El profesor Francisco Toloza, vocero civil en los diálogos de paz entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia, habló con RAYA sobre su presencia en esa mesa de negociación, sobre los enemigos que tiene el proyecto de Paz Total y sobre los riesgos que corre un docente, como él, que impulsa un proceso de paz.
Por: Redacción Revista RAYA
¿Cómo puede entenderse que un profesor de una universidad pública sea vocero en unos diálogos de paz?
La figura de vocero civil proviene de la Ley 418 de 1997 y ha sido validada nuevamente en su prórroga, mediante la vigente Ley 2272 de 2022 denominada Ley de Paz Total, donde expresamente define: “se entiende por vocero a la persona de la sociedad civil, que, sin pertenecer al grupo armado con consentimiento expreso o aval de éste, participa en el proceso de diálogos de paz como negociador o negociadora con el Gobierno Nacional”. A riesgo de caer en pleonasmos, el vocero civil no solo no es guerrillero ni integrante de esa organización, sino que conserva todos sus derechos civiles. Es una vocería de paz, pero no tiene nada que ver con las llamadas gestorías de paz, que se aplica para quienes enfrentan procesos judiciales en su contra.
Es decir, ¿usted es el vocero civil de la organización rebelde Segunda Marquetalia?
La Segunda Marquetalia, como organización política rebelde, consideró pertinente tener una voz externa a las filas insurgentes en este proceso de negociación, que tiene como uno de sus principios ir implementando lo que se va acordando por las partes. Cómo es bien sabido, yo fui también vocero de paz ante la Cámara de Representantes durante la implementación normativa del Acuerdo de Paz de la Habana, implementación que se puede evaluar como fallida; tenía ya esa experiencia, además de mi compromiso con la paz y la verdad, antes y después de la firma de 2016.
Ahora bien, no soy en estricto sentido un vocero de la organización guerrillera, soy un vocero de la delegación de paz de este grupo rebelde. No soy tampoco simplemente un asesor, ni un facilitador, soy integrante del equipo negociador y tengo ese carácter para dialogar con el Estado colombiano, sobre una agenda que no se suscribe a cuestiones particulares de quienes se alzaron en armas. Esta insurgencia permitió que, desde su orilla, se le diera voz directa a alguien que no está en sus filas, ni que tampoco representa al gobierno nacional. Justamente en la idea de una darle continuidad a esa vocería civil, estamos construyendo un comité consultivo de la sociedad Civil, que permita acompañar mi tarea externa a la del movimiento guerrillero, pero que sea parte integrante de este proceso de negociación, para poder fortalecer estos diálogos y la búsqueda de una solución política a este largo conflicto armado y particularmente a este nuevo ejercicio de rebelión de la Segunda Marquetalia.
¿Cómo evalúa usted el rumbo de esta paz total que ha despertado diferentes críticas desde la opinión pública?
La Política de Paz Total para un gobierno que se reivindica como de cambio histórico en Colombia y que fue elegido con esta promesa, refleja una apuesta más que necesaria de cerrar más de 60 años de guerra. Si no se avanza en la ruta de acabar la guerra, lamentablemente la esperanza del cambio habrá quedado frustrada. Cuando se habla de Paz Total se reconoce de suyo que las paces parciales, las paces particulares, las paces limitadas, las paces localizadas, no han servido en Colombia. Se acepta así una verdad palmaria: el Acuerdo Final de 2016 no fue final, el conflicto continuó; por eso se requiere, ya no una desmovilización parcial de determinado grupo ni una pacificación fragmentada por territorios, sino avanzar simultáneamente en diálogos con diferentes actores armados y resolver a nivel nacional el conflicto social político - armado.
¿Por qué cree que la Paz Total está estancada?
La Paz total enfrenta grandes enemistades de quienes se han lucrado de la guerra y de las paces mal hechas. Enemigos dentro y fuera del Estado, dentro y fuera del régimen, incluso, dentro y fuera del Gobierno Nacional. No obstante, claro que hay futuro para la paz total; quizás soy un optimista empedernido, pero fui formado con la consigna que el destino de Colombia no puede ser la guerra civil, y que no estamos condenados a una eternización del conflicto armado. Obviamente la conquista de La Paz Total es algo más complejo que la visión de una mera desmovilización de algunos grupos armados. El real cierre de la guerra en Colombia, pasa inexorablemente por un punto que hará parte junto a otros de la agenda de negociaciones con la Segunda Marquetalia: las condiciones para la convivencia pacífica, las grandes transformaciones políticas y sociales, para lo que se requiere participación no exclusivamente de los actores armados sino del conjunto de la sociedad colombiana. Yo creo que hacia allá debemos apuntar en esta mesa con la Segunda Marquetalia, y no a naufragar en los laberintos santanderistas. Para ello hay que dar pronto pasos firmes, ojalá con más celeridad y decisión de parte del Gobierno Nacional, avanzando en una mejor caracterización del actual conflicto armado y de la construcción de paz, para aprovechar estos menos de veinticuatro meses que le quedan de este ejecutivo.
En lo que respecta a la mesa con la Segunda Marquetalia y quedando menos de dos años del gobierno de Gustavo Petro se percibe un estancamiento en esta mesa. ¿Está esta mesa paralizada?
Bueno, yo creo que hay percepciones sesgadas, pero, al mismo tiempo, hay realidades objetivas frente a esta ralentización de la mesa de diálogos con un actor tan importante, en mi opinión, cómo la Segunda Marquetalia. Digo ‘percepciones sesgadas’, porque hay una visión equivocada de la paz, de que simplemente se trata de un acuerdo exprés de desmovilización y que se remonta a la pléyade de firmas antes de 2016 que desarmaron guerrillas u otros grupos, pero no desactivaron la guerra. Con todo respeto las considero paces fracasadas y sería equivocado seguir aplicando ese racero a la mesa con el ELN y la SM-EB.
¿Hay enemigos de la Paz Total dentro del mismo Gobierno?
Hay incluso cantos de sirena alrededor de ciertos sectores del Gobierno Nacional que de forma bastante ahistórica y de poca comprensión espacial, pretenden presentar la actual fase del conflicto social armado, como meras guerras regionales o una multiplicidad de violencias inconexas sin carácter político. Más allá de la falta de rigurosidad conceptual, bajo estas tesis tanto la paz como los acuerdos, deberían ser pactos localizados y acotados al extremo, desechando la pertinencia de acuerdos generales de carácter nacional con los componentes de fondo políticos y jurídicos necesarios. Para estas lecturas simplificadoras la mesa “no avanza” porque, en esta lógica reduccionista, los únicos puntos serían la reinserción regional y programas asistencialistas locales.
Por el contrario, creo que, pese a un clima adverso se han logrado vencer obstáculos jurídicos insuflados para dialogar, se ha blindado el proceso con un importante grupo de países garantes y de entidades acompañantes y se han dado pasos certeros para alcanzar prontamente un cese de fuego bilateral exitoso. Yo creo que, en la integralidad de lo firmado en Caracas, -sobre lo cual debo guardar reserva- está la clave para darle un rápido impulso y consolidación a la mesa con la Segunda Marquetalia.
¿Qué más ha pasado en el marco de la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia?
Recientemente la sociedad civil ha impulsado iniciativas, encuentros en Tumaco, La Hormiga, Cumaribo o Puerto Carreño, que han dado respaldo al proceso con la Segunda Marquetalia, pero básicamente la velocidad la impone la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos que ya no están condicionados a una firma final como en La Habana, sino que son de inmediata ejecución. Hay que romper con prácticas paquidérmicas y burocráticas, asumiendo a plenitud las facultades constitucionales otorgadas al jefe de Estado para construir la paz.
De mi parte, como vocero civil y de parte de toda la delegación de paz está la plena disposición de avanzar prontamente en medidas que el pueblo colombiano requiere. Por ejemplo, concretar el cese bilateral de fuego y avanzar con celeridad en el “desescalamiento integral” del conflicto, para que no sigan cayendo asesinados indígenas como pasó hace pocos días en Zabaleta, Nariño, por una acción de la Fuerza Pública. Y valga aclarar, que cuando decimos “desescalamiento integral”, es porque las partes convenimos en Caracas que no es solamente militar, dado el carácter social y político del conflicto que exige medidas inmediatas en todos los órdenes, pero también que un conflicto es bilateral y por ello las medidas de desescalamiento deben ser asumidas por ambas partes.
Usted afirma que el Acuerdo de Paz de La Habana fue incumplido. Entonces, ¿por qué no sería preciso decir que esta mesa de negociación es una continuidad o una 'segunda parte' de La Habana, considerando que, además, el segundo ciclo de negociaciones con la Segunda Marquetalia se llevará a cabo allí?
No soy yo el que considera incumplido el Acuerdo de Paz de La Habana. Una pregunta válida es: ¿hoy en Colombia quién considera que se ha cumplido ese acuerdo? Lo firmado en 2016 era un acuerdo integral, inescindible y que se sufrió la perfidia del Estado colombiano; de hecho, el presidente Gustavo Petro así lo ha manifestado en reiteradas oportunidades e incluso ha anunciado posibles acciones de orden jurídico internacional denunciando este incumplimiento. El Estado colombiano está en la obligación de honrar lo firmado en La Habana, por ello, ese aspecto no es el objetivo del diálogo con la SM-EB.
La experiencia del Acuerdo Final de 2016, denota que un nuevo pacto de paz solo puede fundarse en un auténtico compromiso de Estado y de sociedad, no solo de un gobierno o una facción de éste, sino de todas sus ramas y sectores. Por ello mismo es equívoco pensar que la paz total se va a conquistar pactando con las autoridades locales simplemente, discutiendo meramente con actores armados, o a través de supuestas asfixias democráticas de la sociedad civil, sin el concurso del Gobierno Nacional.
¿Cómo es la violencia hoy en Colombia?
Para hacer la paz hay que comprender la guerra. Romper con los viejos y nuevos negacionismos del conflicto armado. Ya tuvimos en la época del uribismo la versión de José Obdulio Gaviria que decía que en Colombia no había conflicto armado, sino una supuesta amenaza terrorista externa, ya vimos como en la época de Iván Duque el Centro de Memoria llegó a plantear que no existió el conflicto armado como si una realidad histórica pudiese negarse por decreto. Pero ahora hay unos nuevos negacionismos, que le quieren quitar el carácter político y social a la actual fase del conflicto. Hay quienes afirman que en 2016 la guerra terminó y entonces hemos vivido una especie de ficción en los últimos 8 años; otros que consideran que lo que hay es simplemente disputas de codicia o rapiña por rentas ilegales, lo que en últimas no hace nada más que revictimizar a quienes están sufriendo el conflicto en las comunidades, en los territorios, en las mismas grandes ciudades con estos grupos que son neo-paramilitares, pero que además no explica la continuidad de la confrontación en zonas sin economías ilícitas como Sumapaz o El Pato, donde justamente hace presencia la Segunda Marquetalia.
El país debe abordar política y académicamente el debate sobre la actual etapa de la violencia en Colombia, que yo no dudo en calificar como de violencia política, con viejos y nuevos actores, pero con causalidades socio históricas irresueltas, incluido el desarrollo geográfico desigual, que no es una cuestión regional sino global.
No queda bien para lograr la Paz Total repetir la fábula de Iván Duque que es el narcotráfico el demiurgo de la guerra en Colombia, cuando aquí las dinámicas de confrontación y conflicto social armado provienen de hace más de siete décadas, y cuando la expansión de dicha transnacional capitalista no ha derivado en guerras similares a la colombiana en toda la región. Obvio, las guerrillas del siglo XXI no son idénticas a las guerrillas del siglo XX, tanto como lo grupos paramilitares de hoy, no son iguales a los mismos grupos paramilitares legales del Frente Nacional, pero las funciones sociales de la subversión y contrasubversión violenta se mantienen vigentes hasta hoy en Colombia.
Lo anterior exige la desactivación de las causas estructurales del conflicto y no simplemente la desmovilización puntual o localizada de unos pequeños grupos armados, facilitando el reciclaje de la guerra y el llamado “efecto globo” en el conflicto armado.
¿Hay las condiciones jurídicas, sociales y políticas para alcanzar una paz estable y duradera?
Soy de los que pienso que la paz es posible en Colombia, y que las condiciones jurídicas no son inamovibles, sino que dependen de las condiciones políticas y que aquí lo que hay que crear son las condiciones políticas. El mismo Presidente de la República ha llamado a un proceso constituyente, ha invocado al poder constituyente, creo que esa es la ruta: avanzar en diálogos de paz que entronque con el proceso y el poder constituyentes del pueblo colombiano, del pueblo soberano, para repensar el país y cerrar tantos años de guerra. Inevitablemente la mesa se va a enfrentar a este debate alrededor de los mecanismos para plasmar lo acordado, que fue de los mayores yerros de La Habana.
No creo útil eternizarse en una mesa de 7x7 donde no se llegue a ningún acuerdo; indefectiblemente se tiene que abrir, cómo bien lo planteó la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, una participación directa del pueblo colombiano para buscar salidas consensuadas. ¿No es eso el Acuerdo Nacional del que tanto hablan y cuyo primer punto es la Paz? El verdadero acuerdo nacional no cabe en el Capitolio y debe incluir a quienes no han estado aún representados en el actual sistema político. La meta de “erradicar la violencia de la política” requiere el compromiso de quienes han hecho política recurriendo al levantamiento armado. Cualquier impedimento jurídico-formal debe quedar supeditado al logro de la concordia entre compatriotas y del fin constitucional de la paz. ¿O no lo hizo así en su momento la Corte Suprema de Justicia con la Séptima Papeleta?
Retornemos al inicio. Usted es docente universitario, ahora está sentado en una mesa de negociación en calidad de vocero de civil del lado de una organización guerrillera en diálogos con el gobierno nacional. Históricamente ha habido asesinatos, persecución y estigmatización a quienes ejercen algún rol político y de negociación para la paz desde la academia. ¿Teme algún tipo de estigmatización, censura en su ejercicio docente o aumento de riesgo en su seguridad a partir de esta nueva etapa?
Yo no sólo soy profesor: soy sindicalista, participé del movimiento universitario, fui prisionero político, fui exiliado político, por supuesto, también activista permanente y defensor de la paz, y pues, lamentablemente he vivido en carne propia hechos victimizantes del conflicto. Claro que me preocupa el viejo y nuevo macartismo, incluyendo el de aquellos que de forma irracional y delirante acusan a quienes queremos completar la tarea de Paz total, de estar en contra o haber traicionado el acuerdo de paz de La Habana. Pero, mi punto de partida es que así como ninguna filigrana santanderista, ni ningún funcionario público puede estar por encima de La Paz, mi vida civil y mi labor como vocero de paz -para lo que yo estoy avalado por parte del gobierno nacional a solicitud de las partes- no pueden ser transgredidas por continuar insistiendo tozudamente en mi compromiso por ponerle fin al conflicto social armado.
Si el régimen político colombiano, es incapaz de garantizar su vida y demás derechos a un civil, difícilmente van a poder avanzar en garantizar la vida y la seguridad a quienes han ejercicio la rebelión. Aquí yo insisto en la idea de Fals Borda, de lo que se trata es en poder avanzar en que la subversión intelectual, la subversión política, la subversión desarmada, pueda tener un espacio en el orden político colombiano y no se vea compelida al recurso del denominado derecho a la rebelión.
Ahora, más allá del caso particular de Francisco Toloza y de la solidaridad de entrada que siento por tantos docentes que vieron su vida cegada, -Alfredo Correa de Andreis, Jorge Freytter, Alberto Alava-, o que sufren hasta hoy la persecución como Miguel Ángel Beltrán, entre tantos otros, bien vale la reflexión para que el país avance en la desestigmatización, en romper el anacrónico macartismo y en abrirse en un debate civilizado de ideas que es el que quiero plantear dentro y fuera de la mesa con la Segunda Marquetalia. Aquí opinar distinto no puede seguir siendo un delito ni de iure, ni de facto y lamentablemente el apartheid político que pretenden imponernos a muchos y a muchas sigue existiendo. Por el contrario, espero que este proceso de paz contribuya en romper esa satanización, sobre la que ha cabalgado la guerra en Colombia.
