Dos contratos por más de $ 2.000 millones enredan a la jefe del Centro de Estudios Aeronáuticos, Adriana Ramírez Suárez, quien está a punto de ser nombrada directora de la Aeronáutica Civil. Es muy cercana al Partido Conservador, tiene antecedentes de proselitismo político al interior de esa entidad y, además, le firmó un contrato por $8 millones mensuales a un asesor que en realidad es su chofer.
Por: Edinson Bolaños
En el escritorio del presidente Gustavo Petro reposa uno de los decretos más esperados en el gremio aeronáutico: el que designa al nuevo director o directora de la Aeronáutica Civil. La Revista Raya conoció el proyecto de decreto, enviado por el Ministerio de Transporte, con el cual se avala a la actual jefe del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), Adriana Ramírez Suárez, para ocupar ese cargo. Ramírez llegó a la entidad en octubre de 2021 de la mano del recientemente destituido director de la Aerocivil, Jair Orlando Fajardo. Ambos de las entrañas del Partido Conservador y cuestionados por su proceder contractual paralelo a la pasada campaña electoral parlamentaria.
El proyecto de decreto, firmado por el secretario general de Mintransporte -que nuevamente está a cargo del partido Conservador-, señala que Ramírez cumple con los requisitos exigidos para desempeñar el cargo de directora. Sin embargo, un grupo de activistas sindicales de la Aerocivil denunció ante Revista Raya que su presunta aptitud contrasta con el proceder que ha tenido la jefe del CEA durante casi un año como directiva de la entidad. Varios contratos irregulares y una queja ante el gobierno de Iván Duque, en la que se denuncia el proselitismo político de la funcionaria durante las pasadas elecciones parlamentarias, son algunos de los documentos que soportan la denuncia.
Los dos contratos que hoy revela Revista Raya son apenas dos ejemplos de las 42 órdenes de prestación de servicios y convenios nuevos que se firmaron en el CEA, bajo la dirección de Adriana Ramírez en un tiempo récord de cinco meses y durante la Ley de Garantías Electorales. Uno de los más jugosos y cuestionados es el convenio firmado el 27 de diciembre de 2021 entre la Aeronáutica Civil y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Un organismo internacional también dirigido por otro político de las huestes conservadoras: Carlos Mario Zuluaga Pardo.
Lo grave del asunto es que el mismo 27 de diciembre se hizo todo: una certificación para justificar el gasto y se redactó y firmó el convenio por $3.900 millones (de los cuales $1.700 los aportaría la Aerocivil). Semanas más tarde la Aeronáutica realizó un anticipo por $ 1.100 millones aun cuando el acta de inicio del convenio no se firmaría sino hasta el 5 de febrero de 2022. Dicho convenio tenía como objetivo implementar y proveer asistencia tecnológica para fortalecer el CEA, es decir, la jefatura de Adriana Ramírez. Sin embargo, el pasado 31 de julio se venció el plazo para la ejecución de dicho convenio. Los $1.700 millones fueron desembolsados a la OEI y ni la plata ni el tiempo les alcanzó para ejecutar más del 30%, según denunciaron los sindicalistas.
El 6 de julio pasado, cuando el presidente Duque expidió el decreto con el que declaraba insubsistente a Jair Fajardo como director de la Aerocivil, los papeles empezaron a moverse. La cabeza de la entidad había firmado más de 335 órdenes de prestación de servicios y convenios entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. Estos se sumaron a los 500 que existían desde el año anterior, muchos de los cuales se concretaron en plena campaña electoral parlamentaria. El de la OEI fue uno ellos y, tras la salida por la puerta de atrás de Fajardo, el convenio fue seleccionado rápidamente por Ramírez para enmendar los incumplimientos 20 días antes de que se venciera el plazo para ejecutar el Convenio.
Previo a esa fecha, la directora Ramírez solicitó una prórroga del convenio y una adición de $400 millones, dijo uno de los sindicalistas y aportó un documento en poder de esta revista. No obstante, el director encargado, el capitán Francisco Ospina, solicitó la revisión de dicho convenio y negó la adición solicitada por Ramírez, “íntima amiga del representante de la OEI”, subrayó otro de los sindicalistas de la Aerocivil. La solicitud pronto fue retirada por Ramírez mientras se tramitaba la prórroga solicitada para que el representante conservador de la OEI, Carlos Mario Zuluaga, cumpliera con el objeto del contrato. Ante la negativa del nuevo director, Ramírez pronto les pidió a sus asistentes que recogieran la solicitud de adición.
El otro contrato tiene que ver con Héctor Fabián Pardo Daza, un ingeniero industrial que trabajó con ella en la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca. Ahora, denunciaron los sindicalistas, se convirtió en asesor de la jefatura del CEA con un contrato de Prestación de Servicios por $110 millones, es decir, con un salario mensual de $8 millones para desempeñarse, en realidad, como el conductor del vehículo particular de Ramírez . El contrato se vence en diciembre de este año, pero llama la atención que también se firmó en enero pasado, ad portas de las elecciones legislativas. Pardo ha recibido todos los pagos hasta la fecha, pero ni en la página web de contratación estatal (SECOP) ni en los archivos contractuales de la entidad aparecen los informes que ha presentado como contratista para justificar sus labores, comentaron varios de los sindicalistas a la Revista Raya.
Proselitismo y nepotismo
En marzo pasado, varios integrantes de los 12 sindicatos que tiene la Aerocivil le enviaron una carta anónima, en poder de esta revista, al entonces presidente Iván Duque para expresarle sus preocupaciones frente a lo que estaba sucediendo al interior de la entidad que controla la seguridad aérea del país. El documento de diez páginas se tituló: “Denuncia sobre la corrupción y politiquería se toman a la Aerocivil”, un largo compendio de irregularidades en contratación, nóminas paralelas y despilfarro, cuyas denuncias señalaban al luego destituido director Fajardo y a la hoy recomendada Adriana Ramírez para ocupar el mayor cargo de la Aeronáutica Civil: la dirección.
Ese mismo documento se señala con detalle el proceder de la candidata favorita del Partido Conservador. Según uno de los apartados, Ramírez llegó al cargo de jefe del CEA en octubre de 2021, mientras se desarrollaba la campaña al Congreso de la República. Según el documento, Ramírez es cuota política de la senadora boyacense y conservadora Soledad Tamayo, y utilizó la entidad para hacer proselitismo político en favor de esta colectividad durante las pasadas elecciones legislativas.
“Ella misma ha ido a la oficina del Grupo Administrativo, Financiero y de Bienestar Universitario del CEA, en el que tiene la mayoría de sus contratos de compromisos políticos, para recordarles que ‘cada uno de ustedes debe llevar de 10 a 15 personas a la reunión que se realizará el próximo viernes a las 6 de la tarde’, cita, que de acuerdo con lo indagado a sus propios contratistas, se realizó el pasado 4 de marzo, vísperas de elecciones”, dice el documento. Dicho proceder, según lo documentó Noticias Uno en octubre de 2015, también quedó en evidencia siendo ella secretaria de Gobierno de Cundinamarca poco antes de las elecciones locales en las que su esposo, Álvaro Gómez, era el candidato a la alcaldía del municipio de Une, Cundinamarca.
La denuncia concreta consistía en que “La Milagrosa, como le llamaba su esposo en sus discursos políticos, utilizaba los contratos de la Secretaría de Gobierno para hacer proselitismo en favor de Gómez. El noticiero así lo documentó al mostrar los contratos y las caras de los contratistas con gorras y camisetas haciendo campaña por su esposo o exesposo, porque justo unos días antes se registró el divorcio de la pareja para habilitar la candidatura de Gómez. Según los habitantes de Une, Ramírez había asegurado, desde que terminó su mandato como alcaldesa en 2012, que su esposo sería alcalde de ese municipio en cualquier momento.
Los dos contratos señalados en este artículo suman más de $2.000 millones. Sin embargo, faltan por revisarse las otras 40 órdenes de prestación de servicios que Ramírez, en un tiempo récord de cinco meses, solicitó y avaló desde su llegada al cargo en octubre de 2021. Quien la nombró como jefe del CEA fue el destituido Jair Fajardo, también de origen conservador y cuestionado por los sindicatos por haber incrementado en más de 335 contratos la nómina de prestación de servicios, en menos de tres meses del 2022, ad portas de las elecciones parlamentarias. Queda en manos del presidente Petro la decisión de designar o no a la heredera de Fajardo y cercenar el despilfarro de esta entidad tan importante para la seguridad aérea del país.
Al cierre de esta edición Adriana Ramírez no respondió las llamadas telefónicas de la Revista Raya. Conocimos que a las siete de la noche tuvo reunión con los senadores conservadores Soledad Tamayo y Juan Carlos García. Su nombramiento, hasta hoy, parece inminente.
