Hoy 19 de mayo se cumplen 26 años de impunidad del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y de su padre, Carlos Alvarado. Uno de los miles de crímenes contra defensores del medio ambiente, las causas sociales y las comunidades, que cobra vigencia tras la declaración ante la Justicia Especial para la Paz del exjefe exparamilitar, Salvatore Mancuso.
Por Elvira Sánchez-Blake*
Las declaraciones de Mancuso ante la JEP constatan un asunto gravísimo: la connivencia de la fuerza pública, empresarios y Estado con los grupos paramilitares con el fin de eliminar a todos aquellos que se opusieran a los intereses de estos grupos. El testimonio de Mancuso destaca que estas acciones se ejecutaban bajo la presunción de combatir a la guerrilla y de eliminar sus redes de apoyo, pero en realidad, el propósito iba dirigido a apropiarse de territorios estratégicos para controlar el mercado y las rutas del comercio de drogas. El antiguo jefe de uno de los bloques más sanguinarios de las autodefensas ha revelado que sus operaciones fueron apoyadas con entrenamiento, armamento, logística, tropas y financiación por parte de los gobiernos de turno y de compañías de gran envergadura del país. En su testimonio menciona a numerosos miembros de la fuerza pública que fueron instrumentales en la persecución y asesinatos de líderes, estudiantes, profesores, periodistas y cualquier sospechoso de estar en desacuerdo con la política de control de territorial y social de las Autodefensas.
El testimonio de Mancuso me permitió reconocer detalles precisos que hacen parte de la investigación que realicé para el libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado (Icono, 2001). En particular, constaté que los guerrilleros del EPL se unieron a las Autodefensas como condición a su proceso de desmovilización. Eso explica por qué Don Berna, quien fuera guerrillero del EPL, trabajó bajo las órdenes de Carlos Castaño coordinando la ejecución del crimen a través de la banda de sicarios, La Terraza. Además, Mancuso afirmó que Tierralta, Córdoba, fue una zona estratégica de las operaciones de las AUC y reconoció que los Embera Katíos fueron víctimas de una campaña de exterminio por oponerse al proyecto hidroeléctrico de Urrá. Por esta razón, Mario Calderón, gran defensor de estos grupos y opositor a la construcción de la represa, recibió amenazas y se vio obligado a huir de Tierralta tras el atroz asesinato de su compañero de parroquia, Sergio Restrepo Jaramillo en 1989.
Mancuso menciona que las organizaciones de derechos humanos generaron incomodidad al denunciar los crímenes de los paramilitares ante instancias internacionales. Esto confirma la teoría de que el Cinep fue señalado como un objetivo militar y que el asesinato de Mario Calderón obró como una advertencia y represalia dirigida al Centro. Al referirse a la colaboración entre las entidades gubernamentales, como la Fiscalía y el DAS, que brindaban inteligencia y apoyo a las acciones paramilitares, se comprende por qué los sicarios ejecutaron el crimen utilizando uniformes de la CIT de la Fiscalía. Un asunto en particular fue el destino del celular que uno de los sicarios olvidó en la portería del edificio tras el asesinato de Mario, Elsa y don Carlos. El rastreo del celular por parte de la Fiscalía sirvió para desviar la investigación hacia otros posibles culpables, cuando en realidad, ahora se comprueba que los miembros de la Fiscalía estuvieron involucrados en el crimen.
Cuando Mancuso habla de las alianzas con el Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, y de la participación de sus directivas en la interceptación de llamadas, seguimientos e inteligencia militar, se confirman las persecuciones que sufrieron muchos de los miembros del Cinep. Claramente, el Cinep estaba en la mira y ellos lo sabían. Por eso ellos señalaron desde el principio a las estructuras paramilitares como los responsables del asesinato de Mario y Elsa. Todo esto ratifica la participación tanto del DAS como de la Fiscalía en la ejecución del crimen, dos organismos del Estado con amplio accionar y relación directa con las estructuras criminales de la época.
El testimonio de Mancuso destapa el entramado de las relaciones paramilitares con miembros del Estado y de las fuerzas militares. En varias instancias se refiere a la colaboración de Pedro Juan Moreno Villa, Secretario del gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez. Según Mancuso, Pedro Juan era amigo cercano y colaborador de las autodefensas; visitaba a menudo a Castaño, y les proporcionaba información, listas de objetivos militares y armamentos. También señala a José Miguel Narváez, instructor de la Escuela Superior de Guerra, como el encargado de llevar la lista de las víctimas a Carlos Castaño. Al ser preguntado en concreto sobre el caso de Mario Calderón y Elsa Alvarado, mancuso respondió, “Este caso lo manejó el comandante Carlos Castaño a través de la banda La terraza”. La mención de los lugares estratégicos donde se tomaban decisiones coincide con la declaración de un testigo para mi investigación, quien señaló que fue en una finca de San Pedro de Urabá donde se planearon los asesinatos de las cuatro personalidades que se cometieron entre 1997 y 1999: Mario Calderón, Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle y Jaime Garzón. Sin embargo la pregunta de quién dio la orden, aún sigue sin respuesta.
El caso de Mario y Elsa ocurrido el 19 de mayo de 1997 es uno entre miles de miles de asesinatos, masacres y desapariciones que han ocurrido en el país por cuatro décadas. Las declaraciones de Mancuso como aspirante a ser acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz coinciden con denuncias y testimonios de muchos de los implicados. Por eso es creíble, aunque no deje de ser condenable.
Es escalofriante comprobar que hemos vivido bajo un narcoestado donde se han cometido atrocidades comparables a las del holocausto nazi. Desde hornos crematorios, asesinatos selectivos, fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y persecuciones contra líderes sociales y defensores del medio ambiente. Mientras el Estado ordenaba la fumigación de cultivos de coca con glifosato y bombardeaba territorios habitados por indígenas y campesinos bajo las directrices de la DEA, los gobernantes y empresarios del país se regodeaban con las ganancias del tráfico de drogas en asocio con la fuerza pública y los clanes encargados de proteger sus intereses y de perseguir a sus detractores.
En mi libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado destaco la importancia de conocer la verdad como un camino para sanar el dolor de este y otros casos que aún permanecen en la impunidad. Las declaraciones de Mancuso brindan un valioso aporte para desentrañar las causas y dinámicas que operaron y que aún persisten en las estructuras político militares del país.
Elvira Sánchez-Blake es periodista y escritora, autora del libro Suma Paz: la utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado (Icono, 2021). www.elvirasanchezblake.com
