El saboteo de congresistas de la oposición y la complicidad de otros que hacen parte de los partidos de Gobierno, buscan cambiar una de las principales promesas de Gustavo Petro: la prohibición del fracking y de la explotación de Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos. A paso de tortuga y con zancadillas, así se ha venido transformando el proyecto de Ley.
Por: Tatiana Roa Avendaño. Coordinadora del Área de Energía y Justicia Climática de Censat Agua Viva
En campaña electoral, el entonces candidato Gustavo Petro anunció que un gobierno del Pacto Democrático debería “decretar la suspensión de la exploración petrolera en Colombia” y prohibir el fracking. Ya como presidente, ratificó la suspensión de los nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos y se comprometió a que su gobierno respaldaría el proyecto de ley para prohibir el fracking y los yacimientos no convencionales (YNC). En numerosos escenarios, el presidente Petro expresó la urgencia de abandonar los fósiles fortaleciendo una economía productiva y la promoción de energías renovables. Incluso, esos argumentos los ha llevado a escenarios globales, convocando a la comunidad internacional a impulsar el tránsito de sus países hacia una economía sin carbón y sin petróleo.
Uno de estos escenarios fue la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 27, que se llevó a cabo en Sharm El-Sheik, en Egipto. Allí, el presidente Petro presentó un decálogo en el que afirmó que la crisis climática que vive el planeta “se soluciona si el mundo deja atrás el petróleo y el carbón”, y para ello, manifestó que se requiere “desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada”, así como definir una agenda para el desescalamiento de las actividades hidrocarburíferas.
Sin embargo, esa promesa de campaña ha venido menguando al punto que tuvo un importante revés el pasado lunes 5 de diciembre, cuando la Comisión Quinta del Senado votó mayoritariamente contra el proyecto de ley para prohibir el fracking y la explotación de YNC en Colombia. Este proyecto de ley, nacido en el seno de la Alianza Colombia Libre de Fracking luego de años de lucha y resistencia, y que fue radicado por cuarta ocasión con el apoyo de 74 congresistas, fue modificado por los senadores Jorge David Name Cardozo (Partido de La U), Miguel Ángel Barreto (Partido Conservador), Jaime Durán Barrera (Partido Liberal) y Edgar Díaz Contreras (Cambio Radical), para borrar la prohibición de los YNC y dejar solo la prohibición del “fracturamiento hidráulico horizontal multietapa en yacimientos no convencionales”. En la práctica, esta semi prohibición se constituye en un mico que buscaría dar contentillo a la opinión menos enterada, pero en la práctica se terminaría por permitir la explotación que el movimiento social busca detener con el proyecto de ley, solo que de manera camuflada y afirmando que ya se ha cumplido con sus exigencias.
A esto se suma que, contrario al interés del presidente, la respuesta de la coalición de gobierno en el Congreso de la República va por otra vía. La bancada no solo no logró presentar una ponencia unificada, sino que un sector de esta buscó formas para dilatar el debate en Comisión Quinta. El 24 de noviembre, los senadores de los partidos Centro Democrático, Liberal, Cambio Radical y Conservador no se presentaron al primer debate en dicha comisión, rompiendo el quórum necesario para empezar a debatir el proyecto. Por otro lado, el 28 de noviembre, una recusación de la senadora Yenny Rozo (del Centro Democrático) hacia la mesa directiva de la comisión, hizo que la sesión tuviera que ser nuevamente aplazada. La división de los congresistas de la bancada de gobierno en relación al proyecto de Ley para prohibir el fracking y los YNC, muestra un talón de Aquiles frente a las intenciones del actual gobierno de avanzar hacia una transición energética real que abandone la senda de los combustibles fósiles. La prohibición específica del fracking en pozos horizontales implicaría que, con variaciones al ángulo de inclinación de los pozos, se diera la explotación de yacimientos, a través de esta técnica de roca generadora, lo que dejaría dicha regulación sin efectos prácticos.
Permitir los YNC abriría la puerta a actividades como la explotación de las arenas bituminosas, del gas metano en mantos de carbón y los hidratos de metano, consideradas como energías extremas por su intensa demanda de agua, energía y territorios.
Pero, ¿cuál es el problema con los YNC? Para empezar aclaremos qué son.
Se trata de formaciones geológicas donde existen acumulaciones de petróleo o gas en rocas con muy baja permeabilidad y porosidad, que requieren de técnicas en muchos casos experimentales y muy costosas, económica y energéticamente, para ser extraídas. Estos yacimientos, además de requerir inmensas cantidades de agua de acuíferos superficiales y/o profundos para ser extraídos, generan vertimientos altamente contaminantes que van a parar a ríos, ciénagas o humedales, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua de los pobladores locales y amenazando los ecosistemas aledaños. Además, los propios trabajadores están expuestos a frecuentes accidentes laborales por la manipulación de sustancias peligrosas.
La extracción de YNC también agrava la crisis climática, porque durante la exploración se liberan emisiones de metano directamente a la atmósfera. No hay que olvidar que el metano es un gas de efecto invernadero y que es 86 veces más agresivo que el dióxido de carbono, en un horizonte de 20 años. Incluso, para ir más allá, la extracción de los YNC implicaría continuar ampliando la frontera hidrocarburífera, poniendo en riesgo regiones claves para la estabilidad climática.
En la sesión de la Comisión Quinta del pasado 5 de diciembre, la ministra de Ambiente Susana Muhamad denunció que el piedemonte amazónico y la serranía de La Macarena, donde nacen gran parte de los ríos de Colombia que nutren la cuenca de la Amazonía, es donde se encuentran las principales reservas de las arenas bituminosas, que son capas de arena mezcladas con bitumen o betún de petróleo. Su explotación se realiza mediante minería a cielo abierto, lo cual implica eliminar completamente los árboles y la vegetación de la capa superficial de la tierra y requiere inmensas cantidades de agua, lo que podría destruir este importante bioma y contradice el llamado del presidente Gustavo Petro de salvar la Amazonía, uno de “los pilares del clima del planeta”. Por su lado, la explotación del gas metano en mantos de carbón solo favorece al sector carbonífero que lo extrae para abaratar los costos de su operación de extracción de carbón, lo que la hace doblemente contaminante.
Lo sucedido en las últimas semanas en el Congreso de la República muestra que la prohibición del fracking y los YNC sigue estando, como siempre ha sucedido, en manos de la gente. El movimiento antifracking debe fortalecer la movilización social y la incidencia sobre la opinión pública que tanto ha respaldado esta lucha. Hay que exigir a los congresistas que cumplan con esa promesa de campaña y con la aprobación de esta Ley que fue incluida en el paquete legislativo priorizado por el gobierno de Gustavo Petro y que es central para una transición energética justa y sin fósiles. No podemos permitir más dilatación y bloqueos.
El cambio es sin fracking y sin yacimientos no convencionales.
