Por Elmer Montaña
En enero de 2018 la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expidió un decreto mediante el cual se aprobó la reforma de los estatutos de la Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (IMPRETICS), convirtiéndola en el papel, en la empresa más poderosa de Colombia. Con el paso de los años y gracias a la celebración ilícita de contratos con entidades de diverso orden en todo el país, IMPRETICS se transformó en un foco de corrupción de dimensiones insólitas y en una verdadera empresa criminal.
Hagamos un poco de historia. La imprenta departamental del Valle del Cauca fue fundada en 1928 por el entonces gobernador, Carlos Holguín Lloreda. En 1972 se convirtió en una Empresa Industrial y Comercial del Estado con autonomía administrativa y financiera que, hasta 2018, realizó las labores propias de toda imprenta, imprimir documentos.
Sin embargo, tras la reforma de 2018, IMPRETICS quedó “habilitada” para ofrecer más de 370 clases de bienes, obras y servicios. Además de las tareas de imprenta, ahora puede ejecutar negocios relacionados con tecnologías de la comunicación; la realización de obras civiles y construcción en general; la prestación del servicio de energía eléctrica, eólica y solar y, en general, cualquier tipo de energía; realizar todos los procesos de tercerización de personal de vigilancia, aseo y otros; organizar eventos sociales y artísticos masivos; participar en actividades de fomento de carácter científico y tecnológico; celebrar alianzas estratégicas de cualquier naturaleza; comercializar, operar y distribuir todo tipo de bienes y servicios en las entidades públicas y privadas; venta de toda clase de artículos deportivos; construcción de edificios inteligentes; todo lo relacionado con ferretería y carpintería; publicidad aérea, bodegaje, transporte, etc., etc.
Ninguna empresa pública o privada del país ofrece el universo de bienes, obras y servicios que la poderosa imprenta del Valle del Cauca está en capacidad de satisfacer, a su lado los grandes almacenes de superficie parecen tiendas de barrio. Lo más sorprendente es que la entidad solo cuenta con una nómina de 20 funcionarios y alrededor de 30 contratistas, incluyendo abogados y comunicadores sociales.
Se preguntarán, ¿cómo hace IMPRETICS para cumplir las obligaciones contractuales que asume? Sencillo, en la gobernación del Valle del Cauca se cumple a cabalidad la consigna de la baronesa: “querer es poder”.
Al ser IMPRETICS una empresa industrial y comercial del Estado puede celebrar convenios y contratos interadministrativos con cualquier entidad pública, es decir, puede contratar directamente. La Ley 1150 de 2007 estipuló 5 modalidades de contratación: la Licitación pública, la Selección abreviada, el Concurso de méritos, la Mínima cuantía y la contratación directa. Las primeras cuatro requieren procesos de selección ajustados a los principios generales establecidos en la Ley 80 de 1993 para garantizar la libre competencia entre los interesados; en cambio, la contratación directa, se puede realizar mediante convenios y contratos interadministrativos, donde no hay oferentes ni libre competencia entre contratistas.
Bajo esta modalidad IMPRETICS ha realizado contratos con todas las secretarías de la Gobernación del Valle del Cauca, con la Alcaldía de Cali y otras alcaldías, gobernaciones, ministerios; con el Senado, la Cámara de Representantes, la Unidad de Víctimas, el Invima, el Inpec, el Uspec, el Fondo Colombia en Paz, concejos municipales, hospitales, universidades, etc.
Con 20 empleados y 30 contratistas resulta imposible que IMPRETICS pueda cumplir con los convenios y contratos interadministrativos que celebra. El problema lo resuelve subcontratando todo el objeto contractual con terceros, por regla general fundaciones y ONGs, muchas de ellas creadas para ejecutar cada contrato y todas cercanas al entorno de quien manda en la Gobernación del Valle.
Así las cosas, las entidades que contratan con IMPRETICS lo hacen amparadas en que los estatutos de la imprenta incluyen el bien, la obra o el servicio, pero a sabiendas de que esta no tiene la capacidad real de cumplir con lo pactado y que, por lo tanto, debe salir a subcontratar con un tercero.
La incapacidad de cumplir con el objeto contractual se denomina “falta de idoneidad” y el convenio o contrato interadministrativo que se celebre en estas condiciones es ilícito y configura el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el cual tiene prevista una pena entre los 64 y 216 meses de prisión y una multa entre 66.66 y 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Pero, hay más.
El torcido no radica solo en saltarse la ley de contratación para contratar directamente con particulares que seguramente son direccionados.
Después de examinar decenas de convenios y subcontratos encontramos el meollo del asunto. Para hacerlo de fácil comprensión citemos un ejemplo real: IMPRETICS y la Gobernación de San Andrés Islas celebraron un contrato interadministrativo por valor de 1.800 millones de pesos, enseguida la imprenta subcontrató todo el objeto contractual con un tercero por 900 millones de pesos.
De un plumazo, desaparecieron 900 millones de pesos, o mejor, terminaron en los bolsillos de quienes hacen parte ilícito. Como la imprenta realiza la subcontratación al amparo de las normas del derecho privado, justifica no publicar los contratos ni los soportes y el asunto queda fuera del escrutinio público. Estos genios de la corrupción usan la ley para cometer los ilícitos y evitar que los supervisen.
En todos los contratos que revisé con el equipo de Control Ciudadano Colombia, encontramos la misma irregularidad. (Los contratos quedan a disposición de la revista para quienes tengan interés en ellos).
Seguramente algún lector entusiasta dirá que el asunto hay que ponerlo en conocimiento de la Contraloría y la Fiscalía. Pues bien, el hecho se denunció públicamente hace varios meses, pero el fiscal estaba muy ocupado persiguiendo muchachos de primera línea y la Contraloría del Valle del Cauca tiene varios contratos de la especie denunciada con IMPRETICS, por lo tanto, es apenas lógico que no tenga interés en el asunto.
Maquillar los estatutos para celebrar contratación ilícita es una modalidad tan exitosa que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, encontró la fórmula para llevar a cabo el grueso de la contratación del municipio en lo que resta de su fatídico gobierno. Hace apenas unas semanas con la complicidad de la mayoría de concejales de Cali, entre ellos su leal concejal del Centro Democrático, logró aprobar la reforma o maquillaje de la Empresa de Renovación Urbana, EMRU, que al igual que IMPRETICS, cuenta con una pequeña planta de personal y ejecutará miles de millones de pesos mediante contratación directa. Con los antecedentes de Ospina no es difícil imaginar lo sucederá.
El presidente Petro anunció que los servicios de inteligencia del Estado se dedicarán, primordialmente a perseguir la corrupción, pues bien, el Valle del Cauca sería el escenario apropiado para cumplir con ese objetivo y hacer realidad su promesa de “TOLERANCIA CERO CON LA CORRUPCIÓN”.
