Análisis

SÍNTESIS

Tras publicar una serie de reportajes sobre la investigación por corrupción que adelanta la Fiscalía contra el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por lo que fue interceptado su celular, RAYA ha sido objeto de calumnias por parte de la Silla Vacía que sugirió que Rendón es víctima de una “narrativa petrista”. Sin embargo, omite las evidencias que vienen desde la Fiscalía de Francisco Barbosa. 

Por: Unidad Investigativa Revista RAYA

Es un hecho innegable que el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido investigado por la Fiscalía desde 2022, luego de que una veeduría ciudadana del municipio de Rionegro, donde fue alcalde, lo denunciara por presuntos hechos de corrupción en la construcción de dos CAI de Policía. También es un hecho que Rendón, tras pasar por la alcaldía de Rionegro, decidió aspirar a la Gobernación en 2023, pero semanas antes de su elección, pidió aplazamiento a la audiencia en la que una Fiscalía de Medellín, aún en la época de Francisco Barbosa, le iba a imputar cargos por peculado de apropiación y contratación sin requisitos legales, es decir, contratación a dedo con una cuestionada empresa que ya veremos por qué es importante. 

El pasado 8 de septiembre, La Silla Vacía publicó un artículo de análisis, presentado como investigación, en donde las opiniones hacen que “el relato mate al dato” y lo desconozca, es decir, sugiere y supone cosas, pero no aporta ni evidencias documentales ni fácticas que permitan controvertir el punto central del asunto: que Rendón es investigado por corrupción y que existen llamadas interceptadas en donde se pone en evidencia que le ha mentido a la justicia. Para atacar nuestras investigaciones, lo único que aporta el periodista Edison Henao, autor del escrito, es señalar con vehemencia que todo hace parte de una supuesta “narrativa petrista” en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Una apreciación subjetiva, que bordea, por lo menos, los límites de la ética.

Estimado Edison, cuando la Fiscalía iba a imputar cargos al entonces candidato Rendón, tenía como sustento que aquel contrató sin el cumplimiento de los requisitos legales, es decir, que lo hizo a dedo a través de una empresa en la que estaban sus aliados y amigos que hoy trabajan en la Gobernación con él. Eso mismo le explicó el director de esta revista a usted el lunes primero de septiembre, cuando lo llamó para pedir que le compartiéramos el documento con el que el Tribunal Superior de Bogotá legalizó las interceptaciones. No estábamos obligados a hacerlo y no lo hicimos, pero a diferencia de su análisis, RAYA sí publicó apartes del documento como es nuestro deber. Acá lo adjuntamos para reiterarle otro hecho. 

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El artículo de La Silla no valora ni controvierte con evidencias los hechos y documentos aportados por RAYA en sus investigaciones y, por el contrario, reproduce, sin contrastar, las afirmaciones del gobernador, quien le respondió las preguntas al periodista (contrario a lo que sucedió con RAYA que lo ha consultado siempre) con las que trata de zafarse de la investigación judicial asegurando que es “perseguido por la Fiscalía debido a su oposición al Gobierno Nacional”. Un argumento muy cuestionado también al jefe de su partido Centro Democrática, el expresidente Álvaro Uribe, recién condenado en primera instancia por soborno y fraude procesal. 

Es más, para acompasar al relato del Gobernador Rendón, La Silla sostiene que la investigación que podría llevar a la cárcel a Rendón es un “caso penal menor”. 

Las pruebas que omite La Silla

Lo que el autor del texto, Edison Henao, llama un caso “menor” son una serie de irregularidades que la Fiscalía le endilga, desde 2023 (durante la Fiscalía de Francisco Barbosa) a Andrés Julián Rendón y su sucesor en la alcaldía de Rionegro, Rodrigo Hernández Alzate, quienes contrataron y ejecutaron la construcción de dos CAI aparentemente sin cumplir los requisitos legales cuando Rendón fue alcalde de ese municipio entre 2016 y 2019.

La adjudicación de los dos contratos se hizo a dedo con la EDESO, una empresa creada por su misma alcaldía. EDESO a su vez subcontrató las obras con particulares, pero los CAI nunca contaron con los avales técnicos de la Policía, ni fueron concertados con esa institución, lo que generó fallas de diseño y mala planeación que quedaron en evidencia en una de las actas oficiales de los contratos. Por ello, la nueva alcaldía de Rionegro, en ese momento al frente de Hernández Alzate, destinó millonarios recursos de adición presupuestal para suplir las falencias. Los CAI nunca entraron en funcionamiento, quedando como elefantes blancos durante cinco y seis años cada uno.

La Contraloría General de la República halló méritos para declarar que estas obras causaron un detrimento patrimonial al municipio de Rionegro por más de 1.200 millones de pesos. Actualmente, un  juzgado administrativo de Antioquia obligó al municipio a incluir ambos CAI en un inventario de obras fallidas e inconclusas, mientras que dos fiscalías, –la primera, un despacho anticorrupción de Medellín que estuvo a punto de imputar a Rendón y solicitar una orden de captura en su contra, y ahora la Fiscalía Cuarta Especializada ante la Corte Suprema– han encontrado evidencias para investigar a Rendón como el presunto cerebro del plan para desfalcar las arcas municipales. 

Varios de los implicados en esta trama terminaron trabajando con Rendón ahora en la Gobernación de Antioquia, entre ellos, Rodrigo Hernández Alzate, su amigo personal y primer gerente de la empresa EDESO, quien fue electo alcalde de Rionegro en 2019 con el apoyo del grupo político del hoy gobernador y quien debió adicionar más dinero la terminación de los CAI. 

Pese a todas estas evidencias, reveladas desde hace más de un año por la Revista RAYA, La Silla Vacía asegura que no se trata de un “escándalo de corrupción” sino de una “narrativa” que promueven varios diputados y congresistas del Partido Verde y el Pacto Histórico en Antioquia, borrando de paso el papel del periodismo que hace RAYA en su derecho a la libertad de prensa y de otros medios de comunicación que han investigado con rigor un caso de corrupción al que la justicia le sigue de cerca los pasos. 

Evidencias que se tergiversan y el doble rasero de La Silla 

“Las municiones [contra Rendón] se han cocinado primero en RTVC, el canal del gobierno que hoy gerencia Hollman Morris, y Raya, una revista que ha contratado más de $400 millones con el canal”, asegura el periodista Henao. Al relacionar a RAYA con RTVC, Henao intenta restarle credibilidad a la Revista con una falacia ad hominem que, en lugar de valorar las pruebas presentadas por nuestros reportajes y refutarlas, si es el caso, se limita a señalar un convenio de coproducción con la televisión pública para sugerir que todo es una componenda. 

En cuanto a los convenios de coproducción con RTVC, reiteramos que todos son públicos, auditables y de libre acceso. Los recursos han estado destinados a producción periodística y nunca han condicionado la línea editorial de la Revista. Así como otros medios han suscrito convenios similares con la televisión pública, lo relevante no es la existencia de los mismos, sino el cumplimiento de principios básicos de independencia y transparencia editorial, que seguimos a cabalidad.

De hecho, nuestro convenio es similar al que muchos otros medios tienen y han tenido con RTVC, sin que tales convenios, algunos mucho más cuantiosos en recursos que otros, invalidaran su información e independencia. Este asunto fue debatido con rigurosidad en el editorial titulado: “Periodistas de la FM atacan a la Revista RAYA por revelar la oscura negociación del virus espía Pegasus”, el cual invitamos a consultar.

Resulta llamativo que La Silla Vacía esgrima este argumento para invalidar nuestra investigación, como si ellos desconocieran las características y costos de los contratos de coproducción que abundan en Colombia y de los cuales ellos han tenido parte. La Silla, que hoy tiene un espacio de televisión en el Canal Uno, financia su producción bajo esquemas similares a los que se utilizan en la mayoría de medios que trabajan con la televisión pública, sin que ello haya sido cuestionado. Su propio historial muestra que también suscribió convenios con la televisión pública, como ocurrió con el  programa llamado La Pepa, que alcanzó más de ciento setenta emisiones con el Canal Capital durante la administración de Enrique Peñalosa. Adjuntamos la evidencia. 

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Precisamente, en uno de esos programas de televisión se defendió al entonces alcalde Peñalosa al afirmar  que la construcción del metro de Bogotá no se retrasaría por su gestión, a pesar de que se habían desechado estudios y diseños ya avanzados por la administración anterior. 

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Así mismo, la periodista Claudia Julieta Duque reveló que La Silla Vacía obtuvo otro contrato con Canal Capital en 2016 para producir clips de video en los que tenía la posibilidad de vender pauta. Una cláusula del documento revelado por Duque establece que la línea editorial y los contenidos fueron dictados por el propio Canal Capital, controlado por personas cercanas a Enrique Peñalosa. Estos antecedentes muestran que los convenios con la televisión pública son habituales y que no condicionan necesariamente la independencia periodística de quienes los suscriben. En el caso de la Revista RAYA, todo nuestro trabajo goza de plena autonomía y sólo se ciñe a los principios declarados en nuestro manifiesto fundacional.

Continuando con el artículo de La Silla sobre el gobernador Rendón, este incluye otro párrafo tendencioso: “Aunque a simple vista [las publicaciones de la Revista RAYA] se tratan de un ejercicio de investigación periodística en profundidad, con visitas a los CAI en Rionegro y documentos de la entraña del proceso, tanto los contenidos en televisión como las historias web de ambos medios han apostado por defender los supuestos de la Fiscalía, agregándoles carga editorial”.

Lo que Henao llama “supuestos de la Fiscalía” son en realidad los argumentos esgrimidos por el Tribunal Superior de Bogotá, que autorizó y le dio legalidad a las interceptaciones al teléfono de Rendón porque encontró suficientes indicios de que el hoy gobernador y su círculo estaban realizando maniobras para impedir el accionar de la Fiscalía en su investigación por la presunta corrupción en los CAI. 

Y lo que él define como “carga editorial” en realidad son una serie de hechos soportados en documentos, actas oficiales, fotografías y decenas de testimonios de los pobladores de Rionegro, recogidos por múltiples medios, quienes han confirmado en los últimos seis años el fracaso de ambos CAI. 

Un patrón de desinformación 

Edison Henao, quien suscribe el artículo en La Silla Vacía, también confunde las tesis de la Fiscalía, que intentó imputar y librar orden de captura contra Rendón en 2023 (antes de la actual administración de Luz Adriana Camargo), con lo dictaminado por el Tribunal Superior de Bogotá. En lo que parece ser un desconocimiento sobre asuntos jurídicos, Henao ignora que una decisión judicial de segunda instancia invalida una decisión de primera, que es justamente la que él emplea en su artículo para insinuar la narrativa de que Rendón es un perseguido político. 

Henao atribuye falsamente al reportaje de RAYA haber inventado hechos y hacer afirmaciones que no estaban en los documentos del proceso, entre ellos, el auto con la decisión del Tribunal que avaló las interceptaciones a Rendón y nueve de sus colaboradores. Así se desprende de uno de los párrafos de su artículo, donde Henao dice que “se pinta a Rendón como el “cerebro del desvío de recursos” en medio de la construcción de los CAI”.

Pero no es RAYA la que “pinta” a Rendón como el presunto determinador detrás de los contratos amañados. Esto está explícitamente planteado en el documento del Tribunal Superior de Bogotá que dictaminó que hubo una “presunta instrucción por parte del entonces alcalde [Andrés Julián Rendón] para que los contratos se hicieran con determinadas empresas”. 

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Esta no sería la primera vez que Edison Henao, de La Silla Vacia, habría mentido y desinformado desde su plataforma. Durante un cubrimiento a un evento de medios alternativos en septiembre de 2024 en Armenia, La Silla aseguró que el Gobierno Nacional le había pagado al filósofo y politólogo español Juan Carlos Monedero para dar una conferencia. Esta información era falsa, por lo que La Silla se vio obligada a retractarse. Henao no se tomó el trabajo de consultar a Monedero directamente, como ordena la ética periodística, pese a que hubiera podido hacerlo con facilidad, pues ambos estaban en el mismo recinto. 

RAYA, con más de 100 ediciones y tres años de trabajo periodístico, ha publicado más de 500 investigaciones y análisis, de los cuales más de 50 se han llevado a la televisión gracias a la alianza con Señal Colombia. En todo este tiempo, a pesar de los centenares derechos de petición y tutelas, en algunos casos rayando en el acoso judicial, no ha debido rectificar ninguna de sus publicaciones, lo que refleja un compromiso constante con la veracidad y la rigurosidad. 

Finalmente, dado que La Silla Vacía acusa a la Revista RAYA de integrar y promover una supuesta “narrativa petrista”, sugiriendo que estamos articulados con congresistas de diferentes partidos para ello, le solicitamos formalmente que presente las pruebas que sustenten dicha afirmación. En caso contrario, exigimos que se retracte en público, pues nuestras investigaciones sobre Rendón se han limitado a señalar hechos y pruebas que lo vinculan a  graves actos de presunta corrupción. Nuestras investigaciones sobre este caso no comenzaron en agosto de 2025 ni con el convenio de coproducción con RTVC. Desde diciembre de 2023, cuando el expediente pasó a la Corte Suprema de Justicia, RAYA ha documentado de manera independiente las irregularidades en los contratos de los CAI de Rionegro. Hacerle control al periodismo de los colegas, también implica un poco de rigor, no solamente frases sueltas y rimbombantes para estar a la moda. 

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