La revista RAYA publica el prólogo del libro El Aro: plegarias del pueblo muerto. Un detallado relato sobre la masacre que acabó con la paz de este corregimiento de Antioquia durante la gobernación de Álvaro Uribe, quien está siendo investigado por su presunta participación. El periodista Pablo Navarrete, luego de seis años de investigación, trajo a la luz la voz de las víctimas y los sobrevivientes quienes se resisten al olvido.

Por: María McFarland Sánchez-Moreno

“Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia… Lo han visto mis ojos; lo he presenciado con gentes de mi pueblo, de mis veredas, de mis corregimientos… Y yo he ido por todas partes invocando el derecho de petición para la población campesina, y no he recibido una respuesta positiva”.

Así describió el defensor de derechos humanos Jesús María Valle la situación en el departamento colombiano de Antioquia en un discurso el 25 de agosto de 1997. Durante meses, Valle había estado denunciando la presencia de grupos paramilitares, especialmente en su región natal de Ituango, que parecían estar operando con la connivencia de militares y policías, y con las Convivir, grupos formalmente establecidos por el Estado para ayudar a defender a la población de la guerrilla, pero que Valle consideraba una fórmula para disfrazar el paramilitarismo. Valle se había reunido con el entonces gobernador, Álvaro Uribe, el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y muchas autoridades más, buscando que actuaran para detener el derramamiento de sangre cada vez mayor en la región. Pero no le hacían caso. Peor aún: lo trataban como si fuera un enemigo o un difamador.

^{Fotografía: Editorial Planeta}

A mediados de octubre de 1997, Valle empezó a recibir información desde el pequeño pueblo de El Aro, en Ituango, que indicaba que los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se estaban acercando y estaban asesinando a personas en el camino. Valle inmediatamente empezó a hacer llamadas para convencer a las autoridades de proteger a la población civil. Él y personas de la comunidad llamaron a la Policía, la Gobernación y la Cuarta Brigada, pero no recibieron mayor respuesta. El Ejército les indicó que las tropas estaban acuarteladas en sus barracas porque ese domingo habría elecciones.

El 25 de octubre, un grupo grande de paramilitares llegó a El Aro y durante cinco días torturaron, violaron y masacraron sin compasión. Al final, habían matado a quince personas. Quemaron gran parte del pueblo, lo que forzó a los pobladores a huir, y se robaron más de mil doscientas cabezas de ganado en lo que debe haber sido una operación muy visible.

Durante todo ese tiempo, no se apareció una sola autoridad para detener a los paramilitares, a pesar de las denuncias —no sólo por parte de Valle sino también de autoridades locales.

En los meses después de la masacre, Valle continuó con sus denuncias, incluso declaró ante autoridades judiciales sobre la connivencia entre los paramilitares y el Estado.

El 6 de febrero de 1998, les dijo a fiscales que investigaban la masacre que siempre había creído que “había un acuerdo tácito hábilmente urdido entre el comandante de la Cuarta Brigada, comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno [secretario de Gobierno de Uribe] y [el máximo jefe de las AUC] Carlos Castaño... Por el comportamiento omisivo de Álvaro Uribe y de Pedro Juan Moreno yo entendía que había una alianza en Antioquia en estos tres años, que, con el pretexto de actuar contra la guerrilla, ha golpeado a la población civil indefensa y ha fortalecido el tráfico de drogas”.

En otra declaración presentada ante fiscales el 26 de febrero, habló en detalle sobre sus esfuerzos por lograr que las autoridades actuaran para detener la masacre de El Aro. Dijo que contaba con información de la colaboración entre el Ejército y los paramilitares. Por ejemplo, señaló que los campesinos de El Aro habían visto sobrevolar helicópteros del Ejército durante la masacre.

Al día siguiente, dos hombres entraron súbitamente en la oficina de Valle en Medellín. Lo amarraron en el piso y, delante de su hermana Nelly, quien también era la recepcionista de Valle, le dispararon en la cabeza y lo mataron al instante.

^{Fotografía: Editorial Planeta}

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La masacre de El Aro es emblemática de la forma de operar de los paramilitares en esa época: usaron el terror para expandir su control territorial, sobre todo en rutas estratégicas para el narcotráfico. Pero también lo es de la complicidad entre paramilitares y sectores importantes del Estado.

El jefe paramilitar Salvatore Mancuso ha declarado que los paramilitares coordinaron con el Ejército su ingreso a Ituango en 1996 y 1997. De hecho, Mancuso recordó haberse encontrado con Alfonso Manosalva, quien en 1996 era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, por lo menos diez veces para tratar el tema. Tal como lo denunció Valle, Mancuso también reconoció que los paramilitares usaron las Convivir como fachada para sus actividades, e incluso declaró que había coordinado el establecimiento de esas entidades directamente con la mano derecha del gobernador Uribe, su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno. Según su testimonio, Mancuso asistió a una reunión entre el jefe máximo de los paramilitares, Carlos Castaño, y Moreno, en la que Castaño le había dado información detallada a Moreno sobre sus planes de ir a El Aro, supuestamente para reducir la presencia de la guerrilla y rescatar a unos secuestrados que las FARC tenían en la región.

Mancuso declaró que tanto el Ejército como la Policía sabían lo que estaba pasando y que un helicóptero de la gobernación habría sobrevolado El Aro durante la masacre y otro del Ejército lo había hecho mientras los paramilitares dejaban el pueblo. Las declaraciones de Mancuso sobre el estrecho vínculo entre los paramilitares y Pedro Juan Moreno son consistentes con comentarios que han hecho otros jefes paramilitares como Raúl Hasbún, Éver Veloza y Diego Fernando Murillo (Don Berna), incluidos en entrevistas que yo les hice. De hecho, Hasbún recuerda haberse reunido con Moreno y con el jefe de finanzas de los paramilitares. Dijo que “hablábamos abiertamente de temas de las AUC, de financiación. Él estaba contento. Moreno nunca nos financiaba directamente. A través de la Cuarta Brigada nos regalaba armamento, munición para los fusiles para las autodefensas —no para las Convivir, eso era claro”.

A su vez, Don Berna declaró en el 2015 que Moreno le había pedido a Castaño que asesinara a Valle.

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En muchos momentos, investigadores valientes han buscado destapar la verdad sobre quienes estuvieron detrás de la masacre y por qué, pero se han topado con enormes obstáculos. La fiscal Amelia Pérez, por ejemplo, quien a comienzos de 1998 llevó la investigación para la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, recuerda que tuvo grandes dificultades para inspeccionar la escena del crimen. Necesitaba que la oficina del gobernador y el Ejército le proveyeran seguridad y transporte —lo cual era una práctica común—, pero se demoraron mucho en brindarle el apoyo, siempre dándole excusas distintas.

En otras oportunidades, la investigación parece haberse detenido o engavetado. Pedro Juan Moreno murió en el 2006, cuando el helicóptero en el que se transportaba se cayó en Urabá.

^{Fotografía: Editorial Planeta}

En agosto del 2020, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la práctica de pruebas y citó a Uribe a rendir versión libre en una indagación preliminar en su contra en relación con la masacre de El Aro y la muerte de Valle. Pero a los pocos días, Uribe renunció a su curul en el Senado y solicitó el traslado del caso a la Fiscalía, alegando que la Corte ya no tenía competencia sobre él. Dos semanas después, la Corte ordenó el traslado.

Desde entonces, no se han conocido avances en la investigación por parte de la Fiscalía. Uribe ha negado cualquier vínculo con el paramilitarismo, con la masacre de El Aro y con la muerte de Valle. Pero las preguntas que se hacía Valle siguen vigentes: ¿Cómo fue posible que los paramilitares masacraran, violaran, desplazaran y se robaran ganado a lo largo de días sin respuesta del Estado? ¿Por qué la Gobernación y la Cuarta Brigada nunca actuaron para detener la masacre de El Aro, a pesar de todas las advertencias?

Las instituciones de la justicia no son las únicas que pueden servir para destapar la verdad. Al final de cuentas, todos tenemos la capacidad de ayudar a descubrirla. El periodista Pablo Navarrete ha dedicado seis años a entender lo que sucedió en El Aro y por qué, y ha sacrificado mucho, demasiado, para hacerlo. Las historias que nos cuenta aquí son una contribución importante al esfuerzo por armar este rompecabezas. A la vez, nos acercan de manera sensible a las personas reales que sobrevivieron la masacre y que hasta hoy reclaman verdad y justicia. Investigaciones como esta son esenciales para darles respuesta.

^{Fotografía: Editorial Planeta}