Investigación

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El fallo del tribunal internacional dejó claro que tras el rápido ascenso político de la UP se configuró una alianza entre grupos paramilitares, políticos tradicionales, Fuerza Pública y grupos empresariales para acabar violentamente con este partido político. El repertorio de violencia fue amplio y la complicidad de funcionarios públicos aterradora.

Diego Fajardo y Daniel Ortega*

Tres de los ministerios del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez hoy son ocupados por personas que militaron en la Unión Patriótica durante los años más duros del genocidio. Patricia Ariza en el de Cultura, Gloria Inés Ramírez en el de Trabajo y German Umaña Mendoza en el de Comercio. Además, en el Congreso de la República fueron elegidas Aida Avella y Jahel Quiroga quienes escaparon a la muerte en atentados contra sus vidas; también fue elegido Gabriel Becerra de una generación posterior quien ha impulsado la reorganización de este partido. El regreso de la UP a la política y su lucha por verdad y justicia han sido un lento camino que ahora cosecha históricos frutos: su participación en un gobierno que comparte muchas de las apuestas políticas que dieron vida a la UP y la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por el exterminio contra sus liderazgos y militantes, exterminio que negó durante muchos años su participación en política.

UP fallo reiniciar

Fotografía: Fundación Reiniciar

La sentencia, como lo afirma la Corte, “constituye en sí misma un acto de reparación” y verdad, siendo un precedente para narrar la historia de lo sucedido a las nuevas generaciones. La Unión Patriótica surgió en 1985 como una iniciativa de paz y transformación social. Como un mecanismo para facilitar tempranamente la solución política al conflicto armado, al posibilitar la reincorporación de las FARC para participar en política, sin armas, en el marco de los Acuerdos de la Uribe (Meta)  firmados entre el gobierno de Belisario Betancur y esa guerrilla.

Dicha apuesta levantó una ola de esperanza por todo el país. Diversas fuerzas políticas se sumaron y convirtieron a la UP en una gran plataforma amplia de izquierda nacionalista que buscaba transformaciones para la democratización y modernización del país. Sin embargo, la violencia empañó con sangre esta fuerza política desde antes de su lanzamiento oficial. Según el informe de la Comisión de la Verdad, al menos 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas, entre las que se encuentran dos de sus candidatos presidenciales, 32 candidatos a concejos, alcaldías y asambleas, 165 concejales, 14 diputados, 6 congresistas y 17 alcaldes.

Un fallo internacional e histórico

El pasado lunes 30 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos constató internacionalmente lo que para las víctimas ha sido una verdad de a puño desde hace décadas: el Estado fue responsable de las violaciones de derechos humanos contra más de seis mil integrantes y militantes de este partido desde 1984 y durante más de dos décadas. Dicha sentencia constituye un hecho sin precedentes al ser de carácter internacional contra el Estado colombiano por un crimen político de esta magnitud. Esta sentencia, sin duda, cierra un proceso que empezó en 1993 con la presentación del caso por parte de la Corporación Reiniciar ante la Corte Interamericana.

Otros movimientos políticos como ¡A luchar! y la Unión Nacional de Oposición fueron víctimas de exterminio, pero el caso de la UP es, sin duda, el crimen más atroz contra un partido en la historia política del país. Por eso, la sentencia marca un hito en la consecución de justicia y la protección de las fuerzas políticas para que nunca más se persiga y violente a una fuerza por el ejercicio de la política.

Desafortunadamente la condena tuvo que venir de un ente internacional de justicia, ante la extendida impunidad en la mayor parte de los casos en la jurisdicción colombiana. Aunque es preciso resaltar que en algunos casos ha habido condenas y avances y en la justicia transicional donde el caso fue priorizado. En concreto la Corte IDH consideró que la violencia sistemática “contra los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica configura un crimen contra la humanidad, porque es claro que las acciones y omisiones, o aquiescencias estatales emprendidas, fueron con el propósito de aniquilar un grupo humano de cualquier naturaleza lo cual configura siempre un crimen de lesa humanidad”. Por tanto, finalmente, el tribunal interamericano optó por declarar los hechos como un exterminio.

¿Qué sentenció la Corte?

El fallo contra el que no procede apelación reconoce que, tras el rápido ascenso político de la UP, se configuró una alianza entre grupos paramilitares, políticos tradicionales, Fuerza Pública y grupos empresariales para acabar con este partido político por medio de un repertorio diverso de hechos violentos: desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros, con la participación activa de agentes estatales y con la tolerancia y complacencia de las autoridades.

De hecho, para este Tribunal la violencia física y simbólica en contra los miembros de la UP tuvieron un efecto amedrentador que les impidió ejercer de forma plena sus derechos políticos de expresión al ser percibidos como el “enemigo interno”. Asimismo, las acciones y omisiones del deber de protección del Estado levantaron un clima de persecución y victimización en su contra. Un hecho grave de la vulneración de sus derechos políticos fue el retiro de su personería jurídica en el 2002 tras no cumplir con los requisitos legales, situación que fue ocasionada por el exterminio y no fue tenida en consideración cuando se suprimió su personería.

En conclusión, para la Corte IDH el Estado ha sido responsable en casos de ejecuciones extrajudiciales, de tortura y de otros hechos que afectan la integridad y libertad personal: amenazas, detenciones ilegales, hostigamientos, lesiones y atentados. También, de la vulneración del derecho de circulación y residencia en numerosos casos de desplazamientos forzados internos y exilios de integrantes de la UP. En igual sentido, y no menos importante, el fallo resaltó la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de niños y niñas en masacres y ejecuciones extrajudiciales cuando atacaron a los integrantes de este partido; también, por hechos de violencia sexual contra mujeres militantes usados simbólicamente como medio de castigo y represión. Además, varias de las víctimas fueron periodistas o comunicadores sociales, afectando gravemente el derecho a la libre expresión.

Por último, uno de los hechos más indignantes, perpetrado por parte de funcionarios públicos, fue la vulneración a la honra y dignidad de los integrantes de la Unión Patriótica. Acciones premeditas que agudizaron el clima de estigmatización y persecución en su contra. Después de la violencia y el extermino lo que vino para los políticos de izquierda fue una extendida impunidad en el caso que finalmente encontró en este fallo no solo algo de justicia para los militantes y partidarios, sino también para los familiares de las víctimas sobres los cuales se ha ampliado la victimización durante los años en medio de sus luchas por exigir justicia y verdad.

¿Qué ordenó la Corte?

Ante la decisión de la Corte de reconocer al Estado colombiano como responsable de la violación a los derechos políticos, de expresión y asociación de quienes integraban la Unión Patriótica, así como de la violación sistemática de los derechos humanos de su militancia que llevó al exterminio del movimiento político, el mismo tribunal le ordenó a éste emprender acciones en el corto y mediano plazo en procura de la reparación de los daños causados a las víctimas y sus familias.

Estas disposiciones de reparación pueden agruparse en varios tipos de medidas. Un grupo de estas orientadas a la difusión y reconocimiento público del proceso de exterminio del partido político a manos del Estado, entre las que se encuentran la realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional, la construcción de un monumento en honor a las víctimas, la colocación de placas en diferentes partes del país, la elaboración de un documental audiovisual, la realización de una campaña de sensibilización en medios públicos y el desarrollo de foros académicos de varias universidades del país.

Otras reparaciones están encaminadas a la atención de la salud física y mental de las víctimas y sobrevivientes que contemplan brindar atención médica y psicológica a estas. Otras medidas procuran el avance del esclarecimiento de responsabilidades y la superación de la impunidad en torno a los crímenes contra la UP y sus integrantes, estas le ordenaron al Estado, en un plazo de dos años, dar avances serios en materia de justicia. Otras acciones están orientadas a mantener y profundizar las garantías de participación política de la UP, como la revisión y ajuste del plan de protección de sus sobrevivientes. Así mismo, obliga al Estado a conseguir alivios humanitarios para las víctimas como la intensificación de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco de este exterminio. Y, finalmente medidas orientadas a la indemnización económica de las víctimas y sus familias, que buscan restituir gastos en materia de tratamientos médicos, psicológicos y psiquiátricos.

¿Es suficiente?

Este conjunto de medidas ordenadas por la Corte IDH, aunque apuntan a que el país comprenda los límites alcanzados por la violencia política en el marco de nuestro conflicto armado, a relievar el respeto por las diversas identidades políticas que confluyen en la nación colombiana, a reconocer los inmensos dolores causados a quienes sobrevivieron al exterminio del partido político Unión Patriótica, a mirar de frente las heridas profundas que esto nos dejó como sociedad y a conjurar por todos los medios que una experiencia similar no vuelva a suceder, tienen su propio límite histórico. Pues, aunque se deben reconocer como una decisión sin precedentes en materia de justicia en el marco de la persecución a los partidos de oposición nacional, el daño profundo sobre las miles de víctimas y la democracia colombiana resultan de una dimensión prácticamente irreparable.

Ante la Comisión de la Verdad un sobreviviente de la UP reflexionó sobre los alcances mismos de las reparaciones posibles en el caso de este genocidio, la conclusión es sin duda profunda: “La Unión Patriótica ya no volverá a ser, es muy difícil, porque los proyectos políticos tienen su momento histórico y su momento societal”[1]. Ese momento que posibilitó su surgimiento, que lo posesionó como una alternativa al bipartidismo reinante y como un puente que se tendía hacia la paz a través de la dejación de las armas por parte de las FARC fue paradójicamente también el marco de su expulsión del escenario democrático nacional.

Hoy es justo reconocer que algunas acciones en procura de reparación se han dado ya por parte del Estado colombiano, como la restitución de la personería jurídica de la UP en 2013 por parte del Consejo de Estado, retornándole parte de sus derechos políticos, igualmente la apertura de un Macro caso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se ha concentrado en la búsqueda de justicia en torno al proceso de exterminio de la UP y las apuestas en los planes de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas por hallar a la militancia que fue sometida a la desaparición forzada. También es necesario considerar que hoy las víctimas gracias a sus luchas han establecido el Día nacional por la dignidad de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica que se conmemora cada 11 de octubre recordándole a todo el país el horror del que fuimos capaces, de igual forma es importante destacar que hoy este partido político hace parte del gobierno nacional y que varias de sus integrantes y dirigentes hoy ocupan cargos ministeriales y de representación en el Congreso de la República. Pero es ineludible la discusión sobre los límites propios de una posible reparación política y humana a un colectivo político cuya magnitud de la violencia a la que fue sometido lo llevó a su propio exterminio.

La propia sentencia de la Corte, que deberá ser estudiada y debatida con más calma en los próximos meses parece tener sus propios límites y ausencias, es claro que el reclamo de las víctimas ha sido el reconocer su experiencia como un genocidio político y la propia Comisión de la Verdad ha señalado esta experiencia como tal, pero el tribunal interamericano ha decidido no entenderla de esta manera. El debate en torno a temas como estos continúa.

De hecho, el propio fallo de la Corte IDH aunque significa un punto de llegada de un proceso de casi 30 años de exigencia de justicia en los tribunales internacionales por parte de las víctimas, está lejos de ser un punto de cierre en el caso de la posibilidad de justicia en el caso Unión Patriótica. En el plano local las expectativas están puestas en la JEP cuyo reto es avanzar en la identificación y sanción de los responsables, y en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas cuya misión humanitaria debería dar resultados en materia de ubicación y posible entrega digna de los cuerpos de las personas desaparecidas de la UP a sus familiares. Los avances alcanzados en el sistema interamericano de derechos humanos por las víctimas del movimiento político son un éxito histórico de sus luchas, pero también son una demostración de que el Estado colombiano ha desatendido sus reclamos de justicia, verdad y reparación por casi tres décadas, hoy el gobierno nacional como representante oficial del Estado ha reconocido la responsabilidad institucional en esta violencia y ha prometido avanzar con celeridad en la aplicación de las decisiones de la Corte, hay un largo camino hacia adelante.

[1] Véase. La esperanza acorralada. El genocidio contra la Unión Patriótica. https://www.comisiondelaverdad.co/caso-union-patriotica

* Exinvestigadores caso UP Comisión de la Verdad.

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