Casi dos años después de tener sanción presidencial, el Acuerdo de Escazú sigue frenado en la Corte Constitucional a la espera de la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Mientras eso pasa, el Gobierno Nacional y la Alianza por el Acuerdo de Escazú hacen pedagogía del Acuerdo con las comunidades del país antes de su implementación final.
Por: Redacción Revista RAYA
Una de las promesas de Gustavo Petro en su campaña electoral fue sancionar el Acuerdo de Escazú. Un instrumento que fortalece el acceso a la información y a la justicia ambiental y promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y genera estrategias de protección a las personas defensoras del medio ambiente. En un acto realizado el 5 de noviembre de 2022 en la base militar de Catam el presidente firmó el documento que volvió ley el acuerdo internacional. Desde ese día sobre el Acuerdo de Escazú se posó un estigma que ha llevado a que casi dos años después de su sanción presidencial no se haya puesto en marcha. Quizá la razón de la demora es que a este proyecto se lo ha señalado de ser una política exclusiva del gobierno Petro, ignorando que el Acuerdo de Escazú es una apuesta del sector ambiental y científico y de la sociedad civil desde 2018. Han pasado más de 640 días desde la firma presidencial y el acuerdo no cuenta con la ponencia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, para que la sala plena pueda valorar la constitucionalidad de la norma.
A pesar de que el magistrado Ibañez tiene en sus manos el articulado desde noviembre de 2022, el pasado 26 de abril convocó a una audiencia pública para escuchar diferentes argumentos a favor y en contra del Acuerdo de Escazú. El espacio duró más de seis horas y giró bajo un eje temático: “Aproximaciones a la relación del Acuerdo de Escazú con el principio de seguridad jurídica y el principio de soberanía nacional”. En contra de la ratificación de la ley se escucharon las voces de las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y del vicepresidente jurídico del Grupo Energía de Bogotá, Néstor Fagua, que en sus presentaciones consideraron que el tratado es redundante toda vez que en Colombia ya existe una amplia normativa sobre las temáticas de las que se ocupa el acuerdo. Asimismo, consideraron que el Acuerdo de Escazú reduce la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras y el desarrollo de proyectos nacionales, lo que pondría en riesgo la soberanía nacional.
En la otra orilla estuvieron la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, la directora del Centro de Estudios, Justicia y Sociedad, Diana Gúzman y representantes de varias organizaciones de derechos humanos que se manifestaron a favor de la ratificación inmediata del Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, la ministra, en su turno, dijo: “Se fortalece la protección de líderes ambientales, se avanza en jurisdicción rigurosa y tiene apropiación social. Genera más garantías procedimentales y amplifica la participación del derecho procedimental que existe para examinar decisiones cuando se revoque una actuación administrativa”.
Han pasado cuatro meses de la realización de la audiencia pública y al día de hoy en el Ministerio de Ambiente ven con preocupación la tardanza de la Corte Constitucional para emitir un concepto sobre el Acuerdo de Escazú. Esto le respondió a la Revista RAYA Tatiana Roa, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio: “Entendemos la importante función de la Corte, ya que el Acuerdo de Escazú debe tener la total legitimidad de las diferentes instancias del Estado. El concepto de la Corte en este caso puntual va a generar impactos en las políticas públicas que se dirigen a los defensores ambientales y a los derechos de acceso. El Ministerio espera que sea favorable lo que permitiría una gestión ambiental con mayor articulación intersectorial y apoyo de la comunidad internacional en temas claves como la defensa de los líderes ambientales”.
A la espera de la decisión de la Corte Constitucional la viceministra Roa apuntó que el Gobierno Nacional ya cuenta con una ruta de implementación que se encuentra en etapa de preparación y adaptación y que servirá para orientar la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú. Esta ruta cuenta con cinco estrategias; convergencia intersectorial, comunicación, divulgación y pedagogía ciudadana, protección de personas defensoras de la naturaleza y una línea de acción intercultural y de internacionalización. “Frente al reto de la articulación intersectorial en la implementación del Acuerdo de Escazú, el Ministerio de Ambiente está liderando la conformación y consolidación de la Comisión Interinstitucional, con la creación de las salvaguardas sociales y ambientales para asegurar la sostenibilidad de los proyectos de inversión a nivel nacional y garantizar el acceso a la información ambiental de modo efectivo”, afirmó la viceministra.
Pero el Ministerio de Ambiente no es la única entidad que está esperando el concepto favorable de la Corte Constitucional para la aplicación del tratado internacional. Es el caso de la Alianza por el Acuerdo de Escazú Colombia, una plataforma de organizaciones no gubernamentales, universidades y representantes de la sociedad civil, que trabajan en el fortalecimiento de la democracia ambiental en el país. Una de las organizaciones que hace parte de dicha alianza es el Fondo Mundial para la Naturaleza, más conocido como WWF, que se encarga de la conservación del medio ambiente. Durante el proceso que cursa en la Corte WWF le envió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez un documento de intervenciones a favor del Acuerdo de Escazú. La Revista RAYA entrevistó a Mauricio Madrigal, especialista en incidencia de la ONG, para profundizar el estado actual que atraviesa el tratado internacional. En su charla destacó que espera que el concepto sea favorable y afirmó que las demoras en la Corte Constitucional son normales y obedecen a los plazos establecidos. “No creemos que se pueda decir que el Acuerdo de Escazú es inconstitucional, pero es posible que exista una lectura intermedia. De pronto la Corte pueda decir que algún apartado puntual sea inconstitucional, pero realmente creemos que es constitucional. Conocemos y hemos estudiado, durante ocho años, los casos de otros países y vemos que Escazú es una ley que se puede incluir en la Constitución de Colombia”.
Otra de las organizaciones que hace parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú es Dejusticia, que tanto de forma individual como colectiva, ha emitido opinión favorable para la ratificación del documento ya que se acomoda en el marco constitucional del país. “Sustentamos que la ley no sólo es compatible con la Constitución Política de 1991, sino que desarrolla la relación que debe existir entre la democracia y la protección del medio ambiente”, apuntó la ONG en un comunicado de octubre de 2023. Uno de los argumentos de Dejusticia para afirmar lo anterior es que, además de ser el primer tratado ratificado por Colombia que tiene naturaleza ambiental y de derechos humanos, la ley sienta las bases para que se pueda ajustar la normatividad del país y fortalecer los derechos al acceso a la información, a la participación y a la justicia, así como defender la vida de líderes y lideresas ambientales, que principalmente pertenecen a pueblos étnicos y campesinos. “El acuerdo incluye disposiciones explícitas para la garantía y protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y por ende hace parte de lo que se conoce como “bloque de constitucionalidad”, pues está en sintonía con el artículo 93 de la Constitución”, explicó la organización de derechos humanos en su comunicado.
Aunque no hay una fecha establecida para que la Corte Constitucional, en cabeza de Jorge Enrique Ibáñez, se pronuncie a favor o en contra del Acuerdo de Escazú, las organizaciones ambientales esperan que sea agosto el mes donde finalmente haya luz verde para la implementación. Mientras se toma la decisión de fondo, el Ministerio de Ambiente ha trabajado en estrategias que suplan la puesta en marcha del tratado. En ese sentido, la viceministra le comunicó a RAYA que en relación al acceso a la información y a la participación pública en asuntos ambientales se está implementando el programa de control social ‘Alerta por mi Ambiente’, el cual busca ser el punto de partida en la creación del Sistema Nacional de Control Social Ambiental. Según la funcionaria, este programa implementa 73 proyectos de control ciudadano en las ecorregiones del Litoral Pacífico y Norte del Cauca, Bahía de Cartagena, Bogotá y su Sabana.
Sobre el componente de protección a defensores ambientales, la representante del Ministerio de Ambiente anunció que se ha propuesto un protocolo de reacción ante situaciones de riesgo o agresión de personas defensoras de la naturaleza. “Para el segundo semestre de 2024 vamos a realizar despliegues territoriales en las 13 ecorregiones priorizadas para entablar diálogos con las defensoras y los defensores de la naturaleza en los territorios y así poder visibilizar su labor de defensa y construir conjuntamente una hoja de ruta fundamentada en el enfoque territorial, así como en el marco de la estrategia del diálogo social para la transformación de los conflictos socioambientales. Esto para prevenir las situaciones que ponen en riesgo la vida y labor de los defensores de la naturaleza”, explicó Tatiana Roa.
Otro aspecto clave que incluye el Acuerdo de Escazú es la creación de herramientas para que las personas defensoras del medio ambiente puedan acceder a información de primera mano y de calidad de los proyectos medioambientales que se adelantan en sus comunidades. En este punto, el Ministerio de Ambiente señaló que se cuenta con el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), el cual funciona gracias a la articulación que se realiza entre las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), donde se recolecta, custodia y administra información sobre el estado de los recursos naturales y avances en su gestión e investigación. “Asimismo la página web del Ministerio proporciona y facilita el acceso a la información, en los términos más amplios posibles ya que en esta herramienta los ciudadanos y grupos de interés pueden conocer de primera mano la información y datos abiertos sobre la gestión del Ministerio”, puntualizó.
Al igual que el Ministerio de Ambiente las organizaciones que hacen parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú también han trabajado de la mano de las comunidades para implementar el acuerdo y así pasar, por fin, del discurso a la acción. En general, se han realizado trabajos pedagógicos en temas de gobernanza del agua y de cambio climático y también se han publicado y dado a conocer libros de análisis y estudios académicos sobre el Acuerdo de Escazú. Una de esas iniciativas pedagógicas se llama “Las Guardianas del Agua”, un proyecto promovido por la Alianza Tejedoras de Vida, integrada por más de 100 mujeres cuyo objetivo principal es proteger el agua y la Amazonía desde una perspectiva de género y de paz y quienes han recibido capacitación y herramientas que las ayuden a fortalecer su lucha ambiental y convertirlas en defensoras activas del Acuerdo de Escazú. La página web de Alianza Tejedoras de Vida dice que esta iniciativa se basa en visibilizar y posicionar las propuestas de las mujeres en cuatro puntos fundamentales: protección de las fuentes hídricas, crear una agenda ambiental, alternativas a las economías ilegales y la participación de la comunidad en proyectos minero energéticos. Esta labor se ha extendido a lo largo de 13 municipios de Putumayo.
Mientras en Colombia a las organizaciones sociales les toca hacer pedagogía sobre el Acuerdo de Escazú, el pasado 24 de abril en la sede principal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, se realizó la COP3 sobre el Acuerdo de Escazú. En la reunión que duró tres días, los 16 Estados Parte aprobaron el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, una inédita hoja de ruta que busca poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva para un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que reciban. Aunque hubo representantes de Colombia, el país no pudo suscribir el documento debido a la falta de aprobación de la Corte Constitucional, por lo que Colombia actualmente es un estado observador y no hace parte de los estados parte de la COP del Acuerdo de Escazú.
Sobre el rol que tuvo el país en dicho encuentro también se pronunció la viceministra Tatiana Roa. La funcionaria del Ministerio de Ambiente destacó que Colombia aportó en la construcción de este plan en el marco del ‘Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe’ que tuvo lugar en septiembre de 2023 en la ciudad de Panamá. “En este espacio se dio paso a discusiones y consultas para la elaboración del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y se compartieron experiencias y buenas prácticas en la promoción, prevención y protección de las personas defensoras del ambiente”, apuntó.
Tanto el Ministerio de Ambiente como la Alianza por el Acuerdo de Escazú han afirmado en diferentes escenarios que es imperativo que la Corte Constitucional dé el aval positivo al tratado internacional ya que incorpora, por primera vez, medidas concretas para la protección y defensa de los defensores y las defensoras ambientales. Han coincidido en afirmar que el Acuerdo de Escazú es una oportunidad fundamental para hacerle frente a la gravísima situación de asesinatos y amenazas a personas defensoras del ambiente en el país. Ahora, solo falta que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presente la ponencia y que la sala plena pueda verificar si el tratado internacional firmado dos años atrás contradice o no la Constitución del país.
