Las dificultades de la política de Paz Total, como la falta de caracterización del conflicto, la fragmentación de las mesas de negociación, la escasa implementación del Acuerdo de 2016 y la persistencia de viejas políticas de guerra, evidencian falencias en el diseño y puesta en marcha de una política pública clave para el presidente Petro. El presente análisis profundiza en las principales dificultades centrándose en las que son responsabilidad del actual gobierno.
Por: Redacción RAYA Paz
En medio del polémico consejo ministerial televisado, que se presentó como un ejercicio de transparencia gubernamental pero derivó en tensiones internas por los recientes nombramientos de Armando Benedetti como jefe de Despacho Presidencial y Laura Sarabia como ministra de Relaciones Exteriores, un aspecto fundamental ha quedado relegado: la Paz Total.
Esta omisión se vuelve aún más significativa si se considera que el gabinete, que no contó con la participación de los responsables directos en el tema de paz, estaba reunido para abordar los decretos sustentados en el estado de conmoción interior, declarado por el ejecutivo para hacer frente a la crisis humanitaria en el Catatumbo. El hecho de que esta política bandera haya pasado desapercibida en medio de una discusión tan crucial refuerza las dudas sobre su viabilidad, especialmente cuando opositores e incluso aliados del gobierno han expresado abiertamente su escepticismo y han señalado el aparente fracaso de esta ambiciosa apuesta por la reconciliación nacional.
Más allá de la reducción de cifras respecto a pérdidas innecesarias de vida de colombianos, producto directo de los ceses al fuego impulsados e implementados por el gobierno y desafortunadamente desatendidos por casi la totalidad de los actores armados, es una verdad de Perogrullo la ausencia de resultados concretos de la Paz Total y la intensificación de las confrontaciones armadas en múltiples áreas del territorio nacional.
Es igualmente obvio que, para quienes identificaron el desarme de grupos armados como indicador de medición de dicha política de paz, el tiempo restante de este gobierno no alcanza para consumar la desmovilización deseada, salvo de pequeñas organizaciones que hagan sometimiento a la justicia, la cual tampoco hoy tiene un marco legal definido. No obstante, dadas las crisis de orden público y humanitarias, predominan hoy lecturas simplificadas que homologan las dificultades de la construcción de la paz con la necesidad de imponer como solución al conflicto la salida militarista, aplicada históricamente y siempre fracasada, con un altísimo costo social y humanitario. Desde sectores de derecha se plantea que la agudización de la violencia que hoy se percibe es consecuencia directa de la apertura de los múltiples diálogos en curso, aunque los hechos podrían contradecir dicha afirmación.
Ahora es preciso preguntarse, y sobre todo que la sociedad responda: ¿El fracaso de la política de la denominada Paz Total de Petro equivale a la derrota o cancelación de todo esfuerzo de paz y de la salida política a la guerra? ¿Qué fue lo equivocado en la Paz Total? ¿Cuáles son las perspectivas en el tiempo restante del actual Gobierno? ¿Qué responsabilidades caen sobre el ejecutivo y cuáles superan su marco de acción?
Para aproximarnos al contexto actual, enunciamos que existen realidades objetivas que superan el margen de maniobra gubernamental -y muy particularmente de la administración de Petro- pero también causas subjetivas que pasan por las decisiones políticas del ejecutivo. En el primer rango, realidad objetiva, podemos encontrar la reconfiguración del conflicto armado tras el desarme de las FARC, la ausencia de consenso desde el bloque hegemónico, entre las élites, respecto al tratamiento de esta nueva fase de la guerra y la capacidad limitada del presente gobierno para intervenir en la política de Estado sobre seguridad y defensa -incluida su arista judicial- que, además, sigue anclada a encuadres geopolíticos, por ejemplo en relación a la política de drogas o alineaciones en bloques internacionales.
En el segundo caso, las causas subjetivas, se aprecia la ambigüedad del gobierno en la caracterización, teórica y política, de la violencia actual y sus actores, así como la consecuente falta de construcción de los instrumentos jurídicos correspondientes a dicha caracterización. La política de fragmentación de actores existentes (ver los casos de divisiones propiciadas por el gobierno en el ELN, EMC y Segunda Marquetalia) y de la confrontación misma ha resultado contraproducente, pues no solo busca balcanizar el conflicto, y su eventual solución, sino la propia realidad.
Se suma a estos elementos, el clásico mito de los militantes del M-19, de que con su desmovilización se cerró el carácter político de las insurgencias y que extinguieron las causas estructurales del conflicto tras la promulgación de la constitución de 1991.
Del mismo modo, hay múltiples realidades que han terminado de afectar la Paz Total, y que han sido determinantes en la sin salida actual, que van desde graves prácticas violatorias del DIH por parte de los actores armados hasta tensiones geopolíticas de orden subregional y hemisférico, que exceden el control del ejecutivo.
Para este análisis, profundizaremos en cinco factores que, desde el propio gobierno nacional, han dificultado la implementación de su política de Paz Total, dejando para una próxima entrega otros elementos que escapan a su control, así como otros actores, que merecen su propio estudio a profundidad.
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Sin caracterización ni marcos claros sobre la guerra, no hay ruta para la paz
Tras el agotamiento en el bloque hegemónico de la alternativa autoritaria, con todos sus componentes militaristas, de orden legal e ilegal, que encarnó el mandato de Álvaro Uribe Vélez, y el fracaso de esta en su apuesta del “fin del fin” de la confrontación armada mediante una victoria militar, se abrió un espinoso camino hacia la solución política del conflicto.
De las tensiones generadas dentro del establecimiento político colombiano y su bloque de poder tras optar, una parte de él por la ruta del diálogo, aún persisten hoy importantes cicatrices políticas. Sin embargo, la firma del Teatro Colón, de noviembre de 2016 y el temprano incumplimiento de lo acordado, no implicaron, efectivamente, el fin del conflicto armado, pero sí una sustancial transformación de éste, sin que hubiese tiempo para que se cohesionaran consensos para su compresión y una política estatal a seguir.
También es cierto que han habido cambios significativos en la confrontación armada con importantes matices territoriales e irrupción de dinámicas cambiantes relacionadas con las economías ilícitas o conflictividades geopolíticas. A pesar de estos cambios siguen vigentes, en el corazón del conflicto armado, factores históricos relacionados con la cuestión agraria y la falta de garantías democráticas, especialmente en las zonas de mayor agudización de la guerra en el último período. La “teoría de la codicia”, que enuncia permanentemente el presidente Petro, resulta insuficiente para la comprensión de estos fenómenos sociales.
A la heredada división frente a la política de paz y guerra, entre santismo y uribismo, pura sangre, se le agregó la incursión de la caleidoscópica (o sancochuda, en palabras del presidente) coalición del Pacto Histórico, en la que algunos sectores abogaban por la continuación de las negociaciones de paz con otros actores del conflicto armado. Las comunidades y movimientos sociales, que paradójicamente sufrieron un recrudecimiento de la guerra después de la paz de Santos, eran los principales impulsores de esta iniciativa. Sin embargo , ni dentro del ejecutivo, ni mucho menos en el conjunto del Estado -por no hablar del bloque de poder- existía acuerdo alguno sobre la fase actual de la guerra ni sobre su tratamiento. La matriz hegemónica, por simplista, era la identificación del narcotráfico como fuente o razón de ser de todo tipo de violencia en el país, tal como lo aseveró el pasado mandato del Centro Democrático.
En su mayoría, la coalición de gobierno -con el componente santista incluido- consideraba válida una negociación política con la histórica guerrilla del ELN, pero dentro de marcos aún más estrechos que los del Acuerdo de Paz de 2016. Esta incomprensión de las dinámicas políticas, organizativas y territoriales de este grupo rebelde, sumado a una ingenua presunción de afinidad política con el nuevo gobierno, proclamado de izquierda, sumado a la falta de unidad entre los funcionarios gubernamentales a cargo de los diálogos y la errónea creencia de que cualquier plan del nuevo ejecutivo contenía o satisfacía las demandas de la insurgencia, contribuyeron a la actual crisis del proceso de paz. Así, el consenso sobre la Paz Total se trasladó a un terreno de confrontación política sobre la naturaleza y los objetivos del ELN.
Para el santismo, es claro que sí se reconocía que el promulgado fin del conflicto social y político no se había efectuado, quedaba bajo sospecha la legitimidad del Premio Nobel y del relato de su legado histórico. Aunque admitían las negociaciones con el ELN, las consideraban como un rezago de su gobierno que debía concluir tras la interrupción de la administración de Duque. Por otro lado, a los denominados grupos “post-FARC”, mencionados indistintamente como “disidencias”, no se les validaba carácter político, lo que implicaba reconocer yerros en el proceso de paz con esta guerrilla. A la par, los incumplimientos de lo firmado en La Habana, cuya responsabilidad quedaba endilgada exclusivamente a la presidencia del Centro Democrático eran relegados a meros elementos contextuales resolubles con una tardía e incompleta implementación. En clara herencia del uribismo, el santismo también negaba la funcionalidad paramilitar a los grupos post-AUC, reiterando la difundida versión jurídica del “multicrimen” que no participaba del conflicto armado. La difusa figura de GAO -creada por el Mindefensa de Santos- terminó siendo la vigente para abordar desde el ELN hasta a pequeñas bandas de pintorescos nombres en Quibdó.
Ni jurídica ni políticamente son equivalentes los instrumentos para desactivar una confrontación con maras, una guerra civil, conflictos territoriales, proxy wars, vendettas de narcotraficantes o todas las anteriores. El eufemismo del actual gobierno fue hablar de “las violencias” en plural, sin definirlas, aunque era claro que se refería a violencia política y no a todas las formas de violencia, como las agresiones individuales, familiares o delitos comunes.
El Gobierno de Petro buscó acabar en pocos meses con un conflicto que para el momento no podía definir y con actores que no podía caracterizar. La división mecánica, incluso caprichosa, entre diálogos sociojurídicos y sociopolíticos, con un ambiguo e inutil “politicómetro”, no ayudó en dar claridades y hoy el Estado colombiano tiene alrededor de una decena de mesas abiertas sin que se sepa su soporte jurídico, que por demás, viene siendo recortado con sucesivos fallos de las altas cortes 1, cuando no por embates directos del poder judicial, como el ocurrido la semana anterior con la “aprehensión” con fines de extradición de un negociador, en el Hotel Marriot de Bogotá, en medio del ciclo de negociación. El caso más llamativo es el de los paramilitares ex AUC que son gestores de paz, pero sin mesa ni negociaciones conocidas, representando a una organización que se declara extinta. Ante esta ambigüedad, algunos han empezado a renunciar a este estatus otorgado por el gobierno, como lo hizo Ever Veloza, alias H.H. Esta misma figura, incomprensible para algunos, incluso se otorgó también a los jóvenes, aún prisioneros, del estallido social, sin que ello les trajera beneficio alguno para su situación, aunque hoy, dicha condición, sea solicitada por personajes tan diversos como ‘Epa Colombia’ o Gilberto Rodriguez Orejuela.
Con el cambio de comisionado, de Danilo Rueda a Otty Patiño, se pronunció el énfasis en la llamada “visión territorial de la paz total”, entendida no como la obvia e histórica diferenciación espacial de la guerra acorde a las realidades regionales, sino como la inexistencia de conflicto, actores y soluciones de carácter nacional. Esta lectura balcanizada de la realidad, si bien se fundamenta en una profundización del tradicional desarrollo desigual de la guerra en nuestro país, terminó fragmentando aún más los marcos jurídicos, las mesas de diálogos y hasta - por acción del gobierno- a los actores armados, al tiempo que condenó la política bandera del presidente Petro, al laberinto propio del ordenamiento territorial, los obstáculos del centralismo efectivo del sistema presidencialista y las tensiones con la clase política regional, incluso, desconociendo además la internacionalización del conflicto armado en nuestro país desde tiempos del Plan Colombia. Se está combinando la negación de un conflicto nacional con la teoría de la multiplicidad de conflictos locales, sin que tampoco haya consensos en el bloque hegemónico -que es de carácter nacional- para la lectura y tratamiento de éstos, mientras empiezan a sacarse del sombrero relatos explicativos de la confrontación territorial en Colombia marcados por actores transfronterizos y conflictos geopolíticos o binacionales.
Si bien es entendible que una larga confrontación armada como la que sufre nuestro país tenga multiplicidad de causas, sin consensos mínimos en su comprensión, difícilmente se consolidará la paz total y mucho menos las transformaciones territoriales requeridas para ella, que requieren del concurso del conjunto de actores no solo del conflicto sino del poder real en Colombia.
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Las viejas políticas de seguridad y defensa son propias de la guerra y no de la Paz Total
La crítica de la derecha a la paz total es que toda política de diálogo favorece un crecimiento y expansión de los actores armados, sentencia que parte del mito contrafáctico de que una salida militar puede finalizar la guerra. Quienes alegan esto ocultan que: primero, la actual fase del conflicto armado colombiano -con la potenciación de actores tradicionales y la irrupción de nuevos- se gestó precisamente durante el gobierno Duque y su política de consolidación militar, marcada por la negativa a negociar la paz; y segundo, que en el gobierno del Pacto Histórico existe, pese a los matices, una continuidad estructural de la política estatal de seguridad y defensa, trazada desde los años del Plan Colombia. Incluso, hoy el Ministerio de Defensa está en cabeza de un militar (en retiro), circunstancia que no se presentaba desde la promulgación de la Constitución de 1991.
A inicios de este gobierno, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia presentó el Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho (2023-2026) para enmarcar su desarrollo durante este cuatrienio. Entre sus objetivos estratégicos está “debilitar las capacidades de las amenazas, incluyendo persecución a estructuras criminales identificadas como GAO y estructuras de crimen de alto impacto”, sin que se modifique el marco impuesto por la Ley 1908 del gobierno Santos y la Fiscalía de Martínez Neira, ni que haya ninguna consideración propia del delito político. En los denominados campos de impacto al final del período se encuentra que “las amenazas hayan sido caracterizadas, debilitadas y según sea el caso en proceso de negociación con el Gobierno Nacional” dándole continuidad a la práctica implementada bajo Santos donde se veían los diálogos de paz como desarrollo de una política de guerra. Se trata de la reedición de la llamada Doctrina Damasco, donde se ajusta la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, pero negando el componente político al enemigo interno 2.
En términos presupuestales, el gasto de defensa ha seguido creciendo durante el gobierno del Pacto Histórico. Petro recibió un sector defensa con un rubro de 50.5 billones en 2022 que se ha incrementado en un 20% y muy por encima de cualquier otro sector, ascendiendo para el 2025 a más de 61 billones con todo y crisis fiscal, sosteniéndose así el gasto militar formal por encima de 3.4 puntos del PIB. Si bien es cierto que la inflexibilidad de los gastos de funcionamiento -especialmente de personal- impiden una utilización óptima de los ingentes recursos asignados, dicha situación es heredada por la hipertrofia del pie de fuerza en el gobierno Uribe, que llegó a su tope bajo el primer gobierno Santos.
Pese a las dificultades fiscales de mediano y largo plazo, que implica este incremento de personal, para marzo de 2024 las FFMM que contaban con más de 206 mil integrantes, aprobaron el Plan 16 mil, de nuevas incorporaciones que se completaría este año. La Policía Nacional que en diciembre de 2023 ascendía a 166 mil agentes, con el llamado Plan 20 mil, logró en 2024 el récord histórico de ingresos a dicha entidad que sigue adscrita a Mindefensa. No hubo ningún freno a la expansión del pie de fuerza que había adquirido proporciones insanas en términos presupuestales y operacionales hace más de una década.
Pero la alarma por un supuesto debilitamiento de la Fuerza Pública bajo el gobierno Petro no es solo infundada desde su incremento presupuestal, mantenimiento desmedido de tropas o persistencia doctrinaria que se aprecia en el Plan Ayacucho, sino también por la continuidad de sus operaciones de consolidación territorial. El analista Kyle Johnson de la Fundación CORE afirmaba a propósito de la intervención cívico-militar en El Plateado el pasado semestre:
“suena como una estrategia contrainsurgente que se ha implementado en Colombia (con éxitos muy limitados), y en otros países, conocida como clear-hold-build. La idea es sacar al grupo armado de una zona, mantener el control y luego construir Estado. Esta política en Colombia ha sido conocida como consolidación territorial y empezó en la segunda administración de Álvaro Uribe. Incluso el Acuerdo de Paz de 2016 entre las FARC-EP y el Estado durante el gobierno de Juan Manuel Santos puede entenderse como un clear-hold-build, donde la primera parte se hizo a través de la negociación y la dejación de armas de las FARC. Durante el gobierno de Iván Duque se llamaba popularmente las “Zonas Futuro”.
La operación en curso sobre el Catatumbo se desarrolla esencialmente en los mismos parámetros expuestos por Jonhson, mientras las FFMM ya hablan de 9 o 10 “Catatumbos”, donde en cuestión de semanas se realizarían campañas de copamiento militar similares, denotando la existencia de un plan, este sí nacional, a diferencia de los de paz, muy similar al de las zonas de consolidación de Duque. Lamentablemente, la repetición de la receta de planes de consolidación cívico-militares en territorios de conflicto tiende a ofrecer los mismos ineficientes resultados, pero en este caso agravados por las crasas dificultades para la ejecución presentadas en la actual administración. Para un ejemplo, El Plateado, Cauca.
No es casual que, tal como se ha evidenciado por todos los medios, las comunidades que han padecido viejos y nuevos conflictos en sus territorios, como el Catatumbo, hoy se expresen manifestando su rechazo a la militarización de estas regiones.
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El límite de lo territorial: ¿De la paz total a las parcelas de paz?
Sin duda alguna, las realidades locales y la participación de las poblaciones son claves para el afianzamiento de la paz total. De igual manera, se debe reconocer que tras el largo recorrido de una guerra irregular, ni siquiera las viejas FARC-EP mantuvieron una cohesión monolítica a nivel nacional, y el grado de autonomía regional de los diferentes grupos es ahora más acentuado que en otras fases del conflicto. No obstante, difícilmente a través de meros diálogos y acuerdos departamentales o municipales se podrían construir salidas efectivas a la actual confrontación armada en Colombia.
En primer lugar, los límites propios del ordenamiento territorial existente impiden cambios claves, tanto en términos de recursos de inversión, competencias políticas, manejo del orden público o marcos jurídicos para solventar lo acordado en dichas mesas. Un ejemplo de esto es que, incluso, una intervención territorial estatal como la del Catatumbo ha tenido que acudir a mecanismos constitucionales extraordinarios, claramente del orden nacional y superando la legalidad vigente, que según se plantea en la justificación de la declaración de estado de conmoción, no es suficiente para la superación de esta crisis puntual. Ni siquiera los gobernadores de la coalición del Pacto Histórico (2 de 32), cuya voluntad política no estaría en duda, poseen las herramientas necesarias para la resolución de la confrontación armada en sus departamentos. En este punto, resulta llamativo que hoy el presidente plantee que la propuesta normativa para la paz ya no será de orden constitucional o legal, sino a través de formulación de documentos Conpes.
El estancamiento de la desmovilización en Nariño del grupo Comuneros del Sur – que anuncian destrucción de armas, pero hoy carecen de solución judicial- o el agotamiento de la tregua de las bandas de Buenaventura, dan muestra de ello, así como de la dificultad de que temas de peso a nivel regional tengan el pertinente eco en el poder constituido en Bogotá y por tanto se dé curso a las necesarias medidas a tomar desde las instituciones nacionales.
En segunda instancia, al histórico carácter irregular del conflicto en Colombia se ha sumado la irrupción, con mayor ahínco, de la influencia de grupos transfronterizos, todo en medio de una agudización de la tensión geopolítica en la región. De forma concreta, el traslado de actores dentro del territorio nacional, es un alto riesgo de cualquier paz territorial, como ya empieza a apreciarse en Nariño con el surgimiento de las AUN (Autodefensas Unidas de Nariño) en el territorio que antes controlaban los Comuneros del ELN, así como se evidencia el retorno del EMC, o como ya sucedió en las zonas PDET del Acuerdo de 2016, donde la retirada de las FARC implicó el copamiento territorial por parte de otros actores armados, en medio de un conflicto de marcos nacionales e internacionales de confrontación armada y búsqueda de rentas.
Lejos de una plena fragmentación territorial -que lleva a pensar que existen conflictos locales en estancos sin comunicación ni trashumancia alguna- se aprecia cada vez más la participación directa de organizaciones y marcos legales transnacionales, tales como las compañías militares y de seguridad privada, el mercenarismo “caza-recompensas”, carteles del narcotráfico, sistemas de lavado de activos o la misma DEA norteamericana, que no dan mucho espacio a islotes de paz en medio de una confrontación ya internacionalizada. Tras la justificación de la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, y del Consejero de Paz Otty Patiño, sobre la detención del negociador de los Comandos de Frontera, en plena ronda de negociación con el Gobierno en Bogotá, queda claro que la extradición no va a respetar los límites de una “paz territorializada”. También es claro que este punto no puede depender de la simple voluntad de un presidente, cuya eficacia real se extingue con su cuatrienio.
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El riesgo y los límites de la estrategia de garrote y zanahoria
El equipo a cargo de la Paz Total del actual gobierno, aunque, por las razones ya expuestas, carece de un claro marco teórico para la interpretación de la actual fase del conflicto, sí posee un conocimiento de terreno, principalmente de las dinámicas económicas de los territorios y hasta personalizado de sus interlocutores en las mesas de negociación. Con base en esta lectura inicial, proyectan escenarios de cauce de cada una de las mesas, incluso con temporalidades específicas. No obstante, cuando las dinámicas reales de los diversos procesos no coinciden con la prospectiva de los funcionarios a cargo, se ha buscado acoplarlas a través de la vieja práctica estatal de garrote y zanahoria hacia las contrapartes negociadoras, o para el caso actual, han pretendido ajustar la realidad a garrotazos para adecuarla a sus marcos de compresión y posibilidades tácticas.
En primer lugar, se aprecia una priorización de diálogos acorde a la facilidad de acuerdos o hechos noticiosos, y no de acuerdo con una estrategia de paz o una lectura amplia, o nacional, del conflicto armado. Se perciben múltiples raseros para las negociaciones, las garantías jurídicas o las presiones militares, escudados en la inexistencia de meridianas claridades judiciales o políticas. Por ejemplo, a pesar de la extrema gravedad de la crisis humanitaria en el Catatumbo, hoy se desarrollan situaciones similares en el Guaviare, por los enfrentamientos entre las dos facciones que provienen del EMC, pero no se evidencia mayor intervención estatal para la protección civil. De igual forma, aunque no exista un cese al fuego con Los Pachenca ni con el Clan del Golfo, no se ven los operativos militares en el Tapón del Darién o la Sierra Nevada con la misma intensidad que en Arauca o el Pacífico. En un conflicto en extremo fraccionado, la selectividad estatal para dinámicas de guerra y paz ha generado desconfianzas mayores en comunidades y en las mismas contrapartes de los diálogos de paz. El tan cuestionado cese bilateral hoy solo está vigente con la nueva organización EMBF, pese a que se podría afirmar que han incurrido en acciones similares en el Caquetá, Putumayo o el Guayabero, comparables a las que el ELN desarrolla en el Chocó o incluso en el Catatumbo, lo que no deja claros los indicadores objetivos de avances para medir la consolidación de los diálogos.
Para la resolución de una guerra no está siendo positivo escoger interlocutores o contrapartes de acuerdo a conveniencias tácticas. Del lado de las delegaciones gubernamentales, el principio de representación no ha sido acompañado por una cohesión interna real en torno a una estrategia de negociación, lo que ha llevado a la continuada desintegración de los equipos de negociación. De los grandes y variopintos contingentes para participar del proceso con el ELN se pasó a pequeños grupos bajo el control directo del Consejero Comisionado de Paz, pero de poca vocería dentro del establecimiento político y económico. La reciente renuncia de la coordinadora de la delegación de paz ante el grupo neoparamilitar del EGC (clan del golfo), María Gaitán, tras más de seis meses de anunciado el proceso, pero sin ningún desarrollo de conocimiento público, evidencia la creación y desarrollo de mesas sin previos acuerdos y del distanciamiento incluso de sectores de la coalición de gobierno frente al manejo de los procesos de paz en curso, incluso para el caso del clan del golfo, a espaldas de la propia jefatura de la delegación de gobierno.
De otra parte, de la política diferencial con grupos armados, se ha pasado a la promoción de divisiones dentro de éstos, sin resultados positivos en cuanto a la política de paz. El Consejero Comisionado Otty Patiño llegó afirmar ante el Congreso de la República que: “Tiene que haber una revolución interna dentro del ELN para que sea posible sentarse con ellos a la mesa. Que ellos rectifiquen, digamos, sus conductas, que de alguna manera los cinco o los que mandan o reflexionen o sean cambiados por otras personas que piensen más acorde con lo que piensa la gente en los territorios”. Pero si esa “revolución interna” por la que aboga Patiño -que por demás no se dio en el reciente congreso de la guerrilla- derivara en más escisiones, esto no sería beneficiosa para la paz total. Lo que le corresponde al gobierno es diseñar una estrategia de diálogo con el ELN, o cualquier otro grupo de la naturaleza que sea, tal como este es, no como él quisiera que fuera.
La división de los tres grupos reconocidos como guerrillas en el marco de la negociación con el gobierno Petro ha redundado en una mayor segmentación de la confrontación armada, en más crudos padecimientos para la población civil y en mayores dificultades de legitimación de los procesos ante el llamado “país político”, por no hablar de la frágil seguridad jurídica y hasta operativa de mesas de diálogos que han terminado degradadas en reuniones casi a hurtadillas, sin mayores avances en el terreno.
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La crisis de implementación del acuerdo de paz del 2016
El gobierno Petro recibió un acuerdo de paz en crisis. Seis años de incumplimientos, retrasos y violaciones al principio de buena fe. No solamente es un acuerdo afectado por aplazamientos en términos de su cumplimiento de compromisos concretos, sino que fue impugnado socialmente por el establecimiento político en ejercicio del poder. Esta crisis redunda en la continuación y agudización del conflicto armado en Colombia, expresado ahora en nuevas formas, en cuanto se mantuvieron sus causas históricas y el incumplimiento estatal se convirtió en un nuevo componente de desconfianza entre actores armados y comunidades en los territorios.
Lo firmado en 2016 ha sufrido de incumplimientos y atrasos como se puede apreciar en la entrega de tierras, 0,5% de lo pactado a siete años de la firma, el desconocimiento de reformas legales que hoy se tornan inviables, como la reforma política electoral, y daños irreparables relacionados con el retorno de la violencia a los territorios, además de la pérdida sistemática de vida de los reincorporados y líderes sociales. Es válido preguntarse si aún es posible cumplir el acuerdo final de La Habana, sin que ello, obviamente, elimine la responsabilidad estatal en cumplir lo pactado. De igual manera, el cumplimiento parcial y retrasado realizado por el actual gobierno nacional, con los límites fiscales existentes y sus dificultades administrativas, no logra resarcir los daños ni los hechos sobrevinientes, que han dado continuidad a la violencia. Así pues, difícilmente, una muy improbable puesta al día en la implementación del acuerdo de La Habana pueda equivaler al fin del conflicto, al que debe llevar una paz total.
Ahora, sin negar la importancia de los contenidos específicos del acuerdo, en cuanto compromisos concretos, el verdadero valor del acuerdo final de paz de 2016, su potencia transformadora, la cual ha sido impugnada por un sector del establecimiento, estaba decantada en los principios que lo regían. Es decir, por encima de la cantidad de hectáreas de tierra a entregar, primaba el compromiso y la intención de generar una transformación de la realidad rural en Colombia. El acuerdo no estaba pensado en términos de camionetas blindadas, la seguridad de los excombatientes y de los líderes sociales no se puede concebir en función de la implementación de esquemas de seguridad y escoltas, pues lo prometido era el desmonte del paramilitarismo y la superación de la doctrina del enemigo interno. La justicia pactada no era una entidad, sino la implementación de un nuevo paradigma centrado en la verdad, la reparación y también, parte olvidada, la reconciliación de los colombianos. La intención del Acuerdo no era crear un número determinado de emisoras de paz, sino la vocación de democratizar el espectro comunicativo e informativo de Colombia. Estos y otros objetivos, son incumplibles con la continuación del conflicto y la presencia fortalecida de grupos armados en los territorios, del mismo modo que la paz total es irrealizable sin que se adelanten los compromisos estatales básicos en estas zonas del acuerdo de paz. Es por tanto una falsa contradicción la creada por algunos sectores políticos que ven una contradicción entre la paz total y pleno cumplimiento del Acuerdo Final de 2016.
Aunque el presidente Petro se animó en anunciar una denuncia al Estado colombiano, (no al gobierno) por incumplimiento de lo firmado en La Habana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ésta nunca se realizó. De igual manera contrastan las preocupaciones del actual gobierno con los aprestamientos presupuestales necesarios para ponerse al día en las metas planteadas en el acuerdo especialmente relacionadas con el punto uno. Sin duda la mayor dificultad sufrida por el acuerdo de paz de 2016 corresponde con las acusaciones de violación del principio de buena fe y del pacta sunt servanda, sobre las que se adelantaron también investigaciones y denuncias impulsadas del ejecutivo sin que hayan tenido mayor trámite o concreción, a pesar de qué incluso incluyen pronunciamientos de una experta de la ONU. De forma preocupante este aspecto que se consideraba saldado, en cuanto se endilga específicamente anteriores gobiernos o fiscales generales, hoy está latente ante múltiples incidentes en las diversas mesas de diálogos de la paz total.
Aunque, en un contexto diferente al que se firmó y del que se proyectó, el cumplimiento del acuerdo de paz sigue siendo una necesidad, además de una obligación del Estado, se hace necesario la retoma de sus principios, es decir la vocación de la superación de las causas estructurales que originaron el conflicto social político y armado en Colombia, recogidas tambien en las recomendaciones de la Comisión de esclarecimiento de la verdad, que resultan indispensables para la construcción de la paz total, pero que a la luz de la nueva realidad resultan también insuficientes. La actual crisis por la que atraviesa el país no puede ser reducida a los compromisos incumplidos de 2016.
Lo anterior plantea que el país debe avanzar de manera conjunta, desde los más amplios consensos, hacia un escenario de construcción real de paz, que involucre todos sus actores políticos y sociales, sin mezquindades ni cálculos electoreros. Acertó en su momento el presidente Petro en plantear la necesidad de construir un gran acuerdo nacional, incluso su propuesta de convocar el poder constituyente. La crisis humanitaria general ante el fracaso de esta paz total no equivale a darle la razón a la ya fracasada salida militarista al conflicto, sino que hace más acuciante la necesidad de una negociación que lleve al final terminó el conflicto. La solución política y por la vía del diálogo sigue estando sobre la mesa, y en esto se deben empeñar los amigos de la paz, las organizaciones sociales y políticas, las víctimas, los dirigentes políticos que entiendan la importancia de este horizonte histórico. Esto es un deber, aunque las nuevas realidades prevean el retorno de escenarios de estigmatización y la condena al ostracismo para quienes no profesen el dogma de la guerra.
Referencias
1. Fallo contra la JEP de la Corte Constitucional contra el concepto de bisagra. Fallo del Consejo de Estado contra la Ley de Paz Total desconociendo carácter de acuerdos especiales a los acuerdos de paz.
2. La reciente reestructuración de los llamados Comandos Conjuntos de las FFMM también podría enmarcarse en la continuidad de la estrategia y doctrina militar de la guerra, así como de un despliegue acorde a intereses geopolíticos continentales y de subordinación estratégica
