Investigación

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Federico Gutiérrez anunció su candidatura a la Alcaldía de Medellín esta semana. Sin embargo, el fantasma de Gustavo Villegas, su exsecretario de seguridad, aún lo persigue. Su cercanía con la banda criminal La Terraza es más profunda de lo que se cree. Revista RAYA revela declaraciones de sus miembros quienes delataron sus colaboraciones con Villegas. Desde que la creó Pablo Escobar, dicha banda ha mantenido contactos con políticos y oficiales de la Policía, como el extraditado general Mauricio Santoyo.

Por: Enrique Gamboa
Investigador Revista RAYA

Después de meses de especulación, Federico Gutiérrez confirmó que será candidato a la Alcaldía de Medellín. La noticia la dio a conocer el pasado martes 4 de julio desde la iglesia San Judas Tadeo del barrio Castilla de la capital antioqueña. Con la confirmación de sus intenciones políticas, el excandidato presidencial parte como favorito para ganar las elecciones del 29 de octubre, pero las sombras de su primer mandato, entre 2016 y 2019, aún lo persiguen. Una de esas tiene que ver con el papel que desempeñó Gustavo Alberto Villegas Restrepo, su secretario de seguridad entre 2016 y 2017, y quien en 2018 terminó condenado por los delitos de omisión de denuncia y abuso de la función pública, a pesar de que en los expedientes de la Fiscalía reposan pruebas que lo señalan de sostener pactos con la banda criminal La Terraza, el cuerpo de sicarios que creó Pablo Escobar en los 80s.

Aunque Villegas fue acusado por la Fiscalía y finalmente condenado, llama la atención que la investigación haya girado en torno a los delitos menores y no en el fondo del asunto: los vínculos políticos con la banda criminal La Terraza. En julio de 2017, cuando fue capturado, la misma Fiscalía aseguró que el secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez era conocido dentro de la banda La Terraza con el alias de “El Ingeniero” y que se se comunicaba por mensajería instantánea con el grupo armado para informar a algunos miembros sobre los operativos que se realizarían en las zonas donde opera la banda criminal. Incluso, se lo acusó de presentar presuntas capturas de sus integrantes para mostrar la supuesta presión de la justicia sobre los delincuentes a quienes luego convertía en “gestores de paz”.

La Revista RAYA conoció un informe de la Fiscalía de 2019, el cual afirma que Villegas no combatió a la citada estructura sino, por el contrario, le informaba a Julio Perdomo, alias “JP”, intermediario del grupo, los operativos programados en su contra. Asimismo, asegura que Villegas hizo las veces de vocero para que varios integrantes de La Terraza se entregaran a las autoridades como sucedió en los casos de Elkin Fernando Arroyave, alias “El Vikingo”; Jairo Alonso Gallego, alias “Gallego” o “Jerónimo” y Víctor Alonso Pérez, alias “Víctor”, presentándose como supuestos “cabecillas”, pretendiendo demostrar su voluntad de acogerse a la justicia.

Un documento de la Fiscalía de 2019 explica que Gustavo Villegas no combatió a La Terraza, sino por el contrario, le informaba a Julio Perdomo alias “JP”, intermediario del grupo, los operativos programados en su contra.

Otro hecho que demuestra los nexos del exsecretario de seguridad de Gutiérrez con La Terraza es la Corporación Guadalupe, la cual es una fachada de la banda criminal, creada en 2009, con el fin de desarrollar programas sociales en la zona nororiental de Medellín por medio de una escuela infantil de fútbol, un comedor comunitario, entre otros proyectos que ha contado con el apoyo de recursos de la Alcaldía de Medellín. La representante legal de dicha corporación es Mara Yuli Toro Castaño, capturada en mayo 2017. Con esta mujer Gustavo Villegas también ha sostenido una relación. Eso quedó plasmado el 13 de enero de 2017 cuando, en un video publicado en redes sociales, se evidenció el robo a un conductor de un carro blanco Renault Clío, en la modalidad de “fleteo”. Respecto al hecho, Federico Gutiérrez lideró un operativo en busca de los responsables. En esta oportunidad, según la Fiscalía, Villegas le pidió a Julio Perdomo que entregara a los integrantes de La Terraza que cometieron el delito. El 14 de enero, un día después, se entregaron a las autoridades Jhon Alexis Ospina, alias “Chompiritas”, Kevin Monsalve, alias “Kevin” y un menor de edad conocido como “Chupin”.

Para dar claridad al asunto, RAYA conoció el interrogatorio que le practicó la Fiscalía a Julio Perdomo el 11 de mayo de 2017. En la diligencia judicial, Perdomo señaló que Gustavo Villegas le dijo a Mariano Humberto Zea (contratista de la Alcaldía) que le ayudara con la captura de los “fleteros”. Igualmente, esto fue corroborado por Edwin Onasis Tapias Buriticá, exintegrante de la La Terraza y del Bloque Cacique Nutibara, en declaración juramentada del 16 de junio de 2017: “En esa búsqueda, Mariano llamó a la señora Mara Toro para pedirle ayuda para esa entrega, y así lo hicieron, pues la señora Mara y él los entregaron personalmente en una esquina que se llama Tolú del barrio Manrique, al señor Gustavo Villegas quien estaba acompañado con miembros de la Sijin y que llegaron en unos carros de la Alcaldía”, se lee en el documento que conoció esta revista. Asimismo, el exparamilitar contó que el secretario de seguridad de la Alcaldía de Federico Gutiérrez se sintió satisfecho por esa gestión y les dijo: “muchas gracias por haberme colaborado con ese favor”. La representante legal de la Corporación Guadalupe, en interrogatorio del 28 de mayo de 2017, ratificó lo de la entrega de los “fleteros” como uno de los favores a Villegas.

La Terraza creó la Corporación Guadalupe, como fachada para cometer sus actividades ilícitas. Mara Toro, representante legal, ratificó que ayudó a Gustavo Villeas a realizar capturas de sus integrantes para mostrar la presión de la justicia sobre los delincuentes.

En la sentencia contra Gustavo Villegas dictada por el Juzgado Cuarto Penal de Medellín, el 9 de marzo de 2018, se estableció que desde enero de 2016 empezaron sus relaciones con el grupo delincuencial. De acuerdo con la justicia colombiana, Villegas, como secretario de Seguridad de Medellín, coordinó sin autorización Presidencial ni marco legal, reuniones con funcionarios estatales, con el fin de impulsar y fomentar un presunto proyecto de sometimiento a la justicia, que implicaría el otorgamiento del estatus de “gestores de paz” a los jefes de La Terraza y de otras bandas criminales como La Oficina de Envigado. “El señor Gustavo Alberto Villegas Restrepo tenía conocimiento de las actividades ilícitas que ejecutaban, como el tráfico de estupefacientes, extorsiones, homicidios, entre otras”, se lee en la sentencia. Por estos mismos hechos, fue capturado Mariano Zea Ospina quien se desempeñaba como contratista de la Alcaldía de Medellín para trabajar con el Instituto Tecnológico Metropolitano. Con relación a Zea, se sabe que hasta 1997 hizo parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Gustavo Villegas trabajó en diferentes alcaldías de Medellín, por ejemplo, fue secretario de Hacienda durante el mandato de Luis Alfredo Ramos, condenado por parapolítica. Mientras que en la alcaldía de Sergio Fajardo trabajó como asesor del Programa de Paz y Reconciliación en el proceso de desmovilización y reincorporación de los exparamilitares del Bloque Cacique Nutibara y en 2006 fue nombrado como secretario de Gobierno, hasta que terminó su mandato el 31 de diciembre de 2007. Sergio Fajardo lo nombró como alcalde encargado en siete oportunidades.

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Gustavo Villegas, como secretario de Seguridad de Medellín, coordinó sin autorización presidencial reuniones con funcionarios estatales, con el fin de impulsar y fomentar un presunto proyecto de sometimiento a la justicia, que implicaría el otorgamiento del estatus de “gestores de paz” a integrantes de La Terraza.

Durante el juicio, Villegas llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de delitos menores como omisión de denuncia y abuso de la función pública, por los que fue condenado a 33 meses de cárcel, pena que ya pagó. Bajo esta premisa, Federico Gutiérrez ha defendido la actuación de su exsecretario, principalmente, para salvaguardarse él y sus aspiraciones políticas, como las que tuvo a la presidencia el año pasado cuando se defendió afirmando que la actuación criminal de Villegas solo se suscribió al abuso de poder y que él como alcalde nada tenía que ver: “Fue condenado por algo que se llama ‘abuso de poder’, porque como funcionario público no denunció una extorsión de la que venía siendo víctima la empresa familiar que él tenía de distribución de alimentos en varios barrios de la ciudad”, aseguró Gutierrez en una entrevista con la emisora Blu Radio en 2022.

 Un convenio para conocer información reservada

Otra de las actuaciones por las que no ha respondido Villegas tiene que ver con un convenio que suscribió, durante la alcalde de Federico Gutiérrez, con la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, el cual le permitió conocer información privilegiada, carpetas de procesos penales contra abusadores sexuales de Medellín, a través de personas de su confianza contratadas para este fin y ajenas a la Fiscalía.

Se trata del Convenio Interadministrativo de Cooperación 4600068167 de 2016, celebrado entre el ente investigador y la Alcaldía de Medellín, el cual fue firmado por Gustavo Villegas y Graciela Yañez Ordoñez, la subdirectora de la Fiscalía Seccional. El 7 de junio de 2018, dos años después de firmarse y cumplirse el acuerdo, cuatro fiscales de Medellín le advirtieron al entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez sobre las irregularidades de dicho acuerdo. En su alerta, los funcionarios denunciaron que este convenio permitió la injerencia de personas ajenas a la institución y sin funciones judiciales en información reservada de casos relevantes y exclusivos de la entidad.

Para las fiscales Mónica Patricia Quintero Gómez, Ángela María Marulanda Otalvaro y los fiscales Diego Alberto Giraldo Pérez y José Andrés Oliveros Ramírez el intercambio o suministro de información que permitió el convenio pudo establecer un método de extracción de información y de documentos reservados para la creación de una base de datos; además, fijaron pautas respecto a la guarda de la reserva, condiciones de la transferencia, supervisión, protocolos y posibilidades legales y normativas para compartir información de la Fiscalía. “Se han excedido o sobrepasado los límites legales, pues consideramos que por la trascendencia y naturaleza del tema debe ser una tarea ejecutada por la propia Fiscalía, que debe realizarse con sus propios recursos y personal debidamente autorizado. De lo contrario, se estaría resquebrajando la autonomía, guarda y monopolio que tiene la Fiscalía General de la Nación, sobre ese tipo de información reservada”, escribieron los fiscales.

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Funcionarios de la Fiscalía denunciaron que el convenio entre la entidad y la Alcaldía de Federico Gutiérrez permitió la injerencia de personas ajenas a la institución a información reservada de casos relevantes y exclusivos de la entidad.

La Terraza y una lista larga de amigos uribistas

 La banda La Terraza nació en el auge de Pablo Escobar y del narcotráfico en la década de los 80s. Referirse a ella es hablar de una de las estructuras criminales más antiguas y poderosas que ha tenido Colombia. En sus inicios, el grupo se convirtió en uno de los favoritos del capo porque hacía “efectivos” los cobros de las deudas del narcotráfico y el robo de carros de valores y bancos. Entre las principales labores que cumplían estaba la de instalar carros bombas y atacar a la Fuerza Pública. Los cabecillas de la época recibían órdenes directas de Escobar, pero no contaban con una línea de mando definida.

Además de contar con el respaldo del jefe del Cartel de Medellín, La Terraza tenía en sus filas a servidores públicos de la Policía, el Ejército y la Fiscalía General que les ayudaban a cometer y esconder sus delitos, práctica que 40 años después se mantiene. El caso más reciente fue el del exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección Ronald Rodríguez, quien el 14 de junio de 2023 fue detenido por sus presuntos nexos con esta organización criminal. Rodríguez fue imputado por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y peculado por uso indebido de recursos públicos. En la audiencia de legalización de captura se le señaló de aliarse con el grupo ilegal para cometer delitos, específicamente, el tráfico de droga, y utilizar recursos públicos, como vehículos de la entidad del Estado para el transporte de cocaína y marihuana.

Al iniciar la guerra entre los carteles de Medellín y de Cali y el surgimiento de “Los Pepes”, La Terraza se unió a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, y a los Hermanos Castaño, y le dio la espalda al capo. Para la fecha, La Terraza tenía aproximadamente 300 integrantes (entre hombres y mujeres) en Medellín y el Área Metropolitana. Una vez muerto Escobar, las relaciones entre La Terraza y las AUC se rompieron. Al respecto existen varias versiones: de un lado, que la organización se robó un dinero de Carlos Castaño; mientras que la otra versión apunta a que La Terraza le exigió a sus aliados una mayor participación en el negocio del narcotráfico, incluida una ruta para el envío de droga al exterior. A partir de ese hecho, se desató una guerra entre las AUC y La Terraza, ordenada por Carlos Castaño y ejecutada por “Don Berna" a través de la Oficina de Envigado.

En la guerra entre La Terraza y las AUC apareció un personaje que primero fue enemigo y después un aliado: El general Mauricio Santoyo Velasco, quien para la época se desempeñaba como director del Gaula de la Policía de Medellín. Durante su periodo como director, trabajó muy de cerca con políticos de todo el país, entre ellos, el entonces gobernador de Antioquia y futuro presidente Álvaro Uribe. Según las investigaciones, las relaciones entre “Don Berna” y Santoyo eran importantes en diferentes niveles e incluían negocios para el tráfico de armas e intercambio de inteligencia. Fue así como Santoyo ayudó a las AUC a acabar con La Terraza. Entre 1999 y 2000, en plena confrontación, algunos integrantes de La Terraza realizaron un vídeo en el que daban a conocer los vínculos de Santoyo con los hermanos Castaño Gil y le enviaron una carta al presidente de la República Andrés Pastrana, sin embargo, no pasó de ser una situación mediática.

Los integrantes de La Terraza que lograron sobrevivir a la guerra pasaron a formar parte de las filas de La Oficina de Envigado. Después de la desmovilización de las AUC esta banda tomó el control de la criminalidad en Medellín y, por eso, según la Fiscalía, “La Terraza, que se encontraba diezmada y replegada, resurgió y otra vez empezó a aglutinarse hasta convertirse en lo que en su momento se denominó por las autoridades como Odin La Terraza, hoy GDO La Terraza.

Una vez La Terraza actuó como brazo armado de La Oficina de Envigado, la Fiscalía concluyó que Mauricio Santoyo ayudó a desviar la investigación por el homicidio de Jaime Garzón, en el que participaron integrantes de La Terraza. Esto consta en un Análisis Criminal de 2019 que conoció la Revista RAYA. Los vínculos entre el grupo armado y el exjefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez también quedaron plasmados en una sentencia del Tribunal de Justicia Transicional de Medellín que profirió en contra de integrantes del extinto Bloque Cacique Nutibara: “Los miembros de La Terraza revelaron los vínculos del Mayor Mauricio Santoyo con los grupos paramilitares, los cuales quedaron al descubierto mucho después y por los cuales fue condenado recientemente en Estados Unidos, así como otros hechos que el tiempo vendría a confirmar”, se lee en el documento.

La Terraza 4

Los vínculos entre el grupo armado y el exjefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez quedaron plasmados en una sentencia del Tribunal de Justicia Transicional de Medellín que profirió en contra de integrantes del extinto Bloque Cacique Nutibara.

La justicia colombiana concluyó que los miembros de La Terraza no estaban lejos de la verdad cuando desnudaron las relaciones de varios miembros de la Fuerza Pública con los grupos paramilitares, entre ellos, el general Mauricio Santoyo, quien aceptó esos vínculos ante la justicia de Estados Unidos. Finalmente, la sentencia del Tribunal de Justicia Transicional de Medellín evidenció que en las oficinas de la Fiscalía aún se encuentran una serie de nombres de personalidades y altos mandos de la Policía y el Ejército Nacional vinculados a este grupo paramilitar.

Otro de los vínculos de La Terraza con miembros de la Fuerza Pública fue descubierto en febrero de 2017 cuando capturaron a Carlos Brahian Marín Ospina, alias “Tombolín”, miembro de la Policía Nacional e integrante de la banda desde el 2003. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado (DECOC), Marín asumió como cabecilla de esa organización en 2013 tras la captura de Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”. Para el año 2008, estando activo en la institución, le entregó información a la estructura delictiva para cometer el homicidio de un patrullero en el barrio Aranjuez de Medellín.

En diciembre de ese mismo año, la Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura proferida por un juez de Control de Garantías de Medellín en contra de siete uniformados de esa institución que, de acuerdo al ente acusador, facilitaron la distribución y venta de sustancias psicoactivas a La Terraza en un centro de la ciudad. En esta oportunidad fueron detenidos: Benlly Alejandro Cartagena Aguirre, Carlos Alberto Soto Alfaro, Fidel José Vertel Escobar, Henry Granobles Arce, Luis Eduardo Valderrama Ibargüen, Rafael Andori Pérez Díaz y Jonier Alberto Arteaga Morales, ninguno de ellos aceptó los cargos que se les imputó por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico.

Actualmente, La Terraza es considerada por las autoridades como un Grupo Delincuencial Organizado que cuenta con una estructura piramidal con mandos y tareas definidas que obtiene sus ingresos de múltiples negocios, como narcotráfico, administración de plazas de vicio, cobro de deudas, sicariato, extorsiones y venta ilegal de lotes, entre otros. Varias generaciones de colombianos han sido víctimas de sus crímenes. Durante la campaña presidencial, que lo dejó afuera de la segunda vuelta, Federico Gutierrez sacó pecho por los resultados que le propinó a La Terraza mientras Gustavo Villegas fue secretario de Seguridad. “Acá no hubo pactos. Nosotros llegamos a combatirlos”, dijo Gutiérrez, quien ahora busca repetir en la Alcaldía de Medellín a pesar de que no ha esclarecido totalmente estos lunares.

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