RAYA analizó varios hechos antes y después del atentado contra el precandidato presidencial, Miguel Uribe, en los cuales se evidencia una estrategia de la oposición para desconocer al presidente Gustavo Petro. Esta semana, se dio un paso radical: el presidente del senado, Efraín Cepeda, dijo pretender reunirse con las Fuerzas Armadas sin la presencia del primer mandatario de los colombianos.
Por: Redacción Revista RAYA
El 18 de marzo pasado, ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado decidieron hacer algo inédito con un proyecto de ley del Presidente de la República, que ya había avanzado en la cámara baja: hundirlo sin siquiera debatirlo y cerrar de un tajo una reforma laboral que buscaba beneficiar a la clase trabajadora del país. Lo que rechazó el Gobierno fue la existencia de un bloqueo institucional que impedía la deliberación y votación en la plenaria del Senado, es decir, por todos los congresistas. Esto provocó que el presidente Gustavo Petro convocara a una consulta popular, lo que activó a sectores ciudadanos a favor de ese mecanismo constitucional y de la reforma laboral, en favor de los trabajadores.
Pasaron dos meses entre un hecho y otro. Los discursos habían subido los ánimos, principalmente entre el presidente Petro y el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, del partido Conservador. Llegó el 14 de mayo, día de la votación en el Senado para aprobar o no el llamado, al pueblo, a una consulta popular. Cepeda y la oposición se interpusieron en el camino, lideraron el no y lo impusieron por dos votos. Pero ese estrecho margen, sumado a diferentes maniobras del presidente del Congreso, ocasionaron la denuncia de fraude por parte de Petro: “No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970. El senador Efraín Cepeda, sabedor de que ingresaban los votos que la hacían mayoría, cerró la votación. Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir”, escribió en sus redes sociales.
Ese mismo día, después de dos meses de que el propio Senado hubiese cerrado la puerta a la reforma laboral, este decidió revivirla para interponerse a una consulta popular que claramente le daría una victoria al presidente Petro y a su Gobierno. Luego vinieron los debates, la peluqueada del proyecto de reforma que venía de Cámara (concertada con gremios empresariales y centrales obreras), y finalmente la aprobación para que pase al último debate en la plenaria del Senado, con sinsabores tanto en sectores de derecha, que piden más gabelas (beneficios) para las empresas, como en las centrales obreras, que alegan retrocesos en derechos adquiridos y una posible contrarreforma.
En medio de esa discusión, las encuestas reflejaban el gran entusiasmo y respaldo a una consulta popular sobre una reforma laboral que haga justicia para la clase trabajadora. Por eso, el presidente Petro afirmó que el Gobierno convocaría la consulta por decreto, ante la perspectiva de que el Congreso aprobara una reforma limitada y favorable a los empresarios. Mientras las luces enfocaban ese escenario, el sábado 7 de junio, un joven sicario se acercó a un mitin político del senador opositor al Gobierno, Miguel Uribe, y le disparó. Hoy, el senador se debate entre la vida y la muerte.
Además del rechazo generalizado al atentado, la oposición ha usado el hecho para instalar un escenario apocalíptico, de guerra, de crisis institucional, responsabilizando al presidente Petro. El senador Efraín Cepeda ha fungido como el líder de la oposición, negando en las últimas horas la figura presidencial,mientras responsabilizaba al Gobierno por el atentado, rechazó la convocatoria a una reunión oficial sobre garantías de seguridad para los candidatos de cara a las elecciones de 2026, y convocó una paralela en la que el Procurador General, Gregorio Eljach, fue protagonista.
Esto sucedió el pasado 10 de junio. A la reunión asistieron los partidos Cambio Radical, de la U, Conservador y otras colectividades que se han declarado en oposición. Al término del encuentro, , sorprendió la declaración del procurador Eljash, quien, sin preámbulo, develó el plan: “El diálogo entre el Procurador y los jefes de los partidos se dio en el marco de Comisión de Vigilancia de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, una dependencia interna del Ministerio Público. El jefe del Ministerio Público aceptó la solicitud de las organizaciones políticas, en el sentido de procurar que reine la armonía entre todos los partidos y el Gobierno, y el proceso electoral se cumpla de manera tranquila, para lo cual puso a disposición su estrategia, Diálogo para Construir Consensos. El Procurador advirtió que sus intervenciones no pretenden de ninguna manera sustituir el papel constitucional del Presidente de la República ni de ningún otro funcionario público y tampoco del Gobierno, en el manejo de los asuntos que son de su constitucional y entera competencia”. Sin embargo, de inmediato añadió que sería garante de las medidas de seguridad que se implementen para la oposición.
Por su parte, el ex registrador Nacional, Alexander Vega, hoy presidente del partido de la U, también fue vehemente al declarar que no reconocían al Gobierno nacional como garante de las próximas elecciones: “El hecho político es que no reconocemos garantías en este Gobierno y que sea la Procuraduría, a través de la Comisión de Vigilancia y Control, y no la del Gobierno Nacional, la que se encargue de las garantías de los partidos políticos de Colombia”, puntualizó.
Minutos más tarde, habló el senador Efraín Cepeda, quien aseguró públicamente: “hemos pedido que podamos hacer una reunión conjunta con las Fuerzas Militares y de Policía, para avanzar en eso, en las garantías de seguridad para los candidatos, para los partidos, para las sedes políticas y podamos tener un debate electoral tranquilo, no como hoy se asoma que se parece mucho a las épocas del narcotráfico”. Ante esa afirmación, el presidente Petro respondió de inmediato, calificando el hecho como sedición y tentativa de un golpe de Estado. “No hay reunión con la Fuerza Pública de los jefes de partido sin la presencia del Presidente, comandante de toda la Fuerza Pública”.
En las últimas horas, la oposición ha convocado una marcha para el próximo domingo, con el fin de fortalecer su plan de desconocer al Presidente de la República, en medio de una oleada de actos terroristas en el sur del país que afianzan la tesis de una desestabilización del Gobierno. Entre los que convocaron la movilización se encuentra: Francisco Santos, ex vicepresidente en el Gobierno de Álvaro Uribe, quien afirmó que la marcha tenía destinatario y era el presidente Petro. Además, invitaron a las reservas y veteranos de la fuerza pública a sumarse a la marcha. Por su parte, la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de Policía convocó una marcha para este jueves 12 de junio exigiendo respeto a la Constitución y acciones para frenar la violencia.
La oposición también se ha rodeado de quienes son los y las candidatas de derecha que se perfilan como alfiles políticos en 2026. La periodista y hoy candidata, Vicky Dávila, por ejemplo, habló de la marcha del domingo y atacó al presidente Petro. A la par, el alcalde de Medellín, Federico Gutierrez, también opositor al Gobierno, viajó a Estados Unidos para reunirse con el FBI en busca de que, supuestamente, ayude a investigar el atentado contra Miguel Uribe. Asimismo, el expresidente Álvaro Uribe ha afirmado, sin mostrar evidencia alguna, que recibió información internacional sobre un posible atentado en su contra. No obstante, no hay que olvidar que Uribe actualmente está en juicio por los delitos de fraude procesal, testigos falsos y soborno.
La estrategia de llamar a una intervención por parte de organismos internacionales ha sido reforzada por Efraín Cepeda, quien le pidió a la ONU, a la CIDH y a la OEA frenar la consulta popular de Gustavo Petro, argumentando que se viola el orden constitucional. Para Fransisco Toloza, analista y profesor de la Universidad Nacional, es probable que esa solicitud sea respondida positivamente por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien es cercano a la derecha colombiana, principalmente, al Centro Democrático.
“El coro de los medios masivos y de la derecha es que Petro tiene que dejar de proponer la consulta popular, que Petro tiene que dejar de polarizar, que Petro tiene que dejar de ser Petro para que lo dejen terminar el periodo. Con esto, el mandato de la derecha es concreto: ‘Presidente, deje de gobernar y de pelear con nosotros, que siempre hemos gobernado hasta hoy’. Aquí el poder político y el régimen político sigue estando en manos de los de siempre”, afirma Toloza.
Lejos del Congreso, algunos magistrados de las altas cortes también se han negado a juramentar frente al Presidente. Aunque no hay una norma que exija este protocolo, tradicionalmente se ha hecho como una forma simbólica de reconocer la relación de unidad entre las ramas ejecutiva y judicial del poder público. Sin embargo, magistrados como José Joaquín Urbano Martínez y Víctor Julio Usme Perea, de la Corte Suprema de Justicia; Juan Camilo Morales, Adriana Polidura y Luis Antonio Rodríguez, del Consejo de Estado, y, recientemente, Lina Escobar de la Corte Constitucional han dado un vuelco a la tradición argumentando su autonomía. A pesar de que Petro ha asistido a la toma de juramento de otros de sus homólogos.
El cerco de la oposición y distintas corporaciones del Estado frente a la figura del Presidente, según analistas consultados por la revista RAYA, representa el avance de un golpe blando en el que se busca el desgaste del Gobierno. “Es un proceso continuo de desestabilización del país, de deslegitimación y de sabotaje a todas las iniciativas gubernamentales. Esto tiene por objetivo provocar un movimiento de opinión que obligue a Petro a renunciar o lo debilite lo suficiente como para que en el año entrante la derecha vuelva al poder”, señala Federico García, analista político y profesor de la Universidad Externado y Javeriana.
Ante este escenario, la reforma laboral y la consulta popular es el campo en el que se están midiendo las fuerzas de la oposición y el Presidente. Precisamente, el día en que se reanuda la discusión de la iniciativa legislativa en el Senado, Petro anunció que había firmado el decreto mediante el cual convoca a la consulta popular, que se derogaría si la cámara alta aprueba la reforma laboral con los acuerdos que se hicieron con empresarios y centrales obreras en la cámara baja. Es decir, que de no aprobarse y discutirse la reforma laboral antes del 20 de junio, día que termina el periodo legislativo, el Gobierno convocaría a los colombianos para que voten sobre si se aprueban los cambios sobre el sistema laboral.
“El Gobierno está apelando a mecanismos constitucionales y busca acompañarlo de una gran movilización popular, que es el poder que tiene. Estamos presenciando un pulso. La historia de Colombia ha sido la historia de un establecimiento muy conservador, con algunos intentos de liberalización y apertura que suelen ser abortados violentamente por ciclos exterminadores. Es decir, por ejercicio sistemático de la violencia oficial para aniquilar a las iniciativas de cambio”, agrega García.
Al unísono la derecha internacional, ha hecho eco a la situación coyuntural de Colombia en medio del atentado contra el senador Miguel Uribe. Por ejemplo, Marco Rubio, secretario de Estado de Estado de Estados Unidos, condenó el acto. “Estados Unidos condena con la mayor firmeza el intento de aseinato (...) Esto constituye una amenaza directa a la democracia”. Benjamín Netanyahu, uno de los principales contradictores interacionales de Petro por condenar desde un principio el genocidio contra el pueblo palestino, también se unió a las voces de rechazo de este intento de homicidio que aún no tiene responsables intelectuales, la voz de un presidente que asesina o mutila 100 niños y niñas por día en Palestina, según la Unicef: “Me conmocionó enterarme del intento de asesinato de Miguel Uribe. Esta violencia despreciable socava la democracia en todas partes. Mis condolencias están con Miguel, la familia Uribe y el pueblo de Colombia, mientras rezo por su pronta y completa recuperación”.
La plenaria del Senado, con 57 votos se negó la proposición alternativa del Pacto Histórico presentada por la senadora Aida Avella, que buscaba recuperar derechos laborales que fueron modificados en el debate previo de la reforma, entre esos: la formalización del contrato del SENA, la extensión de licencias especiales como la de paternidad y por enfermedades, la reducción de la jornada laboral efectiva y la eliminación del contrato sindical. De esta forma, se seguiría la tendencia de la Comisión Cuarta del Senado: desmontar progresivamente el proyecto original presentado por el Gobierno desde 2023. Por ahora, el presidente Petro, tras la firma del decreto con el que convoca la consulta popular, ha dicho que si eso no estuviera pasando el decreto no existiría o lo derogaría. El pulso finalmente estará en las calles.
