Tras dos años de construcción colectiva con sindicatos, académicos, empresarios y organizaciones sociales, el articulado aprobado en la Cámara fue profundamente modificado por la Comisión Cuarta del Senado. Se eliminaron o desfiguraron derechos laborales claves como la formalización del contrato del SENA, la extensión de licencias especiales, la reducción de la jornada laboral efectiva y la eliminación del contrato sindical. Además de introducir elementos regresivos como el pago por horas, mientras las centrales obreras denuncian retrocesos graves, miles de trabajadores y trabajadoras se movilizan en todo el país exigiendo una reforma real, con enfoque de derechos humanos y justicia social.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
Además del polémico artículo 37 sobre trabajo por horas, otros cambios introducidos por la Comisión Cuarta del Senado también significaron un desmonte progresivo del proyecto original. La reforma laboral, concebida desde el Gobierno como un proyecto estructural en favor del trabajo digno y decente —alineado con los principios constitucionales del artículo 53 y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—, ha llegado a su cuarto round en el Congreso. El nuevo articulado está alejado de las pretensiones iniciales de la entonces ministra Gloria Inés Ramírez, quien se encargó de presentar el proyecto ante el Congreso con el fin de revertir décadas de precarización laboral. El texto actual, que fue aprobado por mayoría en la Comisión Cuarta del Senado y presentado por Angélica Lozano y Juan Felipe Lemos, desmonta buena parte de las transformaciones planteadas tras dos años de concertación con múltiples sectores durante su paso por la Cámara de Representantes.
De los 81 artículos del texto aprobado en Cámara, que hundieron los parlamentarios en la Comisión Séptima del Senado y fue revivido hace dos semanas para frenar la Consulta Popular, sólo 39 se mantuvieron sin cambios en la ponencia propuesta por Lemos, del partido de la U, y Lozano, de la Alianza Verde. El resto fueron modificados (28), eliminados (14) o reemplazados por nuevos (7), en una reingeniería legislativa que recorta los avances propuestos en materia de estabilidad, igualdad y protección de derechos laborales. Este texto logró crear un bloque político de consenso entre congresistas de La U, la Alianza Verde, el Centro Democrático, el partido Conservador, Cambio Radical y AICO.
Para distintos sectores políticos, el hecho de que 39 artículos hayan quedado intactos demuestra que no era necesario hundir toda la propuesta original como ocurrió en la Comisión Séptima, sino que se podía debatir, ajustar o modificar algunos aspectos de la reforma sin quebrantar su esencia, pero lo que se hizo fue desfigurarla y recortarla. “No tenemos mayoría los pro reforma laboral en el Senado. Están las mayorías en contra, que durante años han votado por reducir derechos a los y las trabajadoras”, alertó el senador Ariel Ávila. “El Congreso está jugando con candela. Revivir la reforma laboral vía apelación era para revivir una reforma robusta, no para hundirla por tiempos (que todavía estamos en ese riesgo) o para aprobar una mini reforma laboral”, agregó.
Trabajo por horas: el orangután de la contrarreforma
En ese contexto, el artículo 37 se ha convertido en el símbolo más preocupante de esta contrarreforma. Por primera vez, se introduce formalmente la posibilidad de contratar por horas, con el argumento de adaptar el trabajo a la flexibilidad económica. Sin embargo, esta medida implica consecuencias estructurales que afectan directamente el derecho a un ingreso digno, la estabilidad laboral y la protección social.
El artículo 37 aprobado en la Comisión Cuarta establece literalmente que: “Para quienes laboren por días y horas, en jornadas inferiores a las máximas legales, las reglas sobre salario mínimo legal se aplicarán en proporción al número efectivo de horas trabajadas de acuerdo con el numeral 3° del artículo 17 de la Ley 50 de 1990, sumándole al valor hora la proporción que corresponda por remuneración de los descansos legales remunerados en descanso obligatorio en domingos y festivos (17.5%).”. Es decir, se consagra en la legislación lo que hasta ahora ninguna contrarreforma había logrado: el pago por horas como modalidad legal de contratación.
Esta figura no es nueva. En enero de 2020, durante el gobierno de Iván Duque, se intentó formalizar el trabajo por horas mediante una reforma laboral. Fue entonces cuando la ministra de Trabajo de la época, Alicia Arango, afirmó que “a un ingeniero de sistemas tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas”. La frase desató una oleada de críticas y rechazo por parte de diversos sectores, especialmente de los jóvenes y profesionales afectados, y se convirtió en uno de los detonantes de las movilizaciones sociales de ese año y del posterior estallido social. La propuesta fue finalmente archivada ante la presión social y sindical.
El trabajo por horas ha sido criticado internacionalmente por organismos como la OIT, que advierten que puede precarizar el empleo, dificultar la adquisición de derechos laborales y afectar directamente el sistema de pensiones. Las centrales obreras y los sindicatos en Colombia han sido enfáticos: el trabajo por horas significa, en la práctica, la desaparición del salario mínimo, la ampliación de la brecha en la seguridad social, la pérdida de beneficios y mayor inestabilidad.
Retrocesos disfrazados de concertación
El retroceso que representa el artículo 37 no fue un hecho aislado. La Comisión Cuarta del Senado introdujo múltiples cambios que recortaron pilares clave del proyecto aprobado en Cámara. Uno de ellos fue el desmonte del contrato laboral para los aprendices del SENA. Este contrato es importante porque permite que un joven del SENA pueda sostenerse mientras estudia y trabaja, y, de esta forma, evitar la deserción por motivos financieros. El texto aprobado en la Cámara establecía que los aprendices tuvieran vinculación laboral plena mientras se integran a una empresa, con derecho a salario mínimo completo, vacaciones, primas, auxilio de transporte y cotizaciones integrales. La ponencia del Senado lo revirtió, manteniéndolo como una “figura especial” sin prestaciones laborales. Esta decisión, alineada con el modelo promovido por la Ley 789 de 2002 en el gobierno de Álvaro Uribe, perpetúa una exclusión que afecta a más de 400.000 jóvenes técnicos y tecnólogos.
En la Comisión Cuarta solo mantuvieron que el salario durante la fase electiva (el momento de la formación teórico-práctica) pasara del 50% al 75% y del 75% al 100% en la etapa práctica, y agregaron la afiliación en salud, pensión y riesgos laborales. Además de este punto, establecieron la posibilidad de que las empresas puedan evitar el pago de la monetización del contrato de aprendizaje, si argumentan que no les fueron asignados a pesar de haberlos solicitado. Esto puede llevar a abusos por parte de las empresas, quienes pueden poner requisitos inalcanzables para los aprendices o pedir aprendices en programas con alta demanda, solo para justificar que no les fueron asignados y, de esta manera, evitar el pago obligatorio.
Esta medida contradice el artículo 54 de la Constitución Política que obliga al Estado y a los empleadores de ofrecer formación profesional y técnica a quienes lo requieran, y de propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar. Además, los recursos que se obtienen por la cuota de monetización permiten financiar el sostenimiento de aprendices sin contrato y proyectos productivos que desarrollan a cambio de sus prácticas, como los del Fondo Emprender.
Otro de los puntos clave que se modificaron fue el contrato a término indefinido. El proyecto gubernamental proponía limitar a dos años los contratos a término fijo como paso previo al contrato indefinido, promoviendo así la estabilidad. Actualmente, el tope está en 3 años. La ponencia mayoritaria del Senado extendió ese límite a cinco años, permitiendo que una persona permanezca contratada bajo una modalidad transitoria por un lustro, incluso si desempeña funciones permanentes. Esta medida contradice directamente los principios constitucionales de estabilidad en el empleo y la irrenunciabilidad a los derechos mínimos laborales. En lugar de promover la contratación estable, se amplió el uso de contratos a término fijo hasta por cinco años, lo que en la práctica permite a las empresas mantener a las personas en condición de temporalidad durante demasiado tiempo, aun cuando sus funciones sean permanentes.
La eliminación de la figura del contrato sindical era otro de los puntos que proponía la reforma laboral. Esta figura permite a las empresas contratar trabajadores a través de sindicatos en lugar de hacerlo directamente. Aunque el contrato sindical no es ilegal, su uso extendido ha sido condenado por la Corte Suprema de Justicia y la Organización Internacional del Trabajo por convertirse en una forma de intermediación laboral que debilita la negociación colectiva. El texto original lo eliminaba por esta razón. Sin embargo, la ponencia del Senado decidió conservarlo, ignorando sentencias como la SL3086-2021 del alto tribunal, que advierten que los sindicatos no deben funcionar como empresas proveedoras de mano de obra.
Esto significa que, en la práctica, las empresas podrán seguir contratando trabajadores a través de sindicatos, como si fueran empresas de servicios temporales, evitando darles beneficios directos.
Respecto a las licencias médicas obligatorias para atender situaciones como endometriosis y otras enfermedades menstruales incapacitantes, así como una ampliación progresiva de la licencia de paternidad de dos a doce semanas, incluidas en la reforma original. La primera medida fue reducida a citas por endometriosis y de urgencias o programadas cuando se notifique al empleador. La segunda fue eliminada. De esta forma, se mantiene la inequidad estructural que obliga a las mujeres a asumir solas la mayor carga del cuidado, perpetuando la discriminación laboral por razones de género.
Otro cambio fue la definición de la jornada laboral. Una de las propuestas que más detractores ha tenido en los gremios empresariales. Desde Fenalco han asegurado que la reducción de la jornada laboral incrementará los costos laborales, desincentivará la generación de empleo y estimulará la informalidad. La propuesta del Gobierno era establecer una jornada laboral diurna de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., teniendo en cuenta que Colombia es el país que más horas trabaja en Latinoamérica, según la Organización Internacional del Trabajo. En la Comisión Cuarta prevaleció el establecer la jornada laboral diurna de 6:00 a.m. a 7pm, y la nocturna de 7:00 p.m. a 6:00 a.m. del día siguiente. El presidente Petro cuestionó esta decisión a la que consideró como una medida que favorece solo a los empleadores, al ampliar el margen legal de trabajo ordinario sin tener que pagar más. “Esto es la gente del siglo XVII tratando de construir esclavismo en Colombia”, afirmó durante el consejo de ministros transmitido.
Al respecto, otro de los elementos que incluyeron en la Comisión Cuarta fue la posibilidad de trabajar solo cuatro días a la semana, siempre que en esos días se cumpla con el total de horas legales semanales. Para lograrlo, el trabajador y el empleador deben acordar jornadas más largas por día (por ejemplo, en vez de trabajar 8 horas durante 5 días, se podrían trabajar 10 horas durante 4 días). Esas horas adicionales por día para completar la semana laboral en menos días no se pagarán como horas extra, a menos que excedan el acuerdo entre empleado y empleador. Lo que implicaría una evasión del pago de horas extras al concentrar la jornada semanal en cuatro días.
Frente a esta reforma recortada, Jaime Cabal, presidente de Fenalco, lamentó que no haya sido incluida la excepción de las pequeñas empresas. “Dos senadores, en el último momento se le voltearon al país y ocho de los 15 votaron y le dieron la espalda a las Mipymes de Colombia. No conocen la realidad de sus negocios, de sus empresas, y por consiguiente muchas de ellas van a cerrar y muchos trabajadores de ellas van a perder el empleo a causas del incremento de los costos laborales”, dijo. Quienes votaron a favor fueron: Angélica Lozano, John Besaile de la U, los liberales: Laura Fortich, John Roldan y Claudia Pérez; Richard Fuelantala de Aico, y Paulino Riascos y Aida Avella del Pacto Histórico.
También preocupa el regreso de una figura ya derrotada en la Corte Constitucional: el llamado “Piso de Protección Social”, ahora renombrado como Unidad de Trabajo Especial (Artículo 38). Esta figura permite contratar por debajo del salario mínimo, lo que abre la puerta a más formas de subempleo, sobre todo en sectores vulnerables.
Desde el movimiento sindical, el mensaje es claro: lo que debía ser una reforma para dignificar el trabajo se ha convertido en una contrarreforma hecha a la medida de los intereses empresariales. Por eso, las centrales obreras han convocado un paro nacional y han dicho con contundencia: no al trabajo por horas, no a la mensualización de las prestaciones, no a la flexibilización sin protección, y no a las medidas que destruyen la estabilidad laboral.
Este desmonte ha encendido las alarmas en el movimiento obrero. Los grandes sindicatos, como la CUT, la CTC y la CGT, convocaron a un paro nacional durante dos días, en rechazo a lo que consideran una reforma a la medida de los empresarios y en contravía con los derechos de los trabajadores. “Va quedando claro cuál fue la jugadita del Senado. Revivieron la reforma laboral para tener un pretexto para hundir la Consulta Popular. Buscaron que la voz del pueblo nunca fuera escuchada”, dijo Fabio Arias, director de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
¿Una victoria asegurada?
El reciente debate sobre la reforma laboral configuró un nuevo bloque político, con un liderazgo clave: el de la senadora Angélica Lozano, quien buscó proyectarse ante la opinión pública como una figura crítica pero constructiva, vocera de un centro político, donde ella es capaz, según el relato de su entorno político, de construir los consensos donde el gobierno Petro no lo logra. En la plenaria del Senado se revivió el articulado de la reforma laboral que había sido archivado por la Comisión Séptima, bajo el argumento de que resultaba inconveniente para la economía del país. Los senadores del Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal, MIRA y ACI, que votaron en contra, estaban cuestionados por presuntos vínculos con grupos paramilitares, compra de votos y conflictos de interés económicos. La resurrección del proyecto, que ya había sido aprobado en Cámara de Representantes, ocurrió en medio del anuncio del Gobierno de convocar a una Consulta Popular, propuesta que también fue posteriormente archivada por el Congreso. Con la reforma laboral revivida, la Comisión Cuarta, presidida por Lozano, debía encargarse de surtir el tercer debate.
Angélica Lozano junto a Juan Felipe Lemos tomaron la vocería de la ponencia mayoritaria que terminó modificando el texto de la Cámara de Representantes. Tras el debate, Lozano se adjudicó triunfos que ya habían sido resultado del consenso en la Cámara de Representantes, como en el caso del recargo para la jornada laboral en dominicales y festivos. La ponencia mayoritaria que ayudó a construir Lozano proponía un recargo dominical del 100% sobre el salario y un 75% para trabajo en festivos. Al final, aseguró que ella propuso que este recargo no se estableciera en un 75%, sino al 100%, pero eso ya estaba en el articulado.
El segundo vocero, Juan Felipe Lemos, fue quien presentó la ponencia mayoritaria en un llamado a la protección de los pequeños empresarios y la estabilidad. Lemos, del partido de la U, es sobrino de Mario Uribe Escobar, excongresista condenado en 2011 por parapolítica y quien es primo segundo de Álvaro Uribe. Oriundo de Medellín, Lemos representa una de las colectividades que mayores apoyos recibió de empresas privadas. Uno de los principales puntos de debate es si los cambios realmente atienden las necesidades de las MiPymes y de los trabajadores o de los grandes empresarios que buscan mantener sus ganancias.
Los datos del Consejo Nacional Electoral sobre ingresos de los partidos políticos en las elecciones locales de 2023, publicados en La Silla Vacía, dan cuenta de la cercanía de las colectividades con intereses privados. En el caso de Gaseosas Lux, filial de la gigante Postobón, entregó 1.595 millones de pesos a la U, y la cadena RCN también donó 285 millones de pesos. Bavaria, Coca Cola y el grupo Sarmiento Angulo también participaron de ese financiamiento.
Los grandes disidentes en las votaciones han sido los congresistas del Centro Democrático. En el último debate en la Comisión Cuarta del Senado aprobaron el texto final, sin dejar de lado las denuncias contra Angélica Lozano por saltarse los acuerdos a los que habían llegado previamente. Asimismo, dejaron su oposición a los artículos que afectan en su parecer a las pequeñas empresas como los recargos nocturnos y en festivos. La misma bancada se opuso al informe que pedía negar la apelación para revivir el proyecto de reforma laboral del Gobierno y votaron para que hundiera la Consulta Popular, en la que el presidente Petro pretendía preguntarle a la gente si estaban de acuerdo sobre los cambios que proponía la reforma.
La ponencia aprobada en la Comisión Cuarta del Senado logró constituir un bloque de sectores políticos tradicionales, que en anteriores oportunidades han hundido reformas del Gobierno nacional. Esto podría reflejarse en un apoyo similar de las bancadas en los siguientes debates que debe cumplir la propuesta legislativa en el Senado. Por su parte, el Gobierno ha asegurado que si se aprueba la reforma laboral, no promoverán la Consulta Popular por decreto. El Congreso tiene hasta el 20 de junio para aprobar la reforma y conciliar con el texto que salió de la Cámara de Representantes, de lo contrario, volverá a hundirse y con esta dos años de construcción colectiva y la posibilidad de que el trabajo digno deje de ser una promesa aplazada.
