Crónica de Sabaletas, Buenaventura, una tierra afro donde los paramilitares también sembraron el terror y la muerte hace dos décadas. Hoy, en medio de la búsqueda de la verdad las familias levantan el velo del silencio y cuentan detalles de lo que vivieron.

Por: Paula Sánchez
Especial para la Revista RAYA

“Yo le debo mucho a esa mujer que está ahí en la foto. Disculpen si lloro, pero me duele mucho. La muerte de mi mamá es muy reciente”, dice Alicia* secándose las lágrimas y mirando el retrato de Martha dispuesto en la mitad del círculo humano formado en el centro del salón comunal de Sabaletas, corregimiento n.° 8 de Buenaventura.

Liliana* la agarra de la mano y la consuela. Marcela* las interrumpe y cuenta cómo vivió el duelo por la muerte de su propia madre, Camila*: “No hay un día en el que no me acuerde de mi mamá, de las cosas que nos decía, del geniecito que se mandaba”, y añade: “Lo que me conforta es que hice todo por ella y estuve ahí cuando me necesitó en sus últimos días. Y aunque estaba prohibido en la clínica, le llevaba a escondidas la comida que ella pedía, su mojarra, sus arepitas”.

Martha y Camila eran dos lideresas que sobrevivieron a las dos masacres que se cometieron en el corregimiento n.° 8 de Buenaventura, en mayo del año 2000 y en junio de 2003. Eran dos mujeres aguerridas, luchadoras, que juntaron a su comunidad, a pesar del miedo, para exigir sus derechos. Ellas se murieron esperando justicia y una reparación que no han llegado. Tampoco obtuvieron ni la verdad ni las garantías de no repetición que les permitieran vivir tranquilas en su territorio.

El 14 de junio de 2003, paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) irrumpieron en el corregimiento y asesinaron a seis personas, entre ellas al esposo de Alicia, e hirieron a por lo menos doce más. Pero esta no fue la única masacre que enlutó a esta comunidad. Tres años antes, la madrugada del 11 de mayo de 2000, un grupo de ochenta paramilitares del mismo bloque de las AUC, después de pasar varios retenes del Ejército Nacional y la Infantería de Marina, asesinaron con lista en mano a nueve personas y desaparecieron a tres más, una de ellas menor de edad.

Fue tal el terror de los pobladores de esta región a orillas del río Anchicayá que aproximadamente 3.200 personas se desplazaron forzadamente luego de la primera masacre, y quienes habían retornado al territorio volvieron a desplazarse después de la segunda.

Desplazamiento, despojo y revictimización: las huellas de las masacres

“Yo de aquí no me muevo; si me van a matar, que me maten en mi casa. Yo ya sufrí mucho en la ciudad, allá no les gustan los negros que vienen de Buenaventura”. Así se expresa Margarita* en el comadreo que surge dentro de la comunidad cuando aprovecha la juntanza para desahogar sus miedos, dolores y preocupaciones. Ella fue herida en la masacre del año 2000 y poco después se desplazó hasta Cali, donde dice que conoció el racismo, el hambre y la humillación. Luego de dar muchas vueltas y de sufrir muchas necesidades, decidió volver a su casa en Guaimía, vereda vecina de Sabaletas, que también conforma el corregimiento No. 8 de Buenaventura, a pesar de las precarias condiciones de seguridad y la falta de garantías de no repetición de los hechos violentos. Con todo, ella fue afortunada al lograr conservar su casa, pues muchos no encontraron nada cuando retornaron al corregimiento.

Margarita todavía está luchando para acceder a una reparación administrativa a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pero a duras penas ha conseguido un papel que la acredita como víctima. Además, tiene temor de exponerse mucho cuando hace sus reclamos: “Una personera me dijo que no volviera a hablar de mi caso, que, si yo me quería, mejor me olvidara de eso, porque a todos los que resultamos heridos en las masacres nos tienen fichados”.

Un largo proceso judicial en estrados nacionales e internacionales

Lastimosamente, las noticias no son buenas para este grupo de víctimas del conflicto armado. Ninguno de los procesos judiciales que se adelantan actualmente en la justicia ordinaria por las denominadas “masacres de Sabaletas” han avanzado lo suficiente como para satisfacer sus derechos, y los determinadores de estos crímenes siguen en la impunidad. A pesar de los indicios, que apuntan a la responsabilidad de agentes estatales, las investigaciones de la Fiscalía solo han vinculado a David Famiglietti, alias El Capi, un oficial retirado del Ejército, comandante encargado al momento de la incursión paramilitar; y no ha esclarecido la responsabilidad de otros integrantes de la fuerza pública en la planeación y ejecución de las masacres.

Ante la falta de progresos en la justicia nacional, en marzo de 2019 la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ-, representante de las víctimas, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-; sin embargo, está pendiente de admisión y a la espera de que esta entidad le notifique al Estado colombiano. Esto podría explicarse en parte por la gran congestión que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos actualmente.

Este mes se cumplieron 20 años de la masacre perpetuada en el año 2003, y el mes pasado se cumplieron 23 de la masacre ocurrida en 2000. Han sido dos largas décadas de espera y resistencia, y el horizonte sigue siendo desolador. Si todo sale bien, los abogados calculan al menos seis años más de litigio en la CIDH para lograr un informe de fondo que declare la responsabilidad del Estado colombiano. Y en la justicia penal nacional ni siquiera hay un pronóstico porque las investigaciones no avanzan al ritmo que deberían. Mientras tanto, las víctimas directas están muriendo y le están legando la lucha a sus hijas e hijos, quienes esperan no envejecer sin antes obtener la satisfacción de sus derechos.

“Me llena de tristeza ver el poco avance de la justicia. A mí ni siquiera me importa la plata, yo lo que quiero es que se haga justicia por tanto sufrimiento que padecimos”, finaliza Alicia.

*Nombres cambiados para proteger la identidad de las víctimas.

*Paola Sánchez Cepeda – Comisión Colombiana de Juristas