En Bogotá, Antioquia y Boyacá, los feminicidios aumentaron hasta un 50% en un año, tres ciudades capitales con más alto riesgo para mujeres y niñas. La impunidad supera el 90%, y la violencia sigue en ascenso, agravada por la militarización y los conflictos territoriales.
Por: Redacción Revista RAYA
La violencia de género sigue siendo una pandemia que el Estado no enfrenta con la urgencia que la situación requiere. Las cifras revelan una realidad que no cambia. En enero de 2025, se registraron 79 feminicidios en Colombia, según el más reciente informe “Vivas nos queremos” del Observatorio de Feminicidios de Colombia Republicanas Populares. Esto significa que, en promedio, más de dos mujeres son asesinadas cada día.
Estos datos resultan alarmantes para el Observatorio, ya que representan un aumento de casi el 50% en los feminicidios en algunos territorios del país, en comparación con el año anterior. En enero de 2024, se registraron ocho feminicidios en Antioquia, mientras que en el mismo mes de 2025 la cifra ascendió a 16. Bogotá pasó de dos a cinco casos, lo que representa un incremento del 40%. En el departamento del Atlántico también hubo un aumento del 12%, con siete casos en 2024 y ocho en 2025.
Carol Rojas, coordinadora del Observatorio de Feminicidios de Colombia, llama la atención sobre las condiciones económicas de las víctimas y la ausencia de redes de apoyo, que aumentan la vulnerabilidad hacia situaciones de violencia. En el informe “Vivas nos queremos” de enero 2025 se registra que de las 79 mujeres, siete tenían trabajos informales, otras tres eran vendedoras informales y dos se dedicaban al expendio de drogas. "La falta de distribución económica y la precarización laboral hacen que las mujeres más empobrecidas sean las principales víctimas", explica.
Otra situación de alerta viven las mujeres líderes rurales, quienes enfrentan la violencia machista y los conflictos sociales y armados en sus territorios, convirtiéndose en foco de amenazas, persecución y feminicidios. La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) presentó, el 8 de marzo de este año, un informe en el que denuncia que entre 2018 y 2024 fueron asesinadas en Colombia 158 lideresas y defensoras de derechos humanos.
Estas cifras contrastan con la identificación de los victimarios en los casos de feminicidios registrados en enero de 2025. El Observatorio en su informe establece que 30 de estos fueron perpetrados por conocidos. No obstante, hubo participación de sicarios y estructuras narcotraficantes en la comisión de estos delitos. Un ejemplo de esta violencia ocurrió en Quibdó, Chocó, donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia compartieron una lista con nombres y fotos de al menos 27 mujeres señaladas de pertenecer o colaborar con grupos rivales, por lo que fueron declaradas objetivo militar. Esta táctica, denominada "Plan Feminicidio", buscaba infundir miedo y fortalecer el control territorial.
"Como sociedad, debemos cuestionar qué está pasando con las bandas criminales y que se está haciendo al respecto. y en el aumento de feminicidios por militarización y disputas territoriales", advierte Carol Rojas.
Un 2024 para no repetir
El año 2024 fue letal para las mujeres adultas y niñas en el país. Las cifras de la Fiscalía, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y Medicina Legal lo sustentan: aumentaron los casos de feminicidio y los de violencia sexual. Colombia registró un total de 886 feminicidios, la cifra más alta contabilizada desde 2018 cuando el Observatorio tomó la tarea de sistematizar los casos. Al respecto, la Defensoría del Pueblo alertó que hubo una vulnerabilidad extrema de las menores de edad, al registrar 44 feminicidios contra niñas.
Sobre los feminicidios contra niñas, Rojas destaca que es usado por algunas parejas o ex parejas como una forma de castigo contra las madres, "Los feminicidios son una forma de violencia que busca mostrar quién tiene el control", explica. Por eso, para el Observatorio es clave que el debate escale a la necesidad de construir sociedades cuidadoras, para que la tarea de proteger la vida no radique sólo en la familia. "No es solo un asunto familiar; también es una sociedad permisiva con la depredación. A esto se suman los silencios cómplices en las familias, tanto en lo rural como en lo urbano", agrega.
Por su parte, los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses llaman la atención sobre otro tipo de violencias contra las mujeres. Entre enero y septiembre de 2024 se realizaron 14,694 exámenes por presunto delito sexual a mujeres. Las niñas entre 10 y 14 años fueron las más afectadas, seguidas por el grupo de 5 a 9 años. Además, se reportaron 47,757 casos de violencia intrafamiliar, donde el 55% de las víctimas eran mujeres en relaciones de pareja.
La capital de Colombia es actualmente uno de los espacios que más preocupan frente a los registros sobre violencia de género y feminicidios. La Veeduría de Bogotá llamó la atención sobre la violencia intrafamiliar, retomando datos del Siedco de la Policía Nacional: en 2024 se presentaron 29.947 casos, superando a los de 2023, que se ubicaron en 21.794.
A este contexto se suman otras regiones del país, como es el caso de Boyacá. El 30 de enero de 2025, durante el Consejo de Seguridad con Enfoque de Género en Tunja, la Fiscalía reveló que en 2024, 25 mujeres (tres de ellas niñas) fueron víctimas de feminicidio en ese departamento. Estas cifras triplican los seis o siete casos anuales que se reportaban en años anteriores.
Ricardo Ruiz, consultor especializado en criminalidad, alerta que el departamento ocupa el segundo lugar en violencia basada en género después de Bogotá, con siete de sus municipios en el top 10 nacional por casos de violencia intrafamiliar. “Desde la pandemia, Tunja ha figurado consistentemente entre las tres ciudades con más casos por cada mil habitantes. Esto evidencia no solo una problemática cultural profundamente arraigada, sino también políticas públicas insuficientes para enfrentarla”, explicó Ruiz a RAYA.
Entre enero y octubre de 2024, en el departamento se registraron 5.457 denuncias de mujeres víctimas de violencia basada en género, un 34% más que en el mismo período de 2023, según Ruiz. Además, detalló que el pico de denuncias ocurrió los domingos y lunes en la madrugada, un patrón vinculado al consumo de alcohol y a la violencia doméstica de fin de semana.
Impunidad y desconfianza
En los últimos años, el país ha avanzado en el desarrollo de un aparataje institucional que permita articular acciones para hacerle frente a la violencia de género y a los feminicidios, como expresión máxima de las agresiones contra las mujeres. Se creó el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, nombrando a una Viceministra a cargo de las políticas públicas de mujer y género, y se promulgó la Ley 1761 de 2015 conocida como Ley Rosa Elvira Cely, que tipifica el delito de feminicidio. Asimismo, se declaró la emergencia nacional por la violencia machista y, en el caso de Bogotá, se han creado más Casas de Igualdad de Oportunidades de la Secretaria de la Mujer, que brinda acompañamiento y orientación.
Sin embargo, estas acciones no llegan a la médula del problema y en su lugar, persiste la impunidad. Según Tamara Ospina, viceministra de las Mujeres, “los feminicidios y las violencias basadas en género tienen una impunidad de más del 90% en Colombia”. Su despacho reporta que de las 29.253 denuncias por violencia sexual registradas en 2024, 4.780 quedaron sin resolución judicial. Las principales víctimas de esta falta de justicia fueron niñas menores de 13 años, con 2.321 casos sin respuesta, seguidas por adolescentes de 14 a 17 años, con 1.053 casos. Las mujeres jóvenes y adultas tampoco escapan a la negligencia del sistema: 575 denuncias de mujeres entre 27 y 59 años, 567 de jóvenes entre 18 y 26 años y 32 de adultas mayores quedaron en el limbo.
El hogar sigue siendo un lugar de alto riesgo. En 2024, 47.855 mujeres denunciaron violencia intrafamiliar, el 76% de los casos registrados en 2024. Sin embargo, el Estado no responde: de los 116.603 casos de violencia intrafamiliar reportados, 28.157 quedaron impunes. La mayoría de estos casos afectan a mujeres adultas entre 27 y 59 años (15.730 casos), seguidas por mujeres jóvenes entre 18 y 26 años (5.672 casos). También se reportaron 2.233 casos de impunidad en adultas mayores, 1.754 en niñas menores de 13 años y 864 en adolescentes entre 14 y 17 años.
Boyacá presenta un panorama preocupante en materia de violencia de género e impunidad. Organizaciones sociales y de mujeres en el departamento cuestionan la falta de seguimiento a los casos de feminicidios, lo que deriva en un subregistro de las vidas perdidas y en impunidad.
El colectivo feminista La Ramona alerta que, entre enero y noviembre de 2024, contabilizaron 18 feminicidios. En el 82% de los casos, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores. Por su parte, la Gobernación de Boyacá informó que seis feminicidios habían sido registrados oficialmente hasta agosto de ese año. Esta situación ya se había presentado en 2023, cuando la Gobernación reportó tres casos, mientras que, según las organizaciones sociales, contabilizaron siete feminicidios en ese mismo año.
A este subregistro se suma la falta de seguimiento institucional. En el municipio de Sutamarchán, por ejemplo, Martha Suárez y Yusmary Fulla, de 27 y 34 años respectivamente, fueron asesinadas con arma de fuego en la vereda Resguardo. Posteriormente, no hubo sala situacional ni comité intersectorial de atención para evaluar la situación. El alcalde, Miguel Andrés Rodríguez, se limitó a ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos para quien brinde información sobre el crimen, pero no se activó ninguna medida de prevención o atención a las mujeres en riesgo.
Karen Bernal, del colectivo La Ramona, sostiene que la respuesta institucional en Boyacá es deficiente tanto en atención como en prevención. “Las instituciones no cumplen con sus responsabilidades. Cuando las mujeres denuncian, no se activan correctamente las rutas de atención, lo que implica deficiencias en medidas de protección. Siguen conviviendo con sus agresores, lo que tampoco brinda garantías a sus hijos e hijas”, advierte.
En las zonas rurales, la situación es aún más crítica. Más del 40% de la población de Boyacá vive en el campo, donde el acceso a la justicia es limitado o inexistente. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en las ciudades solo la mitad de las víctimas de delitos denuncian, mientras en la ruralidad este porcentaje baja a menos del 20%.
Alexandra Guerrero, coordinadora del Observatorio de Feminicidios de la Ruta Pacífica de Mujeres, afirma que la falta de acción genera un círculo desconfianza frente a las medidas efectivas de protección y prevención, por parte del sistema de justicia, y, por lo tanto, lleva a que las mujeres eviten denunciar y aumente su vulnerabilidad. "En situaciones de golpes, la violencia suele escalar. Al no denunciar, el riesgo de feminicidio aumenta mucho más", agrega.
Frente a la emergencia por feminicidios en el país, las organizaciones de mujeres hacen un llamado a los gobiernos nacionales, departamentales y locales para que articulen acciones. Advierten que los feminicidios tienen causas estructurales y se agudizan en contextos de militarización. De lo contrario, el aparato institucional continuará sin responder a las garantías de una vida libre de violencias.
Mientras eso ocurre, Carol Rojas invita a que los gobiernos departamentales y municipales asuman la tarea de proteger la vida. “Cumplan con la Constitución y protejan la vida de las mujeres y las niñas en toda su diversidad", agrega
