Paloma Valencia Laserna no llegó sola al Senado ni aspira sola a la presidencia: carga con un apellido de abolengo, un padrino intocable y una lealtad que roza la devoción. El domingo 8 de marzo participa en la Gran Consulta por Colombia, la primera prueba electoral de su candidatura presidencial por el Centro Democrático. Un perfil que recorre su trayectoria: heredera de la corona española, escudera inquebrantable del expresidente Álvaro Uribe y una de las voces más afiladas contra el gobierno de Gustavo Petro. ¿Podrá romper el techo de cristal o será devorada por una derecha que se presenta más extremista que ella?
Por: Juan Sebastián Lozano
Las raíces: cinco siglos de poder payanés
Paloma Valencia Laserna nació el 19 de enero de 1978 en Popayán, la ciudad colonial de iglesias blancas y apellidos que se repiten en las lápidas y en las listas de candidatos. No es una coincidencia geográfica: Popayán fue, desde la Conquista, el centro de poder de una élite criolla y terrateniente que configuró el Cauca a su imagen. Los Valencia están en el origen mismo de esa élite.
El primer Valencia en pisar suelo colombiano fue Pedro de Valencia y Aranda, un hidalgo malagueño que llegó a Popayán en 1695. Su hijo Pedro Agustín fundó la Casa de Moneda y amasó una de las mayores fortunas del virreinato en minas, haciendas y propiedades. Su nieto Francisco recibió el título de Conde de Casa Valencia de manos del rey Carlos IV. Con ellos nació un linaje de políticos, terratenientes, mineros y escritores que llega hasta la senadora que hoy aspira a la presidencia. La familia conserva museo propio y escudo en el centro histórico de Popayán.
La tradición lleva impresa, desde el origen, la doble marca del catolicismo y la hispanidad. Su bisabuelo, el poeta y político Guillermo Valencia Castillo (Popayán, 1873-1943), fue educado por sacerdotes en el internado del seminario, donde aprendió griego, latín y francés. Militó en el Partido Conservador, según sus propias palabras, "por la influencia de cuarenta generaciones de antepasados". En su poesía la fe dejó rastro explícito: varios de sus poemas fueron, según los estudiosos de su obra, defensas directas de la fe cristiana. La Enciclopedia del Banco de la República lo describe como integrante de "una acaudalada familia conservadora y de ascendencia española". Esa fórmula —fe, conservadurismo y sangre española— resume el ADN del linaje del que viene Paloma Valencia.
Pero el bisabuelo poeta no fue solo un hombre de letras y de iglesia. Fue también jefe civil y militar del Cauca, gobernador, senador y candidato presidencial en dos oportunidades. Y fue, según documentan fuentes académicas, un señor feudal que libró una batalla implacable contra los indígenas paeces que reclamaban los resguardos del Cauca. La poeta y crítica literaria María Mercedes Carranza lo retrató con precisión, a partir de la investigación del académico Gonzalo Castillo sobre los escritos de Quintín Lame: "A comienzos del siglo, feudatarios de esa región, que pertenecían a una clase agraria y social de espíritu colonizador y expansionista, la emprenden contra los resguardos con el fin de apoderarse de las tierras que los integran y lo hacen al amparo de la ley. El más emprendedor de estos terratenientes es el suegro de Valencia, Ignacio Muñoz. Para oponerse al despojo, surge el líder indígena Lame, quien crea un principio de resistencia entre las comunidades. Quintín Lame es perseguido y encarcelado. Valencia será su principal enemigo. No contento con vejarlo y golpearlo públicamente, solicitó para él el destierro".
¿Quién era Quintín Lame? Manuel Quintín Lame Chantre (1880-1967) fue un líder indígena nasa del Cauca, autodidacta, que aprendió a leer y a escribir por sus propios medios y usó la ley como arma de defensa de su pueblo. Desde 1910 hasta su muerte lideró una lucha sin tregua por tres objetivos: recuperar las tierras comunales que los hacendados blancos habían usurpado, abolir el pago del terraje —tributo en días de trabajo que los indígenas debían a los dueños de las haciendas— y defender la existencia de los resguardos como territorios colectivos. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fundado en 1971, lo reconoce como el precursor de su plataforma de lucha. Sus ideas sobre tierra, gobierno propio y educación ancestral fueron antecedente directo del constitucionalismo pluriétnico de la Constitución de 1991, y el historiador Renán Vega las describió como el origen de "el despertar indígena en Colombia".
Lame fue encarcelado más de cien veces. Según relatos populares recogidos por el antropólogo Elías Sevilla, el poeta Valencia llegó a escupirle —o darle un puñetazo— mientras Lame era conducido amarrado a la cárcel. “El Maestro” y el indio rebelde: dos Colombias frente a frente, en las calles empedradas de Popayán.
Ese episodio no es un detalle anecdótico. Es el resumen de una larga historia de despojo y resistencia en el Cauca, y es también el espejo en el que hoy se puede leer buena parte de la posición política de Paloma Valencia frente al conflicto por las tierras en ese departamento.
Su abuelo, el expresidente Guillermo León Valencia (1909-1971), gobernó Colombia entre 1962 y 1966 como segundo presidente del Frente Nacional, el acuerdo entre las élites liberal y conservadora para alternarse el poder por dieciséis años tras La Violencia. Su presidencia es recordada sobre todo por la Operación Marquetalia, ofensiva militar contra campesinos armados en autodefensa cuyos supervivientes fundaron las FARC-EP. Su tía abuela Josefina Valencia fue la primera mujer en ocupar un ministerio en Colombia. Por el lado materno, su abuelo Mario Laserna Pinzón fundó la Universidad de los Andes. Su padre, Ignacio Valencia López, fue congresista.
En 2015, Paloma Valencia publicó en Twitter: "Las tierras del Cauca son de sus dueños legales, lo de los indígenas es una invasión violenta". El tuit condensó siglos de historia familiar y de conflicto territorial en una sola frase. Ese mismo año propuso dividir el Cauca en dos departamentos: uno indígena, otro para los mestizos que querían prosperar sin las protestas y bloqueos de las comunidades. La ONIC, el CRIC y sectores políticos de todo el espectro la acusaron de racismo y segregación. Ella lo defendió como una apuesta por la autonomía constitucional.
Periodista, académica, senadora: la construcción de una voz política
Antes de ser senadora, Valencia construyó su presencia pública en los medios de comunicación. Estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de los Andes, donde también cursó una especialización en Economía. Completó su formación con una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York.
Fue columnista y analista en El Espectador, El País de Cali y Blu Radio. Entre 2011 y 2012 participó en La Hora de la Verdad, el programa del abogado y político Fernando Londoño Hoyos, figura de la derecha dura conocida por su oposición frontal al proceso de paz de Santos. En esos espacios Valencia afiló su voz: defensora encendida del legado de Álvaro Uribe y crítica implacable de Juan Manuel Santos por los diálogos con las FARC-EP.
Tras un intento fallido de llegar al Congreso en 2006, en 2014 Uribe la convocó para integrar la lista cerrada del Centro Democrático, su partido recién creado. Valencia llegó al Senado. Logró la reelección en 2018 y en 2022. En el Congreso impulsó la Ley 2005 de 2019, conocida como la Ley de la Panela, y la ley de honores a las sufragistas, aprobada en 2024. Apoyó iniciativas de bienestar animal y protección ambiental. En octubre de 2025 presentó un proyecto para reformar la JEP, la justicia transicional que juzga los crímenes del conflicto armado, con el argumento de "equilibrar" el sistema y dar "seguridad jurídica" a la Fuerza Pública.
En diciembre de 2025 fue elegida candidata del Centro Democrático para la presidencia mediante una encuesta interna cuestionada por falta de claridad metodológica. Su compañera de partido María Fernanda Cabal protestó. José Félix Lafaurie renunció a la colectividad: "No quiero estar en un partido donde las decisiones que se toman tienen una inmensa opacidad porque falta un poco más de deliberación interna". Para el uribismo y analistas políticos, la elección de Valencia fue la opción de Uribe: una candidata que intenta ampliar el margen del partido hacia electores fuera del núcleo duro uribista.
En su casa tiene colgado un cuadro de Uribe transmutado en el Sagrado Corazón de Jesús, regalo de la payanesa María Alejandra Muñoz, que se viralizó en 2016 durante la campaña por el No al plebiscito. "Uribe es mi papá", dijo en un acto público en Chía en enero de 2026. "He sido la uribista más firme. He estado en las batallas más difíciles al lado del presidente Uribe, trabajando y aprendiendo de su legado", escribió en la red social X. Ha estado al frente de la defensa judicial del expresidente, denunciando lo que califica como "lawfare" o persecución política. En 2018 publicó un tuit alertando sobre un supuesto plan de la Corte Suprema para capturarlo, una afirmación que generó críticas por socavar la independencia judicial. En 2025 acusó a testigos en el caso Uribe de vínculos con guerrillas, lo que derivó en demandas por injuria y calumnia.
Hoy le gustaría que Uribe fuera su candidato a la Vicepresidencia. El expresidente ha dicho que no quiere ser vicepresidente.
La oposición a Petro y las batallas por las tierras del Cauca
Valencia ha sido una de las opositoras más duras del gobierno Petro. Lo acusa de ser "el más corrupto de la historia" y de destruir la seguridad, la salud y la economía. Critica con fuerza la reforma laboral y la pensional, argumentando que perjudican a las pymes, generan desempleo y desincentivan la inversión privada. En abril de 2023 el medio independiente Vorágine verificó una columna suya publicada en La Patria y calificó como falsas o imprecisas varias de sus afirmaciones sobre el alcance de la reforma laboral.
Ha ejercido una oposición frontal y sistemática. Contra la izquierda colombiana ha usado las acusaciones recurrentes de la derecha iberoamericana: dijo en entrevista que Iván Cepeda quiere conducir al país al modelo de Cuba y Venezuela. Cepeda y Petro han declarado que su intención no es cambiar el modelo económico sino avanzar hacia un capitalismo productivo con redistribución de la riqueza. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, según el índice Gini.
Pero la batalla más reveladora de Valencia es la que ha librado contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT) durante el gobierno Petro. En enero de 2026 denunció que la entidad cobraba comisiones del 10% en compras de predios, basándose en un contrato autenticado entre una excontratista y un vendedor, y lo calificó como "el inicio de una de las mayores ollas podridas del Gobierno Petro". Pidió investigaciones de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.
Meses antes, en septiembre de 2025, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, ya había respondido a otra denuncia de Valencia vinculando a su primo Nicolás Laserna con 6.000 hectáreas de bienes baldíos en Vichada que la agencia buscaba recuperar para campesinos. El caso venía de lejos: en 2014 Laserna y el excongresista uribista Gustavo Londoño García instauraron un proceso judicial irregular para apoderarse del predio Buenavista, en La Primavera, Vichada. En 2019 el Tribunal Superior de Villavicencio falló a favor de la ANT, y en abril de 2025 la entidad ordenó el desalojo. "(Paloma) Está muy interesada en el caso de los Laserna, que en alianza con un excongresista de su partido, literalmente, están acaparando seis mil hectáreas de bienes baldíos del Estado en Vichada", dijo Harman en un video que se hizo viral. Valencia no está vinculada judicialmente al caso. Para Harman hay un "choque de modelos": recuperación de tierras públicas para comunidades vulnerables versus legalización de despojos históricos.
En 2020, la investigación "Sabemos lo que hiciste" de Cuestión Pública reveló que el círculo cercano de Valencia hizo negocios y transacciones con el Estado mientras ella ejercía como senadora. Exmiembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) terminaron en puestos clave del gobierno Duque: uno como presidente del Banco Agrario, otro como director de la Agencia de Desarrollo Rural en el Cauca y otra como contratista de la Agencia de Renovación del Territorio. Valencia niega cualquier relación con su labor legislativa.
Así, el conflicto entre la senadora y la ANT adquiere una dimensión adicional: no es solo un debate de política pública sobre la reforma agraria. Es también el choque entre una candidata cuya familia lleva siglos acumulando tierras en el Cauca —desde el suegro de su bisabuelo poeta que despojaba resguardos indígenas "al amparo de la ley", según la investigación académica— y un Estado que intenta, con mayor o menor éxito, revertir ese proceso histórico.
Las propuestas: seguridad, JEP y el dilema de Saturno
En su campaña presidencial, Valencia ha sintetizado su mensaje en el eje "Seguridad total": autoridad, firmeza, un "Plan Colombia 2.0" para robustecer las Fuerzas Militares y la Policía con equipamiento e inteligencia, y una estrategia de sustitución de cultivos con participación privada. Sobre política energética, sostiene que Colombia debe convertirse en una "potencia energética" y, frente a un eventual déficit, mantendría proyectos como el fracking; defiende una matriz que incluye renovables y carbón, sin descartar otras fuentes no convencionales.
En cuanto a la JEP, en octubre de 2025 radicó un proyecto de acto legislativo para reformarla, con el fin de garantizar la doble instancia, la doble conformidad y ampliar la procedencia de tutelas contra decisiones del tribunal. Para organizaciones de víctimas y expertos en justicia transicional, esos cambios tocan la arquitectura del sistema y el ritmo de sus decisiones. Valencia los justifica como una forma de dar seguridad jurídica a la Fuerza Pública.
Ha condenado los llamados "falsos positivos" —los 6.402 asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate documentados por la JEP para el periodo 2002-2008— calificándolos de actos "atroces" y "horrendos". Pero ha negado que fueran sistemáticos o política de Estado bajo Uribe, atribuyéndolos a "presión por resultados" o a militares desviados. Políticos como Angélica Lozano y David Racero la han cuestionado por relativizar las obligaciones estatales de verdad, justicia y reparación y por minimizar los hallazgos de la Comisión de la Verdad, que documentó patrones sistemáticos de violencia estatal.
Sobre género y derechos, ha dicho que no se considera feminista porque asocia ese término a una identidad política de izquierda, aunque afirma defender la igualdad de derechos de las mujeres. Se opone a la despenalización amplia del aborto que aprobó la Corte Constitucional en 2022: acepta la interrupción del embarazo únicamente en las tres causales históricas —riesgo para la vida o salud de la mujer, malformación del feto incompatible con la vida, y embarazo producto de violación o incesto— y solo durante los primeros tres meses de gestación. Frente a los derechos LGBTIQ+, ha publicado mensajes a favor de la libertad de amar y ha señalado que no ve razones para impedir la adopción por parejas del mismo sexo o familias uniparentales.
La trayectoria de Valencia combina padrinazgo político y capital familiar, dos formas históricas de acumulación de poder en Colombia que no siempre se complementan. El expediente judicial de Uribe, su mentor, es largo y no está cerrado. El 1 de agosto de 2025 fue condenado en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal, pero el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió el 21 de octubre de ese año; la Fiscalía y las víctimas interpusieron un recurso de casación ante la Corte Suprema que a marzo de 2026 sigue pendiente. Simultáneamente, la Corte Suprema investiga posibles vínculos entre la financiación de su campaña al Senado en 2018 y el paramilitarismo, y la Fiscalía evalúa si lo vincula formalmente por las masacres de El Aro y La Granja y por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle —hechos ocurridos en Antioquia durante y tras su paso por la gobernación—, aunque su defensa niega que existan pruebas que justifiquen esa vinculación. Sin sentencia en firme, Uribe permanece libre. Pero varios de sus ahijados políticos sí terminaron condenados: Andrés Felipe Arias (Agro Ingreso Seguro), María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno (chuzadas del DAS), Jorge Noguera (paramilitarismo y homicidio) y Sabas Pretelt (Yidispolítica). Luis Carlos Restrepo, también condenado, huyó del país.
La relación de Uribe con sus ahijados políticos recuerda el cuadro de Goya "Saturno devorando a su hijo", que recrea el mito de Cronos: un padre poderoso que devora a sus descendientes. Paloma Valencia, heredera de uno de los linajes más antiguos del Cauca, periodista, senadora por tres períodos, con formación académica sólida, ideas definidas y capacidad de discurso, aspira ahora a cerrar un ciclo que su familia dejó abierto: los Valencia pusieron un presidente, un poeta casi presidente, ministras y congresistas, pero nunca una mujer en la cima. La pregunta no es solo si puede romper ese techo de cristal. Es si ese techo lo sostiene Uribe, y si él, como Saturno, terminará por devorarla antes de que llegue.
