Análisis

SÍNTESIS

Los medios de comunicación no son árbitros neutrales de la vida pública, sino actores políticos de clases dominantes y subalternas, que intervienen activamente en la disputa por el poder.  Cuando ciertos medios privados, financiados por las grandes fortunas, participan en operaciones políticas de desinformación como el Proyecto Júpiter, esa premisa queda en evidencia. RAYA sostiene que investigar a los medios no es una agresión, sino una obligación democrática: en los medios también opera el poder y el periodismo también está para poner luz en ese mundo oscuro.

Análisis por: redacción Revista RAYA

¿Qué son los medios de comunicación? ¿Son infalibles, incuestionables, como reza el dogma liberal? El caso del proyecto Júpiter, revelado por el programa Señal Investigativa (alianza entre RAYA y Señal Colombia) en días pasados, provocó una respuesta desmesurada de medios afines a La Silla Vacía, medios que comparten, además, un rasgo central: su financiación a través de grandes empresas del sector privado. Para ellos, cuestionar la alianza que el viejo estratega del expresidente Uribe exhibió con orgullo en varias reuniones con empresarios en Cali es un ataque a la libertad de prensa.

Esa afirmación oculta algo básico: en plena era de la información, los medios no están por fuera de la lucha por el poder. Son actores políticos. Hablan desde intereses de clase y de gremio, no desde un lugar universal. Intervienen en la disputa pública, seleccionan qué se vuelve visible y ayudan a fijar los límites de lo debatible.

Los medios no son neutrales, incluso, cuando ese sea el propósito retórico del oficio. Como explicó Pierre Bourdieu, son espacios donde se disputa el sentido de la realidad y donde operan relaciones de poder. Allí, las clases dominantes buscan reproducir su posición y presentar sus intereses como si fueran naturales, razonables y comunes a todos. Según Bourdieu, el campo periodístico no conserva una autonomía pura frente al poder económico y político: está atravesado por esas fuerzas y muchas veces las reproduce. Por eso, los medios tienden a leerse, citarse y responderse entre sí dentro de un mismo marco, produciendo una apariencia de pluralidad, donde con frecuencia lo que hay es repetición, homogeneidad y cierre de filas.

Antonio Gramsci lo planteó desde otro ángulo: el poder no se sostiene solo por la fuerza, sino también por el consentimiento. Y en esa construcción del consentimiento los medios ocupan un lugar central. No solo informan: ayudan a convertir una visión del mundo en sentido común. Ayudan a definir qué parece normal, qué parece posible y qué intereses se presentan como si fueran los intereses de toda la sociedad. El propio hecho del Proyecto Júpiter lo demuestra.

La investigación de Señal Investigativa no abrió un debate contra un medio en particular. Abrió un debate sustentado en un hecho de interés público: la mención de un medio de comunicación dentro de una estrategia política expuesta por uno de sus propios promotores ante empresarios. Ese hecho justifica el escrutinio. Y, una vez abierto ese debate, ya no hay regreso posible al viejo pacto de silencio según el cual los medios pueden investigar a todos, menos a sí mismos. 

Lo que está en discusión no es solo el Proyecto Júpiter. También está en discusión algo más elemental: si los medios pueden ser objeto de escrutinio público. Si se los puede cuestionar, investigar y escribir sobre ellos sin que eso sea presentado de inmediato como una agresión inadmisible o un plan de persecución. Si fiscalizar a los medios hace parte de la democracia. La respuesta es sí. Más aún cuando concentran poder económico, político y simbólico.

Están habituados a que esa estructura no se nombre. Pero en la disputa por el sentido también intervienen sectores subalternos que padecen esas relaciones de poder y buscan cuestionarlas. En Colombia esos sectores tienen rostros concretos: los movimientos sociales, la clase trabajadora, los pueblos indígenas. Desde esos lugares de enunciación también se confronta el relato que ciertos medios, financiados por grandes empresas privadas, han querido blindar como si fuera neutralidad.

RAYA enuncia su periodismo desde esa subalternidad. Y no es un secreto. Desde el comienzo hemos sido transparentes sobre el lugar desde el que hablamos y hacemos periodismo. No creemos en el dogma liberal que presenta a los medios como árbitros desinteresados y neutros, sino en la necesidad de entender la cartografía real del poder en Colombia, donde los medios forman parte de sus engranajes. Hacer visible ese lugar es una condición para disputarlo.

Colombia, como América Latina, sufre una concentración estructural de la propiedad de los medios de comunicación. Esa concentración facilita que unas pocas agendas se amplifiquen, que ciertas voces aparezcan como más legítimas que otras y que determinados intereses se naturalicen como si fueran el horizonte común. Por eso, la financiación de los medios no puede tratarse como un dato secundario o meramente administrativo. Cuando se financia un medio, también se financia una mirada sobre el país, una jerarquía de temas, una idea de orden social y unos intereses concretos. Por eso, esa financiación debe ser transparente y estar sometida a escrutinio público.

No se trata solo de propiedad. Se trata de hegemonía. Esa hegemonía opera también como violencia simbólica. No consiste únicamente en mentir o manipular de forma abierta. Opera cuando intereses particulares se presentan como si fueran el interés general; cuando la mirada de los dominantes se convierte en sentido común; cuando quienes están abajo terminan viendo el mundo con los ojos de quienes los subordinan.

Así, por ejemplo, algunos medios consiguen que indígenas asuman una visión degradada de sí mismos, o que trabajadores sintonicen el canal financiado por sus empleadores y adopten esa agenda como propia. Eso precisamente es el plan Júpiter: una campaña de violencia simbólica dirigida no solo a los dueños de las empresas, sino a millones de empleados para que voten en contra de sus propios intereses.

Por eso investigar a los medios no es una excepción ni un exceso. Es parte del oficio cuando esos medios dejan de ser simples narradores de la vida pública y actúan como piezas activas de su disputa. RAYA ya decidió entrar en ese terreno y va a seguir haciéndolo. No por animadversión contra unos colegas, sino porque allí también opera el poder. Y donde opera el poder, el periodismo tiene la obligación de mirar.

RAYA entiende, como otros medios que hablan desde otros lugares, el periodismo como un mecanismo de contrapoder. Pero para cumplir esa tarea debe reconocer primero cómo se organiza el poder en un país como el nuestro. El poder no solo reprime. Como advirtió Foucault, también produce saberes, fabrica consensos, modela subjetividades y funda medios de comunicación.

Por eso cuestionar a los medios no debilita la libertad de prensa. La fortalece. Lo que debilita la deliberación pública es el silenciamiento corporativo, el linchamiento entre colegas y la pretensión de que ciertos medios, por el solo hecho de ser medios, queden por fuera de toda crítica. También debilitan la democracia las campañas de presión y desprestigio contra quienes se atreven a investigar zonas del poder que otros prefieren dejar intactas.

Toda estructura con poder público debe estar sometida al escrutinio. Los medios también. Y en Colombia ese escrutinio ya empezó. 

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Síntesis
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