorial, (es decir, se extendieron a terceros países y empresas fuera de Estados Unidos), con lo cual se estableció la fijación de sanciones a terceros países donde estuvieran asentadas empresas estadounidenses y a los barcos que comerciaran con Cuba.
Años después, en 1996, se expidió la Ley Helms-Burton a fin de fortalecer la internacionalización del bloqueo económico y desestimular y obstaculizar la inversión extranjera en Cuba. “Con posterioridad, otros actos legislativos como las leyes de presupuesto federal y la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del año 2000, incorporaron otras interdicciones, como la denegación de financiamiento a las ventas de productos agrícolas a Cuba y la negativa de viaje de ciudadanos de aquel país como turistas”, según el artículo “El bloqueo estadounidense contra Cuba. Una actualización”, de Magda Luisa Arias (Revista Política Internacional, No. 4, La Habana, 2021)
El Período Especial, que bien podría caracterizarse como un período de economía de guerra, conllevó la necesidad de búsqueda de recursos para garantizar la supervivencia básica del “modelo socialista” y, sobre todo, de las condiciones de subsistencia alimentaria y, en general, de los derechos sociales de la población, así como un acceso (precario) a la energía. En desarrollo de esos propósitos, se pusieron en marcha reformas que contemplaron la apertura controlada y regulada a la inversión extranjera (permitir inversión bajo reglas del Estado, sin liberalización plena del modelo), especialmente en el sector de la hotelería y el turismo, incluyendo la posibilidad de formación de empresas mixtas, la legalización del dólar (1993), la creación de casas de cambio y nuevas formas empresariales, medidas regulatorias del trabajo por cuenta propia en actividades seleccionadas, la creación de mercados agrícolas, el impulso a la agricultura orgánica urbana, la reducción drástica del consumo de bienes, energía y servicios, y la garantía de una dieta básica alimentaria. Igualmente se fueron consolidando actividades orientadas a la producción de servicios médicos y educativos, al tiempo que se intentó mantener algunas líneas de exportación generadoras de divisas.
Se trató de un proceso lento y cuidadoso, que exigió los debidos balances entre sus dimensiones política y económica, bajo el entendido de que una apertura total al capital extranjero y al mercado capitalista hubiera significado el principio del fin del “modelo socialista” y que un estímulo desbordado a la propiedad privada podía derivar en el desarrollo del capitalismo al interior de la sociedad. Regresar al pasado, bajo las nuevas y adversas condiciones históricas, no hacía parte de la agenda del gobierno cubano. Las medidas del Período Especial se diseñaron y pusieron en marcha bajo un principio de supervivencia digna, sabiendo que ellas tendrían consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales sobre la organización social, dentro de las cuales se encontraba la afectación a la política histórica de reducción del patrón de desigualdad.
La puesta en marcha de las señaladas medidas tuvo los efectos propios del “ensayo y el error”. Se enfrentaba una situación inédita, que llegó incluso a contemplar y planificar en 1990 el escenario de la Opción Cero, anticipándose a los hechos ya previstos por la dirigencia cubana en cabeza de Fidel Castro. Se trataba de un “plan de contingencia del gobierno revolucionario para el momento del bloqueo total del exterior y, por tanto, la falta absoluta de petróleo en el país. Se diseñó una estrategia para ese escenario y se organizó cada eslabón de la sociedad para mantener un mínimo de actividad económica, así como los centros de educación y salud vitales, con previsiones para una situación aún peor: la de una agresión militar. Se entrenaría al pueblo, incluso, para sobrevivir sin agua y energía eléctrica durante muchos días”. La cita aparece en “Opción Cero”, de Rosa Miriam Elizalde, publicado en La Jornada (Ciudad de México, 12 de febrero de 2026).
Durante una década larga, que se extendió hasta los inicios del siglo XXI, Cuba logró sobrevivir. Contrario al esperado colapso del “régimen” por parte de sus opositores, se produjo una muy lenta pero sostenida recuperación parcial de la economía y se garantizó la subsistencia de la población, en medio de carencias que deterioraron de manera significativa el nivel de vida alcanzado hacia finales de la década de 1980. Solo los cubanos y cubanas conocen la dureza extrema de esos años, las privaciones materiales y el daño emocional vividos en la cotidianidad; contrarrestados en gran medida por la nueva calidad de las relaciones sociales de solidaridad, hermandad y cooperación construidas en ese momento por dos generaciones de la construcción socialista, por la convicción de la no capitulación frente al imperialismo y el deseo colectivo de una patria soberana: el “eterno Baraguá”.
Hacia finales de la década de 1990, se observó con notoriedad la tendencia a la reconfiguración del orden mundial de hegemonía imperial estadounidense, entre tanto en proceso de erosión y deterioro. Se fue perfilando la mayor y creciente presencia de China, así como de otros países que se definieron como potencias emergentes. El mundo unipolar llegaba a su fin, sin que ello significara una reedición del orden “capitalismo-socialismo” de buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Se abría paso el terreno para el multilateralismo. En Nuestra América, los cambios políticos ocurridos particularmente en América del Sur en los primeros lustros de este siglo, con los gobiernos entonces definidos como de izquierda y centroizquierda, pusieron en cuestión la posición hegemónica de los Estados Unidos y el dominio del neoliberalismo, reconfigurando la situación geopolítica de la Región.
Lo anterior significó para Cuba nuevas condiciones de posibilidad en medio de la continuidad del bloqueo económico. Dentro de ellas se encontraron el abastecimiento de petróleo proveniente de Venezuela, la apertura de mercados que permitieron un mayor flujo de comercio e inversiones, la participación en el proyecto de integración y cooperación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) (mecanismo regional de cooperación impulsado desde Venezuela y Cuba); al tiempo que crecían y se ampliaban sus relaciones internacionales y de comercio sobre todo con China y Rusia. Si bien esas nuevas condiciones contribuyeron a la superación del Período Especial, no condujeron a que Cuba contara con condiciones estables y de largo plazo para desarrollar libremente su economía y su “modelo de socialismo”. No solo por la persistencia del bloqueo económico, también por la falta de continuidad en el cambio político registrado al inicio del siglo XX en varios países de la Región.
Sobre las señaladas nuevas condiciones de posibilidad ha incidido la intensa disputa por el destino de Nuestra América, caracterizada por la confluencia de intereses entre las estrategias de recuperación de las posiciones perdidas por parte de los Estados Unidos y los sectores mayoritarios de las clases dominantes de los países de la Región, representadas por fuerzas políticas de derecha y extrema derecha; también por la debilidad (por correlación de fuerzas y por convicción de algunos liderazgos) de varios de los actuales proyectos progresistas que han gobernado o gobiernan en la Región, que en diferentes circunstancias y momentos han cedido a las presiones del poder imperial de los Estados Unidos.
Luego de la victoria electoral de Donald Trump en noviembre de 2016, en la que las fuerzas políticas cubano-americanas de extrema derecha asentadas en Miami y el estado de Florida jugaron un papel significativo, quedaron atrás las tenues medidas de “normalización” de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos emprendidas durante el gobierno de Barack Obama, las cuales ‒pese a algunas y menores mejoras‒ no habían implicado el levantamiento del bloqueo. Dentro de las acciones del gobierno de Trump, se dispuso la profundización del bloqueo económico a través de 243 medidas contra Cuba. Buena parte de ellas consistieron, según el citado texto Magda Luisa Arias, en “la eliminación de los viajes de los cruceros y de vuelos de aerolíneas a toda la Isla, exceptuando a La Habana; cancelación de los servicios consulares en Cuba y su ubicación en terceros países; impedimento de transacciones bancarias; limitación primero y cese después de las transferencias bancarias de ciudadanos (privados) y el cierre ulterior de las operaciones de la empresa Western Union; las sanciones a empresas cubanas; la persecución de petroleras, aseguradoras, navieras e, incluso, tripulaciones que transportaran gas licuado o petróleo a la Isla”. Continuaba así la pretensión de la asfixia económica del país.
Lo que siguió, con argumentos falsos brindados por el gobierno de Colombia de extrema derecha de Iván Duque sobre la presunta protección de Cuba a “terroristas” del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el pretexto del apoyo al gobierno de Maduro en Venezuela, fue la inclusión de Cuba, el 12 de enero de 2021, pocos días antes de la finalización del primer gobierno de Donald Trump, en la lista de países que, según el gobierno de los Estados Unidos, patrocinan el “terrorismo internacional”. Tal inclusión ha tenido como consecuencia el mayor deterioro de las relaciones financieras externas de Cuba, acentuando los impactos del bloqueo económico. Durante el gobierno de Joe Biden esa situación no varió; tampoco las condiciones del bloqueo. A través de una medida que puede considerarse demagógica, también a pocos días de la terminación de su mandato, el 14 de enero de 2025, Biden dispuso la exclusión de Cuba de la mencionada lista. Tal exclusión que requería un período de espera de 45 días nunca entró en vigencia; el mismo día del inicio del segundo gobierno de Donald Trump, el 20 de enero de 2025, se revocó la decisión y Cuba volvió a ser incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Así es que las condiciones reforzadas del bloqueo económico han continuado.
La existencia del bloqueo económico ha sido negada o minimizada por quienes tienen interés en mostrar que la situación de Cuba es causada por quienes la gobiernan, por el “régimen comunista”. Asimismo, el bloqueo ha pretendido ser mostrado como un “embargo”. Técnicamente esa figura solo es concebible por efecto de una orden judicial, con la que se busca asegurar el cumplimiento de obligaciones contraídas. Nada de eso tiene que ver con el bloqueo impuesto. Cuba socialista nunca ha sido deudora de los Estados Unidos, ni ha cometido delito alguno contra ese país, y mucho menos representa un peligro para su “seguridad nacional”. La legislación sobre la cual descansan las disposiciones del bloqueo económico proviene de la Ley del Comercio con el enemigo de 1917, promulgada durante la Primera Guerra Mundial. Dicha ley otorgó facultades presidenciales para aplicar sanciones económicas, restringir el comercio y las transacciones financieras y embargar bienes de naciones enemigas en tiempos de guerra o de emergencias nacionales. Aplicar dichas disposiciones, de manera continua y prolongada, en tiempos de paz, no tiene justificación alguna. El uso de la figura del “embargo”, en ese sentido, no es más que un ardid para no reconocer que se aplican a Cuba medidas de tiempos de guerra. A fin de mantener tales medidas, dicha ley ha sido prorrogada año tras año desde 1961. Por otra parte, debe decirse que no se trata de un asunto de carácter bilateral, exclusivo de Cuba y los Estados Unidos, considerando la extraterritorialidad que la potencia imperial le ha impuesto a empresas y terceros países en la aplicación de las señaladas disposiciones. En la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos se puede constatar la dimensión y el alcance de las sanciones a Cuba (https://www.state.gov/cuba-sanctions).
Como se ha sostenido en este texto, el concepto de bloqueo económico es la figura que concuerda con la política de los Estados Unidos frente a Cuba, pues de lo que se ha tratado, entre otros propósitos, es de cortar, cerrar e incomunicar al país con el exterior a fin de producir aislamiento y daño económico, desabastecimiento, escasez y crisis humanitaria, aumento de costos de transacción y de logística, afectación severa de la infraestructura, impedimento al acceso de recursos financieros y desestímulo y castigo a la inversión extranjera. A lo que se suman los daños psicológicos y emocionales a la población, de imposible evaluación. Todo ello dispuesto para el logro del propósito político mayor, consistente en llevar a la claudicación por hambre y desesperación, generar un creciente malestar social e instigar al levantamiento popular contra el modelo económico y político y derrocar al “régimen comunista”, según la aspiración de los Estados Unidos y del “exilio” cubano-americano.
Según cálculos del gobierno cubano, se estima que a precios corrientes el valor acumulado históricamente durante más de seis décadas de bloqueo económico ha sido de 170.677 millones de dólares. Si esa estimación se hubiese realizado con base en el valor del oro registrado en el mismo período, la cifra ascendería a 2 billones 103 millones de dólares, según valores presentadas en el programa “Cuadrando la Caja” (http://www.cubadebate.cu/especiales/2026/02/02/cuadrando-la-caja-guerra-economica-contra-cuba-en-tiempos-de-brutal-imperialismo/). En esa misma fuente se indicó que hasta 1989 tras calcularse daños económicos anuales por 1.000 millones de dólares a causa del bloqueo, se ha observado posteriormente un incremento anual sostenido y exponencial de esas pérdidas. Así, por ejemplo, en el informe sobre el período comprendido entre el 1.º de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025 presentado por Cuba a la ONU, la cifra se tasó en 7.556 millones de dólares, siendo ocasionada principalmente por los ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios. Por otra parte, se indicó que, en años anteriores, la política migratoria políticamente motivada del gobierno de los Estados Unidos, acentuó los flujos migratorios desde Cuba. Los daños por pérdida de personal calificado y fuerza de trabajo han sido cuantificados por el gobierno cubano en 2.570 millones de dólares. (http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/09/17/cuba-presenta-informe-sobre-bloqueo-de-eeuu-hasta-febrero-de-2025-danos-y-perjuicios-materiales-aumentaron-49-por-ciento/). Se trata de cifras de una magnitud impresionante puestas en cualquier país del planeta, más aún en una isla del tamaño de Cuba. Serían incontables los ejercicios comparativos que podrían hacerse sobre lo que la sociedad cubana habría podido realizar con semejantes y extraordinarias cantidades. Haber permitido el flujo de esos recursos por parte de los Estados Unidos significaba reconocer algo que no puede hacer: el acertado sentido histórico del propósito colectivo de la construcción de una sociedad alternativa al capitalismo hecho realidad.
La situación del bloqueo y sus impactos han sido reconocidos desde 1992 por la inmensa mayoría de los países que integran la ONU. De manera ininterrumpida y casi unánime se han aprobado resoluciones sobre la “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, en consideración a que tal bloqueo es violatorio de las normas que rigen el derecho internacional, particularmente de aquellas que reconocen la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos, la libertad de comercio y navegación internacionales y la protección de los derechos humanos, consagradas en numerosos instrumentos jurídicos internacionales; así como a los impactos sociales y humanitarios sobre millones de personas.
Tras su visita oficial a Cuba, en noviembre de 2025, Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre las repercusiones de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, en declaraciones preliminares constató y reafirmó los impactos del bloqueo económico. “Como resultado de este régimen de sanciones, generaciones de cubanos han vivido bajo medidas unilaterales coercitivas, que han moldeado el panorama económico y social del país”. Asimismo, señaló que esas sanciones, endurecidas progresivamente desde 2018, agravadas por políticas de sobrerregulación sobre terceros, “limitan la capacidad tanto del Gobierno como de las y los ciudadanos para planificar a largo plazo y están asfixiando el tejido social de la sociedad cubana”. También indicó que, pese a la solicitud inequívoca de poner fin al bloqueo, derivada de la resolución de la Asamblea General de la ONU, “las medidas no solo siguen vigentes, sino que sus impactos están siendo intensificados por Estados Unidos”. Y agregó que “la escasez de maquinaria esencial, repuestos, electricidad, agua, combustible, alimentos y medicinas, junto con la creciente emigración de trabajadores calificados ‒incluido personal médico, ingenieros y profesores‒, tiene graves consecuencias para el disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la salud y el desarrollo”. A lo cual se adiciona que “iniciativas sociales y económicas se ven con frecuencia interrumpidas por cancelaciones repentinas, trabas administrativas e incertidumbre y que los procesos de adquisición de materias se vuelven largos e impredecibles, con cancelaciones de último minuto que elevan los costos, retrasan la asistencia e impiden la implementación de proyectos”. De ese cuadro, también hace parte que “la imprevisibilidad de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y las elevadas multas impuestas a quienes las eluden generan reticencia entre empresas extranjeras. Incluso cuando existen licencias y exenciones, los inversores siguen siendo cautelosos a la hora de comprometerse con proyectos a largo plazo debido a la posibilidad de nuevos cambios en la política estadounidense” (https://www.ohchr.org/es/press-releases/2025/11/enforcement-and-recent-strengthening-us-sanctions-deepen-hardships-cuban).
El bloqueo económico es, como ya se dijo, un componente principal de la guerra económica, la cual es definida como “una guerra no convencional, asociada a la guerra política y la utilización de los mecanismos de inteligencia, la utilización de la propaganda, la utilización de los recursos de todos los servicios (…) de la comunidad de inteligencia para socavar y provocar el colapso del sistema político que es objeto de la confrontación”. En ese sentido, “es un elemento importante para adelantar los propósitos del Estado que la ejecuta hasta debilitar al máximo al adversario, al enemigo o al que se considera hostil a sus intereses y reforzar sus posiciones. Es decir, una forma no convencional de golpear las estructuras de poder de un Estado hasta provocar su colapso”. Las citas anteriores provienen del citado programa “Cuadrando la Caja”.
Desde esa perspectiva, la guerra económica debe considerarse en estrecha relación con la realización de operaciones encubiertas, actividades de sabotaje, el financiamiento y “producción de opinión” interna e internacional, la formación de una “disidencia política” (muy diferente a las legítimas expresiones de crítica y autocrítica política y cultural que en diferentes momentos han buscado contribuir a la superación de errores y desaciertos del proceso revolucionario a fin de cualificarlo), entre otras, orientadas al logro de los señalados propósitos. Tal accionar, continuo y permanente, se encuentra suficientemente documentado en el caso cubano.; y también deben contemplarse, por otra parte, acciones de guerra biológica, de muy difícil demostración, pero con alta probabilidad de ocurrencia, como la propagación de epidemias en diferentes momentos que han buscado socavar el sistema de salud (por ejemplo, el dengue hemorrágico), como se evidencia en la investigación de Rosa María Turatis y otras autoras, publicada en el portal Mediagrafic.com (https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubtecsal/cts-2012/cts121d.pdf) o la difusión de agentes biológicos que han afectado severamente la agricultura cubana, de acuerdo con el artículo “Historia del Agroterrorismo de Estados Unidos de América contra Cuba”, de Enrique Silviera y Alfredo Pérez (Redvet. Revista Electrónica de Veterinaria, Vol. 11, No. 3B. Málaga, 2010).
Como se puede apreciar, durante más de seis décadas, se ha adelantado contra Cuba una guerra integral por la única razón de haber hecho una revolución socialista y haber persistido en sus nobles fines y propósitos. En esa guerra de larga duración, sin comparación alguna en el planeta, los Estados Unidos no han logrado doblegar y rendir al pueblo cubano, ni acabar con la muy particular experiencia de construcción cubana de sociedad para instaurar un régimen títere neocolonial, entre otros factores, por el acervo contenido en el “eterno Baraguá”.
Condiciones actuales de extrema excepcionalidad en la guerra económica contra Cuba
La guerra integral adquiere en el presente las características propias de una guerra genocida. En vista de que pese a los impactos registrados por la guerra económica no ha sido posible doblegar a Cuba, el gobierno actual de los Estados Unidos ha puesto en la escena una nueva disposición, que considera puede ser su carta definitiva: Donald Trump expidió el 29 de enero del año en curso una orden ejecutiva con la cual “se declara una emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a productos de países que venden o suministran de otro modo petróleo a Cuba, lo que protege la seguridad nacional de Estados Unidos y su política exterior de las acciones y políticas malignas del régimen cubano”. Tras exponer que se ha adoptado una “acción decisiva para hacer que el régimen cubano rinda cuentas por su apoyo a actores hostiles, terrorismo e inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad y la política exterior de Estados Unidos”, buscando “contrarrestar la influencia maligna de Cuba”, se señala que se está frente a “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, lo que exige una respuesta inmediata para proteger a los ciudadanos e intereses de Estados Unidos”. Las citas se encuentran en comunicado de la Casa Blanca del mismo día. (https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/01/fact-sheet-president-donald-j-trump-addresses-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-cuba/).
Más allá del absurdo supuesto —controvertible a la luz de la evidencia disponible— de declarar que Cuba representa “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, subyace el propósito de provocar el colapso total de la economía y la sociedad cubanas como consecuencia del desabastecimiento de petróleo, sin consideración por las implicaciones que ello tendría para la existencia y la vida cotidiana de la población. Sin duda, se busca someter mediante el hambre y la desesperación.
Dado que el peso actual de las energías limpias es relativamente menor y que los efectos de los proyectos de inversión en tales energías serán más notorios hacia el final de la presente década, es claro que la dependencia de Cuba frente al petróleo es preponderante. No hay actividad económica, social o cultural alguna que pueda escapar a la falta de energía, incluidas todas aquellas que comprometen las condiciones básicas de la producción, el transporte, el comercio, los servicios, así como la subsistencia básica de la población (alimentación, atención médica y hospitalaria, entre otros). La ecuación que se intenta imponer es la de una “economía del colapso”. Aun si Cuba tuviera los recursos necesarios para la adquisición del petróleo que necesita, no lo podría hacer, pues a las restricciones ya existentes del bloqueo económico se le ha agregado ahora el temor de terceros países a sanciones arancelarias del 50 por ciento que impondría Estados Unidos por efecto de un suministro de petróleo a Cuba.
La mencionada orden ejecutiva de Donald Trump ha mostrado que se está en presencia de la puesta en marcha de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de Estados Unidos,, que para América Latina significa la pretensión de imposición de la llamada Doctrina Donroe, con la agregación del “corolario Trump” a la “Doctrina Monroe” (actualización del principio de hegemonía hemisférica bajo nuevas herramientas coercitivas). (https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf). Los primeros movimientos de esa estrategia ya se habían observado en la intromisión estadounidense ‒de diversa manera‒ en los recientes procesos electorales de Argentina, Chile, Honduras, Costa Rica, al evidenciar sus preferencias por las fuerzas de la ultraderecha; también en las pretensiones de “ablandamiento” de los progresismos que hoy gobiernan en la Región. Tales movimientos alcanzaron un nuevo nivel con la reciente intervención militar en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez, motivados principalmente por el interés de acceder y controlar recursos estratégicos, en particular el petróleo.
El ataque militar a Venezuela se encuentra perfectamente relacionado con la orden ejecutiva contra Cuba, dado que ese país era el principal abastecedor (no donador) de petróleo de la isla, aunque Cuba venía adaptándose a la continua reducción del suministro del crudo. De los 100.000 barriles diarios, que se estimaron al inicio de este siglo, se pasó a promedios de 58.000, luego a 38.000 y, finalmente, en 2025 nunca sobrepasaron los 30.000, en algunos meses descendieron incluso a 18.000. Esta tendencia se explica sobre todo por la caída de la producción petrolera en Venezuela, que, de un pico de 3 millones de barriles diarios en el año 2000, cayó a cerca de 400.000 barriles diarios en 2020, recuperándose en 2025 hasta lograr un nivel promedio de aproximadamente un millón de barriles. Tal caída se explica en buena medida por la guerra económica que Estados Unidos emprendió contra ese país.
De la demanda por consumo básico de petróleo actual de Cuba, estimada en 100.000 barriles diarios al finalizar 2025, se podría afirmar que cerca del 30 por ciento provenía de Venezuela, aproximadamente el 20 por ciento de México, el 40 por ciento de su propia producción y el restante de otros terceros países, dentro de ellos Rusia. Con la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela se privó a Cuba de cerca del 30 por ciento del suministro de petróleo y con la orden ejecutiva se busca afectar el 30 por ciento de la demanda básica que Cuba no puede cubrir. De hecho, ya se encuentra afectada la provisión por parte de México, pues la estatal petrolera, Pemex, suspendió su suministro a partir del mes de enero de este año. El gobierno progresista de ese país ha afirmado que hace gestiones para reanudar el suministro de petróleo a Cuba sin afectación de la economía y del pueblo mexicanos; mientras tanto ha reafirmado su posición solidaria con Cuba mediante el envío de ayuda humanitaria. Hasta el momento, tales gestiones no han arrojado resultados favorables constatables.
Según lo anterior, se puede afirmar que Cuba sobrevive hoy con menos del 50 por ciento de sus necesidades básicas de petróleo; situación que en el mediano y el largo plazo solo podría acrecentar las afugias y penurias del conjunto de la sociedad y de la población, salvo que hubiera un cambio en la tendencia. Por lo pronto, tal y como ocurrió durante el Período Especial, Cuba enfrenta esa extraordinaria amenaza mediante una impresionante movilización social. La Opción Cero —escenario de contingencia ante una interrupción casi total de suministros energéticos— contemplada por Fidel y la dirigencia cubana hace 36 años está sobre la mesa. La orden ejecutiva de Donald Trump en lugar de doblegar la población y alentar la revuelta social ha producido un generalizado rechazo, fortalecido la cohesión social, acrecentado el espíritu antiimperialista, existente desde antes del triunfo de la Revolución, ya en el siglo XIX. El “eterno Baraguá”, la paz y la vida con independencia y soberanía, siguen haciendo parte inescindible de la cubanidad.
Muy seguramente la facción de clase y del gran capital que hoy gobierna en los Estados Unidos ha considerado que existe el momento propicio para asestar un golpe definitivo a Cuba y cumplir el sueño de más de dos siglos de someter a la isla a sus designios. Lo mismo debe pensar la mafia cubano-americana asentada en Miami y el estado de Florida por recuperar el poder perdido tras el triunfo de la revolución cubana. Sin duda, en las nuevas condiciones de contexto derivadas de los avances de la ultraderecha en diferentes lugares del planeta, que se acompañan de la reedición del anticomunismo sembrado desde los tiempos de la “guerra fría” y de la propagación ‒con nuevas formas y contenidos‒ de la ideología y las prácticas del fascismo, tienen el convencimiento de que el “capitalismo digital” (plataformas, megadata, algoritmos, infraestructura tecnológica y control de la circulación de información), además de garantizar el control tecnológico (oligárquico) sobre las condiciones de la producción material e inmaterial, les permite moldear, definir y garantizar de manera decisiva su influencia sobre el sentir y el pensar de la población; poseen la certeza de que el uso del poder emanado de la fuerza les permite imponerse sin aparente limitación. Para el caso de Cuba, parecen haber evaluado que décadas de limitaciones y carencias, ocasionadas principalmente por el bloqueo económico, han hecho suficiente mella sobre todo en las dos últimas generaciones de cubanos y cubanas, dibujándoles un proyecto de sociedad sin perspectiva alguna; lo cual debería terminar, según esa lógica, en la caída del “régimen”, propiciada “desde dentro”.
Empero, al mismo tiempo olvidan que el orden social que defienden y propagan es un orden resquebrajado y atravesado por diversas dimensiones y expresiones de la crisis, que lo interpelan de manera recurrente y lo mantienen en constante inestabilidad; que ya no es posible un Make America Great Again; que la redefinición de orden mundial continúa su curso, a pesar de que por momentos ‒como en el actual‒ se pudiera llegar a pensar que no es así o lo es de forma aún no suficientemente consistente; que por mucha pretensión de cierre hermético, siempre existe la posibilidad de la fuga, dado que el conflicto social y de clase en absoluto ha desaparecido, y siempre habrá hombres y mujeres con la disposición de resistir, persistir y aspirar a la construcción de un nuevo orden social que supere el “capitalismo realmente existente”.
En el caso de Cuba, además de la continuidad de su “tozudez histórica” con las acciones propias que adelanta y adelantará para enfrentar la situación excepcional que vive, aún están por verse los impactos de la solidaridad mundial en curso, proveniente de Estados, pueblos, movimientos, partidos y organizaciones políticas, para contribuir a la superación de la señalada situación. Más allá de la vida en Cuba, que también lo está, lo que está en juego es lo que ese país representa para toda la humanidad. Con toda razón, Andrés Manuel López Obrador, propuso, en mayo de 2022, que Cuba debería ser declarada patrimonio de la humanidad: “el pueblo cubano tiene mucha dignidad, se debería incluso declarar a ese pueblo, a esa isla, por su arrogancia de sentirse libre, como patrimonio de la humanidad, es una resistencia heroica”, afirmo
Dentro de las posibilidades no descartables que aún posee el gobierno de Trump está, primero, el bloqueo naval para impedir la llegada de petróleo a Cuba, así como la entrada y salida de mercancías (incluido el petróleo), y de las contribuciones de la solidaridad internacional; y segundo, la intervención militar. Lo que sigue en lo inmediato dependerá, en primer lugar, de las respuestas al interior de Cuba, ya marcadas por el “eterno Baraguá” en todas sus dimensiones. En segundo lugar, de lo que ocurra con las resistencias y la oposición dentro de los Estados Unidos. Las elecciones intermedias en noviembre de 2026 serán un indicador de los límites que se le puedan poner o no al gobierno de Donald Trump. Tercero, de las posiciones que adopten con acciones concretas no sólo declarativas, China y Rusia, así como los gobiernos progresistas de la Región que, más allá de la diplomacia y de alguna ayuda humanitaria, han cedido a las presiones imperiales; también del impacto que alcance la solidaridad mundial. El silencio cómplice de la Unión Europea no merece comentario.
