Nacín Yanine Díaz era jefe de la Dirección de Investigación Policial, conocida como F2. La Fiscalía lo señala de haber recibido dinero de la mafia y de colaborar con el narcotraficante José Jáder Álvarez, alias “Muñeco”, para secuestrar, torturar y desaparecer varios estudiantes de las universidades Nacional y Distrital. Nacín es padre de la relacionista pública Soraya Yanine, que trabajó en RCN Televisión y fue mano derecha del presidente Iván Duque. Además, es hermano del también general Farouk Yanine, fallecido en 2009.
Unidad Investigativa Revista RAYA
Andrés Pastrana, alcalde de Bogotá entre 1988 y 1990, condecoró al Brigadier General Nacín Yanine Díaz, capturado y reseñado en La Picota el pasado seis de mayo
El pasado martes seis de mayo, unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía hicieron efectiva en el norte de Bogotá la orden de captura en contra de Nacín Yanine Díaz, quien fuera durante cuarenta años un alto oficial de la Policía, alcanzando el grado de Brigadier General al momento de su retiro en la década del noventa.
Antes de la captura, Yanine había terminado su rutina matinal de golf, un deporte que practica sin dificultad, aunque desde hace años alega ante la justicia padecer alzhéimer y párkinson, como excusa para no acudir a diligencias, como interrogatorios relacionadas con su proceso penal. Pasó la noche privado de la libertad en los calabozos del Búnker de la Fiscalía y fue trasladado a la penitenciaría de La Picota, donde lo reseñaron antes de regresar a su apartamento en la calle 115, al norte de Bogotá. Deberá afrontar el juicio cumpliendo prisión domiciliaria.
Nacín Yanine Díaz, quien fue comandante de la Policía en Bogotá y antes el máximo jefe de la Dirección de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC), un órgano secreto conocido popularmente como “el F2”, enfrenta una acusación de la Fiscalía General por liderar un aparato organizado de poder que en 1982 perpetró trece desapariciones forzadas y al menos dos asesinatos, un caso conocido como las desapariciones del Colectivo 82. Algunos juristas aseguran que se trata del proceso judicial activo más antiguo del país, ya que los crímenes ocurrieron hace 43 años.
Como lo reveló en exclusiva la Revista RAYA, era inminente el cierre de la investigación y el comienzo del juicio contra Yanine y una docena de sus subalternos, acusados por desapariciones forzadas que tuvieron lugar entre marzo y septiembre de 1982 en Bogotá y otros municipios de Cundinamarca.
Lea la investigación: Trece desaparecidos, el crimen que salpica al general socio de ‘Papá Pitufo’
El general retirado Nacín Yanine Díaz es hijo de un soldado palestino que emigró a Colombia y se radicó en Norte de Santander, a mediados del siglo XX. Parte de su infancia y juventud las vivió en Ocaña, donde fue vecino y tuvo cercanía con la familia Sanjuán Arévalo, a la que pertenecían Samuel Humberto y Alfredo Sanjuán, dos de los estudiantes desaparecidos bajo su mando
Yanine es hermano del fallecido Farouk Yanine Díaz, también general, pero del Ejército Colombiano, uno de los mayores impulsores de los grupos paramilitares en el país cuando comandó una brigada militar en Puerto Berrío (Antioquia), donde facilitó los entrenamientos del mercenario israelí Yahir Klein para las nacientes Autodefensas, por encargo del Cartel de Medellín. Farouk Yanine fue capturado y procesado, pero murió en 2009 antes de ser condenado.
Nacín Yanine es también padre de Soraya Yanine Montoya, relacionista pública, ex presentadora de RCN Televisión, amiga personal y ex asesora de comunicaciones del expresidente Iván Duque. Soraya se ha destacado por su activismo político de derecha en redes sociales.
El general retirado Nacín Yanine Díaz junto a su hija: la relacionista pública Soraya Yanine, amiga y mano derecha de Iván Duque en la presidencia
Un “complejo y doloroso” episodio de la violencia colombiana
En la resolución de 392 folios que acusa al general Yanine Díaz, la Fiscalía afirma que el caso del Colectivo 82 es “uno de los más dolorosos y complejos episodios de la violencia contemporánea en Colombia”. Víctimas y victimarios intercambiaron roles a medida que se desarrollaron los hechos, en una cadena de brutalidad facilitada, según la Fiscalía, por la doctrina de la Seguridad Nacional imperante en esos años y las políticas contrainsurgentes impuestas desde los Estados Unidos.
La historia se remonta al 8 de octubre de 1981, cuando un grupo de secuestradores -—en el que participaban estudiantes universitarios— interceptó el Chevrolet Malibú en el que se transportaban dos hijas y un hijo del narcotraficante José Jáder Álvarez alias “Muñeco”, a la altura del tercer puente de la Autopista Norte, antes de su destino en los colegios Abraham Lincoln y Anglo Americano. Los niños tenían 5, 6 y 7 años de edad.
Un joven disfrazado de agente de tránsito detuvo el vehículo mientras otros hombres armados redujeron al escolta y al conductor, a quienes liberaron unas cuadras más adelante con un mensaje para Álvarez: exigían cinco millones de dólares a cambio de los menores. Los secuestradores huyeron, con los menores, por el occidente de la capital hasta una casa en el barrio Talavera o La Alquería, al sur de Bogotá.
Ante la presión de las autoridades, que realizaron allanamientos y capturas contra personas cercanas a los secuestradores, los niños fueron trasladados a un páramo despoblado en los Farallones de Medina, zona rural de Gachalá (Cundinamarca), donde los mantuvieron a la intemperie hasta mayo o junio de 1982, alimentados con galletas, chocolate, leche en polvo, salchichas y latas de sardinas. Al fracasar las negociaciones, los secuestradores les dispararon en la cabeza a cada uno de los niños y enterraron sus cuerpos envueltos en costales de fique en el mismo sitio donde los tenían secuestrados.
Jáder Álvarez contactó a los secuestradores, pertenecientes a un grupo ilegal, recién fundado, que se autodenominó Frente Revolucionario de Unidad Popular (FRUP), liderado por Alberto Trujillo Moreno, quien murió asaltando un puesto de Policía el 27 de diciembre de 1981, poco después del secuestro.
En el expediente también se vincula al FRUP con la Coordinadora Nacional de Base, otra facción subversiva de aquella época, en cabeza del exguerrillero Everth Bustamante, disidente del M-19 y hoy figura del Centro Democrático, acérrimo defensor del expresidente Álvaro Uribe.
Al no lograr la liberación de sus hijos, Álvarez financió con parte del dinero un operativo de rescate dirigido por el F2 de la Policía, pese a que para entonces los niños ya estaban muertos.
Una de las esposas de Álvarez, Marina Murillo, declaró haberse reunido con Nacín Yanine el 8 de marzo de 1982 para buscar la liberación de los menores: “fuimos y hablamos con el coronel Yanine y le pusimos en conocimiento lo que había pasado”.
Yanine ha negado sus contactos con Álvarez y sostiene que se involucró en el caso en agosto de 1982 por solicitud del entonces presidente Belisario Betancur, recién posesionado en la Casa de Nariño. Pero esa versión fue desmentida por el propio Jáder Álvarez en una declaración ante la Fiscalía en enero del año 2000, donde afirmó que el político conservador Severo Escobar - cercano a Berta Hernández de Ospina, viuda del expresidente Mariano Ospina y abuela del también narcotraficante Juan Diego Ospina “Chapulín”- fue quien coordinó sus encuentros con Nacín Yanine.
Además, en la gestión para que el F2 se hiciera cargo del asunto participó Juvenal Betancur Cuartas, hermano del expresidente Belisario Betancur, a quien el reportero Fabio Castillo señaló como un emisario de la mafia paisa en su libro “Los jinetes de la cocaína”. Juvenal falleció en febrero de este año sin aclarar jamás su rol en el caso.
Jáder Álvarez no era un desconocido para el F2: ese mismo organismo de inteligencia lo había detenido en flagrancia el 18 de enero de 1982 con tres kilos de cocaína de alta pureza; además, las autoridades americanas ya le habían informado al F2, desde 1981, que Álvarez era un peligroso narcotraficante adscrito al Cartel de Medellín.
A pesar de ello, Jáder Álvarez pagó de su bolsillo más de 56 horas de vuelos privados entre el 14 y el 20 de septiembre de 1982 a las empresas Helivalle y Aeroexpreso El Cocuy, que movilizaron unas treinta personas para el rescate de los menores. En la comitiva estaban él, sus sicarios y el personal del F2 y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GOES), según testimonios del piloto José Fernando Gutiérrez: “lo vi un día en Gachalá [a Jáder Álvarez] y creí que era un coronel, pregunté y me dijeron que era el papá de los niños, lo vi como el primero o segundo día de las operaciones. El pago fue en efectivo, quiero adicionar que él, cuando me llamó, me dijo que era para el transporte de personal del Gobierno y era precisamente de Helicentro de donde se iban a efectuar los traslados”.
La Fiscalía logró identificar al menos dos de los helicópteros usados: un Bell 206 color uva con blanco de matrícula HK 2810 y otro aparato cuya matrícula era HK 2529. Hay indicios de que hubo una tercer aeronave privada de marca Hughes en la operación, vista por el mismo piloto Gutiérrez y por los campesinos de las veredas Las Murcas y El Sinaí en Gachalá, donde encontraron sin vida a los menores secuestrados el 18 de septiembre de ese año.
La declaración del teniente Jairo Orlando Navarrete, integrante del F2, que participó del operativo, es reveladora: “En el sitio ya de los hechos, estaba creo que un familiar de los niños, quien nos colaboró para identificar los cadáveres, [también] un muchacho de apellido Naranjo [se refiere a Carlos Mario: el chofer de Jáder] y otro particular de profesión camarógrafo, a quien le advertí que no podía actuar hasta el término de la diligencia del levantamiento, tengo entendido que fue contratado por la familia para que filmara el recorrido y tenerlo como documento a nivel familiar”. Este video hizo parte del expediente pero se extravió. Antes circuló por la redacción de algunos diarios de tirada nacional y fue visto por una familiar de los desaparecidos.
La presencia del narcotraficante Jáder Álvarez durante el operativo se confirma con la versión de Ana Elvira Zárate, campesina de la finca donde aterrizaron los helicópteros, quien declaró que llegó “un señor que dijo que es el papá de los niños, es un señor gordo, más o menos moreno y él dice que le ayudemos y le digamos dónde están los niños, que él los está buscando, nosotros les contestamos que no sabemos nada de eso… Le dimos un tinto… No esperó comida, él se bajó seguramente a la carretera”, indicando que la relación entre Jáder y los policías era de absoluta camaradería: “Ellos se trataban como completamente amigos, todos hablaban con Álvarez, él era como el jefe de todos los que iban ahí, ellos le informaban lo que iban a hacer, que iban a ir a otra parte, como a una montaña, que querían ir allá”.
Los testimonios de los uniformados indican que coordinaban y reportaban las operaciones al coronel Yanine, quien seguía los sucesos por radioteléfono desde Bogotá. Con estos indicios la Fiscalía sostiene que Nacín Yanine Díaz pactó con el narcotraficante la desaparición de los jóvenes porque presuntamente estaban vinculados al secuestro de las hijas e hijo de Álvarez. Quince personas fueron víctimas de esta venganza, la mayoría estudiantes y militantes de izquierda sin relación con el secuestro ni con el asesinato de los menores.
La racha de desapariciones que Nacín Yanine habría ordenado
El 4 de marzo de 1982 fue desaparecido Orlando García Villamizar, estudiante de primer año de derecho en la Universidad Nacional. Tenía 23 años. La Policía lo señaló como uno de los responsables del secuestro de las niñas. Fue capturado en Teusaquillo, en inmediaciones del Concejo de Bogotá, por hombres de civil armados que lo subieron a una camioneta tipo panel verde, de placas HL6794. Luego se sabría que ese vehículo estaba adscrito al F2.
La desaparición de Orlando García coincidió con la semana del primer encuentro entre el narco Jáder Álvarez y el entonces coronel Nacín Yanine, según el testimonio de la esposa de Alvarez. No se supo más del joven García hasta el 18 de agosto de ese año, cuando lo vieron en las temidas “Cuevas de Sacromonte”, nombre con el que se conocía a una guarnición militar de Facatativá donde eran torturados miembros de partidos de izquierda y opositores durante el gobierno de Turbay Ayala.
En la primera semana de septiembre de 1982, Édgar Helmut García, su hermano, también desaparecido, llamó por teléfono a la familia para decir que ambos estaban bien y pronto serían liberados. Algo que nunca ocurrió. Aunque se le acusó de participar en el secuestro de las hijas de Álvarez, Orlando García Villamizar fue declarado inocente por un juzgado de Bogotá un año después de su desaparición.
Ese mismo día fue detenido Pedro Pablo Silva Bejarano, estudiante de enfermería en la Universidad Nacional, quien figuraba como arrendatario de la casa en el barrio Talavera donde habían permanecido las niñas secuestradas. Por este indicio, el F2 lo consideró coautor del crimen. Se cree que lo asesinaron poco después, ya que su cadáver fue visto en el Hospital San Juan de Dios antes de ser inhumado de una fosa común que aún no ha sido identificada.
Cuatro días más tarde, el 8 de marzo, el F2 capturó en simultáneo en Chapinero y a las afueras de la Universidad Nacional a los hermanos Samuel y Alfredo Sanjuán Arévalo. Nunca tuvieron relación con el secuestro, pero eran amigos de algunos de los supuestos implicados. Alfredo, de 33 años, estaba por graduarse de ingeniería catastral en la Universidad Distrital. Samuel, de 22 años, comenzaba estudios de antropología. Son recordados por haber pintado el primer mural del Ché Guevara en la plazoleta central de la Universidad Nacional de Bogotá.
Teresa y Yolanda Sanjuán, sus hermanas, iniciaron la búsqueda de inmediato. Con sus padres, acudieron, esa misma semana al entonces coronel Nacín Yanine, jefe del F2, a quien conocían desde la infancia, pues ambas familias eran oriundas de Ocaña, incluso compartían parientes en común. Yanine les insinuó que los hermanos sí estaban detenidos por la dirección de la Policía que él comandaba, pero les dijo que confiaran “en Dios” pues pronto iban a aparecer.
En sus descargos ante la Fiscalía, el mismo general Yanine confirmó que el F2 había hecho seguimientos a los hermanos Sanjuán antes de su desaparición. También relató que sus hombres buscaban a un tercer hermano, al que nunca pudieron capturar.
Cuatro décadas después el testimonio de las hermanas Yolanda y Teresa Sanjuán permitió esclarecer el papel del F2 en los seguimientos y detenciones ilegales contra la mayoría de estudiantes. Ambas hermanas habían anotado cinco placas de vehículos sospechosos que merodeaban cerca a su residencia en aquellos meses. Con pruebas documentales: minutas de la época, y testimonios de policías retirados, la Fiscalía comprobó que esos vehículos pertenecían al F2 y se usaron para operaciones encubiertas en las zonas y fechas donde desaparecieron la mayoría de jóvenes.
Luego de los Sanjuán, el 18 de agosto de 1982, hombres del F2 retuvieron al estudiante de sociología Édgar Helmut García Villamizar, apodado “El Caballo” -hermano de Orlando García Villamizar-, cuando iba en compañía de Rodolfo Espitia, un obrero sindicalista de 21 años, quien a su vez era vecino y amigo de Pedro Pablo SIlva Bejarano. Los capturaron en la calle 19, cerca del centro de Bogotá, mientras se dirigían al ICFES por una oferta laboral.
Pero una circunstancia inesperada dejó el cabo suelto que, 43 años después, permitió saber cuáles oficiales estuvieron detrás de la desaparición. Fue Camilo Andrés García, hijo de Orlando y sobrino de Helmut, quién para esa fecha tenía apenas tres años de edad. Édgar Helmut García lo había recogido esa mañana temprano en casa de su cuñada y lo llevaba consigo cuando fue golpeado por los agentes del F2. Los uniformados entregaron el pequeño a una patrullera que lo condujo a una estación de Policía cercana a la iglesia del Voto Nacional, donde fue hallado por su familia cinco días más tarde.
“Él me dijo que iban por el centro, que iba con el tío y que iba cogido de la mano, y que un señor con pistola lo había subido a un carro y que a él lo habían subido a una ambulancia”, declaró la madre del menor: “pero supongo yo que sea una patrulla, y que luego apareció con las [mujeres] Policías, en la Estación de Policía”.
Otra patrullera que tuvo el niño bajo su cuidado, Lisana del Socorro Gómez, ratificó los hechos asegurando que el menor fue remitido por el F2: “él [niño] me dijo que había salido con el tío Édgar [Helmut García] y que con una pistola le hacían disparos al tío y que el niño gritaba “no lo maten, no lo maten” y que “ellos se lo llevaron” y a él lo dejaron”.
En el expediente consta que el oficial Jorge Alipio Vanegas Torres, jefe de contrainteligencia para la época, y subordinado de Nacín Yanine, fue quien entregó el niño a la patrullera Gladys Marina Ramos. La versión del teniente Cristóbal Vélez también confirmó estos hechos.
Édgar Helmut García, apodado “El Caballo”, fue visto tres semanas más tarde de su captura en Gachalá, esposado y con evidentes marcas de tortura sobre el cuerpo, después de que los hombres del F2 lo bajaran de uno de los helicópteros fletados por Jáder Álvarez. Así consta en el testimonio de la campesina Ana Elvira Zárate, que vivía en la finca que el F2 utilizó como base de operaciones:
“Vi que los F2 llevaban detenidos a dos jóvenes, al que dijo el F2 que era “El Caballo”, a ese sí lo llevaban esposado y le quitaban las esposas para que comiera, y tenía las muñecas todo peladas, y tenía la nariz toda rota, (la declarante muestra la parte superior de la nariz) y la nariz la tenía, la tenía cubierta de esparadrapo, yo les preparé comida y de eso le daba a él, ahí charlaban ellos, y yo vi a estas personas, o sea, al que llamaban “El Caballo”, desde que aterrizaron los helicópteros ahí en la casa el quince [de septiembre] todo el día, hasta el día dieciséis que levantaron vuelo y se vinieron”.
El general Nacín Yanine y todos sus subordinados declararon a la justicia que alcanzaron el punto exacto del páramo donde estaban los cadáveres de las niñas y el niño gracias a un croquis elaborado con información de un delator. Esta versión resulta poco creíble, el sitio estaba a nueve horas caminando desde la finca donde aterrizaron los helicópteros, debían remontar el bosque y el páramo, atravesando riscos y peñascos en donde no existía ningún sendero. Sin embargo, el teniente Jairo Orlando Navarrete confirmó en su testimonio que en realidad “fueron guiados por una persona detenida por ellos, la cual nunca pude ver por la extrema reserva con que adelantaban la investigación”.
Ana Elvira Zárate recordó que el año anterior había visto a Édgar Helmut García, “El Caballo”, quién cruzó caminando por su finca con una mujer joven en compañía de dos niñas y un niño pequeño. Todos se internaron en el monte rumbo a las cumbres de la cordillera. Por ello se cree que fue Helmut García quien condujo los niños hacia el punto de su cautiverio a finales de 1981 y luego quien guió al F2 en septiembre de 1982 hasta el lugar donde quedaron enterrados los cadáveres.
Se presume que el mismo 15 de septiembre de 1982 estuvo detenido con Helmut, en aquella finca, Rafael Prado Useche, otro joven de 24 años aficionado al ajedrez, que cursaba la carrera de derecho en la Universidad Nacional. Un par de zapatillas deportivas blancas que le pertenecían fueron halladas dos años más tarde en un paraje aledaño durante una inspección de la Procuraduría.
A Rafael Prado Useche lo capturaron el 12 de septiembre de 1982, cerca de su casa en la calle 80 con 24, de Bogotá. Prado Useche fue montado a la fuerza en un lujoso Mercedes Benz color vinotinto de placas FC9405, del que luego se probó que pertenecía a María Lilia Rojas, la otra esposa de Jáder Álvarez, madre de Zuleika Álvarez, la mayor de los menores secuestrados y asesinados.
El mismo Mercedes Benz fue usado por el F2 para desaparecer a Hernando Ospina Rincón, mecánico de 39 años, detenido en su taller el 11 de septiembre. Testigos vieron a María Lilia Rojas señalarlo para que los agentes se lo llevaran. Hernando Ospina Rincón aparentemente no tenía mayor responsabilidad en el secuestro de los niños, sin embargo, en su taller atendía con frecuencia a algunos de los jóvenes perseguidos por el F2, entre ellos a Rafael Prado Useche y a Edilbrando Joya, otro estudiante de 24 años que cursaba ingeniería mecánica en la Nacional y fue raptado a la fuerza en un campero Toyota rojo dos días después, el 13 de septiembre de 1982, al salir de su casa en Fontibón.
La Fiscalía sabe que los captores de Edilbrando Joya eran miembros del F2 porque Guillermo Calderón Farfán, un amigo de infancia y vecino suyo de toda la vida, quien trabajaba en la construcción de la hidroeléctrica del Guavio, lo vio en la plaza central de Gachalá el 15 de septiembre de 1982 mientras era custodiado por cuatro hombres vestidos de civil. Calderón incluso saludó a su amigo Edilbrando y se percató que estaba con las manos esposadas. Aquello ocurrió en los mismos días en que unidades del GOES y el F2 adelantaron el operativo de rescate de los niños en Gachalá.
Finalmente, el F2 desapareció a Gustavo Campos Guevara, de 23 años, estudiante de sistemas en la Nacional, a quien capturaron el 23 de agosto de 1982 yendo hacia la Universidad. No hay ningún indicio de que Campos tuviera relación con el secuestro de los niños, pero él sí había sido testigo del atentado que cobró la vida en las afueras de la Nacional al profesor Alberto Álava Montenegro, un abogado y defensor de derechos humanos que lideraba las investigaciones sobre la suerte de los primeros jóvenes desaparecidos en este caso.
El paradero de todas las víctimas sigue siendo desconocido, con la excepción del niño Camilo Andrés García, hijo de Orlando y sobrino de Édgar Helmut García. Fue el único que apareció con vida después de permanecer cinco días en una comisaría separado de su familia.
Falsos positivos que continúan impunes
Además de las desapariciones hubo, al menos, dos ejecuciones extrajudiciales cometidas por el F2 en presuntos montajes judiciales fingiendo enfrentamientos que nunca tuvieron lugar.
Se trata de los homicidios de Bernardo Helí Acosta y Francisco Antonio Medina Londoño, presentados como el resultado de intercambios de disparos con la Policía en medio de operativos legítimos.
Bernardo Helí Acosta era un líder campesino de Gachalá de 34 años, integrante del Frente Unido Revolucionario Popular, posiblemente jefe del comando que secuestró y asesinó a los hijos de Jáder Álvarez. Fue capturado por el F2 el 15 de septiembre de 1982 en la plaza de Gachalá y después transportado en helicóptero hasta la misma finca de la vereda Las Murcas en donde estaban retenidos Édgar Helmut García y Rafael Prado Useche.
El joven campesino Jhon Garzón, que lo conocía en persona, lo distinguió cuando bajó del helicóptero, narrando así el episodio a las autoridades: “aterrizaron en la finca de don Guillermo Alvarado y de ahí sacaron a un hombre, el cual estaba atado de pies y manos, entre ocho o diez hombres le estaban pegando. Al que le estaban pegando era a Bernardo Helí Acosta”.
Al momento de la captura de Bernardo Acosta uno de sus hermanos, Manuel Darío Acosta, forcejeó con los policías para tratar de impedir que se lo llevaran, por este motivo también fue capturado. Manuel Darío sigue desaparecido hasta hoy. Nada tenía que ver con el secuestro del que se señalaba a su hermano.
Bernardo Acosta estuvo desaparecido desde el 15 de septiembre hasta el 7 de octubre de 1982, cuando fue asesinado en el barrio Quirigua del occidente de Bogotá por los mismos agentes del F2 que lo habían capturado tres semanas antes en Gachalá. Para justificar el homicidio presuntamente falsificaron documentos que afirmaban que Acosta había quedado en libertad. Luego fingieron un tiroteo con él, asegurando que la balacera ocurrió en medio de una persecución tras el robo de un automóvil. Las fotos del levantamiento del cadáver lo muestran con el cinturón de seguridad abrochado, por ello era imposible que Bernardo Acosta manejara y al mismo tiempo sacara el cuerpo entre la ventanilla para dispararle a sus perseguidores. Además, en el acta consta que se halló un arma que no correspondía con la munición encontrada durante el supuesto enfrentamiento.
La muerte de Francisco Medina Londoño es aún más confusa. Era un campesino de Cartago (Valle del Cauca) sin ningún vínculo con las demás víctimas del caso. Se sabe que fue capturado por el F2 la tarde del 13 de septiembre de 1982 mientras hacía una llamada telefónica en una cabina pública de la Autopista Norte con calle 103. Su cuerpo apareció baleado esa misma noche a 80 kilómetros de distancia, en una vereda de Anolaima (Cundinamarca), después del rescate de una mujer secuestrada.
Coincidencialmente, estos operativos fueron realizados con los mismos hombres bajo el mando del entonces coronel Nacín Yanine Díaz. Por esta racha de crímenes impunes la Fiscalía libró órdenes de captura y acusó también a los oficiales retirados Jorge Alipio Vanegas (jefe de contrainteligencia), y Ernesto Condia Garzón (jefe de Policía Judicial), quienes se encuentran fuera del país.
El resto de implicados fueron detenidos en las últimas semanas y afrontarán un juicio. Se trata de Miguel Rodrigo Torrado (comandante del GOES), Jairo Otálora Durán (jefe de unidad operativa), Luis Ángel Perdomo, José Alirio Velásquez Garzón, Henry Espitia Díaz, Jorge Enrique Ortiz Parrado, Jaime Helí Colmenares Botero, Josué Rafael Cobos Silva, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez.
Todos habían sido absueltos en un primer momento por la Justicia Penal Militar a mediados de los años ochenta, lo que motivó que el caso fuera llevado por las familias de los desaparecidos ante tribunales internacionales que condenaron al Estado colombiano. El proceso se reabrió en 2010 tras una órden de la Corte Suprema de Justicia pero durmió en los anaqueles de la Fiscalía a lo largo de catorce años y sólo tomó impulso ahora, cuando cambió la cúpula de la entidad con la salida de Francisco Barbosa y Martha Mancera.
José Jáder Álvarez, quien primero fue víctima del secuestro y asesinato de sus hijos, se convirtió en victimario y determinador de las desapariciones de los jóvenes estudiantes perseguidos por el F2. Álvarez publicó un vistoso anuncio en el diario El Tiempo el 6 de octubre de 1982 agradeciendo a la Policía y al Gobierno Nacional por colaborar con él en la búsqueda de sus niños.
Cumplido un mes exacto del operativo que permitió dar con los menores muertos, el 18 de octubre de 1982, la DEA vinculó a Jáder Álvarez a la Operación Pez Espada. Acabó extraditado a los Estados Unidos en 1985 y allá purgó más de diez años de prisión. Con su regreso al país en el año 2000 se reactivó el proceso en su contra por las desapariciones de los estudiantes, sin embargo, un juzgado lo absolvió. Murió pocos años después en un accidente de tránsito junto a su segunda esposa, Marina Murillo, cuando regresaba de los Llanos a la capital.
Ante tal espiral de violencia incontenible, retumban las palabras de Mauricio Ponce, el fiscal que ha conseguido sacar adelante el proceso, consignadas en el documento de acusación como una advertencia que quiere conjurar a la justicia: “No vaya a suceder que la generación de entonces, testigos nosotros de tanta saña y muertes, lo olvidemos, o las que siguieron y siguen, las nuevas generaciones, vean como inexorablemente se repiten los hechos luctuosos con otros nombres de víctimas y que lo que prevalezca sea el adagio según el cual el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”.
