La crisis eléctrica en el Caribe colombiano revela un sistema energético frágil y tarifas injustas. Empresas como Air-e y Afinia imponen a los usuarios el costo de las pérdidas de energía, incluyendo robos. Los usuarios de AIR-e enfrentan pérdidas de aproximadamente $154 por kilovatio lo que representa una diferencia de más del 140% en comparación con otras regiones del país.

Por: Pilar Bustamante

El pasado 16 de septiembre, Barranquilla fue azotada por un vendaval que dañó 70 de los 190 circuitos de energía que tiene la capital del Atlántico y que administra desde 2020 la empresa Air-e. La intervención de Air-e, a raíz de la mala prestación del servicio y del extravío de dineros públicos que se entregaron durante el Gobierno de Iván Duque, junto a los anuncios del Distrito y la Nación, sobre la rebaja de tarifas, coincidió con un colapso en la prestación del servicio de energía en el departamento del Atlántico. Ello ha desatado protestas y bloqueos en toda la ciudad, a raíz de que el sector privado no ha tenido un plan de contingencia para estas emergencias y, por el contrario, dejó una empresa en quiebra porque, supuestamente, la compra de energía en la bolsa hace encarecer el servicio hasta en un 200%, lo que hizo imposible su sostenibilidad. 

Tanto AIR-e como AFINIA, que heredaron el 100% de los activos de la empresa Electricaribe y más de un billón de pesos que le prestó el gobierno de Duque al empresario Alberto Ríos Velilla, reconocen que sin inversión y mantenimiento las pérdidas de energía continuarán en aumento. Mantenimiento que debieron hacer con ese dinero que recibieron en 2020 y que a la fecha, según la Superintendencia de Servicios Públicos, no está reflejado en inversiones a la infraestructura para mejorar la prestación del servicio y el costo justo de las tarifas. 

El reciente estallido social en Barranquilla, tras cortes de energía de más de cinco días, es más grave cuando se considera que las pérdidas causadas por un vendaval y el mal mantenimiento de las redes serán reflejadas en los próximos recibos. Incluso, un sabotaje o negligencia de las empresas eléctricas sería cargado a los usuarios, sin consecuencias para las comercializadoras privadas.

Aunque la fórmula tarifaria es única a nivel nacional, en la Costa Caribe se produce una oscilación a favor de las empresas en los componentes de pérdidas y comercialización, lo que incrementa el costo de la factura para los ciudadanos. La narrativa de la "cultura del no pago" y el robo de energía en la región ha sido utilizada como excusa para aplicar un régimen tarifario excepcional que carga injustamente a los usuarios.

Sin embargo, no enfrentan presión real para resolver esta situación, ya que los costos de estas pérdidas se transfieren a los usuarios. Estas pérdidas representan más de una cuarta parte del total de la energía distribuida en la región. En un mercado donde los costos de los que "roban" energía y de la ineficiencia técnica son asumidos por los usuarios que sí pagan, las distribuidoras reciben además ayudas estatales para superar estas fallas, las cuales también se cobran a los usuarios en los componentes PR (pérdidas reconocidas) y D (distribución).

^{Fuente ASIEB Asociación Sindical de Ingenieros Eléctricos de Bogotá}

Según la regulación de la CREG (CREG 024 de 2021), se proyectó el pago de pérdidas hasta 2030, con el objetivo de minimizar el impacto en las finanzas de las empresas que operan en la Costa Caribe. Se estima que los usuarios pagarán 87,410 millones de pesos anuales a AIR-e, sumando un total de $786,691,650,960 hasta 2030. En AFINIA, el monto proyectado es de 818,205,785,487 pesos entre 2021 y 2030. Por cada 100,000 pesos en la factura, entre 15,000 y 30,000 pesos corresponden a pérdidas que los usuarios no han generado.

Las altas tarifas eléctricas en el Caribe han incrementado el riesgo de morosidad y el aumento de la cartera vencida. En promedio, las facturas representan más del 40% del salario mínimo mensual en una región donde ciudades como Riohacha, Valledupar y Sincelejo tienen casi la mitad de su población por debajo del índice de pobreza monetaria.

Las deudas de los usuarios, junto a la falta de ejecución de los planes de inversión para mitigar las pérdidas comprometidos por los nuevos operadores (8.7 billones de pesos en 10 años), convierten a Afinia, pero especialmente a AIR-e, en consorcios riesgosos. Por esta razón, los generadores les venden el kWh entre un 5% y un 10% por encima del promedio nacional, ya sea por bolsa o por contratos de estabilización. No es cierto que el problema esencial para la Costa, en cuanto a los precios de la energía, sea la oferta de generación, aunque este sector funcione como un cartel energético. Es necesario cambiar las lógicas de un mercado desregulado.

Sin embargo, la diferencia en el precio del kWh generado para Afinia y AIR-e revela otro factor que eleva las tarifas en la región Caribe. Mientras Afinia, propiedad en su mayoría del Grupo EPM, cuenta con apoyo estatal y acceso a generadoras de su consorcio público, AIR-e es una sociedad entre la EEPP de Pereira, que no tiene la misma capacidad financiera e institucional que EPM, y Latin American Corp, creada en 2020.  Detrás de esta última se encuentra Luis Alberto Ríos Velilla, vinculado a Cambio Radical y Germán Vargas Lleras. Ríos Velilla también es accionista de la Electrificadora de Pereira también se haya en poder del polémico empresario, ya que es su socio estratégico desde 2008 a través del consorcio ENINSA, del que también eran accionistas entre otros, Kapital Energy (de los hermanos Nule), Manuel Nule Velilla y John Jairo Toro.

La fragilidad financiera y la baja confiabilidad de AIR-e fue vista como un factor de riesgo en el mercado eléctrico, lo que justificó mayores precios para la compra de energía, según el marco regulatorio vigente. En resumen, el gobierno de Iván Duque entregó el 10.8% del mercado eléctrico nacional, que abarca más de 1.2 millones de hogares, a una empresa inexperta en el sector, lo que genera desconfianza entre los generadores y dificultades en el mantenimiento de la infraestructura. Como resultado, las familias costeñas pagan un kWh más caro.

En un mercado donde las empresas buscan lucro, tanto AIR-e como Afinia compensan el alto costo de generación con cobros elevados en los componentes de comercialización y distribución. En el caso de Afinia, más del 35% del Costo Unitario (CU) corresponde al componente de comercialización, el doble del promedio nacional, con un crecimiento del 202.19% entre su inicio de operación y 2022. En AIR-e, la situación es aún más extrema. Según Superservicios, en agosto de 2024 los usuarios pagaban 391 pesos por kWh en comercialización, comparado con los 113 pesos cobrados por EPM en Antioquia o los 104 pesos de ENEL en el centro del país. 

^{Fuente ASIEB Asociación Sindical de Ingenieros Eléctricos de Bogotá}

Debido a la diferencia financiera entre ambas empresas, mientras que el Cobro por Opción Tarifaria se ha extendido por más de cinco años en Afinia, con un impacto actual de $87 por kWh, en AIR-e este rubro alcanzó los $220 por kWh, reflejando su necesidad de liquidez. Aunque este cobro fue suspendido tras la intervención de Superservicios a AIR-e, no ha sido eliminado y podría aplicarse nuevamente una vez el Gobierno desembolse el pago comprometido por el Decreto 517 de 2020, que cubre el 32.5% de la deuda.

Por último, la decisión de las administraciones departamental y distrital en Atlántico de añadir impuestos, tasas de seguridad, alumbrado público y otros cobros no relacionados con el servicio de energía a la factura, puede representar el 25% del total del pago. Esto genera un serio problema tarifario, producto de las políticas erradas en el sector eléctrico en los últimos 30 años.

La ‘tapa’ del calabazo

Lo hasta aquí planteado refleja un “robo legal” al pueblo de la Costa Caribe, amparado en la normatividad nacional. No obstante, el capital eléctrico no ha quedado conforme con este lucro legalizado, sino que ha recurrido a prácticas ilícitas de saqueo y corrupción, en medio de la inoperancia de las autoridades estatales. La instalación de nuevos medidores por parte de la empresa Air-e, conocidos como “correcaminos” por los aumentos en el consumo de energía que reflejan, se suma a los abusos en el debido proceso. Se vulnera el derecho del usuario a la reclamación, obligándolo a pagar facturas, aun si hay un recurso interpuesto (art. 155 de la ley 142 de 1994).

En cuanto a los medidores presuntamente adulterados, el pasado 26 de julio, en un debate de control político en el concejo de Barranquilla sobre la empresa de energía Air-e, la empresa no asistió. El concejal Antonio Bohórquez mencionó casos de usuarios en estratos 1 y 2 con deudas que ascienden a 86 millones de pesos, como el de Yolanda Castilla, en el barrio Pinar del Río, quien paga una deuda supuestamente adquirida a cuotas de $20,000 mensuales, pese a que apenas cuenta con un televisor, una lavadora y abanicos. El 11 de abril de 2024, el juez quinto municipal de pequeñas causas laborales de Barranquilla ordenó el arresto de los representantes legales de Air-e por desacato a una acción de tutela, y ordenó la reconexión del servicio de energía en el barrio Las Nieves, tras 40 días de suspensión, al haberse desconocido el recurso de revisión de las facturas no pagadas ante la SSPD.

El 26 de julio, la comunidad del barrio Los Olivos en Barranquilla quedó sin energía debido a la falla de un transformador. La empresa Air-e informó que no podían reemplazar el equipo porque no les pertenecía y que no podían "responder por la infraestructura". Aclararon que estarían dispuestos a instalarlo, pero la compra y gestión del transformador debían ser asumidas por la comunidad. Así fue como los vecinos del barrio, de estrato 1, hicieron una colecta para cubrir el costo. Esto ocurrió a pesar de que, el 20 de diciembre de 2021, el entonces alcalde de Barranquilla, junto con el gerente de Air-e, anunciaron una inversión de 9.192 millones de pesos a través del PRONE, para la normalización del servicio de energía. Esta inversión, que contaba con apoyo del gobierno nacional, estaba destinada a beneficiar a 3.135 habitantes del barrio mediante la instalación de 67 transformadores, 216 postes de baja y media tensión, y más de 15 kilómetros de redes eléctricas.  

Estos abusos no fueron hechos aislados, sino parte de una política empresarial de aprovechamiento de los contribuyentes en la Costa y en toda Colombia. En 2012, cuando la extinta Electricaribe comenzó a causar problemas en la Región Caribe debido a fallas en el servicio, constantes racionamientos y la falta de mantenimiento de las redes, el deterioro del sistema ya mostraba sus primeros estragos. Ante esta situación, el Estado emprendió una serie de acciones para mitigar la crisis energética en la costa, mientras la empresa ya anunciaba problemas financieros para sostener la prestación del servicio.

El deterioro de las redes, la falta de cobertura y modernización hacia los municipios, y las conexiones irregulares en los barrios más pobres se agudizaron. En respuesta, el gobierno asignó a la empresa recursos significativos bajo la Ley 789 de 2002, creando el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER), entregando a Electricaribe más de 99 mil millones de pesos para beneficiar a 87 mil familias. Además, se creó el Fondo de Apoyo Financiero para las Zonas no Interconectadas (FAZNI) a partir de la Ley 633 de 2000. Para la normalización del servicio y la recuperación de pérdidas, se estableció el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE), a partir de la Ley 812 de 2003. El Ministerio de Minas autorizó entonces el giro de 346.942 millones de pesos para beneficiar a más de 100 mil usuarios, cubriendo la nación el 79% de los recursos para la expansión del servicio.

Hacia el año 2016, y a pesar de todas las ayudas recibidas, Electricaribe anunció su grave situación de flujo de caja debido al aumento en las pérdidas de energía no técnicas. A pesar de que se inició un proceso de intervención que resultó en más inyecciones de recursos por parte de la nación para garantizar el servicio en la costa, el cual finalizaría con la entrada de Air-e y Afinia, Electricaribe consumó dos golpes: el desvío de 12,543 millones de pesos provenientes del Ministerio de Minas para los programas mencionados, y la apropiación irregular de 216.894 millones de pesos en subsidios que no fueron aplicados a las facturas de los usuarios, según hallazgos de la Contraloría General de la República.

Además, Electricaribe implementó la figura del Consumo Distribuido Comunitario (CDC) de manera arbitraria para cargar a los usuarios las pérdidas no técnicas en las facturas de energía, desviando cerca de 187.000 millones de pesos del Fondo de Energía Social (FOES), destinados a subsidiar a usuarios en zonas de riesgo. Esta práctica ilegal fue continuada por Air-e y Afinia hasta que la Contraloría intervino y detuvo estos cobros. 

En diciembre de 2021, gracias a una demanda presentada por los abogados Roberto Tapia y Luis Manuel Vargas contra Electricaribe, el Consejo de Estado condenó a la empresa y ordenó a Air-e, que asumió los pasivos de Electricaribe, devolver a cada usuario en el municipio de Soledad, Atlántico, los más de 572.000 millones de pesos desviados del FOES. Además, Air-e fue condenada a pagar una indemnización de 868.465.906 pesos por daños materiales.

Dado que esta práctica ilegal continuó con Air-e entre octubre de 2020 y abril de 2021, y con Afinia entre octubre y noviembre de 2020, se radicaron demandas en toda la Costa Caribe. Se probó que, según la resolución 00026 del Ministerio de Minas y Energía, Afinia y Air-e no aplicaron correctamente el subsidio FOES a más de un millón de usuarios, desviando los recursos al CDC. La Contraloría General ordenó la devolución de 17.561 millones por parte de Air-e y 11.843,8 millones por parte de Afinia, revelando que ambos consorcios cobraron dos veces las pérdidas técnicas y no técnicas a los usuarios de la región.

Desde la entrada en operación de estas empresas, el Gobierno Nacional ha inyectado recursos para mitigar la crisis dejada por Electricaribe y garantizar el suministro de energía a los hogares costeños: la sobretasa a la energía de los estratos 4, 5 y 6, planes de inversión y recuperación de pérdidas, y un crédito interno del fondo empresarial para la contratación de operaciones pasivas, amparado en las disposiciones del PND de Iván Duque (2019-2022). Siendo así, ¿por qué la proyección del factor de pérdidas ha aumentado en lugar de disminuir?

Estos abusos legales por parte de los consorcios eléctricos no se corresponden con las acciones judiciales en las instancias correspondientes. Aquí es evidente cómo el lobby político y empresarial ha influido en la indiferencia de las autoridades judiciales. Contrasta que el Consejo de Estado actúe con extrema celeridad para invalidar el nombramiento de los comisionados de la CREG por parte del ejecutivo nacional, o para modificar la fórmula tarifaria propuesta por el presidente Gustavo Petro, mientras múltiples demandas contra las comercializadoras privadas de energía permanecen sin resolución.

Un ejemplo de esto es la demanda interpuesta el 22 de julio de 2023 por el concejal de Barranquilla, Antonio Bohórquez Collazos, que busca la nulidad de la expresión "el cual será trasladado a todos los usuarios regulados y no regulados conectados al respectivo mercado", contenida en el literal d) del artículo 2.2.3.2.5.1 del Decreto 1073 de 2015. Esta demanda señala que dichas normas violan disposiciones constitucionales y han generado un aumento desproporcionado en el costo del kilovatio/hora en la Región Caribe, afectando el costo de vida, disminuyendo el poder adquisitivo de las familias, y frenando el crecimiento económico, lo que ha conducido a un empobrecimiento indeseado. Esto ha provocado expresiones de descontento y protestas sociales, que luego han sido reprimidas por el ESMAD, como ha sucedido tras el reciente desastre natural, sin que hasta el momento haya una solución clara a la vista, dejando en evidencia la respuesta inoperante de la comercializadora ante un evento de tal magnitud.

¿Habrá luz al final del túnel?

La suspensión del cobro de la opción tarifaria que AIR-e había impuesto unilateralmente a 1 año, alivia, pero deja viva la deuda para el futuro. Su cobro se reinicia cuando el gobierno nacional le pague a la empresa intervenida su deuda, pero son conocidas las dificultades de caja de un ejecutivo que ni siquiera tiene aprobado el monto del PGN de 2025, y nada impide que las generadoras sigan cobrando el kw/hora a precio de usura para una empresa intervenida de gigantescos pasivos. 

El gobierno, a través del Superintedente de Servicios Públicos Domiciliarios Dagoberto Quiroga, propone asumir la deuda de COT como deuda pública para blindarla con la regla fiscal y mejorar la calificación de riesgo de la empresa privada intervenida, sin conocer por el momento el sentido del agente interventor en el futuro de esta empresa. Hablaríamos de un aumento significativo en el rubro de deuda que se proyecta en más de 112 billones para el año entrante que pagarían todos los contribuyentes del país. Más que una solidaridad con los usuarios de la costa, es una solidaridad con el consorcio privado de Ríos Velilla. 

Los gobernadores de la región han propuesto crear una empresa pública de distribución y comercialización de energía, demostrando la ineficiencia del “libre mercado” y el capital privado para garantizar un servicio público esencial. El presidente Gustavo Petro en reciente trino manifestó que buscará el “camino de modificar los precios de compra de la generación eléctrica para AIR-e y terminará la cláusula contractual que traslada las pérdidas por falta de pago a los usuarios que pagan”, al tiempo que seguirá impulsando programas de techos, barrios y municipios de paneles solares. Efectivamente, ante una problemática estructural como la que afronta el sector eléctrico, se requiere una salida integral, lo que implicaría por lo menos las modificaciones de las citadas leyes 142 de Servicios Públicos y 143 de Energía eléctrica. Enfrentándose para ello a un congreso que ha demostrado su bajo compromiso con los usuarios de la región caribe y donde la bancada de gobierno es minoritaria. 

Ante todo lo anterior, pareciera que el destino de los usuarios en la Costa Caribe, será permanecer en alta tensión, pero sin tener como pagar la luz.