Organizaciones de Colombia y Venezuela se reunieron para reafirmar su unidad histórica y cultural frente a los desafíos compartidos por las fronteras. Durante el evento se plantearon acciones concretas para proteger sus derechos, las cuales serán presentadas ante los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

Por: María Fernanda Padilla Quevedo
^{(X e IG: @mafepaque)}

En la región fronteriza del norte de Colombia y Venezuela hay una deuda que ya completa 65 años. En 1959, los entonces presidentes Julio César Turbay e Ignacio Luis Arcaya firmaron el Tratado de Tonchalá, un acuerdo que reafirmaba la amistad entre ambos países, y pretendía garantizar el tránsito y la residencia de los ciudadanos en la zona limítrofe. Ese compromiso incumplido fue uno de los temas centrales del Encuentro Binacional Étnico y Campesino, que se llevó a cabo este fin de semana en Maicao, donde cerca de mil personas de organizaciones campesinas, resguardos indígenas y del movimiento social discutieron soluciones conjuntas.

^{Cámara: Abel Fuentes}

En el encuentro, se habló de la necesidad de impulsar el Tratado teniendo en cuenta que La Guajira ha sido históricamente un territorio de conexión entre ambos países. Con un censo de 159.384 migrantes venezolanos, ubicados principalmente en Maicao y Riohacha, este departamento ocupa el sexto lugar de las comunidades receptoras en el país, según cifras de Migración Colombia con corte a julio de 2024. Sin contar, que el pueblo wayuu, que habita principalmente el norte de Colombia y Venezuela, es binacional y transfronterizo. Esto quiere decir que su territorio ancestral supera la línea fronteriza entre ambos países.

^{Fotografía: Abel Fuentes}

Esta falta de implementación del Tratado, que debía garantizar derechos básicos como el tránsito y la residencia, sigue afectando la vida cotidiana de las comunidades fronterizas, quienes enfrentan barreras para acceder a derechos fundamentales como la salud y la regularización migratoria. Sobre esto, José Luki Celedón, presidente de la Coordinadora Campesina de La Guajira, señala que a los migrantes no se les permite acceder a la salud porque no cuentan con cédula, a pesar de que el acuerdo podría fortalecer la regularización de su situación migratoria.

 “La frontera para los guajiros no existe, es una línea que trazaron dos personas (...), pero no nos divide una raya. Aunque los gobiernos la respetan y hay soberanía, nosotros no creemos que exista una frontera sino unos territorios que dos países gobiernan y somos hermanos y debe desarrollarse la dinámica económica y social pareja”, agregó en entrevista con Quira Medios. 

Al respecto, en el evento se discutió sobre la creación de una comisión binacional para el desarrollo rural con proyectos agrícolas, de infraestructura y gestión de recursos entre Colombia y Venezuela. Asimismo, se habló de la necesidad de diseñar un plan de acción binacional con metas concretas que incluya la participación de las comunidades locales y étnicas.

^{Al encuentro llegaron campesinos y campesinas de La Guajira y Cesar. Fotografía: Abel Fuentes Fotografía: Abel Fuentes}

Reforma rural de avances cortos

Durante el Encuentro Binacional, los participantes expusieron las dificultades que enfrentan para acceder a tierras, generar proyectos productivos y comercializar sus productos. Estas barreras reflejan los retos de la Reforma Rural Integral, cuya implementación se ha visto obstaculizada por conflictos de interés, falta de títulos de propiedad y limitaciones normativas en la adjudicación y formalización de tierras.

Según datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con corte al 27 de agosto de 2024, el gobierno de Gustavo Petro ha ingresado 353.668 hectáreas al Fondo de Tierras, compuestas por compras directas, transferencias sin erogación y tierras obtenidas mediante procesos agrarios. Sin embargo, estas cifras son insuficientes para alcanzar la meta inicial de 3 millones de hectáreas establecida en el Plan de Desarrollo 'Colombia: Potencia Mundial de la Vida', que luego fue reducida a 1.500.000 hectáreas.

“El Gobierno actual ha dado importancia a la reforma rural integral, incluyendo en el Plan de Desarrollo artículos que faciliten la destinación presupuestal y permitan la entrega de hectáreas. Esto es una gran oportunidad. Sin embargo, en La Guajira, como en otras regiones, tenemos preocupaciones sobre el avance lento para cumplir la meta, dado que el Presidente ya está en su último tercio de gobierno”, explica Benedicto González, firmante de paz de La Guajira.

^{Benedicto González hizo su proceso de reincorporación en el AETCR de Pondores. Fotografía: Abel Fuentes}

 Parte del diagnóstico de las comunidades también estuvo relacionado con problemas de acceso vial, electrificación y sistemas de riego, que dificultan la productividad agrícola y el desarrollo de mercados locales. Como propuesta para abordar estos desafíos, se mencionó la necesidad de impulsar las zonas de reserva campesina, una figura que busca proteger y promover el desarrollo agrícola, social y económico de las comunidades campesinas. En La Guajira, existen dos puntos clave para su desarrollo: Majayura en Montes de Oca, una zona limítrofe con Venezuela, y el sur del departamento, que se ha convertido en la despensa agrícola de la región.

 Asimismo, se habló de la necesidad de promover el Área de Protección de Producción de Alimentos (APPA), que fue declarada durante este Gobierno y abarca los municipios guajiros de El Molino, La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, Distracción, San Juan del Cesar, Barrancas y Hatonuevo. Esta figura permite destinar el suelo para la producción de alimentos en el ordenamiento territorial e impulsar la agricultura campesina, familiar y comunitaria. El APPA adquiere importancia en una zona de alto interés estratégico para la explotación de carbón.  

Sin paz no hay liderazgos ni reforma

Las comunidades llegaron con la certeza de que no se pueden desarrollar los territorios sino hay una paz territorial, dado que la presencia de grupos armados limita el acceso a tierras, genera inseguridad en las comunidad y obstaculiza la participación comunitaria en los programas de paz. Esta situación es preocupante si se tiene en cuenta la situación humanitaria en el departamento, que se ha convertido en un corredor estratégico para el narcotráfico y, por lo tanto, es disputado por distintos actores. 

La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (Pdhal) ha alertado sobre el incremento de homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones y limitaciones a la movilidad en La Guajira. Según cifras de esta organización, entre el 1 de enero y el 14 de marzo, se presentaron 99 asesinatos en el departamento. Unos 65 de estos se concentraron en Riohacha y, después, en Maicao con 15 casos. Asimismo, La Guajira hace parte de los seis departamentos donde más se han presentado casos de confinamiento, como lo establece la organización Somos Defensores.

“El escenario sirvió para hacer una valoración de la problemática y para tomar iniciativas de las comunidades, en clave de movilización, exigiendo la ejecución del Plan de Desarrollo del Gobierno y de la reforma agraria, también de condiciones que mediante la vía del diálogo, la interlocución, mejoren la situación humanitaria desarticulada en los últimos meses por enfrentamientos entre estos grupos que terminan afectando a la población civil”, cuenta César Jerez, integrante de la organización Baluarte Nacional Campesino. 

 Para superar esta situación a nivel territorial, se planteó fortalecer los mecanismos de protección y seguridad en los territorios, a través de la articulación de la Ley de Paz Total con la reforma agraria y proyectos productivos. Asimismo, se habló de crear una instancia de verificación independiente para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, incluido el Acuerdo Final de Paz firmado en La Habana, e informar periódicamente sobre avances y retos. 

^{Para el campesinado, la apuesta por la paz territorial se nutre de la reforma rural, y esta, a su vez, se enriquece gracias a dicha apuesta. Fotografía: Abel Fuente}

 Al respecto, Danilo Rueda, defensor de derechos humanos y excomisionado de Paz del Gobierno Petro, destacó que la movilización ciudadana es clave para resolver la crisis en las mesas de diálogo que está impulsando el Alto Comisionado de Paz con diversos grupos armados. “A través de la participación ciudadana y de los sectores que viven estas violencias armadas, se puede reconstruir los niveles de confianza que son necesarios para la construcción de la paz. Este espacio es una muestra sobre cómo la construcción de la paz nace desde las comunidades”, agregó Rueda.  

El Encuentro Binacional Étnico y Campesino en Maicao dejó en evidencia que, más allá de las fronteras políticas, las comunidades guajiras y venezolanas enfrentan una misma realidad de abandono y marginación, donde la falta de acceso a tierras, servicios básicos y seguridad es la constante. Ante este panorama, las organizaciones de ambos países han acordado redactar un documento base con las propuestas discutidas, el cual será presentado a los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, exigiendo respuestas concretas. 

Mientras se concreta el documento, la tarea sigue siendo urgente y no puede esperar: avanzar en la reforma agraria, proteger los derechos humanos y garantizar la construcción de un entorno seguro y productivo para las comunidades que siguen resistiendo y luchando por su dignidad y bienestar.