La Revista RAYA publica el prólogo de un libro escrito por una víctima del conflicto armado colombiano: Jorge Freytter Florián. Esboza ejemplos de cómo en Colombia se instauró una política especializada en el terrorismo de Estado a pesar de que el país sea considerado a nivel mundial como una de las democracias más antiguas de América Latina. Descargue al final del texto el libro completo.
Por: Julián Martínez
Investigador Revista RAYA
Los conceptos sobre el genocidio político y los montajes judiciales que se exponen en este libro presentan una base argumentativa de lo que nunca puede suceder en la humanidad.
Los casos relatados son una dosis de dolor que son un deber mantener en la memoria.
Es claro que cuando ocurre un genocidio existe un interés por “acabar total o parcialmente con la población contraria a la ideología” sobre la que no está de acuerdo un sector del poder político. El maestro Asier Tapia Gutiérrez explica las consecuencias jurídicas y los mecanismos que existen para buscar justicia.
Si bien los genocidios han sido promovidos por las dictaduras también han ocurrido en democracias. Esto hace doblemente grave lo expuesto en este texto ya que los hechos relatados por sus autores sucedieron durante gobiernos elegidos democráticamente.
Es así como esta publicación tiene un valor por su memoria histórica y pretende ser material de consulta académica dándole visibilidad nacional e internacional a unos casos como ejemplo de Colombia ante el mundo.
Pero al culminar la lectura de la publicación “Crímenes de lesa humanidad y persecución política en Colombia” es inevitable preguntarse cómo fue posible que en Colombia se haya
instaurado una política especializada en el terrorismo de Estado a pesar de ser considerados a nivel mundial como una de las democracias más antiguas de América Latina.
También vale la pena indagar cómo fue posible que durante décadas los gobiernos empoderaron a las agencias estatales de Policía, Inteligencia y Fuerzas Militares —encargadas por las leyes de velar por la seguridad de sus ciudadanos— para ejecutar la siniestra labor de producir asesinatos oficiales con el objetivo de eliminar el pensamiento crítico de personas dedicadas a la defensa de derechos humanos como líderes sociales, estudiantes universitarios, pobladores rurales y urbanos, juristas, profesores, sindicalistas y periodistas, silenciándolos para siempre.
La respuesta a mis preguntas precisamente la permite dar el profesor Asier Tapia Gutiérrez: es un genocidio político. Es un plan confeccionado por el poder para asesinar a un sector de la población que no piensa igual a sus gobernantes.
Son estas las primeras reflexiones que se me ocurren al comprender la dimensión de los textos que escribieron, además, el reputado profesor de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Miguel Ángel Beltrán Villegas, la abogada Gloria Amparo Silva, el abogado Gustavo Enrique Gallardo, de la Fundación Lazos de Dignidad, y el politólogo Jeison Steven Romero.
Nadie como el profesor Beltrán Villegas conoce de cuerpo entero el mecanismo de estas estrategias de cacería humana de las que se tienen constancia en Colombia y que aumentaron indiscriminadamente en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), responsable del asesinato de, por lo menos, 6.402 hombres y mujeres inocentes que las Fuerzas Militares presentaron ante la prensa y la opinión pública como “guerrilleros” muertos en combates con el Ejército.
Es así como también se exponen los casos de los estudiantes Mateo Gutiérrez, Julián Gil y Harry Gil, quienes permanecieron injustamente en prisión bajo acusaciones falsas. “El aparato judicial colombiano actúa entonces como mecanismo de guerra que aplica el derecho penal del enemigo a quienes se atreven a cuestionar las políticas oficiales del Estado”, indican los autores.
A Miguel Ángel Beltrán lo querían muerto y presentarlo como un éxito de la política de “seguridad democrática”, como sucedió con 6.402 víctimas más.
Su asesinato no se llevó a cabo, pero sí tuvo que padecer la persecución de autoridades colombianas y mexicanas pasando 37 meses en prisión siendo víctima de un montaje judicial justificado en “vínculos con organizaciones guerrilleras” con la anuencia de jueces y fiscales.
Lo que lo diferencia los casos relatados en este libro es que Miguel Ángel Beltrán, Mateo Gutiérrez, Julián Gil y Harry Gil tienen vida para contar su historia.
Esto impacta la memoria y me recuerda que no es la situación del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero, asesinado por el Estado colombiano hace 22 años. Él ya no está para contárnosla y denunciarla, pero el mecanismo ejecutado en su crimen tiene la misma confección que relata este libro.
Para el martes 28 de agosto de 2001 los miembros de la Policía Nacional en Barranquilla, adscritos al grupo especial antisecuestro “Gaula”, y los mercenarios del sanguinario Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), no sólo tenían planeada la detención ilegal, secuestro, tortura y ejecución extrajudicial del profesor Jorge Freytter.
También tenían planificado el mecanismo con el que iban a desaparecer evidencias claves del homicidio para encubrir a los agentes estatales y funcionarios públicos que participaron material e intelectualmente en la desaparición del docente.
Además, tenían planificado entregar una medalla oficial y una condecoración especial al policía corrupto que dirigió la macabra operación para darle apariencia de legalidad a lo que realmente fue un crimen de lesa humanidad ejecutado por la policía colombiana.
A su vez, tenían planificado cómo dañar la reputación pública y privada de la víctima para justificar su muerte. Diseñaron estrategias para mancillar su buen nombre, su honra y su legado. Esto lo desarrollaron llevando ante los estrados judiciales testimonios amañados, manipulados y mentirosos de paramilitares que buscaban adjudicar al profesor Freytter Romero actividades diferentes a las que siempre ejerció lícitamente como académico, sindicalista y defensor de derechos humanos.
De esta misma manera, tenían coordinado el apoyo logístico de una organización del narcotráfico que prestó sus bienes para asesinar al docente Freytter Romero. El vehículo que usaron para secuestrar al docente pertenecía a Mike Alberto Mitchell Palacio, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2018. Este capo de la mafia manejaba una red de narcotráfico que operaba en la Costa Caribe colombiana, la cual contaba con una flota de lanchas rápidas que interceptaba buques comerciales en alta mar para cargarlos con toneladas de cocaína, cuyo destino final era Norteamérica y Europa.
Estas bandas criminales de tráfico de drogas en Colombia siempre han operado bajo el amparo de agentes estatales y de la prensa tradicional que les sirve a los intereses de los poderosos para tapar sus crímenes y servir de caja de resonancia para estigmatizar al pensamiento crítico.
Visitando el Museo de la Democracia en Argentina, ubicado en la ciudad de Rosario, en una de sus salas se expone que el terrorismo de Estado consiste en “la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientados a inducir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos”.
Este libro cuenta además el caso de Demetrio Castro, asesinado por el aparato paramilitar que se alió con los agentes estatales para ejecutar un genocidio en las universidades públicas de Colombia.
La publicación descubre de cuerpo entero la suspensión del Estado de derecho y la contracara del sistema democrático. El terror ha sido utilizado por el Estado colombiano para instaurar un control social que busca no permitirle a los que piensan diferente desarrollar las ideas y propuestas de justicia social que puedan garantizar la transformación política de un país.
En Colombia, algún día tienen que parar para siempre los exilios, el sometimiento de personas inocentes que hoy son prisioneros políticos y el asesinato y la desaparición forzada como método de persecución política que hizo carrera, especialmente, con Uribe Vélez en el poder.
Julián Martínez
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Periodista colombiano. Autor del libro “ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie”. Ex reportero de Contravía y Noticias Uno. Actualmente es investigador de la Revista Raya.
