El colectivo la Icotea organizó este año el evento ”Protestar sin morir en el intento: Violencia estatal y contexto actual”, en este espacio varios académicos analizaron lo sucedido en el marco del Estallido Social de 2021, y buscaron crear puentes de diálogo de cara a una construcción de memoria y registro sobre los hechos que se dieron en el marco de la protesta social en Colombia.

Por Norma Mendoza*

Las violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales no son algo nuevo en Colombia. La protesta fue fuertemente criminalizada durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez sin irnos más atrás; sin embargo, durante el gobierno de Iván Duque, discípulo de Uribe, la violencia estatal y los abusos de la Fuerza Pública presentaron un aumento y una visibilidad mayor a la de otros años. La pandemia frenó las manifestaciones que comenzaron a darse masivamente desde el 2019, cuando hubo cerca de 700 heridos y sucedió el asesinato del Joven Dylan Cruz por parte de la Fuerza Pública, así como la posterior golpiza a Javier Ordoñez el 8 de septiembre del 2020 junto a otrxs heridxs durante las manifestaciones de rechazo por lo sucedido a Ordoñez; episodio frente al que el presidente Iván Duque respondió disfrazándose de policía y felicitando a estos servidores públicos. 

Es así, que en el año 2021 ante la posibilidad de aprobarse la reforma tributaria del entonces ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla; la ausencia de una renta básica en el escenario de la pandemia, la falta de vacunas; los incumplimientos de los acuerdos de paz, la falta de respuestas a las víctimas del conflicto, y el retorno de las fumigaciones de glifosato, entre otros factores, generaron el “Estallido social” de diversos grupos de la sociedad y la necesidad de manifestarse desde distintos lugares del país.

Sin embargo, un año y unos meses después de la fuerte criminalización de dichas protestas se sigue señalando de vándalos a lxs principales protagonistas, muchxs de los cuales se encuentran privados de la libertad entre otro tipo de situaciones poco favorables. Para ese momento, curiosamente la violencia policial se disparó a partir de un trino del Expresidente Álvaro Uribe Vélez señalando “el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas”, lo cual se podría considerar una incitación a la luz del posterior despliegue militar y uso excesivo de la fuerza y de las armas por parte de los uniformados.

A partir del 28 de abril, noche tras noche y de manera progresiva, vimos videos sobre los abusos, los golpes, los gritos desesperados de manifestantes, así como el rastro de las desapariciones y los homicidios. Las estadísticas de los hechos son aterradoras y aun no hay un número exacto, sin embargo, la organización no gubernamental (ONG) Temblores logró documentar cifras que sorprenden, se habla de 103 lesiones oculares sufridas por quienes asistieron al Paro Nacional, por su parte la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos halló que en el paro nacional de 2021 entre el 28 de abril y el 31 de julio, se presentaron asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, torturas, humillaciones y demás violaciones a los derechos humanos rondando en 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y 27 personas que siguen desaparecidas.

Entre tanto el informe Torturar, Castigar a quien protesta Adelantado por la Campaña Defender la Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, señala que en el periodo del 28 de abril al 29 de octubre se registraron por lo menos 1555 heridos por el uso excesivo de la fuerza pública, 80 víctimas de tortura, 133 muertes arbitrarias, 107 traumas oculares y 2607 personas heridas en 215 días de movilización. Sabemos que las cifras no lo son todo, sin embargo, alcanzan a darnos un contexto aproximado de la dimensión de los hechos.    

En medio de la coyuntura y a partir de la dinámica generada, desde el Colectivo la Icotea, surgido de la inconformidad al manejo represivo a la protesta social por parte de la fuerza pública y del gobierno frente a las movilizaciones (2021)  y conformado por personas que en su mayoría cuentan con experiencia en la defensa de los DDHH, se organizó un primer conversatorio titulado: ”Protestar sin morir en el intento: Violencia estatal y contexto actual”, dicho espacio contó con la participación de tres académicos que analizaron la situación desde varios ejes analíticos y recorridos personales. Desde el Colectivo queremos compartir algunas reflexiones de este encuentro cuyo objetivo fue crear puentes de diálogo y lograr cierta reflexividad del momento, interdisciplinaria y colectivamente, para crear narrativas que posibiliten imaginar escenarios y alternativas, así como una comprensión de los hechos de cara a una construcción de memoria y registro en clave dialógica y constructiva del Estallido social en el marco de la protesta social en Colombia del 2021.

Alirio Duque, politólogo de la Universidad Javeriana con énfasis en participación política y especialista en políticas públicas para la igualdad, considera que la protesta social en Colombia ha sido criminalizada históricamente, y retoma eventos ocurridos en décadas atrás, como la masacre de las bananeras y el paro de 1977. Para él, la situación del Estallido social es más violenta y sigue la misma línea que antecedió al Bogotazo, exacerbar a la gente para llevarla a la confrontación. Así mismo, señala que el momento puso en evidencia el surgimiento de un nuevo fascismo y hasta una posible guerra civil, en tanto el Estado no modifique su represión a la protesta, no se abran espacios de diálogo y no se garantice el estado social de Derecho.

Según el académico, ningún sector logró acoger a los jóvenes dentro de las políticas sociales, ni la izquierda ni la derecha y señala que el Comité del Paro no fue lo suficientemente representativo, dejando solos a los jóvenes. Para Alirio, la pregunta clave es: ¿a quién o quiénes les conviene el escenario de caos? Intentando abarcar una respuesta, aduce que Estallido social fue funcional al partido de gobierno de Iván Duque para mantenerse en el poder, a los grupos de narcotráfico, a quienes promueven el paramilitarismo, y a los sectores que tradicionalmente han desconocido el Estado Social de Derecho y que se han encargado de crear el imaginario de la existencia de una amenaza a lo largo del tiempo, tomando como chivo expiatorio a quienes salieron a protestar.

De este modo, la violencia desplegada durante el Estallido Social resultó funcional a los sectores que no les interesa resolver las desigualdades del país, ni cambiar el modelo económico tradicional, aplicando así una doctrina subversiva a la protesta social. Por lo tanto, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el Gobierno Duque mantuvo un clima de guerra, militarización, estigmatización y represión, dando así un trato de enemigo interno a quienes protestaban, y un manejo de guerra a la protesta. Por esta razón, Alirio señala a las Asambleas Populares como instancias de participación ciudadana, a través de las cuales se pueden vincular iniciativas de los distintos sectores inconformes.

Freddy Guerrero, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, mencionó que los colores grises con que pintaron las paredes de Cali donde había murales alusivos a la protesta social y a las demandas sociales de los manifestantes, reflejaron a una sociedad que desconoce y trata de borrar la diversidad e inconformidad de los distintos grupos sociales marginados y excluidos.

Consideró que el Estallido Social fue inesperado y expresó un acumulado histórico de inconformidades, desinstitucionalización e ilegitimidad estatal. Una crisis social e institucional que, para Guerrero, fue producto de los incumplimientos u obstáculos del gobierno uribista de Iván Duque, respecto de la implementación del Acuerdo de Paz, en un contexto de crisis producto de la pandemia.

Así, la movilización fue el resultado de la inconformidad de varios sectores con problemas sociales no resueltos y la sumatoria de estos. Para Guerrero el Estallido no fue igual al Bogotazo ni al Paro Cívico, dada la multiplicidad de instancias de diálogo y posibles escenarios de paz generadas, los cuales fueron de gran importancia entre comunidades y manifestantes, pese al carácter marginal de muchos de estos, pero que al mismo tiempo lograron que no se desatara una guerra civil.

Es por ello que las Asambleas Populares y múltiples espacios de diálogo social agruparon distintos sectores, y aglutinaron a otros que no se vieron reflejados por el Comité Nacional del Paro. Los sectores sociales que más sufrieron la pandemia fueron justamente los que históricamente han sido marginados y relegados al acceso de trabajo, salud y demás aspectos que constituyen la condición de dignidad para cualquier ser humano.

Guerrero considera que, los jóvenes de la primera línea, representativos durante las manifestaciones por su posición de resistencia, expresaron su dolor de la manera que les han enseñado y evidenciaron una condición de no futuro, en medio de un conjunto de violencias que debemos interpretar y entender, más allá de las categorías estigmatizadoras impuestas por el Gobierno.

En Cali se tuvieron cacerolazos que se fueron diluyendo, sin embargo, justamente allí la protesta social estalló de modo muy fuerte y fue también en donde más hubo represión por parte de la fuerza pública. La movilización fue masiva y los bloqueos fueron funcionales, pero quizás su prolongación no fue buena estrategia y distanció a la ciudadanía que en principio respaldó la manifestación. Vimos además civiles disparando, cercanos al partido Centro Democrático, situación que reproduce la lógica paramilitar del conflicto en la urbe. Por lo tanto, el Estallido Social mostró raíces históricas que dieron cuenta de una sociedad con desigualdades profundas y diversas no resueltas.

Por último, Alejandro Mantilla, filósofo y analista político, desarrolló algunas tesis, señaló que el análisis del Estallido Social requiere una visión de largo plazo. El clima represivo, expresó más una continuidad que una ruptura frente a la historia de Colombia. Por lo tanto, la represión que se vivió en el momento no hace parte de los mecanismos excepcionales, por el contrario, está en el núcleo de la política colombiana, es decir, la represión alrededor de las movilizaciones no es una anomalía, no es algo nuevo, ha sido la regla, la normalidad del régimen político colombiano.

De este modo, para Mantilla la coerción y la suspensión de garantías constitucionales es lo habitual. Esto resulta importante en la medida en que permite entender al Estado Colombiano, su régimen político y su trato frente a la protesta social. Agregó que la violencia paramilitar, aunque aparentemente es ilegal, ha sido autorizada y propiciada por el poder político, tanto por algunos funcionarios públicos, como por las fuerzas armadas y en gran medida ha sido financiada con recursos públicos.

A pesar de la democracia y la institucionalidad, el paramilitarismo ha convivido como parte de la violencia contra partidos, movimientos y organizaciones de oposición. A esto se suma que durante el Paro Nacional del 2021 vivimos un Estado de Conmoción de facto, reflejado en una militarización de las ciudades y el trato de enemigo interno a los manifestantes, así como la criminalización y una lógica violenta a la expresión de un derecho constitucional, como lo es la protesta social. Aunque finalmente Duque no declaró el Estado de Excepción, en la realidad se expresó como tal, considerando que prácticamente se dio vía libre a la fuerza pública para hacer un uso desmedido de la fuerza en las manifestaciones iniciadas desde el 28 de abril, reflejado en el creciente número de capturas, allanamientos, desapariciones, entre otros hechos.

Mantilla recordó que, de acuerdo con la JEP, Colombia es el segundo país con la mayor tasa de muertes violentas por día de protesta en el mundo por debajo de Myanmar, lo que indica que aún en democracia, nuestra realidad es comparable con una dictadura. 

Por lo tanto, Alejandro señala tres síntomas o patrones de comportamiento de la fuerza pública en Colombia que son la expresión de la privatización de la fuerza pública que beneficia intereses particulares en detrimento de su misión de defender y proteger al conjunto de la sociedad. El primero, es la existencia de mercenarios colombianos, que a propósito del caso de Haití no se considera como un hecho aislado; el segundo, los convenios de la fuerza pública con mineras, petroleras y empresas privadas para prestar servicios de “seguridad” y el tercero, el manejo de la protesta como enemigo interno.

El ataque de civiles disparando a la minga indígena al lado de policías en Cali, puso en evidencia una división de “ciudadanos de primera” protegidos por la Policía, incluso cuando violan la ley y unos “ciudadanos de segunda” que son perseguidos por la Policía cuando cumplen derechos constitucionales como el ejercicio de la protesta.

Por último, Alejandro planteó otra tesis sobre tres proyectos que confluyen en la clase dominante de Colombia. El primero, es el proyecto neoliberal que promociona la inversión privada; el segundo, el narcotráfico que aunque es ilegal, en todo caso es capitalista de gran extensión y duración y el tercero, se trata de la oligarquía tradicional que incluye también a los terratenientes y un sector de la burguesía. Para el académico estos tres sectores confluyen en lo siguiente: 

Los tres usufructúan el Estado, privatizan recursos públicos, mediante una acumulación originaria bajo patrones violentos, y rechazan la redistribución del poder, de la tierra y la riqueza. Esto tiene como consecuencia una sociedad del no futuro y del desprecio. Los jóvenes de sectores populares, los pueblos indígenas, afrocolombianos y el campesinado, son objeto de un desprecio constante, expresado en la falta de políticas públicas que los cobijen y les garanticen sus derechos, así como una constante persecución que termina por dejarlos como “ciudadanos de segunda”.  

Es así, que pensar en lo que ha sido la represión de la protesta, obliga a mirar estas características de la clase dominante y su ejercicio del poder y despojo a lo largo del tiempo.

Uribe como presidente logró unificar a estos tres sectores con apoyo de clases medias y populares. Con Santos, el uribismo se ubicó más a la derecha y recogió al sector más conservador de las clases dominantes. En la era de Duque, a pesar de su falta de liderazgo, de popularidad y de cohesión, se criminalizó con mayor rigor la protesta y se evitó a toda costa que se instalarán mesas de diálogo. Teniendo como agravante la creciente anulación de contrapesos o mecanismos de control que garantizan el Estado de Derecho, dada la cooptación de prácticamente todas las ramas del Estado por parte del partido de gobierno, que demostró no estar dispuesto a ceder ni a negociar.

El paro del 2021 fue de los más extensos geográfica y temporalmente, así como el más diverso dada la cantidad de actores y repertorios involucrados, lo que para el filósofo marcó una ruptura en la historia de Colombia.

Podemos afirmar que dicho paro, políticamente hablando sacudió a distintos sectores y generaciones de la sociedad colombiana, principalmente a los jóvenes, y seguramente fue uno de los motores para el cambio político que vivió Colombia en las últimas elecciones presidenciales con el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez. Sin embargo, el escenario hasta ahora no es tan claro respecto de una posible reforma policial, el desmonte del ESMAD y la capacidad de incidencia que tengan quienes fueron protagonistas del Estallido Social. Además representa un desafío para el actual gobierno, el trato que en adelante pueda darse a la protesta social, algo nuevo en todo caso al ser el primer gobierno con ideas progresistas y cercano a la izquierda. Creemos importante tener en cuenta los elementos planteados para el análisis de la realidad colombiana, sus transformaciones, sus clases dominantes y lo que fue el Estallido Social en el gobierno de Iván Duque, de cara hacia los desafíos que tiene el nuevo gobierno. 

* Por Norma Mendoza- Cofundadora del Colectivo la Icotea

Magíster en Antropología Social

Twitter: @ColectivoIcotea

Instagram:@Colectivo_Icotea

Youtube: Colectivo La Icotea

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