La revista RAYA identificó los principales obstáculos que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en sus primeros cien días. El poder de Uribe en los mandos medios del Estado, una Ley para la paz total con ‘micos’, una reforma tributaria con un gol de las gaseosas y una promesa difícil de cumplir a los jóvenes de las protestas.
Por: Redacción Revista RAYA
Han pasado 100 días desde que inició el gobierno del Cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, y se ha hablado mucho de los cambios que se empiezan a ver con la llegada de un gobierno de centro izquierda, pero poco se menciona a los enemigos, sus zancadillas dentro del Estado y los retos que desde ya se plantean para un gobierno que prometió cumplir con sus promesas.
Los sectores que eligieron a Petro y a Francia se ubican en el espectro ideológico del centro y la izquierda, principalmente. Sin embargo, allí no se puede contar a quienes llegaron luego del triunfo de esta dupla: sectores de derecha y extrema derecha, quienes se sumaron con la consigna de garantizar gobernabilidad y para que las reformas, prometidas por Petro en campaña, en el Congreso fueran aprobadas. No obstante, ese camino ha sido espinoso y desde ‘micos’ en los proyectos de Ley hasta las nóminas paralelas siguen siendo palos en la rueda para el primer gobierno progresista de Colombia.
Muchos contratistas y funcionarios de Uribe se quedaron enquistados en el Estado
El control de los mandos medios del uribismo dentro del gobierno Petro aún es grande, dijo una de las fuentes del gobierno con la que habló la revista RAYA para la construcción de este artículo. “No se ha cambiado en el Estado los niveles de mandos medios, quienes son los encargados de ejecutar los procesos de contratación y son los que están haciendo más daño en este momento al interior del gobierno de Petro. Incluso, han prorrogado contratos de personas que venían del gobierno de Iván Duque y que, incluso, constituyeron sindicatos exprés para impedir su salida”, sentenció la fuente.
Varios de estos ejemplos podemos encontrarlos en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y la encargada de administrar los bienes incautados a la mafia. Allí, no solo desaparecieron miles de bienes y los borraron de la base de datos, sino que, además los directivos y otros funcionarios crearon sindicatos para impedir ser sacados de sus cargos.
Un claro ejemplo de la incomodidad que esto está generando en el gobierno esta situación, la mencionó el mismo Petro en su discurso presidencial en el resguardo indígena de los nasa en Caldono (Cauca), donde expresó: “El principal rival del Gobierno está en su interior, es un enemigo interno representado por personas y maneras de pensar que no permiten que se den los cambios, a pesar de que el presidente quiera”, dijo el 12 de octubre en el día de la resistencia étnica en Colombia.
Esta campaña efecto tortuga, que está operando al interior del Estado, ya en el pasado se ejecutó en el gobierno de Alfonso López Michelsen quien intentó hacer reformas de fondo, como eliminar el Frente Nacional que había gobernado el país durante 16 años, pero naufragó en el intento. “La tiranía de los mandos medios” la llamó el presidente Michelsen a la "lucha de la administración contra el gobierno", es decir, a la burocracia retardataria, anquilosada en el Estado, pues era la encargada de contrariar y enredar sus iniciativas de gobierno. Lo cierto es que las promesas modernizantes del otrora fundador del Movimiento Revolucionario Liberal, entre ellas la superación definitiva del Frente Nacional, en gran medida naufragaron, hundidas en las aguas del Paro Nacional de 1977.
Otro ejemplo de lo que está pasando en el gobierno de Petro sucede en Migración Colombia. Allí, a pesar de que el presidente nombró en septiembre pasado a Carlos Fernando García Manosalva este último no ha logrado cambiar a ninguno de los directores regionales de la entidad. Lo mismo sucede en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en donde, según la fuente, la nueva directora, Cielo Rusinque, solo ha podido realizar tres cambios directivos. El designado director de la Agencia para la Reintegración Nacional (ARN) tampoco ha sido nombrado y el director del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito tampoco, pues este programa, que surgió con el Acuerdo de Paz, desde que nació se ha convertido en una vaca de leche de los corruptos que desde Bogotá intermedian la compra de cerdos para entregarles a los campesinos del Catatumbo que decidieron arrancar las matas de coca.
Otro tema destacable es el de algunos nombramientos que dejó listos el expresidente Duque para representar a Colombia ante organismos internacionales. Si bien el caso más famoso es el del exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez, a quien el gobierno de Petro le retiró el apoyo para ser director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ante la oposición de la ministra Carolina Corcho; en días pasados, con advertencia de los sindicatos pero sin oposición, el gobierno ratificó la postulación del exmagistrado de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el abogado José Roberto Herrera, de perfil pro empresarial, apoyado por la ANDI y el Gobierno Duque, como integrante de Colombia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta era la primera vez que Colombia tenía delegado ante el Comité de Expertos de la OIT. Sea como sea, el que representa a Colombia ante la OIT lo postuló Duque.
Otro palo en la rueda viene especialmente del partido Conservador. En dos oportunidades dicha colectividad presentó la terna para continuar en la Dirección de la Aeronáutica Civil, sin que ninguna haya sido aceptada por el presidente Petro. La razón: el perfil de los candidatos ha sido denunciado por la prensa por tratarse de personas involucradas en escándalos de corrupción o con un pasado cuestionable. La reputación también se la está jugando el gobierno, por eso esta dirección se ha convertido en un punto de honor del presidente quien deberá ordenar se investigue y se frene lo que para nadie es un secreto sucede en la Aerocivil: que las pistas y las licencias de aviones siguen siendo utilizadas por poderosos para transportar cocaína a los Estados Unidos. El partido Conservador es el responsable de lo que suceda con su postulado, pero en un continente donde se narcotiza la política estos hechos no pasan desapercibidos.
“Es una campaña que está jugando con la inexperiencia de los funcionarios nombrados por el gobierno de Petro o porque los funcionarios nombrados son de derecha, de los que adhirieron al final o luego del triunfo para hacer mayorías en el Congreso”, señaló la fuente del gobierno.
Alas cortas para la ley de paz total
La reforma y prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida popularmente como la Ley de Paz Total, buscaba brindar herramientas jurídicas para que el gobierno de Gustavo Petro tuviera un marco legal de acción que soportará los diálogos con los diversos actores del conflicto pretendiendo llegar a acuerdos no solo con el ELN, sino con múltiples expresiones armadas que están activas en el país.
Si bien esta ley fue aprobada y brinda el marco legal esperado por el gobierno, no fueron pocos los obstáculos que encontró en su trámite por el congreso. Esta vez el “fuego amigo” estuvo a cargo del ex negociador en La Habana y hoy senador por el Partido Verde Oxígeno Humberto de la Calle, quien encontró respaldo de algunos congresistas del partido verde y principalmente contó con la voz externa del otro negociador del gobierno Santos, el exconsejero Sergio Jaramillo.
Los reparos no eran menores. El objetivo, según lo expresaron públicamente, fue trazar las mismas líneas rojas del Acuerdo de Paz de La Habana con las antiguas FARC EP. Principalmente, volver al principio de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, dejando sin piso la metodología aplicada hasta ahora en el proceso con el ELN de ir implementando los acuerdos que se van logrando, y la imposibilidad de implementar acuerdos antes de la plena desmovilización de la guerrilla.
En conclusión, la propuesta del senador De la Calle se podría sintetizar como el intento de revivir el método de negociación de La Habana con las Farc para aplicarlo al ELN. Pero, adicionalmente, se buscó negar la posibilidad de adelantar diálogos políticos con diferentes facciones disidentes de las Farc, muy particularmente con la agrupación comandada por ex jefe negociador en La Habana, Iván Márquez, limitando seriamente las posibilidades de adelantar diálogos al gobierno Petro y pretendiendo dejarlo con menos facultades que las de sus antecesores.
En buena medida esas líneas rojas fueron recogidas durante el trámite en el congreso y particularmente introducidas en la Cámara de Representantes y reafirmadas en la conciliación. Ahora, la ley ya firmada por el presidente, deberá servir para materializar la voluntad de Paz Total del Gobierno, sorteando viejos y nuevos obstáculos normativos.
Lo que cedió ante las presiones de los empresarios y partidos tradicionales para que el Congreso aprobara la Reforma Tributaria
La reforma tributaria ha sido tal vez el reto más grande que afrontó el Gobierno de Gustavo Petro en sus cien primeros días, poniendo a prueba la solidez de la coalición de gobierno en el parlamento. Este tema, a diferencia de la paz, donde existen consensos con matices, significaba poner en contradicción directa los intereses de la mayoría de los congresistas, sus organizaciones de origen y sus financiadores en las campañas electorales.
El primer obstáculo fue que se intentara cambiar la filosofía de la reforma, quitándole su carácter progresivo y redistributivo. En este propósito, a las voces de la oposición, se sumaron algunos liderazgos del partido de la U y del partido Liberal, que son parte de la coalición de gobierno. Pero la principal batería de resistencia estuvo en los gremios, especialmente en la ANDI, para lo cual contaron con el apoyo incondicional de un sector importante de la prensa, donde prevaleció el punto de vista de algunos empresarios que se oponían a la reforma y campañas de desinformación.
El punto más álgido lo puso el expresidente Gaviria, quien llegó a afirmar que el partido Liberal, el cual preside, no acompañaría la reforma tributaria presentada al Congreso por el presidente Petro. En ese momento, diferentes voces de opinión y la prensa incluso insinuaron que se trataba del final anticipado de la coalición de Gobierno en el parlamento. Fue un momento crítico en el que la reforma parecía hundida y la coalición sepultada.
El expresidente Gaviria planteó públicamente sus 11 líneas rojas inamovibles para apoyar la reforma. Así, por ejemplo, planteó la no deducibilidad de las regalías a los hidrocarburos, no gravar los dividendos de las acciones ni impuestos al patrimonio y la no afectación al régimen de impuestos del petróleo y el gas. Sin embargo, con independencia del proyecto finalmente aprobado, definitivamente las 11 líneas de Gaviria no fueron recogidas en la ley, y aunque algunas de ellas fueron debatidas durante el trámite, sólo el no aumento a las pensiones millonarias prosperó.
Las empresas azucareras, y particularmente Postobón, presentó una férrea oposición al impuesto a los productos azucarados, que, aunque finalmente se logró, se aplicará a partir de un gramaje que no afecta con tributación a bebidas como las gaseosas. En este punto ganó el lobby de Postobón. La conclusión es que se logró una reforma tributaria diezmada, pero coherente con la filosofía y el texto presentado por el Gobierno, ampliamente consensuado y sin que hubiera habido la posibilidad real de que se materializara la amenaza del expresidente Gaviria.
Las zancadillas a los jóvenes de la protesta social
Dos de las promesas más resonadas que hizo Gustavo Petro como candidato presidencial tenían que ver con la reforma o eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la liberación de los jóvenes presos durante las protestas que se desarrollaron en todo el país entre 2019 y 2021. El pasado 19 de junio, en horas de la noche en medio de su discurso de triunfo como presidente, Petro hizo halagos a la juventud y sentenció: “Cuántos jóvenes esposados, cuántos jóvenes tratados como bandoleros solamente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor. Yo le pido al fiscal general que libere a la juventud”, expresó.
Por eso, una vez llegó a la Casa de Nariño el gobierno se empeñó en saldar esta promesa. En la primera iniciativa legislativa para crear el marco legal de la Paz Total fueron incluidos dentro de la Ley de orden público para la Paz Total los artículos 16 y 17 que buscaban no solamente poner en libertad a cientos de jóvenes encarcelados durante la protesta social, sino también, extinguir la acción penal. Los artículos finalmente fueron eliminados del proyecto de Paz Total, pues la oposición creció alrededor de la propaganda sucia contra todos los integrantes de la Primera Línea.
Esta última, que surgió en defensa de los jóvenes que estaban siendo atacados y asesinados por la Fuerza Pública en el marco de las protestas, fue tildada de agrupación terrorista urbana en medio de una campaña de desprestigio que impidió que pasara como amnistía en el Congreso. Estaba destinada para aquellos jóvenes contra los que la Fiscalía no tiene mayor material probatorio comparado con la cantidad de delitos de los que son acusados.
La mayoría de estos jóvenes pertenecen a estratos pobres, otros son artistas, otros líderes barriales. Las condiciones en las que viven ellos y sus familias son precarias y por eso desde el Congreso, los partidos que nominaron al presidente Petro, están buscando otras salidas jurídicas por medio de un proyecto de ley distinto al de la Paz Tota. Entre los que están promoviendo esta iniciativa de ley está el representante a la Cámara Alirio Uribe.
En cuanto a la eliminación o desmonte del Esmad, es claro afirmar que dicha promesa no prosperó ni parece que vaya a suceder. Es claro que el Estado necesita una fuerza disuasiva para casos eventuales de protesta violenta. Sin embargo, el cambio del gobierno de Petro en este tema está siendo progresivo y a través de tramitar otro tipo de reformas de mayor calado. Estamos con el nuevo gobierno en un cambio de paradigma del término seguridad en el marco de la seguridad humana que implica un vuelco profundo al sector defensa como una reforma policial de mayor calado en la que entraría una estructura como el Esmad.
Entonces, lo que hoy vemos son cambios progresivos articulados a otras dinámicas de mayor calado en el sector defensa. Incluso con la creación de un nuevo ministerio en el que estaría la Policía Nacional.
En todo caso se están presentando cambios con el Esmad. Algunos los consideran de maquillaje, extrapolando desmonte con transformación. La suspensión de las escopetas calibre 12 es un elemento importante, que lo ordenó la corte constitucional. “El que se esté hablando de la intervención del Esmad como último recurso y que haya una unidad de diálogo y mantenimiento del orden en caso de situaciones de protesta donde la situación este crispando y pueda desembocar en la violencia. De acuerdo con las prácticas que se traían estos cambios no son solo de maquillaje, sino que se deben evaluar en la práctica”, dijo una de las fuentes del gobierno.
