El domingo 13 de abril el pueblo de Ecuador salió a votar en medio del estado de excepción decretado 24 horas antes por el presidente y candidato Daniel Noboa, medida que afectó principalmente las provincias donde ganó en primera vuelta su contendora y favorita en casi todas las encuestas Luisa González, quien a la hora del conteo, sorpresivamente no aumentó votos en la segunda vuelta. Denuncian más de 3 mil actas con irregularidades. González no reconoce los resultados.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
La noche del domingo 13 de abril, la candidata Luisa González, luego de más de tres horas del conteo de los votos de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, aseguró que no reconocía los resultados entregados por el Consejo Nacional de Electoral (CNE), los cuales le dieron el triunfo virtual al candidato y presidente Daniel Noboa. Según conoció de primera mano la revista RAYA, hasta el momento existen más de 3 mil actas con inconsistencias las cuales han sido detectadas por los testigos electorales de la campaña de González. Por eso, la candidata fue enfática en asegurar: “La Revolución Ciudadana se ha caracterizado por aceptar siempre los resultados, sin embargo, esta vez hemos presenciado un abuso del poder nunca antes visto. El que se hace llamar presidente de Ecuador nunca pidió licencia, usó al CNE y al TCE a su antojo y luego los estados de excepción, para probablemente garantizar el más grotesco fraude electoral".
Dichas actas con irregularidades, detectadas por los testigos electorales de la campaña de González, no tienen las firmas de las autoridades electorales de cientos de mesas en diferentes partes del país, como se ve en la siguiente imagen. Por eso, la candidata de izquierda ha pedido que se abran las urnas y un reconteo voto a voto, pues esas mismas actas le dan ventajas abrumadoras al candidato presidente Daniel Noboa.
Contra las encuestas y sin votos adicionales a pesar del apoyo del movimiento indigena
El pasado 9 de febrero, se surtió la primera vuelta presidencial en Ecuador, las cuales ganó el presidente y candidato Daniel Noboa con el 44,16% de los votos frente a 43,98% que obtuvo su principal contendora Luisa Gonzalez, es decir, menos del 0,2% de diferencia. Días después, tan solo con los dos candidatos en contienda para una segunda vuelta, la candidata Gonzalez se movió en diferentes provincias y recibió el apoyo del tercer candidato de la contienda, o sea, Leoniodas Iza, quien era el candidato del movimiento indígena y quien obtuvo el 5,25% de los votos. El apoyo se vio reflejado incluso en las encuestas electorales autorizadas que en su mayoría, para las últimas semanas, daban como ganadora a la candidata de la oposición con una diferencia a su favor con un 2% y 5% de favorabilidad por encima de Noboa.
Es más, la encuestadora más cercana al entorno del presidente Noboa lo daba como ganador, pero lo ubicaba con una ventaja de apenas el 0,4% de diferencia sobre Luisa Gonzalez.
Incluso, en las encuestas a boca de urna, o Poll Exit, que suelen ser más precisas y legitimadas en las elecciones ecuatorianas, al consultar a los votantes después de depositar el voto, dieron como ganadora a Luisa Gonzalez con un 2% y un 4% aproximado por encima de Noboa, según diferentes encuestadoras.
No obstante, una vez cerradas las urnas a las 5 de la tarde, luego de tres horas de preconteo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reflejó en su cómputo una diferencia del 11%, aproximadamente, a favor del presidente candidato, Daniel Noboa. Es decir, los votos a favor de Luisa González, provenientes del apoyo indigena, simplemente no aparecen. De hecho, en algunas provincias, González redujo su votación como en Pichincha donde pasó de 700.478 a 699.262 votos; en Guayas de 1.206.486 a 1.159.369; en Azuay de 173.148 a 171.712, entre otros ejemplos.
Por su lado, Noboa obtuvo un crecimiento de cerca de un millón y medio de votos, lo cual nunca se vio reflejado en ninguna encuesta, ni ningún apoyo político significativo.
Esta denuncia se suma a la cooptación abrumadora del Estado por parte del candidato presidente quien, como lo denunciaron congresistas del partido Demócrata de Estados Unidos, se negó a pedir vacancia mientras era candidato y destituyó a la vicepresidente Verónica Abad, elegida por voto popular y quien fue reemplazada por un decreto presidencial, a tres meses de la primera vuelta presidencial. En su reemplazo, Noboa impuso a Sariha Moya, quien era la Secretaria de Planificación del Ecuador. Sobre esta arbitrariedad, la vicepresidenta electa afirmó: "Denuncio que (el presidente Noboa) ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas".
De hecho, en una carta dirigida a Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, un grupo de 14 congresistas demócratas expresó su preocupación sobre las amenazas a la democracia en Ecuador. Los legisladores cuestionaron al presidente Daniel Noboa por acusar sin pruebas irregularidades en la primera vuelta de febrero, por hacer campaña desde el cargo usando recursos públicos y por violar la ley electoral, acciones que encendieron señales de alerta que se consumaron con un triunfo enrarecido el domingo pasado, pues la candidata González, a pesar de las alianzas que sumó para esta segunda vuelta en lugar de aumentar algunos votos, disminuyó.
Todo esto se suma a una acción sorpresiva y arbitraria, como la han calificado varios observadores internacionales, acción que impuso Noboa el pasado sábado 12 de abril, a pocas horas de que se abrieran las urnas para que los ecuatorianos votaran en la segunda vuelta presidencial. Ese día, el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, expidió el Decreto 599 y decretó estado de excepción en las provincias donde ganó, en primera vuelta, su contendora. La decisión, cuestionada por veedores internacionales presentes en Ecuador, puso en riesgo, con antelación, la transparencia de los comicios que previamente han estado marcados por abuso de poder por parte del candidato presidente, quien, como ya lo dijimos, se atrevió a destituir por decreto a la vicepresidenta que lo acompañaba y quien había ordenado garantías electorales para todos los candidatos. Muy a pesar de que la vicepresidente tendría que haber sido destituida solo por el Congreso de la República.
El decreto decretó un estado de excepción por 60 días, justo en las provincias donde la contendora de Noboa logró los mejores resultados. Estas son: Los Ríos (55,89% de los votos para González, 37,69% para Noboa) o Manabí (63,17% para González, 30,17% para Noboa) entre otros cómo se puede ver en la siguiente gráfica. Además, dicho decreto impuso una serie de restricciones desde suspender los derechos constitucionales a la inviolabilidad de domicilio, correspondencia, libertad de reunión y permitir el libre accionar de las Fuerzas Armadas, como efectivamente sucedió durante las votaciones y posterior a ellas, durante el conteo. Por eso, varias imágenes que le dieron la vuelta al mundo tenían que ver con militares con fusiles dentro de las urnas de votación. Una integrante de la Misión de Observación Electoral Internacional, le dijo a RAYA que dicho decreto, incluso, le dió la autoridad al gobierno para la interceptación de las comunicaciones de los ecuatorianos.
Resultados primera vuelta en las provincias con estado de excepción
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Noboa |
González |
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Los Ríos |
37,69% |
55,89% |
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Manabí |
30,17% |
63,17% |
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Orellana |
39,54% |
49,03% |
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Santa Helena |
37,08% |
54,51% |
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El Oro |
43,86% |
49,15% |
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Sucumbíos |
32,31% |
58,00% |
** Cuadro resultados elecciones primera vuelta presidencial con información del Consejo Nacional Electoral de Ecuador
El decreto también dispuso la restricción de la libertad de tránsito en varios cantones (municipios) de esas provincias entre las 22:00 y las 05:00, vigente desde el sábado, día de su emisión. Además, impuso limitaciones al ejercicio de derues echos ciudadanos, incluso en Quito, la capital. Estas medidas se dieron en el marco de una reñida contienda electoral que expusieron más de 13 encuestas, incluso, las realizadas por la campaña del propio Noboa y las cuales consideraban un empate técnico en la primera vuelta y declaraban ganadora con poca ventaja a la candidata Luisa González.
La cooptación del Consejo Nacional Electoral (CNE)
El Consejo Nacional Electoral (CNE), máximo órgano electoral en Ecuador, prohibió el uso de teléfonos móviles durante la votación y es ambiguo sobre su uso posterior al cierre de urnas. Quienes no acaten la regulación, pueden enfrentar multas altas entre USD 9.870 y USD 32.900. El uso de celulares es una herramienta clave para la veeduría ciudadana del proceso electoral.
El CNE también anunció cambios de última hora, incluyendo la reubicación de 10 recintos electorales en seis provincias del país, zonas que concentran un alto porcentaje del padrón electoral. La medida, supuestamente, responde al riesgo de inundaciones por las intensas lluvias registradas en esas localidades en las últimas semanas.
Por otro lado, la campaña ha estado empañada por intimidaciones contra dirigentes de la Revolución Ciudadana, el partido político de Luisa González: Clausuraron negocios de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, por denuncias de supuesto tráfico de combustible subsidiado. Y el pasado 9 de abril, la Fiscalía pidió dictar prisión preventiva. Petición que no fue acogida por el juez.
Por su parte, el Tribunal Contencioso Electoral autorizó el inicio de un proceso de revocatoria en contra del Alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por una infracción electoral ya juzgada.
Y ha sido particularmente llamativo, la decisión de última instancia del Tribunal Contencioso Electoral de sancionar a la vicepresidenta, Verónica Abad, por una infracción de “violencia política de género”. La decisión fue la suspensión de sus derechos políticos, un antecedente nunca visto en Ecuador. Abad se había convertido en una crítica de las decisiones de Noboa.
Al respecto, Reem Alsalem, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, manifestó en su cuenta de X: “su preocupación por los reportes provenientes de Ecuador sobre la sanción impuesta a la vicepresidenta, mediante resolución del Tribunal Contencioso Electoral, con base en una interpretación extensiva de la figura de violencia política contra las mujeres contenida en la legislación electoral ecuatoriana.”
También, el candidato presidente Noboa ha ejercido ampliamente el uso de recursos públicos con fines electorales. Mediante el Decreto Ejecutivo 576, el pasado 27 de marzo, inició un programa denominado “Incentivo Emprende”. Ese programa entrega un bono de mil dolares a “actores de la Economía Popular y Solidaria afectados por la temporada Invernal”. La cifra de afectados ronda los 115.090 personas en todo el Ecuador.
Días antes, el presidente emitió un decreto para darle un pago por unica vez a policías y militares que se beneficiarían de un bono de 507,60 dolares por el “esfuerzo y riesgo en el marco del conflicto armado interno”. Esto a través de los decretos Ejecutivos 584 y 585.
Como si no fuera suficiente, el pasado 29 de marzo, el presidente Noboa hizo un viaje express a Miami donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La reunión no pasó más alla de una fotografía en un salón público de Mar al Lago, el club privado del mandatario estadounidense.
Según denuncias desde Ecuador, el costo de la foto fue alrededor de USD $165.000 que pagó el gobierno ecuatoriano a la firma Mercury Public Affairs LLC. La cancilleria ecuatoriana dijo que esto era una práctica común en la diplomacia internacional.
Elecciones con pocas garantías
En este contexto, el pasado 8 de abril, Verónica Sarauz, viuda del excandidato presidencial Fernando Villavicencio —asesinado durante la campaña de 2023—, acusó además a la fiscal general Diana Salazar y al presidente Daniel Noboa de presionarla para vincular al expresidente Rafael Correa con el crimen. Mediante un video en X, Sarauz afirmó que, al acceder al testimonio completo, descubrió que se trataba de un "falso positivo fabricado por la Fiscalía para encubrir a los verdaderos responsables". Estas declaraciones surgieron días antes de la segunda vuelta, añadiendo controversia a un proceso electoral ya marcado por la polarización y ponen dudas al accionar de los principales entes de control.
La cuestionada Fiscal General, Diana Salazar, terminó su periodo el pasado 8 de abril. Sin embargo, el proceso para elegir a su sucesora se retrasó. El procurador del Estado dio aval para que Salazar se mantenga en funciones. La fiscal fue denunciada por el movimiento Revolución Ciudadana en septiembre pasado, pero logró evitar el enjuiciamiento político.
Al papel de la fiscalía, se suma el del Concejo Nacional Electoral que, según fuentes en Ecuador, ha incumplido su deber de garantizar condiciones equitativas en la campaña electoral. Pese a las irregularidades documentadas, las entidades no han presentado denuncias o avances en las investigaciones.
El medio estadounidense, CBS, publicó, sin embargo, que informes de inteligencia de Estados Unidos, a los que tuvo acceso, veían con buenos ojos para los intereses nacionales la reelección del presidente Noboa en Ecuador. El informe entregado a Washington concluyó: “una victoria del presidente Daniel Noboa en las elecciones del domingo frente a su rival Luisa González serviría mejor a los intereses de Estados Unidos durante los próximos cuatro años”.
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