El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha silenciado cualquier voz crítica, sea periodista o no. La reciente desaparición de Fabiola Tercero, presuntamente a manos del agentes del Estado, se suma a la serie de ataques contra el periodismo crítico en un país amordazado. RAYA habló con periodistas nicaragüenses que informan desde el exilio. Según organizaciones como Nunca Más, al menos 300 periodistas nicaragüenses han huido de su país desde 2018.
Por David González M.
Nicaragua es un país silenciado. Ola tras ola de represión del gobierno de Daniel Ortega contra periodistas y voces críticas tienen al país centroamericano encerrado bajo un estricto cerco informativo. Es poco lo que sale, lo que se sabe de lo que pasa dentro del país. Ni siquiera los periodistas pueden confirmar si una de sus colegas, Fabiola Tercero, desaparecida, fue detenida, está en prisión domiciliaria o siquiera su paradero.
Fabiola no ejercía el periodismo desde hace un tiempo, como muchos periodistas en Nicaragua el temor a represalías los aleja del oficio. Tenía como misión de vida promover la lectura. En 2017, luego de una cirugía de la vesícula, necesitó recursos y creó una cuenta en redes sociales para rifar sus libros. Esa fue la semilla del “Rincón de Fabi”, una plataforma que hacía trueque de libros e incentivaba la lectura. Esta semana se cumplen siete meses de su desaparición, y colegas desde el exilio dicen que lo de Fabiola no es un caso excepcional en Nicaragua.
Álvaro Navarro es un periodista que tuvo que huir de Nicaragua y trabajar desde Costa Rica. Estudió con Fabiola en la universidad la carrera de Filología y Comunicación; se graduaron juntos. “Ella no se dedicó al periodismo, hizo algunas colaboraciones con medios de comunicación, (...) pero después se dedicó más a un espacio cultural que había creado.”
Cuenta Navarro que el principal trabajo de Fabiola era abrir en espacios públicos su rincón con libros que había acumulado en años de lectura y hacer trueques, poniendo esos libros a disposición de sus seguidores. Con el tiempo, también empezó a realizar activismo en luchas feministas y en movimientos de mujeres. “La mayoría de periodistas, quienes no nos exiliamos en 2018, nos exiliamos en 2021, que fue mi caso. Después de esa embestida, ella se quedó en el país.” Otras fuentes que conocen de cerca el caso en Nicaragua, mencionaron a Raya que ella no se fue del país para cuidar de su madre que requiere cuidados de salud.
Esas fuentes dijeron a Raya, que en Nicaragua no importa si eres periodista, si ejerces o no, hay un listado que tiene el gobierno Ortega donde incluso llegan a negar servicios medicos a familiares que aparecen en ese listado. Son mecanismos de intimidación.
Navarro sabe que un día antes de su desaparición, Fabiola contó que fuerzas de seguridad del gobierno estaban allanando su casa. Informó de esto a colegas antes de que se llevaran todos sus equipos. Luego, ya no volvió a contestar, ni tampoco su familia habló de ella.
“La familia ha cerrado totalmente los mecanismos de comunicación con el exterior; o sea, no sabemos si es por miedo, no sabemos si ella está en casa o en la cárcel. Francamente, no se sabe”, explica Navarro.
Otra razón frente a la dificultad de saber sobre el paradero de Fabiola, es el hecho que ella vivía dentro del perimetro de seguridad Daniel Ortega. Una amplia zona central que tiene estrictas medidas de seguridad para quienes ingresan o salen de allí. “Su familia vivía ahí en ese mismo anillo de seguridad donde Daniel Ortega que se llama el Carmen, en el reparto El Carmen. Y entonces por eso no se sabe si es que la cercaron, ya no permiten que nadie entre ahí”, cuenta Navarro.
Él mismo ha sufrido la represión. En 2018, empezó con Artículo 66, un pequeño medio digital para denunciar casos de corrupción y hacer veeduría pública. Recibió apoyos de la Fundación Violeta Chamorro, el nombre de la expresidenta que en 1990 derrotó a Daniel Ortega en elecciones y que también terminó en el exhilio. El medio creció en redes y se hizo su espacio.
En 2020 se emite la ambigua ley de ciberdelitos que tiene indicaciones sobre la difuminación de información falsa con castigos que incluyen la prisión. Ese fue el preambulo de una nueva ola de represión que empieza en 2021. “ (El gobierno de Ortega) Desató una cacería en contra de los últimos periodistas que todavía estaban trabajando en Nicaragua y una persecución brutal que obligó, básicamente, a que todos los medios trasladaran casi que oficialmente sus redacciones al exilio o dispersaran a sus periodistas por distintos países.”
Su medio fue criminalizado por recibir esos fondos, y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro fue acusada incluso de “lavar el dinero de USAID”. Empezaron procesos citatorios contra más de 50 periodistas y directores de medios.
En febrero de 2023, la persecución se hizo más intensa. Doscientos veintidós exprisioneros políticos, entre ellos miembros de la familia Chamorro y varios precandidatos presidenciales, fueron expulsados a Washington. Luego, el gobierno de Ortega sacó una polémica resolución judicial que los despojaba incluso de su nacionalidad, los declaraba traidores a la patria y confiscaba sus bienes.
Esa figura es una nueva vulneración de derechos: el destierro. La asamblea nacional con una reforma a la ley 761 o General de Migración dotó de legalidad está practica que ya ejecutaba de facto: la legalización del destierro que ha aplicado a por lo menos 450 personas, entre opositores, periodistas, artistas. La ley le da poder a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para denegar el ingreso al país a cualquier persona que pueda socavar “la soberanía nacional”. La ley ademas permite quitar la nacionalidad a ciudadanos acusados de “actos de traición, cuando de manera directa o indirecta participen, promuevan, dirijan, incite, atenten, financiero, gestione acciones internas o externas que menoscaben la preservación de la soberanía”.
Y la intimidación ha funcionado. En 10 de los 15 departamentos de Nicaragua ya no hay periodistas, son desiertos de información.
Semanas después, vino una segunda lista de “apátridas”, esta vez incluyendo a Álvaro Navarro. No tuvo otra opción que huir hacia Costa Rica. “No tenés que ser un gran medio de investigación para que ellos te vean como un peligro, y prueba de eso es que han desterrado incluso a tiktokers o personas que en algún momento han opinado en redes sociales, no necesariamente como periodistas, sino simplemente por expresarse de alguna manera en contra del régimen.”
Desde la perspectiva del Gobierno de Ortega, los periodistas se han convertido en enemigos, que siguen un libreto de desacreditación y que son financiados desde el exterior. Su esposa y mano derecha en el poder, Rosario Murillo, ha diseñado una estrategia de creación de medios oficiales que promueven el discurso de gobierno.
El silencio
Jennifer Ortiz dirige desde el exilio un medio que se llama Nicaragua Investiga. Fundó el medio en 2018, cuando el anuncio de una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y reformas de aumentos tributarios para los trabajadores llevaron a una serie de protestas masivas contra el gobierno de Daniel Ortega. Fue el punto de quiebre en el país centroamericano, luego vino más autoritarismo.
“Si antes (el gobierno Ortega) tenía algún tipo de disimulo para agredir a la prensa o para obstaculizar su trabajo, ahora lo hacía sin ningún tipo de restricciones. Eso involucró periodistas golpeados, periodistas presos, criminalizados, campañas de desprestigio, confiscaciones”, explica Ortiz.
El 15 de febrero de 2023, cuando su medio ya se había consolidado, le levantaron un proceso judicial que terminó en condena sin juicio. “Nos declararon terroristas, prófugos de la justicia, nos desnacionalizaron y también ordenaron la confiscación de nuestros bienes y propiedades.”
Ortiz también conoció a Fabiola Tercero. Dice que su caso no es excepcional en Nicaragua, sino más bien todo lo opuesto. “Es un actuar bastante común del régimen: desaparecer a la gente, no entregar información sobre ella, no publicar sus expedientes como lo establece la ley en el sistema judicial de causas. Por tal razón, se le considera una desaparición forzada, porque una persona bajo detención en un país relativamente democrático debería tener, en primer lugar, derecho a contactar a sus familiares y plantear cuál es su situación, de qué se le está acusando, tener derecho a un abogado y a una defensa legítima. Y ella no ha tenido eso: no se le ha visto la cara, no se sabe nada.”
Dice que junto a Fabiola, hay por lo menos otros tres casos de periodistas que además son adultos mayores y se encuentran desaparecidos: Elsbeth D'Anda, Catalino Leo Cárcamo Herrera e Irving Guerrero Montes. “Su situación alerta porque también se sabe por la experiencia de los testimonios de ex presos políticos que no hay condiciones de atención médica, que de hecho se utiliza la salud de las personas como una medida represiva, no se les permite acceso a medicina, no se les permite atención médica como represalia y también como una forma creemos de acelerar un proceso de enfermedad o de muerte de las personas”.
Amnistía Internacional denuncia la desnacionalización, la persecución a la oposición, a periodistas e incluso a líderes de movimientos indígenas como los crímenes más recurrentes en la Nicaragua de Ortega.
Ortiz cuenta que por testimonios de otros presos políticos luego liberados, se sabe que sufren torturas y aislamiento extremo en celdas pequeñas. “Muchos de los presos políticos que estuvieron bajo desaparición forzada por 8, 9, 10 meses antes de ser presentados públicamente asustaron a Nicaragua entera cuando fueron exhibidos completamente cadavéricos.”
Ortiz dice que ahora los silencios son la norma en Nicaragua, que hay pocas posibilidades de informar sobre lo que pasa dentro del país: “Si sobreviven cuatro o tres medios de comunicación en Nicaragua, creo que va a ser una hazaña. Si este panorama no cambia, desafortunadamente van a sobrevivir los medios que siempre han existido y estos medios alternativos que representaban voces diferentes, enfoques diferentes, nuevas formas de narrar y que dieron tono multicolor al panorama de medios en Nicaragua, ya no va a existir más.”
Informar desde el exilio
Una de las formas de resistencia en Nicaragua ha sido crear una red de monitores de agresiones contra los periodistas y de defensa del derecho a la libertad de expresión. Esta organización se llama PCIN y es aliada de otras similares en América.
En su último informe del primer semestre de 2024 documenta que 10 periodistas se vieron obligados a abandonar el país, “aumentando a 276 el total de periodistas exiliados desde 2018”.
Raya habló con Julio César López, su presidente. Él dice que el ataque es contra el derecho mínimo de expresarse. “Los periodistas son un objetivo; estos ataques también van dirigidos hacia personas defensoras de derechos humanos, artistas, músicos, abogados, abogadas, personal de algunas organizaciones civiles que en algún momento fueron muy críticas del régimen de Ortega.”
López explica que el caso de Fabiola Tercero es emblemático de la situación general de Nicaragua. Ellos no han podido obtener ninguna información sobre su paradero: “Nosotros la consideramos una persona en condición de desaparición forzada, y por eso es que se le ha demandado, en este caso, al régimen y a la policía que proporcionen información sobre el estatus de ella.”
Dice que sospechan que Fabiola está bajo detención arbitraria, pero que no han podido verificar mucho más. Es el silencio que se volvió norma en Nicaragua. “En Nicaragua no queda ningún medio tradicional funcionando porque todos han sido cerrados o censurados. La mayoría de medios que funcionan ahora y que informan sobre la situación de Nicaragua están operando desde el exilio en Costa Rica, España y Estados Unidos.”
