Investigación

SUBRAYA

Un año después de instaurado el régimen de excepción en el país centroamericano, los organismos internacionales siguen registrando violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Nayid Bukele ha capturado a 65.000 personas, de las cuales, el 50% son jóvenes que provienen de familias humildes que viven en barrios populares. Este es un análisis del oscuro momento que vive El Salvador tras 30 años de un acuerdo de paz que se modificó luego de firmado.

Por Edinson Arley Bolaños

El próximo 27 de marzo el régimen de Nayid Bukele completará un año dictando órdenes en contra de los derechos humanos de miles de salvadoreños. Un año del régimen de excepción desde que la Asamblea Legislativa suspendió derechos fundamentales en respuesta a un supuesto incremento de la violencia de las pandillas. Desde entonces, 65.000 personas han sido detenidas, entre ellas, más de 1.600 menores, la mayoría acusados de pertenecer a las pandillas catalogadas como organizaciones terroristas. Estas cifras corresponden al trabajo de campo de la organización Human Rights Watch, la cual ha denunciado permanentemente las violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.

NingunSalvador1

El presidente Bukele ha sido duramente cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues el sistema de pesos y contrapesos de la democracia está debilitado, tanto así, que el ejecutivo controla parte del sistema judicial. Por esa misma razón, el presidente salvadoreño ha logrado torcerle el cuello a la Constitución y calificar a las maras como organizaciones terroristas y no como lo que son: delincuencia común. Esa maniobra le ha dado patente de corso para mantener vigente el régimen de excepción y suspender derechos y garantías para los civiles. “La suspensión de derechos y garantías constituye una disposición para circunstancias extraordinarias y no un medio para enfrentar el crimen común”, le llamó la atención la CIDH al presidente Bukele.

A pesar de ello, el régimen de excepción cumple un año y las detenciones masivas y arbitrarias, y el incumplimiento de las garantías judiciales, siguen siendo el pan de cada día en El Salvador. "Hemos documentando en terreno que durante el régimen de excepción las autoridades han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias de personas que nada tienen que ver con las pandillas, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y violaciones masivas del debido proceso", dijo Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, en entrevista con RAYA.

Un sistema judicial cooptado

Otro de los lunares que tiene el régimen de Nayid Bukele es el control del sistema judicial. Los datos que la sociedad civil entregó a la CIDH indican que al menos 18.215 personas fueron imputadas por delitos en 93 audiencias colectivas. En estas audiencias masivas, dice el documento, a unas 552 personas imputadas les decretaron prisión preventiva de manera automática, sin que hubiese existido un examen de un juez de manera individual y respetando la presunción de inocencia. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, entre tanto, mostró preocupación por las detenciones arbitrarias y colectivas contra cientos de jóvenes.

La documentación que reposa en el organismo internacional también contiene las denuncias sobre detenciones arbitrarias en las que lo único que existe como prueba es “una llamada anónima o percepciones sobre la pertenencia a grupos criminales en razón de su apariencia o lugar de residencia”. Es más, denunció la CIDH, los magistrados que conducen las audiencias masivas son personas no identificadas y los detenidos tienen restricciones al derecho a la defensa (no tienen acceso a un abogado) y no tienen la oportunidad de intervenir en las audiencias.

NingunSalvador3

Cárceles de la muerte o campos de concentración

De las 65.000 personas capturadas durante un año de régimen de excepción el 50% son jóvenes entre los 18 y 30 años. La mayoría, según Human Rights Watch, provenientes de sectores humildes que viven en los barrios populares de El Salvador. Detenidos en cárceles donde están presos otras 35.000 personas, para un total de 100.000, a pesar de que la capacidad penitenciaria es de 70.000 personas (incluyendo la nueva cárcel para 40.000 detenidos, que hoy tendría 4.000). Según la ONG salvadoreña Cristosal, 123 personas han muerto en prisión en el último año.

Datos del Instituto de Medicina Legal advierten que al menos 73 personas detenidas han muerto durante el régimen de excepción. Igualmente, la CIDH llamó la atención sobre la existencia de centenares de denuncias por tortura y malos tratos en los centros de reclusión bajo custodia del Estado.

La situación es más dramática de lo que se conoce en el exterior. Las organizaciones de la sociedad civil, amedrentadas y amordazadas por el súper poder presidencial, siguen denunciando ante el sistema de Naciones Unidas, el hacinamiento y las malas condiciones para los detenidos, destacando la falta de acceso a servicios de salud, la alimentación inadecuada, el encierro permanente en las celdas y la falta de comunicación con los familiares. Incluso, en uno de los documentos entregados a la CIDH, relataron las graves restricciones sanitarias. Por ejemplo, casos en los que las personas recluidas deben hacer sus necesidades fisiológicas en cubetas dentro de las celdas hasta que estén llenas. “Ello, se agravaría ante la ausencia de un trato diferenciado adecuado a las características propias de las personas privadas de libertad”, dijo el organismo internacional.

Aniquilar a la oposición

Dos expresidentes salvadoreños, ambos del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tienen expedientes en su país por supuestos hechos de corrupción durante sus gobiernos; al mismo tiempo, Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes Cartagena han denunciado persecución política y judicial y se han exiliado en Nicaragua. Sus familiares también han corrido la misma suerte. El presidente Bukele ha reiterado que está cumpliendo su promesa de campaña de enviar a la cárcel a sus contradictores en caso de que resultara elegido primer mandatario de El Salvador. En 2021 un juez emitió orden de captura internacional preventiva contra diez exfuncionarios del Gobierno Cerén, quien encabeza esa lista.

El 10 de marzo pasado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llegó otro informe de la organización American Association of Jurists, con el fin de denunciar las violaciones a los derechos políticos y civiles que está ejerciendo el gobierno de Bukele contra la oposición política y líderes sociales. Algunas de las denuncias mencionan persecución judicial arbitraria de líderes de la oposición política y sus familias, su encarcelamiento y exilio. Ataques a la propiedad y la posesión, mediante la incautación arbitraria del patrimonio familiar de opositores. Campañas de odio y descrédito contra personas opositoras al régimen, por parte del propio presidente de la República y funcionarios de su gobierno. Igualmente, denunciaron violaciones a la libertad de tránsito, por acciones de la fuerza pública que impiden la participación ciudadana en la protesta pacífica. Incluso, denunciaron al presidente por sus ataques continuos a la libertad de expresión, con acciones de persecución y espionaje contra periodistas que investigan u opinan críticamente.

El origen, un acuerdo de paz incumplido

NingunSalvador2

Esta semana se cumplieron 30 años de promulgada la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, cuya norma tenía como fin conceder una amnistía amplia, absoluta e incondicional a todas las personas que cometieron delitos políticos, comunes y conexos antes del 1 de enero de 1992, en el marco de la guerra civil que se desarrolló entre 1980 y 1992. Una Ley que fue modificada por los partidos de derecha un año después de firmado el acuerdo de paz de Chapultepec y aprobada en el congreso salvadoreño. Parte de esas modificaciones acarrearon, sin duda, que la impunidad fuera absoluta y se prologara durante 23 años.

Es decir, un año después de que terminó la guerra se incumplió el acuerdo que pretendía superar la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos cometidos tanto por los militares de la Fuerza Armada del Salvador (FAES) como por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Según Benjamín Cuéllar Martínez, miembro fundador de Víctimas Demandantes (VIDAS), el FMLN no tuvo la fuerza en el legislativo para exigir cumplimiento del acuerdo de Chapultepec. Y aunque la contraparte si la tenía, por el contrario, guardó silencio. “El FMLN no tenía todavía representación como partido político en la Asamblea legislativa, pero siendo la contraparte en el proceso de negociación y acuerdos para terminar la guerra tenía más poder que el que podría haber tenido estando en el Parlamento. Sin embargo, no hizo nada para revertir esa amnistía que se mantuvo vigente durante más de 23 años, hasta que lograrmos su inconstitucionalidad, pero van siete años de eso y no se cumple la sentencia, no hay una ley de justicia transicional. Ese es el primer hecho que jodió a El Salvador: en lugar de superar la impunidad lo que hicieron fue fortalecerla. Por eso, Bukele hoy hace lo que hace con toda la impunidad”.

Para Cuellar, otro de los puntos que jodió a El Salvador fue el incumplimiento de los militares. Se había acordado que ya no se encargarían de la seguridad pública, es decir, los cuerpos de seguridad se desmilitarizaban para garantizar que fuesen los civiles los administradores de justicia. “Sin embargo, el 16 de julio de 1993, exactamente año y medio después de la firma del acuerdo de Chapultepec, salió el primer patrullaje conjunto de una Fuerza Armada, que no fue realmente depurada como se había acordado, con una Policía Nacional Civil que todavía no estaba desplegada en todo el territorio. Entonces, ganaron la partida de nuevo los militares frente a la posibilidad de tener una inteligencia y una investigación policial capaz de resolver delitos”.

De hecho, en medio de la presión internacional que está empezando a tener el gobierno de Bukele, el Comité contra la Tortura, cuestionó la falta de investigación de las violaciones graves de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado (1980– 1992). Igualmente, advirtió que los recursos asignados a la Unidad Especial de la fiscalía general para la investigación de los crímenes cometidos durante esa época, son insuficientes. Además, dijo que la impunidad se ha prologado casi tres décadas después tras el fin de la guerra, pues aún no ha enjuiciado a los responsables de casos relacionados con crímenes de guerra, de lesa humanidad, específicamente sobre tortura y desaparición forzada.

Aporta en nuestra Vaki y ayudanos a seguir haciendo periodismo independiente, crítico y de calidad.

logo vaki footer

Relacionados
Investigación
Rionegro: el sistema de transporte no existe, pero Andrés Julián Rendón se gastó más de $36.000 millones
Rionegro: el sistema de transporte no existe, pero Andrés Julián Rendón se gastó más de $36.000 millones
El Sistema Operativo de Movilidad del Oriente Sostenible (SOMOS) se creó durante la alcaldía del hoy gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como una empresa para articular el transporte en el Oriente antioqueño. Ocho años después y $36.000 millones gastados, SOMOS sigue sin cumplir con la construcción de una terminal, la puesta en marcha de un sistema integrado de transporte y el proyecto de un tren ligero. Contraloría y Fiscalía investigan. Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Leer mas ...
Universidad Nacional: entre la “rosca” y salarios de $68 millones
Universidad Nacional: entre la “rosca” y salarios de $68 millones
Mientras el paro indefinido en la Nacional se agudiza, RAYA conoció documentos y denuncias sobre salarios de docentes de hasta 68 millones de pesos, bonificaciones adicionales y viáticos concentrados en pocos profesores, algunos de los cuales fueron decisivos en la cuestionada elección de Ismael Peña como rector. Ellos pertenecen a las facultades que, desde hace décadas, mantienen el poder de la principal universidad pública del país. Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Leer mas ...
Los elefantes blancos que podrían llevar a la cárcel al Gobernador de Antioquia
Los elefantes blancos que podrían llevar a la cárcel al Gobernador de Antioquia
RAYA revela el expediente contra Andrés Julián Rendón, que reposa en la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema, el cual tiene las pruebas que demuestran que el entonces alcalde de Rionegro direccionó dos contratos para construir unas subestaciones de Policía sin el aval de esa institución y las cuales hoy están abandonadas. En octubre pasado estuvo a punto de ser imputado por una fiscal de Medellín, pero 15 días antes de las elecciones su abogado hizo una jugada. Hoy, las carpetas...
Leer mas ...
El paseo de la muerte de la reforma a la salud
El paseo de la muerte de la reforma a la salud
La reforma a la salud del Gobierno no logró salvarse en el legislativo y el sistema sigue en cuidados intensivos. El lobby de las EPS en el Congreso y sus financiaciones a partidos políticos son la punta del iceberg de un modelo que tiene fallas estructurales desde hace décadas y que tiene como centro el negocio por encima de la salud como derecho fundamental. Por: Fabiola León Posada
Leer mas ...
La fortuna del condenado exalcalde de Bello y su círculo uribista
La fortuna del condenado exalcalde de Bello y su círculo uribista
En los últimos cuatro años el condenado exalcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez, su esposa, su hijo y uno de sus mejores amigos, adquirieron cuatro apartamentos, una finca y una lujosa mansión en Rionegro (Antioquia). En paralelo, se ejecutaron los contratos, pero no se terminaron las obras que el exalcalde corrupto otorgó a dedo. El círculo íntimo de Pérez impulsó la campaña del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y ahora Pérez está en una cárcel administrada por la...
Leer mas ...
Elección de rector en la Universidad Nacional: lo antidemocrático se disfrazó de técnica
Elección de rector en la Universidad Nacional: lo antidemocrático se disfrazó de técnica
RAYA revela detalles inéditos de la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia y cómo se habría fraguado un plan para sacar de la contienda al favorito. A pesar de que la consulta de la comunidad universitaria la ganó el profesor Leopoldo Múnera, un método de ponderación cuestionado y un cambio de postura en la votación de la representante estudiantil y de profesores impuso la continuidad de la actual rectora Dolly Montoya. Por: Redacción Revista RAYA
Leer mas ...
El exalcalde de Bello en la cárcel y su heredera uribista en el poder con las obras inconclusas 
El exalcalde de Bello en la cárcel y su heredera uribista en el poder con las obras inconclusas 
Óscar Andrés Pérez, el exalcalde del Centro Democrático en Bello que logró posesionarse con brazalete de privado de libertad, hoy preso y condenado por corrupción, dejó como heredera a una subalterna que protege sus obras sin terminar. Fuentes de la zona y una denuncia ante la Presidencia de la República señalan que Pérez sigue manejando la alcaldía desde la cárcel. Varios de sus exfuncionarios fueron nombrados en altos cargos por Andrés Julián Rendón, el nuevo gobernador de Antioquia. Por:...
Leer mas ...
Candidato a vicefiscal general pidió la absolución del principal abogado de narcos en el Valle
Candidato a vicefiscal general pidió la absolución del principal abogado de narcos en el Valle
Gilberto Javier Guerrero le confirmó a la revista RAYA que su nombre está siendo evaluado por la Fiscal General Luz Adriana Camargo para ocupar el cargo de Vicefiscal. Guerrero es un fiscal del Tribunal de Cali que en 2015 pidió la absolución de Raimundo Tello, el jefe jurídico del condenado exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y reconocido abogado del parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra. Se afirma que Guerrero es cercano a la fiscal Martha Mancera y a los señalados...
Leer mas ...
Mancera reestructuró la Fiscalía antes de que la Corte Suprema elija nueva Fiscal General
Mancera reestructuró la Fiscalía antes de que la Corte Suprema elija nueva Fiscal General
La revista RAYA y la Fundación Pares tuvieron acceso a nueve resoluciones que expidió un mismo día y en tiempo récord la fiscal general encargada, Martha Janeth Mancera. Las mismas reforman el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), le entrega un poder sin precedentes a la vicefiscalía y se lo arrebata a la nueva Fiscal General en propiedad que elegiría la Corte Suprema este martes. ¿Qué hay detrás? Por: Unidad Investigativa Revista RAYA con apoyo de la Fundación Paz y Reconciliación
Leer mas ...
Los negocios y propiedades de las parejas de “Pacho Malo”
Los negocios y propiedades de las parejas de “Pacho Malo”
Durante la audiencia de imputación contra el antiguo coordinador del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, alias “Pacho Malo”, acusado de favorecer a la banda de contrabando de alias “Pitufo”, la Fiscal del caso llamó la atención sobre los ingresos y el nivel económico de “Pacho Malo”, que incluyen varios negocios familiares en cabeza de sus esposas y cuñadas. Aunque la Fiscalía no ha establecido plenamente cuáles son esos negocios, RAYA revela la identidad de ambas mujeres,...
Leer mas ...
Los intentos de asesinato en la cárcel al paramilitar testigo estrella contra los Name
Los intentos de asesinato en la cárcel al paramilitar testigo estrella contra los Name
RAYA revela el audio de la declaración que le entregó a la Corte Suprema, en octubre pasado, Juan Manuel Borré, alias “Pistón”, quien contó cómo después de entregar su declaración a la Fiscalía en 2014 sufrió dos atentados y fue asesinado su hijo menor. El pistolero de Salvatore Mancuso se ratificó en su complicidad con los senadores Iván y José David Name para cometer asesinatos y comprar votos en la Costa. Por: Julián F. Martínez
Leer mas ...
La oscura fiscal que favorece a la matrona Cielo Gnecco
La oscura fiscal que favorece a la matrona Cielo Gnecco
Nancy Martínez Iglesias en enero de 2023 salió del anonimato tras ordenar archivar una investigación por secuestro y homicidio contra Cielo Gnecco. Diez meses después, reversó la decisión de otro fiscal que ordenó capturar a la llamada matrona del Cesar. RAYA revela otra investigación por secuestro que la misma fiscal precluyó y que rodea al círculo político del clan Gnecco. Por estos hechos, la familia Kammerer Teherán se fue al exilio tras un atentado y recibir amenazas el año pasado. Por:...
Leer mas ...
La ganadería que mata ecosistemas y lava dinero del narco: el caso de alias “Toto Ariza”
La ganadería que mata ecosistemas y lava dinero del narco: el caso de alias “Toto Ariza”
Por medio de la falsificación de placas de vehículos y los documentos de inspección sanitaria, empresas ganaderas como Agropecuaria El Búfalo de alias “Toto Ariza”, socio de alias “Ñeñe Hernández”, se legalizaron miles de millones de pesos fingiendo exportar ganado vivo y carne en canal, mientras que los ecosistemas, como los humedales, se ven afectados. Una práctica que en realidad se hace para justificar el incremento patrimonial. A pesar de que la Fiscalía tiene información de las movidas...
Leer mas ...
“Los buzos de la cocaína”, lo que la fiscal Marta Mancera quiere ocultar sobre “Pacho Malo”
“Los buzos de la cocaína”, lo que la fiscal Marta Mancera quiere ocultar sobre “Pacho Malo”
RAYA revela la identidad de otros dos funcionarios del CTI de Buenaventura, los cuales están señalados de ser socios de alias “Pacho Malo” en la contaminación de buques, a través de buzos, en el puerto de Buenaventura. A pesar de que la Fiscalía conoce estos detalles, la fiscal Marta Mancera aseguró que sólo lo capturaron por delitos de contrabando de textiles. RAYA revela fotografías en las que alias “Wito”, señalado narco, y alias “Pacho Malo” están relacionados desde el 2010. Por: Unidad...
Leer mas ...

¡Tú también párate en la RAYA!
Aporta en nuestra Vaki y ayúdanos a seguir haciendo periodismo independiente, crítico y de calidad.

logo vaki footer