El profesor Andrew Thomson, de la Universidad Queen Belfast en Irlanda del Norte, es un experto analista del fenómeno paramilitar en diferentes conflictos del mundo. Conversamos con él sobre la naturaleza del proceso paramilitar en Colombia, su estado actual y las posibilidades de participación en acuerdos de cara a la Paz Total.
Por: Jorge Freytter Florián
Director Asociación Freytter Elkartea
Profesor Andrew, en Colombia desde hace varios años se habla del fin del paramilitarismo, pero también desde la firma del acuerdo de paz con las FARC se habla mucho de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. ¿Ya no existe en Colombia el fenómeno paramilitar?
Pues al final, las negociaciones entre las AUC en 2003 y 2004 en Santa Fe de Ralito, y el proceso de paz en general que resultó después de esas negociaciones, no desmantelaron el fenómeno paramilitar en ningún sentido, ni de ninguna manera. Lo que resultó después de esas negociaciones fue principalmente una desmovilización y participación por parte de algunos paramilitares. Los mecanismos de justicia transicional no lograron el desmantelamiento de las estructuras sociales, políticas y económicas que sustentan el fenómeno paramilitar. Creo que fue uno de los grandes fallos de este "proceso de paz" entre el gobierno y las AUC, que directamente contribuyó a la continuidad del fenómeno paramilitar en el país.
Si el proyecto paramilitar sigue existiendo, ¿en qué se distancia del que conocimos en años anteriores?
Hoy en día ha cambiado bastante, creo. Pues siguen vigentes algunas estructuras políticas, económicas y sociales. Ahora tiene algunas figuras un poco diferentes frente a su postura contra la contrainsurgencia. Específicamente, creo que denuncian menos cooperación entre el Estado, el ejército, la policía del Estado y algunos grupos paramilitares. No significa que haya desaparecido para siempre, pero sí hay menos presencia. Además, creo que la mayoría de los grupos desmovilizados aún no mantienen un discurso contrainsurgente, pero tampoco tienen tanta acción contrainsurgente en este sentido como antes.
¿Cómo analiza hoy el Proceso de Justicia y Paz tras el desmantelamiento de las AUC?
Pues eso, yo creo que más que nada fue un gran fallo. Eso es lo que estaba diciendo antes. Principalmente, lo que hubo en el proceso de paz entre el gobierno y las AUC fue una desmovilización. La Ley de Justicia y Paz fracasó en muchos sentidos. Actualmente, el gobierno está preparando un informe sobre todos los números de justicia y paz. Vamos a ver cuántas personas aplicaron a la ley, cuántas personas divulgaron su verdad a través de esta figura. Creo que hay muy pocas involucradas, y pienso que el balance final no es positivo. Supongo que en noviembre, cuando el gobierno publique este informe sobre el balance de justicia y paz, tendremos una visión más clara en términos de datos más contundentes y transparentes en este balance.
Profesor ¿Cuáles fueron esas fallas concretas de Justicia y Paz con las AUC?
Yo creo que mucha gente ya habla de las fallas del mecanismo de justicia transicional de Colombia. Para mí, las fallas estuvieron en las negociaciones previas. En primer lugar, cuando comenzaron las negociaciones entre el gobierno y las AUC, intentaron (y lograron) otorgarles estatus político. Esto se debió a las figuras legales que existían en ese momento, como las leyes que permitían montar negociaciones de paz supuestamente. Sin embargo, lo que sucedió en el contenido de esas negociaciones fue, en el fondo, un sometimiento de la justicia. ¿Sabes por qué? Porque nadie quería abordar los asuntos reales para desmantelar el paramilitarismo en el país.
Lo que ocurrió fue que ambos lados ya tenían un "acuerdo" antes de llegar a la mesa de negociaciones. Ambos sabían que las AUC querían desmovilizarse, por lo que hablaron principalmente sobre las condiciones y cómo llevarlo a cabo. La mesa de negociaciones se centró en cómo se desmovilizarían y en qué condiciones. Se habló principalmente de los delitos políticos, de cómo se aplicarían los indultos, las penas reducidas y las alternativas. Además, se discutieron garantías contra la extradición. Al llegar a la mesa de negociación, tampoco tenían una agenda ni un marco establecido para las negociaciones. Fue una negociación muy informal. Se abordaron temas como el narcotráfico y una transición de control de las AUC al gobierno o al ejército, pero estas propuestas no llegaron a concretarse.
Además, durante estas negociaciones, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez también abrió otras "negociaciones" con el Congreso y las Cortes, que finalmente declararon inexequible el estatus político otorgado a las AUC. Esto llevó a una sensación de traición entre la mayoría de los paramilitares, culminando en la extradición de tres líderes a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Esto demuestra que estas negociaciones eran la raíz del fallo en los mecanismos entre la justicia y la paz.
En otras palabras, no se pensó más allá del desmantelamiento de las estructuras sociales, políticas y económicas del paramilitarismo. Está bien documentado cómo emergió de allí una nueva generación que tomó el control de las estructuras y redes que tenían las AUC. En algunos casos, incluso eran hermanos de los líderes anteriores. Por ejemplo, el hermano de Fredy Rendón, alias "el alemán", continuó con las estructuras de su hermano y ahora está en prisión. "HH" también fue uno de los comandantes de las AUC que nunca se desmovilizó y fue capturado y encarcelado por el Estado.
Fue relativamente fácil para algunos de los mandos medios tomar todas las redes y conexiones políticas y continuar con el proyecto. Hubo una reconfiguración de la misma cosa; solo cambiaron algunas características.
Lo que también me resulta muy interesante, como parte de todo este fracaso en el proceso de paz y la falla en la justicia y la paz, son los conflictos internos dentro de las AUC. En mi análisis hasta ahora, considero que Carlos Castaño fue como un político. Ernesto Páez, Mancuso, sí creía mucho en el proyecto paramilitar.
¿El componente político de las AUC era un proyecto contrainsurgente?
Ellos eran muy contrainsurgentes y tenían un proyecto político y una visión amplia, una cosmovisión ultraderechista de cómo fue la sociedad colombiana, donde no figuraban comunistas, profesores de izquierda, personas LGBTI o sindicatos. Sin embargo, esto se desvirtuó, creo que al final lo que se presentó fue una guerra interna dentro de las AUC en la que ganaron algunos de los narcotraficantes. Definitivamente, ganaron los narcotraficantes. Ya se sabe que mataron a Carlos Castaño y algunos otros tuvieron que huir. Los narcotraficantes ganaron, pero principalmente continuaron con el paramilitarismo en el país. Lo que ocurre es que algunos grupos son menos políticos y otros lo son más en ese sentido, en la continuación, la llamada 'tercera generación'. Es lo que yo creo. Ha cambiado, claro, el paramilitarismo es más fragmentado hoy en día. Las estructuras de la AUC siguen vigentes, pero están más fracturadas. Hay muchos conflictos entre los grupos posteriores a la desmovilización y hay muchas similitudes y diferencias.
¿Cómo evalúa la designación de Salvatore Mancuso como 'Gestor de paz' y su solicitud de entrada a la JEP?¿Qué gestión de paz podría hacer en el paramilitarismo de hoy, si las AUC ya no existen?
La respuesta es muy compleja. La relación entre Mancuso y varios grupos es complicada. En primer lugar, está la relación de Mancuso con la nueva generación, que es muy fragmentada. Yo creo que, como gestor de paz, Mancuso puede tener mucha influencia sobre grupos como las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) o Clan del Golfo. Creo que ellos principalmente han expresado en varias ocasiones que su continuación en la guerra, en parte, se debe a lo que ven como una traición del gobierno de Uribe contra ellos, los grupos paramilitares. El fracaso de la Ley de Justicia y Paz no solo afectó a las víctimas, sino también a los propios paramilitares que se desmovilizaron y participaron en los programas de reinserción en el país. Creo que Mancuso, como gestor de paz, puede influir en esto. Él todavía es una figura respetada por ellos y podría convencerlos de participar en procesos de paz y mecanismos de justicia.
En ese sentido, considero que es una buena noticia que lo hayan recomendado como gestor de paz. Sé que él ha solicitado, al igual que muchos otros paramilitares o ex líderes paramilitares, participar en los siguientes procesos de paz. Escribieron cartas al gobierno al inicio de las negociaciones entre el gobierno y las FARC para contribuir a ese proceso. También escribieron muchas veces al gobierno en relación con el proceso de esclarecimiento de la verdad y otros procesos que resultaron de los acuerdos con las FARC. Pero no obtuvieron respuesta, no se les dieron oportunidades suficientes bajo la ley de justicia y paz. Creo que ese fue un fracaso y muchos fueron extraditados a los Estados Unidos por el gobierno colombiano, lo cual considero que fue parte de un complot para silenciar a los paramilitares y evitar que divulgaran información sobre esta red, esta infraestructura suprarregional, con las redes sociales, la clase alta, la clase empresarial y muchas grandes empresas del país.
A propósito de las gestorías de paz para antiguos comandantes de las AUC, ¿Qué papel podrían jugar respecto a la construcción de la Paz Total?
Yo creo que sería importante reconocer que los paramilitares, aunque tuvieran conexiones o cooperaciones con el Estado o el ejército, eran actores autónomos y eran diferentes, principalmente de grupos armados colombianos y también de la sociedad. Es decir, tenemos que trabajar con ellos al igual que tenemos que trabajar con los exguerrilleros. Nombrar a Francisco Galán del ELN como gestor de paz, en mi opinión, tiene mucho sentido. Lo mismo ocurre con Mancuso como gestor de paz de los paramilitares. Es difícil para todas las víctimas, es difícil reconocerlos de alguna forma y darles poder de alguna manera. Creo que no hay otra opción, debemos trabajar con esas personas para reparar los daños que han causado al país.
Lo que escucho con frecuencia en los debates de Colombia, desde hace mucho tiempo hasta hoy en día, principalmente en argumentos de la izquierda, es que el gobierno y los paramilitares son iguales, que el Estado creó los paramilitares y, por lo tanto, no deben negociar con ellos ni hacer nada más allá de enviarlos a la cárcel. Yo no creo que funcione así. De hecho, desde mi experiencia en Irlanda del Norte y el proceso de paz que tuvo lugar allí, veo similitudes en muchas dinámicas. Sin embargo, el proceso de paz en Irlanda del Norte fue muy diferente en cómo trataron a los paramilitares lealistas, que tenían una relación similar con el Estado y las fuerzas armadas.
A nivel internacional, creo que aún faltan disposiciones y marcos jurídicos para desmantelar estas estructuras y para su reinserción en la sociedad civil. Estos grupos son diferentes, no son insurgentes y no tienen el mismo proyecto político contra el Estado. Debemos tratarlos de manera diferente, algo que en este momento no se está haciendo. En Colombia, tenemos un programa de sometimiento a la justicia, desmovilización, desarme y reintegración, que se llama de diferentes maneras en diferentes momentos. Pero en esencia, es la misma figura, aunque ha habido algunos cambios. Por ejemplo, la desmovilización colectiva de las FARC es considerada hoy como normalización, entre otros términos. Sin embargo, en tiempos pasados, durante la época de Uribe, era simplemente un programa de estos. Creo que esto genera problemas y que debemos tratar a estos grupos de manera un tanto diferente. En este momento, nos faltan las herramientas y disposiciones para hacerlo de manera adecuada.
Profesor, ¿cree usted que el proceso con las AUC fue suficiente para desmantelar los lazos económicos y políticos que se hicieron extensivos, a modos de testaferrato económico y político, a los familiares y otros herederos de estas organizaciones?
Creo que perdieron una muy buena oportunidad durante las negociaciones con las AUC en 2003 y 2004 para hacer esto de manera oficial, un proceso de paz más amplio. Es decir, que la parapolítica acabó con uno de estos, pero no acabó con la totalidad de los nexos extensos que tiene el paramilitarismo o que tienen estos proyectos políticos ultraderechistas en el país. Yo creo que perdieron la gran oportunidad de hacer oficial dentro del proceso de paz el desmantelamiento de esta parte del conflicto en Colombia definitivamente, y claro, hasta ahora no ha habido grandes reformas del Estado y el gobierno en cuanto a cómo está, y creo que es parte del problema.
El Clan del Golfo, ¿es un grupo paramilitar? ¿Qué similitudes y diferencias tiene con las antiguas AUC?
Veo un poco diferente que hay algunos grupos que simplemente operan en las áreas previamente dominadas por las AUC, donde tampoco hay presencia del Estado. Es que hay mucho de esto del control social y político que proveen como una forma de "gobernanza", digamos alternativas. Por eso, algunas personas los equiparan con los paramilitares de antes. Estamos hablando de la carencia de autoridad del Estado en las partes más lejanas del país, más aisladas. Ahí está la responsabilidad del Estado. Es otra de las cosas que a mí me sorprende mucho que no se discutieron en las negociaciones de 2003 y 2004. Nunca preguntaron, por ejemplo, ¿cuántos proyectos sociales tienen ustedes? Fueron líderes de las AUC, y ¿cómo vamos a transferir eso a manos del Estado? ¿Cómo vamos a hacer una transición de control de los territorios de las AUC al Estado, a las manos de las autoridades estatales? Nunca hubo ese tipo de conversaciones. Hubo algunas promesas por debajo de la mesa, pero no hubo acuerdos bien escritos con todas las promesas del Estado como parte de un proceso de paz. Todos los acuerdos de las AUC son promesas para desmovilizarse principalmente. En el segundo acuerdo, el llamado "acuerdo de Fátima", sólo se establecía el lugar donde se desmovilizarían y llevarían a cabo el proceso de desarme. Es parte de lo que crea la nueva generación, y es cuando las AUC desaparecen, simplemente emergen otros grupos en el vacío de esa desmovilización.
Lo segundo: si me permiten, voy a hablar mucho de los debates actuales y cómo podemos enfrentar a grupos como las AGC o el Clan del Golfo. El debate en el sector político y las leyes actuales, la paz total genera una falsa dicotomía, un falso dilema entre lo político y lo criminal. Lo que se utiliza para determinar si un actor es "político" en Colombia hoy en día son las leyes y el delito político. Básicamente, es sedición o rebelión. Es decir, que un actor es político solamente se deriva si el actor es subversivo o toma acciones contra el Estado. Esto implica que las acciones paramilitares, la violencia política de la derecha, no pueden ser políticas, porque entonces serían criminales. Ese es el marco que usan para determinar estas cuestiones.
En lo personal, esto me parece un poco absurdo, porque luego las disposiciones o marcos jurídicos que han creado para entablar diálogos con uno de los grupos se derivan de allí. Es decir, que los grupos y/o actores políticos que son culpables de delitos políticos pueden acceder a negociaciones con el gobierno para acuerdos de paz, donde se pueden entablar muchos temas políticos, como los que tienen ahora en las negociaciones con el ELN. A mí me parece estupendo, digamos, o muy bien hecho el acuerdo de 2016 con las FARC. Algunos de los seis puntos que formaron parte del acuerdo estaban muy bien hechos. En cambio, los grupos organizados que no son actores políticos, simplemente, que no son subversivos, se les determina como grupos criminales "bacrims".
Ahí encajan las AGC, los shottas y todos esos grupos, digamos, llamados bacrims hoy en día. Estos grupos solo pueden acceder a someterse a la justicia. Hay varios problemas con eso porque todos esos grupos no van a aceptar un trato así. Ellos buscan trato político, buscan principalmente indultos, penas reducidas o garantías contra la extradición. Tienen temor a la extradición a los Estados Unidos, pero no es solo eso, también buscan reconocimiento político. No quieren ser tratados como criminales. Yo creo que eso es parte de la cuestión, y el sometimiento a la justicia no abre la puerta a esa posibilidad. La otra parte es que el sometimiento a la justicia no va a posibilitar las negociaciones más amplias para desmantelar el fenómeno paramilitar.
Según su planteamiento, ¿con las estructuras paramilitares se debe buscar una forma de negociación política, más allá del simple sometimiento a las justicia?
Lo que creo que va a pasar, si acceden a un simple sometimiento, es que se van a desmovilizar las AGC y va a continuar otra generación del narcotráfico. Es lo mismo que sucedió con las AUC. Entonces, yo creo que esas figuras, esos marcos jurídicos que tienen en ese momento, están en peligro de repetir esa historia. Lo que necesitan, o una posibilidad, es que no necesariamente veo la necesidad de reconocerles como culpables de delitos políticos, porque las leyes en Colombia son como son. Pero que abran otras figuras de negociación que sean un poquito más "políticas" para entablar en la mesa de negociación.
Un ejemplo de lo anterior es la transición de control de los territorios que tienen actualmente estos grupos a la autoridad del Estado, también, desmantelar todas las conexiones con el narcotráfico, o desmantelar las estructuras sociales y políticas que tienen esos grupos con varios sectores de la clase económica y política. Yo creo que todo eso es importante hablarlo y construir mecanismos de desmantelamiento del fenómeno paramilitar. Digamos que esto sería un gran aporte al proceso de paz en general. En Colombia son muy buenos en términos de diseñar sistemas de justicia transicional y reparación a las víctimas y programas. Creo que hay mucha gente trabajando en ello y eso es importante. Son muy buenos en comparación con algunos países internacionalmente y van a continuar mejorando.
Pero lo que no hay es mucha experiencia con ese tipo de negociaciones con actores paramilitares. Todas las personas con mucha experiencia en esas negociaciones están concentradas en las disposiciones, las formas de negociar con la guerrilla o grupos insurgentes como las FARC o el ELN, anteriormente en el pasado el M-19 y todo eso. No hay figuras comparables para terminar y desmantelar el fenómeno paramilitar en todas las fases y etapas del proceso, desde la negociación hasta la reinserción. Yo creo que hace falta mucho trabajo para diseñar herramientas, programas, diseñar mesas de negociación y formas de desmantelar ese fenómeno en Colombia.
Lo que pasa, claro, como ya hablamos, no hay la voluntad política para hacer esto. Hay un conflicto de intereses. Si hay tanta gente que también se beneficia de grupos porque actúan como mercenarios para quitarle la tierra a la gente, luego las venden y pueden cobrar lo que sea. Hay mucha gente que se está beneficiando de ello. Entonces, ¿cómo y de dónde van a sacar la voluntad para terminar con ese fenómeno? Para mí, ahí está la clave.
Entonces, mi argumento es que el gobierno debe entregar a las AGC y otros grupos paramilitares el estatus político, y no es porque yo quiera que sean culpables de delitos políticos para que se puedan aprovechar de las figuras de indultos y garantías contra la extradición. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estas leyes, esos marcos que tenemos hoy en día en Colombia, generan una dicotomía falsa entre lo político y lo criminal, como si fueran categorías excluyentes o mutuamente excluyentes. Que lo político no puede ser criminal o que lo criminal no pueda ser político, y como si fueran diferentes vertientes, donde se quita un poco lo político, se añade más lo criminal y viceversa. No, no funciona así. No creo que las AGC o esos grupos sean meramente criminales. No creo que tampoco sean actores políticos puros en ese sentido tampoco. Todos los grupos armados en Colombia son muy parecidos unos a otros en términos de control territorial.
El sometimiento a la justicia no lo va a hacer, no lo va a lograr; uno, porque las AGC y esos grupos no van a acudir a eso, lo dudo mucho. Si lo hacen, solamente van a desmantelar los combatientes, van a desmovilizar esos grupos y van a continuar las mismas cosas. Necesitamos figuras, herramientas, formas de desmantelar el fenómeno paramilitar en Colombia, y eso es en lo que quiero ayudar y diseñar.
