Varios de los congresistas que han liderado o respaldado iniciativas para frenar o dilatar proyectos sobre derechos sexuales y reproductivos o protección de la población LGBTIQ+, buscan mantenerse en el Congreso. Desde partidos conservadores y movimientos cristianos, este grupo se ha opuesto al enfoque de género en proyectos sobre violencia digital o a la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, convirtiéndose en un bloque político que ha ganado visibilidad y poder en los últimos años dentro del capitolio.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
Colombia sigue registrando altos niveles de violencia contra las mujeres y las diversidades sexuales y de género. Solo en el primer mes de 2026, la Defensoría del Pueblo registró dos feminicidios, 26 tentativas y cuatro transfeminicidios. Además, documentó 1.901 casos de violencia intrafamiliar y 963 casos de delitos sexuales contra mujeres adultas y niñas. En este contexto, la elección del próximo Congreso, que se realizará este fin de semana, adquiere un peso decisivo: distintos sectores conservadores y religiosos buscan mantener o ampliar su influencia sobre debates legislativos relacionados con el aborto, la educación sexual y los derechos de las personas LGBTIQ+.
Organizaciones de mujeres, feministas, en defensa de la población LGBTIQ+ y de derechos humanos han advertido sobre el accionar de congresistas y movimientos políticos que, en los últimos años, han impulsado y respaldado iniciativas para restringir el acceso al aborto, cuestionar las políticas de educación con enfoque de género en los colegios y oponerse al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+. Esto ocurre, paradójicamente, en contraste con una mayor visibilidad de parlamentarios abiertamente gays o lesbianas, y donde existe incluso una comisión legislativa dedicada a promover debates sobre mujeres y género.
Esa tensión también quedó reflejada en la propia estructura del Congreso que está por terminar su periodo. Durante esta legislatura se crearon dos comisiones acidentales inéditas en el legislativo: la Comisión Accidental por la Diversidad, creada el 15 de septiembre de 2022, y la Comisión Accidental en Defensa de la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa, también conocida como la comisión “provida”, aprobada una semana después.
La primera está conformada por 11 representantes a la Cámara —siete de ellos abiertamente como integrantes de la población LGBTIQ+—, entre los que se encuentran Carolina Giraldo y Liliana Rodríguez de la Alianza Verde, Andrés Cancimance y María del Mar Pizarro de la Colombia Humana, el liberal Juan Carlos Lozada y Tamara Argote del Polo, entre otros. Su objetivo es posicionar y materializar los derechos “de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas”, como está publicado en su página web.
Instalación de la primera Comisión Accidental por la diversidad. Fotografía: Carolina Giraldo
Siete días después, el 22 de septiembre, quedó aprobada la creación de la Comisión Accidental en Defensa de la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa, integrada por 54 congresistas —34 senadores y 20 representantes a la Cámara— del Partido Convervador, el Liberal, de la U, MIRA, Cambio Radical, el Centro Democrático, Colombia Justas Libres y el Partido Verde. “Defenderemos los derechos de los no nacidos, la familia y la libertad de culto”, publicó en su momento en X el conservador Mauricio Giraldo, uno de los impulsores de la iniciativa.
Esta comisión ganó mayor visibilidad en septiembre del año pasado, cuando colgaron un pendón inmenso en la fachada del Congreso en el que se leía: “Salva a Colombia, ten hijos”. Este hecho coincidió con la Convención Provida 2025: "una patria sin hijos es una patria sin futuro" en el capitolio, que pretendía discutir sobre la caída de la natalidad y la protección de la familia en el país.
Pendón puesto durante la Convención “Provida” que se realizó en el Congreso en 2025. Fotografía de: @gigirich66
La coexistencia de estas dos comisiones revela que el Congreso se convirtió en un escenario explícito de disputa sobre género, sexualidad y familia. Para Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo, esta transformación política está vinculada al hecho de que las discusiones sobre diversidad sexual han ganado espacio dentro de la política institucional, a su vez, que han llegado más congresistas abiertamente LGBT.
“Creo que hay un doble movimiento. Por un lado, no hemos logrado que una causa que para algunas personas es personal se convierta en una causa institucional dentro del Congreso de la República. Y por otro, sigue existiendo un Congreso que no entiende que la apuesta de los políticos LGBT es una apuesta desde los derechos humanos. No se trata de ‘ideología de género’ ni de destruir la familia, como suelen decir, sino de algo tan serio como la violencia y la tortura”, señala Castañeda.
En ese contexto, ha ido tomando forma un bloque de congresistas que coincide en oponerse a iniciativas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de las diversidades sexuales y de género. Aunque algunos de estos parlamentarios se agrupan en espacios como la Comisión Accidental en Defensa de la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa, su influencia se extiende a más espacios de debate legislativo. En la práctica, se trata de legisladores de partidos conservadores, movimientos cristianos y sectores de derecha que han coincidido en frenar o dilatar proyectos relacionados con el aborto, la educación sexual o la protección de las personas LGBTIQ+.
Instalación de la Comisión Accidental en Defensa de la Vida, la Familia, y la Libertad Religiosa en 2023. Fotografía: @Kespinosaoliver
Uno de los casos que suele citarse como ejemplo es el proyecto de ley para prohibir los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género (Ecosieg), conocidos por sus promotores como “terapias de conversión” y cuestionados por organismos internacionales de derechos humanos. Estas prácticas, sin sustento científico, buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona y han sido denunciadas por sobrevivientes y organizaciones por incluir métodos degradantes, violentos y coercitivos.
La Organización de Naciones Unidas ha condenado este tipo de prácticas y las ha comparado con casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Instituto Williams estima que el 22% de personas LGBTQ en Colombia han sido sometidas a esto y, de estas, el 76% tuvo más de probabilidades de intentar suicidarse.
Bandera de la población LGBTIQ durante la campaña de incidencia en el Congreso de la República en 2022. Fotografía: Alianza Verde
Este proyecto de ley fue presentado inicialmente en mayo de 2022 por el entonces representante Mauricio Toro. Durante el trámite, el activista cristiano Jonathan Steven Silva Mocetón presentó una recusación en la que alegó que Toro tenía un conflicto de interés por su orientación sexual. La recusación fue rechazada y la iniciativa terminó hundida por falta de trámite antes de que concluyera esa legislatura.
Con la instalación del nuevo Congreso, el proyecto volvió a ser radicado, pero en 2023 fue archivado otra vez por falta de debate. Sus opositores alegaban que la iniciativa vulneraba derechos de los padres, restringía la libertad de culto y promovía lo que llamaban una “agenda de género” sobre niños, niñas y adolescentes.
Entre quienes cuestionaron públicamente el proyecto estuvieron congresistas de sectores conservadores y cristianos, como el influencer del partido Verde Jota Pe Hernández, quien ha hecho pública su formación en entornos cristianos; el conservador Oscar Giraldo, quien logró ser elegido con una votación significativa de la congregación católica radical Lazos de Amor Mariano. Esta ha sido denunciada por sobrevivientes de Ecosieg como un espacio donde se practican las mal llamadas prácticas de conversión. También, se opusieron el representante Miguel Polo Polo, quien aseguró que el proyecto era “nazista y dictatorial”, el conservador Mauricio Giraldo y Lorena Ríos Cuellar de Colombia Justas Libres.
El proyecto volvió a presentarse y nuevamente está a tres meses de que se hunda por falta de trámite en el legislativo. Esta vez, la representante Carolina Giraldo radicó una nueva versión, con ajustes orientados a reducir la desinformación que rodeó los intentos anteriores. Según documentó Colombiacheck, durante esos debates hubo campañas impulsadas por activistas religiosos, organizaciones conservadoras y dirigentes de partidos como el Centro Democrático, el Conservador y Colombia Justa Libres. Por eso el nuevo texto propone desde su objeto: “la construcción de un país respetuoso en el cual prime la dignidad humana y la autonomía para que a ninguna persona le sea impuesta la heterosexualidad o la homosexualidad, y todas las identidades de género sean respetadas”.
Una situación similar ocurrió con el proyecto de ley que buscaba prevenir la violencia digital. desde un enfoque de género, es decir, reconociendo que hay afectaciones diferenciadas contra mujeres y personas LBTIQ* . Esta iniciativa buscaba atender a una sentencia de la Corte Constitucional, que le ordenó al Congreso dar cumplimiento a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas para prohibir y penalizar la violencia digital.
Aunque la iniciativa comenzó a discutirse, a medida que avanzó fue perdiendo ese enfoque y amplió la protección a hombres y mujeres en términos generales, dejando de lado lo ordenado por la Corte. Además, Catalina Moreno, codirectora de la Fundación Karisma, advierte que en una de sus versiones se creó un delito que podría abrir la puerta a la censura. “Si un periodista estaba denunciando un caso de corrupción y grababa un video sobre el tema en un restaurante, como no es un espacio público sino privado, se consideraba que ese video era íntimo y ese delito podría ser usado contra la prensa”, explica Moreno.
Ante ese cambio de sentido, las organizaciones impulsoras promovieron una campaña para archivarlo. Luego, la alianza Libres y Conectadas, conformada por El 20, Artemisas, la Red Nacional de Mujeres y la Fundación para la Libertad de prensa, trabajó junto a las congresista Clara López, Ingrid Aguirre y Ana María Castañeda, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para proponer un nuevo articulado que abordara integralmente la violencia facilitada por la tecnología con un enfoque de género. La iniciativa avanzó pero en la plenaria del Senado se creó una comisión accidental, integrada por partidos conservadores y religiosos, que desdibujó de manera significativa el enfoque de género del proyecto.
Desde esos sectores, se argumentó que el proyecto no debía priorizar a un grupo específico, sino proteger por igual a hombres y mujeres frente a la violencia digital. También cuestionaron la inclusión del enfoque de género en el articulado, al considerar que introducía lo que denominan “ideología de género” en la legislación. Además, insistieron en la necesidad de blindar la libertad de culto y advirtieron, sin evidencia, que este tipo de enfoques podía incidir en contenidos escolares sobre sexualidad y género.
Para Moreno, eliminar el enfoque de género del proyecto es grave, porque distintos estudios muestran que los ataques contra mujeres y cuerpos feminizados suelen ensañarse con la sexualidad y el cuerpo. “Mientras a los hombres se les amenaza con agresiones físicas, a las mujeres se les amenaza con violaciones o persecución”, asegura.
Además, datos de la Fundación Karisma evidencian que tecnologías como la inteligencia artificial han intensificado el problema: cerca del 95% de los videos falsos sexuales creados sin consentimiento tienen como objetivo a mujeres y niñas. Esto ha llevado a que muchas mujeres abandonen redes sociales, usen seudónimos o enfrenten ataques de ansiedad, y en casos de exposición sexualizada su vida pública o profesional puede verse seriamente afectada.
Ponencia para segundo debate de la comisión accidental publicada en la Gaceta del Congreso donde se evidencia el borrado de aspectos sobre el género.
En la comisión accidental que aún tiene a su cargo el debate están los senadores Esteban Quintero del Centro Democrático, Lorena Ríos Cuellar de Colombia Justa Libres, Jota Pe Hernández, Ana Paola Agudelo del partido cristiano MIRA, Temístocles Ortega de Cambio Radical, Angélica Lozano de los verdes, Sandra Ramírez del partido Comunes y Clara López Obregón del Pacto Histórico. Sobre los cuestionamientos sobre la desaparición del enfoque de género, López aseguró que: “La bancada provida está arranchada con el tema de género (...) Se buscan textos que garanticen lo esencial del proyecto. Las aspiraciones maximalistas acaban el proyecto”.
Los debates sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) también muestran esa ofensiva legislativa. Laura Castro, coordinadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, señala que desde la despenalización de la IVE por la Corte Constitucional en 2022 se han radicado 75 proyectos de ley relacionados con derechos sexuales y reproductivos, de los cuales cerca de la mitad, según esa organización, tienen un carácter regresivo. Además, sostiene que las iniciativas que buscan avanzar en temas de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos no pasan el primer debate en el Congreso.
En octubre de 2024, por ejemplo, sectores conservadores radicaron el proyecto de ley “Escucha su Latido”, que busca obligar a las mujeres que quieran abortar a escuchar el latido del corazón del embrión mediante una ecografía antes de firmar el consentimiento informado. La iniciativa, presentada por congresistas del Partido Conservador y del Centro Democrático, plantea que si no se puede realizar el examen el procedimiento médico no podría llevarse a cabo. Sus promotores argumentan que el objetivo es “concientizar sobre el valor de la vida desde las primeras etapas del desarrollo”. Para la legislatura 2025 - 2026, radicaron el Proyecto de Ley “Ecos de Vida”, una iniciativa con un objetivo similar, entre los impulsores estaban Lorena Ríos Cuellar de Colombia Justa Libre, Jose Jaime Uscategui del Centro Democrático. la liberal Karina Espinosa Oliver, y los conservadores Esperanza Andrade, Mauricio Giraldo y Soledad Tamayo, entre otros.
Durante el debate del Plan Nacional de Desarrollo en 2023, los congresistas de sectores de derecha y cristianos buscaron quitar el artículo sobre la Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos. Karina Espinosa Oliver del partido Liberal repartió fetos de plástico y puso un video cuestionado por organizaciones feministas por difundir información engañosa sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La política era necesaria porque impulsaba acciones para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos desde la atención primaria en salud. Organizaciones de mujeres denunciaron que ese tipo de acciones apelan a discursos moralizantes en lugar de enfocarse en los derechos vulnerados.
Fetos entregados por la congresista Karina Espinosa en los debates dentro de las Comisiones Económicas del Congreso. Fotografía: Causa Justa por el Aborto
Aunque estos debates atraviesan distintos partidos, algunos congresistas se han convertido en figuras visibles de esta agenda dentro del capitolio. han liderado proyectos, impulsado modificaciones legislativas o protagonizado controversias públicas alrededor del aborto, la educación sexual o los derechos de la población LGBTIQ+. Varios de ellos buscan ahora mantenerse en el Congreso. Ese es el caso de Lorena Ríos Cuellar de Colombia Justa Libres.
Congresista Loren Ríos durante un marcha contra el aborto. Fotografía: @LorenaRiosC
Ríos ha construido su carrera entre la política y los espacios religiosos: antes de 2021, fue abogada de las Asambleas de Dios, poderosa iglesia pentecostal de origen estadounidense; también fue asesora del Ministerio del Interior en asuntos religiosos durante el gobierno Santos y, cuatro años más tarde, pasó a ser directora de la Oficina de Asuntos Religiosos. Durante su paso por esa dependencia, decisiones e iniciativas relacionadas con financiación pública a organizaciones religiosas fueron objeto de cuestionamientos periodísticos. Es reconocida por cerrar el llamado templo Lucifer en Quindío, a pesar de ser una abanderada de la defensa de la libertad de cultos. No solo se ha opuesto a proyectos de género, durante el debate a la reforma laboral firmó para que se hundiera en 2025 en la Comisión Séptima del Senado. Ríos busca nuevamente el Congreso por la unión entre Cambio Radical y la Coalición ALMA.
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Otra de las voces visibles es el conservador antioqueño Mauricio Giraldo Hernández. Llegó en 2022 sin el respaldo de las principales maquinaria de su partido y con apoyo de redes católicas conservadoras. Como registró el medio Cerosetenta, Santiago Correa Arboleda, consejero general de la congregación católica Lazos de Amor Mariano en Medellín, pidió a sus seguidores que votaran por Giraldo. Ese apoyo lo convirtió en el octavo congresista más votado de los conservadores. Giraldo se ha enfocado en temas relacionados con la defensa de la vida, la familia y la fe, oponiéndose a la despenalización del aborto, la eutanasia y la legalización de la marihuana. Busca reelegirse por su colectividad.
El apoyo de Lazos de Amor Mariano también logró la elección de Luis Miguel López Aristizábal, representante a la Cámara de Antioquia por el Partido Conservador y quien busca reelegirse por la misma colectividad. Durante su paso por el Congreso, ha promovido la eliminación de impuestos a las iglesias y se ha opuesto a la enseñanza de lo que llama “la ideología de género” en las escuelas, argumentando la protección de las infancias. Según información del medio Colombia Check, su hermana, Eliana López, está casada con Sebastián Arboleda Pineda, director del “movimiento social” Unión Familia. Arboleda ha financiado la elección de Luis Miguel López y Mauricio Giraldo. Ese entorno también participó activamente en campañas públicas contra el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas terapias de conversión. Para el 2026, ese movimiento también está apoyando la candidatura del conservador y misionero católico Johnnatan Tamayo.
Luis Miguel López presidiendo la rendición de cuentas de la bancada “provida”. En la mesa de izquierda a derecha está Lorena Ríos, Christian Garcés, Alejandro Martínez, Yénica Acosta, Mauricio Giraldo, Armando Zabaraín y José Jaime Uscátegui.
De cara a las próximas elecciones legislativas, al menos otros diez congresistas que han participado en la Comisión Accidental en Defensa de la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa o han votado en contra de proyectos relacionados con derechos sexuales y reproductivos buscan mantenerse en el Congreso, según una revisión de candidaturas y votaciones legislativas. Entre esos: José Jaime Uscátegui, Christian Garcés, Marelen Castillo, Miguel Polo Polo, Carlos Edward Osorio, Andrés Guerra, Honorio Henríquez y Juan Fernando Espinal del Centro Democrático. Por el partido Conservador está Ingrid Sogamoso y Nicolás Echeverry, por el Mira aspira Ana Paola Agudelo, Astrid Sánchez Monte de Oca por la U y Jorge “Yoyo Tovar” por la curul de paz.
La diversidad de partidos políticos con una línea de defensa “provida” y de la familia ha encontrado mayor articulación en los últimos años. En Colombia, al igual que en otros países, sectores conservadores y religiosos han convertido sus agendas antiderechos de las mujeres y la población LGBTIQ+ en el centro de su acción política y de incidencia en tomadores de decisión. La próxima prueba para el país será el 8 de marzo, cuando el país vuelva a elegir un nuevo Congreso, en esas listas figuran varios políticos que han impulsado un discurso contra la diversidad sexual y de género, la educación sexual en los colegios, la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la eutanasia. Lo que se definirá en las urnas no es solo una distribución de curules, sino la correlación de fuerzas que decidirá si el próximo Congreso amplía, bloquea o desfigura debates fundamentales sobre autonomía, igualdad y derechos.
