Un contrato de cerca de 10 mil millones de pesos estaba destinado a fortalecer las cámaras de seguridad de Cali. Casi tres años después, la Policía Metropolitana sigue a ciegas pues el sistema nunca funcionó, pero el contrato se pagó. La firma a la que se adjudicó esta contratación también está relacionada con el escándalo de corrupción de EMCALI.
Por: Redacción Revista RAYA
En 2019, durante los últimos meses de la administración de Maurice Armitage, la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali, entonces en cabeza de Andrés Villamizar, adjudicó un contrato por más de 9.900 millones de pesos ($9.999.974.290) a Spectra Ingenería Limitada, una firma de la ciudad que debía ejecutar las obligaciones entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre de ese año. No obstante, eso nunca sucedió y la alcaldía de Jorge Iván Ospina recibió el proyecto y lo terminó de pagar, a pesar de los oficios enviados por los técnicos de la Policía Metropolitana de Cali en los que advertían que la tecnología no funcionaba.
El objetivo del contrato era fortalecer el sistema de vigilancia con video en los puntos ciegos de diferentes zonas de la ciudad en los que se había identificado mayor actividad criminal. Por ejemplo, un informe de julio de 2021, enviado por la Policía a la alcaldía de Ospina, señala que la plataforma estaba lejos de ser funcional para el sistema de seguridad y justicia de la ciudad: “La integración del SECADPLUS (sistema de información de la Policía) y la Plataforma Holosens en la actualidad no se encuentran funcionales, lo que conlleva a no poder atender oportunamente todos los requerimientos ciudadanos, de las entidades judiciales y administrativas, dificultando con esto la efectiva administración de justicia, al no contar con los registros fílmicos que en su mayoría lograrían el posible esclarecimiento de un sin número de delitos y de procesos administrativos (…)”.
La controversia entre el Policía y la alcaldía de Cali quedó documentada en más de 14 comunicaciones con la misma queja: las cámaras de seguridad y la tecnología no funcionan. Según los documentos contractuales en poder de Revista RAYA, las obligaciones contemplaban la instalación de 210 cámaras, la integración de 248 cámaras de privados (restaurantes, estaciones de gasolina, centros comerciales, edificios gubernamentales, entre otros), la implementación de una plataforma única de gestión para procesamiento, almacenamiento y análisis de video para administrarlas. Además, todas las funcionalidades se debían integrar al sistema de atención de emergencias de la Ciudad de Cali – SECAD-.
Las cámaras nuevas se debían instalar en “puntos vírgenes” (zonas que carecían de videovigilancia) en las distintas comunas de Cali, priorizadas por la cantidad de delitos registrados, situación que “influía notablemente en la seguridad ciudadana”.
Otra de las comunicaciones enviadas al alcalde Jorge Iván Ospina es del 23 de abril de 2020. En ella, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Manuel Antonio Vázquez Prada, le informaba sobre las fallas técnicas: “en consideración a que este sistema no se ha recibido formalmente o a satisfacción, de la manera más respetuosa le solicitó al señor alcalde estudiar la viabilidad de ejecutar las gestiones pertinentes para ajustar el desempeño operacional de esta herramienta tecnológica (…) que en condiciones eficientes de funcionalidad contribuiría con la efectiva administración de justicia (…).”
Errores que según las mismas comunicaciones estaban dificultando seriamente la misión de la policía durante el paro nacional, una de las épocas más críticas que ha vivido Cali en su historia reciente. Así quedó registrado en uno de los reportes de finales de 2020: “en las distintas concentraciones sociales que han surgido en los últimos días no se ha podido hacer uso de la herramienta para la toma de decisiones del mando institucional”.
En la comunicación del 11 de noviembre de 2020 el Jefe de Telemática de la Policía le advirtió al General Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana, todas las dificultades que estaba generando el sistema de cámaras de vigilancia en los puntos ciegos: se presentaban errores y bloqueos en la descarga de videos; en los sistemas de analítica facial; en la integración de cámaras privadas y públicas al sistema y en la diferenciación de estas; en las descripciones del sistema LPR (Lector y Reconocimiento de Placas) que arrojaba imágenes con descripciones erróneas de placa y direcciones y nombres incompletos; y la visualización en la plataforma donde el video aparecía en negro, entre otras.
Al final del reporte, firmado por el Mayor Edinson Fernando Reyes, Jefe de Telemática, se destaca que todos los problemas señalados anteriormente “han generado traumatismos en las funciones de los operadores y las respuestas de solicitudes a derechos de petición de videos allegados a la Policía Metropolitana de Cali, lo que podría llevar a situaciones legales más complejas.”
Incluso, el mayor de la Policía le recomendó al general Vásquez que se hicieran efectivas las pólizas del contrato por incumplimiento: "Es importante señalar mi general que el sistema lleva once (11) meses de su implementación donde no se ha logrado corregir y estabilizar para su correcta operación, por tanto se solicita de manera atenta tenga bien estudiar la viabilidad de ejecutar las gestiones pertinentes ante la Administración Municipal para ajustar el desempeño operacional de esta herramienta o en su defecto realizar la afectación de la póliza contractual o garantía(…)”.
Los reportes sobre las fallas del sistema de seguridad se extendieron hasta el 28 de ocubre de 2021 cuando el entonces secretario de seguridad de Cali, coronel Carlos Javier Soler Parra, recibió una comunicación oficial del general Juan Carlos León Montes quien le advertía que si bien habñia avances para el correcto funcionamiento del sistema, recomendaba seguir trabajando para que el sistema quede en óptimas condiciones, sugiriendo realizar las verificaciones correspondientes.
Los tentáculos de Spectra Ingenería
A pesar del cúmulo de irregularidades denunciadas en el contrato de Cali, Spectra Ingenería se presentó a licitaciones para procesos similares en Bucaramanga y en Pereira. En este último caso, también hubo polémica ya que la firma acreditó su experiencia en la materia durante el proceso de licitación con dos certificaciones de entrega a satisfacción del contrato de Cali, que según una denuncia en poder de RAYA, eran falsas.
La primera era una certificación en Microsoft Word convertida a PDF que no corresponde al formato oficial de la Alcaldía de Cali, y que está firmada por Hugo Fernando Gómez Bravo, quién solo tenía un cargo de apoyo a la supervisión del contrato y no estaba facultado para certificar el proceso en nombre de la Alcaldía de Cali. La segunda es una certificación firmada por Diego Sánchez Patiño que señala que el contrato fue entregado a satisfacción, aunque no existe acta de cierre ni de recibo en el SECOP y las denuncias de la Policía demuestran la inconformidad con los proveedores, y las actividades del contrato no habían sido ejecutadas en su totalidad.
A pesar de todas estas irregularidades llama la atención que en el Portal Anticorrupción del Estado Spectra Ingenería aparece listada con 0 sanciones, tampoco se encuentran informes de los problemas en la ejecución del contrato en Cali.
Sin embargo, para diferentes veedores que hoy investigan la corrupción en Cali, Spectra Ingenería debería ser investigada más de cerca por sus nexos con el exsenador y empresario Mauricio Ospina, hermano del actual alcalde Jorge Iván Ospina, que en este momento se encuentra inmerso en un escándalo de corrupción en las Empresas Municipales de la ciudad (EMCALI). Por ejemplo, en un video de la página web Cali Denuncia, Roberto “El Chontico” Ortiz, concejal y excandidato a la Alcaldía de Cali en 2018, señala que Spectra Ingenería recibía pliegos a la medida en Emcali, y añade que Mauricio Zuluaga, representante legal de Spectra, es cercano y vive en la misma unidad que Mauricio Ospina y Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, también implicado en escándalo de corrupción de EMCALI e investigado por el cartel de la Toga. Esta cercanía también fue mencionada por la fuente de RAYA, quien señaló que Mauricio Ospina y Mauricio Zuluaga eran viejos conocidos del colegio y que habían múltiples grabaciones de Zuluaga visitándolo en la oficina de EMCALI, aunque los videos de seguridad luego fueron borrados.
El 66% de las cámaras de seguridad de Cali no funcionan
Las fallas del sistema de videovigilancia de Cali fueron motivo de escándalo en agosto de este año cuando el Concejo de la ciudad citó a un debate de control político por las irregularidades en los contratos relacionados con la videovigilancia de la ciudad, después de que la Contraloría publicara un informe con 14 hallazgos de irregularidades en el contrato de mantenimiento de las cámaras de vigilancia por un valor de $302 millones. Este además señala que, de las cámaras estudiadas en la ciudad, el 66% se encontraba fuera de servicio.
Incluso, durante el debate en esa corporación, el concejal conservador Fernando Tamayo cuestionó los tres últimos contratos firmados por las alcaldías de Armitage y Ospina en esta materia, el de Spectra Ingenería de 2019, y los siguientes adjudicados a Open Group y a Impretics, la cuestionada imprenta del Valle por sus sospechosas prácticas de contratación. En el debate, el concejal Tamayo señaló que “este es un problema recurrente, ni Open Group, ni Impretics o Spectra cumplieron con el mantenimiento o la modernización del sistema de cámaras de vigilancia en Cali”.
Según la fuente de Revista RAYA, quien hizo entrega de toda la documentación aquí referenciada, buena parte de la tecnología entregada por Spectra “no está sirviendo, no funciona y las cámaras y antenas fueron retiradas”. Además, añadió: “la Contraloría de Cali encontró esas antenas en [las oficinas de] la empresa Spectra en Santa Mónica”.
Al cierre de esta edición RAYA consultó a la Policía de Cali sobre el estado actual del sistema de videovigilancia. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. Por su parte, el secretario de seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, dijo que ese contrato es de la administración pasada y que debió concretarse a finales de 2019. “Nuestra posición oficial es aquí no se recibe ninguna tecnología de videovigilancia ni se recibe ningún elemento para la Policía, sin el visto bueno de la Policía. Y todos esos elementos se han debido entregar en el año 2019 porque ese contrato no pasó ni como reserva ni tuvo vigencias futuras. Todo lo que se recibió frente a ese contrato de Spectra se tuvo que haber hecho en 2019”.
Aunque en el sistema de contratación estatal (SECOP II) se encuentra un informe final de los supervisores del contrato de Spectra una vez vencida la fecha de cumplimiento, no hay actas de cierre ni recibo a satisfacción, y el proceso aún se encuentra en estado “adjudicado”.
