El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, convirtió un tecnicismo en un arma de poder. Pretende hundir la reforma pensional, negando derechos a poblaciones como la tercera edad; lideró el bloque contra la legalización del aborto y, al mismo tiempo, se alineó con la extrema derecha al punto que su ideología nunca le permitió reconocer a un hijo que tuvo por fuera de su matrimonio actual. Hoy, ese hijo le dice al país las mentiras de Ibáñez mientras los ojos de millones de colombianos se posan sobre la Corte.
Por: Redacción Revista RAYA
La Corte Constitucional tiene en sus manos el futuro de la reforma pensional aprobada por el Congreso de la República hace más de un año. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente del alto tribunal, presentó una ponencia que propone hundir la Ley 2381 de 2024 —cuyo contenido reformó el sistema general de pensiones—, argumentando que el trámite legislativo en la Cámara de Representantes se realizó con irregularidades que vulneraron el principio de deliberación democrática. Un tecnicismo del que se pegó para proponer sepultar una reforma clave para la vida de millones de colombianos, que en la realidad tiene como enemigos a los fondos de pensiones y a los sectores más conservadores del país que se ven representados en la ideología del magistrado Ibáñez a quien han defendido a capa y espada.
La ley fue aprobada por el Congreso en junio de 2024 y sancionada, un mes después, el 16 de julio, por el presidente Gustavo Petro. Pasó más de un año, el Gobierno esperaba que la Corte resolviera pronto su constitucionalidad, pero solo faltando pocos días para que la Ley entrara en vigencia, en julio de 2025, Ibañez se atravesó en el camino y suspendió su aplicación hasta mientras terminara de analizar un vicio de forma: que la Cámara, aseguró, aprobó el mismo texto del Senado sin discutirse. Y, a pesar de que la Cámara envió varios documentos que sustentaban la corrección, Ibañez insistió en que no se había corregido y días más tarde presentó una ponencia a la plenaria para que definitivamente se hunda la Ley justo cuando Colpensiones se preparaba para recibir los aportes de millones de trabajadores que debían salir de los fondos privados. Desde entonces, el país sigue sin implementar el nuevo modelo pensional.
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Según la ponencia de Ibáñez, la Cámara adoptó el texto aprobado por el Senado sin realizar un segundo debate formal ni permitir la presentación de proposiciones por parte de la oposición. Para Ibáñez, ese error es insubsanable y compromete la validez de toda la ley. Con esa interpretación, la Corte en pleno tiene la última palabra y no la tendrá fácil, pues si la aprueba tiene encima a los empresarios y a la derecha que hoy es oposición, y si la hunde tiene encima a millones de adultos mayores y madres comunitarias que están esperando los beneficios de la reforma. En todo caso, el Gobierno, paradójicamente, parece ser un ganador de cara a las elecciones del 2026, pues esa bandera no se bajará. El argumento del magistrado parece jurídico, pero tiene un efecto político claro: mantener intacto el modelo de capitalización individual que por décadas ha beneficiado al sector financiero y a los fondos privados de pensiones.
Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constirucional
La propuesta del Gobierno busca reorganizar el sistema en tres pilares: solidario, semicontributivo y contributivo, con la meta de ampliar la cobertura de protección para la vejez y reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. Quienes ganan hasta 2,3 salarios mínimos cotizarían en Colpensiones, y los excedentes irán a los fondos privados. El nuevo esquema incluye un ingreso básico para adultos mayores sin pensión, reducciones en el número de semanas exigidas a las mujeres con hijos y la incorporación de trabajadores informales al sistema. Es una redistribución inédita de recursos en favor de la población con menos ingresos y una apuesta por fortalecer el pilar público en un país donde más de la mitad de la fuerza laboral envejece sin pensión.
Una elección conservadora
El 27 de agosto de 2020, el Senado eligió con 58 votos del Centro Democrático y del Partido Conservador a Jorge Enrique Ibáñez como magistrado de la Corte Constitucional. Ibáñez no es un desconocido dentro del poder judicial. Es Boyacense, abogado de la Universidad Javeriana, doctor en Derecho Público y asesor en la Asamblea Constituyente de 1991. En sus años universitarios integró un grupo de estudio llamado “Los Magistrados”, junto a Jaime Granados —abogado de Álvaro Uribe— y Rodrigo Escobar Gil, exmagistrado constitucional entre 2001 y 2009. Desde entonces, se le identifica con la corriente jurídica conservadora y con una lectura rígida de la Constitución. Su carrera ha estado marcada por vínculos académicos y políticos con el bloque más tradicional de la élite jurídica bogotana, el mismo que ha ocupado históricamente los altos tribunales y defendido la independencia judicial frente a cualquier intento de reforma progresista.
En su paso por la Corte Constitucional Ibáñez es señalado como un magistrado de “derecha” o antiderechos, pues conformó un bloque conservador junto a las magistradas Cristina Pardo y Paola Meneses para oponerse y votar en contra de la despenalización del aborto hasta la semana 24. Asimismo, mientras un sector lo destaca como un jurista de amplia trayectoria y gran conocedor de las leyes colombianas, otros opinan que el papel riguroso y el excesivo celo por los procedimientos se han convertido en una herramienta de obstrucción.
El presidente de la República Gustavo Petro y Jorge Enrique Ibáñez
Por ejemplo, su papel en los debates al interior de la Corte Constitucional, sobre las reformas que el Gobierno ha logrado pasar en el Congreso, han generado una serie de controversias entre Ibáñez y el presidente Gustavo Petro. La primera surgió a mediados de 2023 cuando Ibáñez era el responsable de estudiar si la ley de Paz Total tenía sustento legal. Para esa época, se hizo pública la ponencia del magistrado que pedía tumbar los artículos en su totalidad. Sin embargo, Ibáñez fue recusado por sus compañeros ya que, como le reveló la Revista RAYA en ese entonces, el documento habría sido filtrado a la prensa a través del despacho del mismo magistrado, lo que puso en riesgo al equilibrio entre las ramas del poder público, dado que los jueces sintieron presiones públicas que afectan la legitimidad de sus decisiones.
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Desde ese momento, los ataques de Ibáñez contra la Paz Total no han cesado y su oposición al Gobierno Petro se ha agudizado, al punto de acusarlo de interceptar ilegalmente sus comunicaciones. Dicha afirmación aunque nunca tuvo evidencias concretas, sí generaron un efecto mediático que el mismo Ibáñez y la derecha política aprovecharon. De hecho, el presidente Petro acusó a la oposición de estar en un juego sucio: "Si al magistrado Ibáñez le ha llegado WhatsApps con esa información solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del gobierno sino del gobierno con las otras ramas del Estado. Dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis", y recalcó que en su gobierno “no se interceptan comunicaciones”, escribió.
El 5 de febrero de 2025, Ibáñez fue elegido presidente de la Corte para todo este año. En su nuevo rol es el encargado de manejar las relaciones con las ramas Legislativa y Ejecutiva. Además, lidera las acciones del alto tribunal, incluyendo la demanda que busca tumbar la reforma pensional del gobierno, una de sus máximas apuestas sociales del presidente Petro a menos de un año del final de su periodo. De la aprobación de esta reforma han surgido las últimas disputas entre ambos. Desde que es presidente de la Corte, Ibáñez ha destacado que su papel no es ser la cabeza de un partido político de oposición al Gobierno Nacional, sino que es el encargado de “guardar la integridad y supremacía de la Constitución”.
El 20 de octubre pasado, un ciudadano llamado Alfonso Roa presentó una recusación en su contra, argumentando “enemistad ideológica” y “parcialidad política”. En el documento se afirma que Ibáñez utiliza “expresiones valorativas y juicios de conveniencia política” que desbordan el análisis técnico-jurídico. Aunque la recusación difícilmente prosperará, el hecho ilustra la fractura de confianza que rodea a la Corte y el papel central que ha asumido su presidente.
La Procuraduría, en cambio, envió un concepto favorable a la reforma. Señaló que las supuestas irregularidades no invalidan la ley, ya que las actas no son un requisito esencial del trámite legislativo y existen otros medios para verificar el proceso. Si la Corte acoge ese concepto, la reforma seguirá vigente.
El trasfondo económico del caso es evidente. El sistema pensional colombiano mueve cerca de 130 billones de pesos al año, y las administradoras privadas manejan más del 60 % de esos recursos. La reforma buscaba reducir esa concentración y fortalecer el régimen público, lo que explica la resistencia de los fondos privados y de los sectores financieros. En este punto, el debate dejó de ser jurídico: es un pulso entre un modelo de Estado social y un modelo de mercado. Ibáñez, al invocar la forma, terminó defendiendo la estructura que garantiza las utilidades del negocio pensional. Cada mes que la ley permanece suspendida, las AFP continúan recibiendo las cotizaciones que debían transferirse a Colpensiones.
El papel de Ibáñez ha generado la indignación suficiente para que sus secretos más profundos salgan a la luz, en un momento en que el magistrado está pasando a la historia para algunos grupos de poder supuestamente por su ética. Hace menos de un mes, el turno fue para quien, según una sentencia judicial y una prueba de ADN, es su hijo, pero él siempre lo ha negado. Según la investigación de Casa Macondo, Ibáñez en 1982 tuvo un hijo con Yolanda Inés Robles, con quien sostenía una relación. En 2002, cuando el hijo tenía 20 años –quien también fue bautizado como Jorge Enrique– demandó a Ibáñez para que lo reconociera como su hijo y le diera su apellido. La prueba de ADN confirmó la paternidad con un 99,99% de certeza. A pesar de esto, Ibáñez intentó convencer a su hijo de que renunciara al uso de su apellido a cambio de “costearle los estudios en Bogotá”, según explicó Casa Macondo en su denuncia.
A la izquierda, Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. A la derecha, su hijo no reconocido llamado Jorge Enrique Robles en una entrevista con Casa Macondo.
En la sentencia, el juez aseguró que durante los primeros años de vida del niño “la madre del demandante siempre fue manipulada por el demandado para que no lo demandara, dada su condición de hombre público conocido y evitar igualmente que su hogar se destruyera por encontrarse casado”, dijo el juez José Fernando Osorio Cifuentes, el 18 de mayo de 2004, durante una audiencia revelada en la misma investigación. Sin embargo, en 2021 el hijo no reconocido de Ibáñez volvió aparecer para pedir el apellido de su padre. No obstante, el expediente judicial que contenía la sentencia que declaraba a Ibáñez Najar padre del demandante desapareció misteriosamente. Hoy, Ibáñez vuelve a ser noticia no solo por negar a su hijo, sino por pretender negar el derecho a una pensión digna a millones de colombianos.
El hijo no reconocido de Jorge Enrique Ibáñez no ha sido lejano a la situación mediática de su padre y en una entrevista con Casa Macondo reconoció que durante todo el proceso de demanda de paternidad el magistrado ha sido torpe, mentiroso y manipulador. Además, destacó que todo lo que le ha ocurrido es consecuencia de sus actos. “¿Por qué me escondió, por qué me negó? Yo nunca me acerqué a él con intención de perjudicarlo. Al contrario. Pensé en darle la oportunidad de que fuera mi padre, de que pudiéramos tener una relación de cercanía y cariño. Él fue quien le mintió a su esposa y a sus hijos”, concluyó el hombre que también se llama Jorge Enrique, por ahora, Robles, sin el Ibáñez.
