Cerca de 74 contratistas de esta dependencia del Ministerio de Justicia tendrían contratos corbata relacionados con el control administrativo y operativo del cannabis medicinal. Ganan entre 5 y 10 millones de pesos mensuales, pero, al parecer, nunca han justificado sus labores y, aun así, cobran. Esta nómina estará vigente hasta finales de septiembre y, todo indica, que el nuevo ministro de Justicia no la renovará.
Por: Edinson Bolaños
En agosto pasado un funcionario del ministerio de Justicia entregó varios documentos de Excel a los equipos de empalme del entrante presidente Gustavo Petro. Dentro de estos no solo estaba la relación de las nóminas y gastos de esa cartera sino, también, resaltados en rojo, los nombres de 74 personas que, según el funcionario, hacen parte del grupo de contratistas corbata que existen en la Dirección de Política de Drogas de este ministerio. Según la denuncia dichos contratistas, entre los que había ingenieros químicos, abogados y hasta un médico cirujano, cobraron sus honorarios sin mostrar resultados o sin que, al parecer, presentaran informes de gestión con las cuentas de cobro de cada mes.
La respuesta que recibieron los delegados del electo presidente Petro ante la pregunta de por qué seguían esas personas vinculadas al Ministerio, siempre fue la misma: “fue una orden de arriba”. En este caso, “el de arriba” es el director de la Oficina de Política de Drogas, aún en el cargo, Andrés Orlando Peña. Según la fuente de esa entidad, que denunció esta nomina paralela ante la Revista RAYA, Peña no ocultó su molestia por la entrega de dicha información contractual a los delegados de Petro. Incluso, el funcionario que lo hizo fue amenazado con la terminación de su contrato por su proceder (a todas luces legal). La situación no pasó a mayores, pero quedó en evidencia que dicha nomina le costó al bolsillo de los colombianos cerca de $3.500.000.000 entre enero y septiembre de este año, mes hasta el que se prorrogaron los contratos de los funcionarios de Duque.
Una de las contratistas, cuyo nombre aparece resaltado en rojo, es el de la abogada Maritza Escobar Baquero. Tiene un contrato por $67.000.000 distribuidos en mensualidades de $7.500.000. Según denuncia la fuente del Ministerio, Escobar no puede demostrar su trabajo y justificar el pago que le han realizado: “pues no ha hecho nada”. Aunque, la fuente de Minjusticia dijo que no mostró resultados para cobrar, la oficina de comunicaciones señaló que sí existen sus informes mensuales.
Sin embargo, su nombre sale a relucir en la lista, pues se trata de la exdirectora del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) que renunció en enero de 2014 a ese cargo después de que el periodista Daniel Coronell revelara que la Fiscalía también había contratado a su hermano, William Escobar Baquero, sin que ella se hubiese declarado impedida en el proceso de vinculacion. William es exmilitar y tenía un pasado que lo vinculaba con los grupos paramilitares del Bloque Centauros del Meta. Curiosamente, en 2004, siendo Martiza funcionaria de la Fiscalía, su proceso no prosperó
El otro ejemplo es el del médico cirujano Mario Solano Calderón, que fue superintendente de Salud, contralor delegado, gerente de la desaparecida Cajanal y hasta miembro de la Junta Directiva de Flor Huila. Su contrato también es de $67.000.000 con unos honorarios mensuales de $7.500.000. Cuando los delegados del gobierno Petro preguntaron por este contrato y la necesidad de tener un médico dentro de la Oficina de Política de Drogas, la respuesta fácil volvió a aflorar, según dijo la fuente: “fue una orden de arriba”. El objeto de este contrato es el mismo que tienen la mayoría de los abogados resaltados en rojo en el documento de Excel: “realizar el seguimiento a la atención de requerimientos relacionados con el control administrativo y operativo en materia de cannabis con fines médicos y científicos”. Sobre este caso la fuente también señaló que el contratista no mostró resultados concretos para justificar el pago que le realizó la entidad.
La Dirección de Políticas contra las Drogas es una de las dependencias más importantes del ministerio de Justicia, pues allí es donde se define la política nacional de drogas y su aplicación en los territorios. Para ello cuenta con dos subdirecciones, una está encargada de liderar el observatorio de drogas del país y, la otra, una dependencia clave, es la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustencias Químicas y Estupefacientes. Esta oficina que otorga el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (una especie de paz y salvo sobre antecedentes de narcotráfico para los dueños de ferreterías u otros establecimientos que comercializan los precursores químicos utilizados, ilegalmente, para la producción de cocaína), también emite la certificación para quienes requieren inscribir ante la Aeronáutica Civil aviones privados para sobrevuelos comerciales al interior y exterior del país diciendo que los dueños de dichas aeronaves tampoco tienen antecedentes de narcotráfico y, además, expide las licencias para la producción de cannabis medicinal.
En esta última subdirección es donde estaría la nómina paralela que denunció el funcionario y ratificaron otras fuentes del Ministerio consultadas por esta revista. Hay actualmente 154 contratistas, de los cuales 74 serían contratos corbata. Es la única dependencia que se autofinancia con los recursos que recauda de las actividades antes descritas. El presupuesto para este año es de más de $15.000.000.000, de los cuales, cerca de $10.000.000.000 estarían destinados al pago de contratistas. Es por esto que, según dijo la vocera de comunicaciones de Minjusticia, muchos de esos contratos están siendo revisados para identificar aquellos que no serán renovados por el nuevo ministro, Néstor Osuna, en línea con el plan de austeridad que ha dictado el gobierno nacional.
En esta subdirección hay otro misterio por resolver: quiénes están recibiendo los certificados de carencia de Informes por Tráfico de Estupefaciente y los permisos para sembrar y comercializar cannabis medicinal. Según la misma fuente que estuvo presente en las reuniones de empalme entre el saliente ministerio de Wilson Ruíz y el entrante de Néstor Osuna, la jefe de esta subdirección, Luisa Fernanda Gómez Bermeo, estaba inquieta por su posible salida del cargo y mostró nerviosismo cuando le preguntaron por los certificados que expidió esa dependencia. Según lo relató la fuente a la revista Raya: “En una de las reuniones del empalme ellos estaban bastante prevenidos, había un ambiente bastante feo. Ella [Luisa Fernanda] decía: ‘no, pero este puesto es muy aburridor’.”
Incluso, según se pudo constatar por los testimonios de la fuente y de la subdirectora, hubo tensiones respecto de la entrega de información. Según la fuente, cuando se le preguntó a Luisa Fernanda Gómez por los certificados de carencia “Se puso super nerviosa y al día siguiente le dijo al ministro Osuna que lo que el grupo de empalme de Petro estaba buscando era la fórmula con la que se hace la cocaína”.
Revista RAYA consultó a la subdirectora Gómez quien negó rotundamente esta afirmación y dijo haber sido muy colaborativa con los delegados del empalme: “¿Cómo así la formula de la cocaína?, ¿de qué me estás hablando? No señor, cómo se le ocurre. Eso sí es chisme. Es más, yo ni siquiera tengo la formula de la cocaína, yo manejo trámites administrativos en el marco legal, yo no tengo nada que ver con el tema de la cocaína. O sea, nosotros hablamos de insumos y autorizaciones para ingreso al país de sustancias químicas. Ni siquiera sé la formula yo porque soy abogada. La informacion sí reposa en expedientes de la entidad y no lo maneja esta subdirección”.
Entre tanto, el director de la Oficina de Política de Drogas respondió así a las inquietudes de la nómina paralela denunciada por uno de sus funcionarios: “No tenía ni idea de esta denuncia, me estoy enterando en este momento. Hablar de nominas paralelas en una entidad que tiene pocos contratistas es difícil, pero habría que revisar cada uno de los 74 casos que menciona. Pero yo tengo muy claro que la supervisión de esos contratos la hace Luisa Fernanda y la mayoría de los contratistas, entiendo, han cumplido a satisfacción con la mayoría de sus actividades”.
Al cierre de esta edición, el ministerio de Justicia le dijo a la Revista RAYA que revisó los nombres de la abogada Maritza Escobar Baquero y el médico Mario Solano Calderón y que se pudo evidenciar que en sus carpetas existen informes mensuales con sus respectivos soportes. No obstante, pidió más plazo para revisar uno a uno los nombres de los otros 72 señalados en el documento de Excel por el funcionario de esa cartera.
