En el marco de la discusión sobre la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, uno de los temas eje es la devolución de la tierra. Organizaciones sociales critican la lentitud del proceso, sugiriendo una restitución administrativa para mejorar la eficacia. Para comprender el tema se entrevistó a Rangel Giovani Yule Zape, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), quien ofreció su perspectiva sobre los avances, obstáculos y los procesos de reparación étnica.

Por Redacción RAYA

Al asumir la dirección de la Unidad de Restitución de Tierras, el funcionario implementó cambios, incluyendo la eliminación de un grupo que lideraba el rechazo del 65% de las solicitudes de restitución de tierras. Además, se crearon juzgados étnicos especializados y se implementaron inversiones en proyectos productivos para resolver la demora en el proceso de restitución.

RAYA: ¿Cómo se abordó ese índice alto de negativas?

Yule: La primera medida que hicimos fue eliminar el grupo de Asuntos Ambientales, Minero Energético y de Infraestructura (AMEI), donde profesionales del sector minero-energético tenían el poder de negar las solicitudes basándose en intereses económicos. Como había una negación muy alta, también había un llamado de atención de la Procuraduría y de la Contraloría en ese sentido. Ahora hemos avanzado y tenemos en un 72% las solicitudes aprobadas.

RAYA: Ahora bien ¿Cuál es el balance actual en términos de la materialización de las hectáreas restituidas?

Yule: Hasta la fecha, hemos logrado avanzar en la entrega de aproximadamente el 51.9% de las hectáreas en proceso de restitución durante este gobierno. Actualmente, nos encontramos con 624,261 hectáreas en etapa de fallo, de las cuales se han entregado 320,000. Esto implica que contamos con un acumulado para el cumplimiento de sentencias de alrededor de 304,000 hectáreas. O sea que en este año y medio hemos avanzado más de lo que avanzaron los otros gobiernos anteriores. Para nosotros este es un tramo importante, porque esto nos permite decir que en realidad sí había una acumulación ahí en la pretensión de las víctimas y ahora sobrepasa ya los 10 millones de hectáreas que están en trámite de la etapa judicial.

Sin embargo, es importante destacar que esta labor no recae únicamente en la Unidad de Restitución de Tierras, ya que implica la colaboración de otras entidades como la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Vivienda, entre otros, quienes desempeñan roles específicos en el proceso de restitución y reparación a las víctimas del conflicto armado. A pesar de estos avances, aún enfrentamos desafíos significativos, especialmente en la coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales.

En contraste con los avances mencionados por el director de la URT, las organizaciones sociales como la Fundación Forjando Futuros señalan que el proceso de restitución de tierras en Colombia sigue estancada. Según sus cifras, “Después de 13 años de la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia, los avances son decepcionantes. Apenas se han restituido 665.000 hectáreas, lo que representa un escaso 10.5% de la meta inicial de restituir 6.5 millones de hectáreas”.

La fundación destaca la necesaria voluntad política para la implementación de la restitución por vía administrativa para acelerar el proceso, “Si se lleva a cabo, se podrían restituir 3.600.000 hectáreas con mayor eficacia y celeridad, lo que representaría un avance significativo de Justicia con las Víctimas del Conflicto Armado del país”.

Además, las cifras del Sistema de Información Sembrando Paz actualizadas a mayo del presente año, muestran que, de la meta gubernamental para restituir: 300.000 casos, junto con 151.213 solicitudes presentadas ante Unidad de Restitución de Tierras – URT, y un total 16.090 casos resueltos judicialmente estas cifras sólo representan 5.4% de meta gubernamental y un 10.6% de solicitudes presentadas ante la URT.

RAYA: ¿Qué otras medidas están tomando para garantizar una restitución efectiva?

Yule: Estamos trabajando en un proyecto de ley que permita acelerar los procesos de restitución cuando no haya oposición por parte de terceros. También hemos fortalecido el Fondo de la Unidad de Restitución para apoyar proyectos productivos en territorios afectados. Nuestro objetivo es no solo devolver las tierras, sino también restablecer integralmente el tejido social, cultural y económico de las comunidades afectadas. Trabajamos en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y además, continuaremos apoyando proyectos productivos y programas de desarrollo en las zonas afectadas para garantizar una restitución integral y sostenible.

RAYA: ¿Cuáles considera que son los obstáculos más complejos en el proceso de restitución de tierras?

Yule: El tema de la violencia es uno de los problemas más complejos que enfrentamos en los territorios de restitución. Este conflicto y violencia en Colombia surgen principalmente de la disputa territorial entre diversos actores. Aquellos responsables de esta violencia no desean que los territorios despojados sean devueltos a las víctimas. Además, enfrentamos una resistencia por parte de actores armados que están vinculados a intereses económicos que monopolizan la tenencia de la tierra en el país. Uno de los principales obstáculos son los opositores a la restitución, que pueden ser grupos armados ilegales o personas que se resisten a devolver las tierras.

Además, la coordinación entre diferentes entidades gubernamentales para implementar las medidas de reparación también representa un desafío constante. Otro de los desafíos que enfrentamos es la burocracia y la tramitología, que a veces dificultan y demoran el proceso de restitución. Los jueces y magistrados deben autorizar muchas de nuestras acciones, lo que puede retrasar el procedimiento. Además, la complejidad de la legislación relacionada con la tierra también ralentiza el proceso. Para agilizar estos procesos, estamos priorizando el cumplimiento de las sentencias de restitución y organizando estrategias para reacomodar el Fondo de Restitución.

Uno de los casos que ilustra los desafíos enfrentados por quienes luchan por la restitución de tierras en Colombia, es el de Emiro Nel Sánchez Medrano, quien desde 2010 había instaurado diez denuncias ante la Fiscalía por graves amenazas e intentos de asesinato por parte del Clan del Golfo en la región de Córdoba. A pesar de sus esfuerzos por recuperar las tierras despojadas a miles de campesinos por los paramilitares de Carlos Castaño, la entidad nunca investigó quiénes estaban detrás de los obstáculos que enfrentaba. Las fincas en disputa, objeto de las amenazas, quedaron registradas en documentos revelados en esta investigación de la Revista RAYA.

Para reclamantes de tierras de la región de Urabá, como Ayinet Pérez, actual presidenta de la asociación de víctimas Tierra y Paz, las amenazas en su contra y de las familias que restituyen, son una realidad constante. En noviembre de 2021, la lideresa recibió una amenaza de muerte por su trabajo con campesinos y campesinas que fueron despojados de sus predios en la década de los 90 y que actualmente solicitan su restitución. A pesar de los riesgos, Ayinet agradece la presencia de la URT en el territorio y espera, “que sigamos de la mano, articulados, porque nosotros tenemos la información de primera mano y así es como podemos avanzar en los procesos de restitución”.

RAYA: ¿Qué iniciativas están implementando para promover el desarrollo económico en los territorios afectados por la restitución de tierras?

Yule: Hemos realizado una inversión significativa en proyectos productivos en 14 territorios étnicos, con una inversión de 33 mil millones de pesos, principalmente en el corredor del Pacífico. Estos proyectos tienen como objetivo mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades y promover su desarrollo económico. Nuestro enfoque no se limita solo a devolver las tierras, sino también a restablecer integralmente el tejido social, cultural y económico de las comunidades afectadas.

RAYA: ¿Qué estrategias están implementando para garantizar una reparación temprana a las víctimas del conflicto armado?

Yule: Estamos buscando formas de ofrecer compensaciones y reparaciones tempranas a las víctimas del conflicto armado. Hemos iniciado conversaciones con diversas entidades, como la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura, para organizar un proceso que permita comprar predios para las víctimas que ya iniciaron procesos judiciales de reclamación. Nuestro objetivo es asegurar que las víctimas puedan ser restablecidas lo más pronto posible y puedan reconstruir sus vidas de manera digna.

Por su parte, la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica, propone una restitución de tierras más rápida para víctimas de desplazamiento forzado “Después de 20 años Colombia no ha podido reparar a las víctimas y resarcir esta cicatriz tan dolorosa para más de ocho millones y medio de colombianos que lo han perdido todo debido al desplazamiento forzado y al exilio”.

Mojica también indica que en la Unidad de Restitución de Tierras se tramitan procesos de más de 11 millones 400 mil hectáreas en casos de pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos; de esa cifra solo se tienen sentencias judiciales de restitución sobre el 5% de los casos y el cumplimiento de esas sentencias no alcanza a la mitad.

RAYA: ¿Qué estrategias han implementado para avanzar en el proceso de restitución de tierras en los territorios?

Yule: Hemos implementado un enfoque de micro focalización, que implica organizar rutas conjuntas con las comunidades locales, incluyendo movimientos sociales, indígenas, campesinos y afrodescendientes. Esta micro focalización nos permite evaluar la situación de cada territorio y determinar si es seguro y viable llevar a cabo el proceso de restitución.

Anteriormente, necesitábamos la autorización de la Fuerza Pública, lo que a menudo retrasaba el proceso. Sin embargo, hemos logrado un cambio significativo al considerar también la fuerza organizativa de las comunidades y la seguridad humana. Ahora, nos orientamos por la fuerza organizativa de las comunidades y contamos con el apoyo de instituciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales como la ONU y la OEA. Este enfoque nos permitirá llegar a todos los territorios que no han sido micro focalizado, lo que representa más de 17.000 procesos que están actualmente detenidos.

La estrategia de seguridad se basa en la idea de la seguridad humana, que reconoce que la protección de los derechos humanos y la seguridad de las personas son fundamentales para el éxito del proceso de restitución. En lugar de depender únicamente de la autorización de la Fuerza Pública, esta estrategia considera también la fuerza organizativa de las comunidades y su capacidad para proteger sus territorios. Esto implica trabajar en estrecha colaboración con las comunidades locales, incluyendo movimientos sociales, indígenas, campesinos y afrodescendientes, para evaluar la situación de cada territorio y determinar si es seguro y viable llevar a cabo el proceso de restitución. Además, se busca el respaldo de instituciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales.

En resumen, estas estrategias buscan promover la seguridad y el bienestar de las comunidades, así como garantizar la justicia y la equidad en el acceso a la tierra y los recursos naturales.

Lee la columna de opinión sobre la restitución de tierras y reparación con garantías en Zonas de Reserva Campesina (ZRC), una acción de defensa de la territorialidad y de los derechos campesinos.

RAYA: ¿Cómo están gestionando el proceso judicial de restitución de tierras?

Yule: Hemos establecido una comunicación fluida con los jueces y magistrados, lo que nos ha permitido coordinar eficazmente las etapas judiciales del proceso. Además, hemos creado juzgados étnicos para atender específicamente los casos de restitución de tierras de comunidades indígenas y afrodescendientes, reconociendo sus derechos constitucionales de manera especializada.

RAYA: ¿Dónde están ubicados los jueces étnicos y cuál es su función en el proceso de restitución de tierras?

Yule: Inicialmente, los jueces étnicos se ubicaron en regiones con un mayor número de procesos de comunidades indígenas y afrodescendientes, como Popayán, Mocoa, Chocó, Tolima y la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos jueces tienen la responsabilidad de atender de manera especializada los casos de restitución de tierras de estas comunidades, reconociendo sus derechos constitucionales. Sin embargo, para alcanzar una cobertura más amplia, hemos implementado una estrategia territorial a nivel nacional para garantizar el acceso a la justicia en todas las regiones del país.

RAYA: ¿Cuáles son las expectativas de la Unidad de Restitución para el resto del periodo gubernamental?

Yule: Nuestro objetivo es avanzar en el proceso de restitución de tierras, agilizando los procedimientos administrativos y judiciales. También estamos explorando formas de ofrecer compensaciones y reparaciones tempranas a las víctimas del conflicto armado. Queremos cumplir con nuestro deber de devolver las tierras a quienes han sido despojados y permitirles reconstruir sus vidas de manera digna.