Casi tres meses después de que sacaran del poder al presidente electo en las urnas, Pedro Castillo, revista RAYA hizo un análisis del actual momento que vive el vecino país y de las constantes violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes que rechazan lo que llaman un “golpe de estado”. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Seis presidentes en cuatro años, no todos elegidos democráticamente.
Por: Ángela Martín
Contrario a lo que arguyen desde el oficialismo, la crisis peruana no inició el 7 de diciembre cuando el entonces presidente, Pedro Castillo, anunció la disolución del Congreso de la República y el posterior estado de excepción, como reacción a la tercera moción de vacancia que se votaría ese mismo día en su contra. La reacción inmediata del Congreso fue anunciar la destitución del presidente Castillo con una moción apoyada por 101 congresistas. Ese mismo 7 de diciembre, la Fiscalía detuvo a Pedro Castillo y la entonces vicepresidente, Dina Boluarte, asumió la presidencia del Perú.
Aunque, la crisis peruana se profundizó en el último mes con las protestas por todo el país que sucedieron al apresamiento y destitución del presidente, la crisis se remonta al 2018 con las continuas destituciones presidenciales, y tiene sus raíces en la historia de exclusión y racismo de un pueblo que no se siente representado por las decisiones de quienes gobiernan.
“Para nosotros los pueblos indígenas y originarios del Perú, es muy lamentable el atropello que se ha realizado el 7 de diciembre por la razón de que nosotros manifestamos que el presidente del Perú, Pedro Castillo, está secuestrado y está encarcelado injustamente. Ese día la prensa mermelera anuncia: Pedro Castillo da el golpe de Estado y nos quedamos fríos. No tuvimos cómo reaccionar. Eso se investigará más adelante porque el presidente ha leído un documento en la televisión, pero ese documento formal no está en el congreso firmado por mesa de partes”, afirmó en una entrevista con el medio Clarín la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, Lourdes Huanca.
Para la lideresa, el contexto sociopolítico del Perú está relacionado con la influencia de las grandes corporaciones y la derecha fujimorista inconforme con la elección de un presidente que viene de la zona rural peruana y que representa a una gran mayoría de personas empobrecidas, especialmente campesinos e indígenas, de regiones olvidadas del país. "Está claro que Boluarte no está actuando sola. Está del lado de las grandes empresas, como del partido conservador de Keiko Fujimori, Fuerza Popular", aseguró la líder social para el medio español Público. También señaló que la razón de fondo para la destitución del presidente por “incapacidad moral” tiene detrás la riqueza en materiales como el litio en la región del Puno y la renovación de contratos mineros que deben firmarse en 2023.
Menos de 60 días de gobierno, más de 60 muertos
Una vez instaurada la presidencia de Dina Boluarte las calles se llenaron de manifestantes. “Las matanzas empiezan a venir con fuerza desde ese 7 de diciembre con el inicio de la usurpadora Dina Boluarte como presidenta”, afirmó la líder Huanca, dado que esa misma semana la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Organización Indígena Nacional (AIDESEP), junto a distintas organizaciones campesinas, llamaron a respaldar la lucha contra lo que ellas denominan el golpe en las calles.
Ese primer fin de semana de protestas fueron asesinadas dos personas en Andahuaylas, al sur del país, lo que azuzó las protestas en las calles; luego, el aumento de la represión policial no se hizo esperar y la cifra de muertos aumentó. El miércoles 14 de diciembre el gobierno declaró el estado de emergencia y suspendió distintos derechos civiles como el de reunión y libertad de tránsito.
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para Perú (CNDDHH), desde que iniciaron las protestas se han documentado múltiples violaciones a los Derechos Humanos: “hasta el 26 de enero se registraron 56 fallecidos (7 menores de edad), 46 por responsabilidad directa del Estado y 912 personas heridas. El informe, además, documenta los casos de ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en las protestas sociales, el uso de armas prohibidas como fusiles AKM, por parte de los agentes del Estado, lo que contradice la versión oficial de que “los manifestantes se mataron entre ellos”. Además, da cuenta del uso indiscriminado de la fuerza contra la ciudadanía que se moviliza pacíficamente en las calles”.
Ante la violencia policial, ejercida sobre todo en provincias del sur del país, que han sido los epicentros de las protestas y donde la mayor parte de la población es andina, rural y con amplía presencia de pueblos indígenas quechua y aimara, las organizaciones decidieron tomar la capital como gran gesto simbólico, puesto que Lima se había mantenido con pocas protestas y allí se concentra tanto el poder político como económico del país. Esta concentración, llamada La Gran Toma de Lima, se realizó el jueves 19 de enero después de la llegada de diversas caravanas de todas las zonas del Perú.
Los manifestantes de otras provincias decidieron alojarse en universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde hubo una fuerte represión policial que terminó con cientos de detenciones ilegales. Según el informe de la CNDDHH, solo en esta institución educativa fueron detenidas 193 personas. “Asimismo, se están utilizando acusaciones por terrorismo contra quienes se movilizan”. El informe también resalta que la policía está obstaculizando la defensa de los detenidos y la labor periodística.
Las demandas se han hecho más sólidas con el transcurrir de los días, y a pesar de la fuerte represión policial del gobierno de Boluarte, los manifestantes exigen el cierre del Congreso, la redacción de una nueva Constitución a través de una Constituyente, nuevas elecciones presidenciales y la liberación de Castillo.
En este escenario, se reclaman como urgentes las elecciones presidenciales y las de un nuevo parlamento, dado que quienes lo presiden hacen parte de la oposición más férrea a la presidencia de Castillo. Sin embargo, la respuesta del Congreso y de Dina Boluarte hasta ahora ha sido fijar la fecha de elecciones para 2024 contrario a lo que los manifestantes exigen en las calles para que las elecciones se realicen el próximo abril.
La crisis en las calles de Lima y en general del Perú no cesa. El gobierno de facto no quiere retroceder, aunque en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ya se habla de un 71% de rechazo de la población hacia Boluarte y una desaprobación del Congreso del 88%. Mientras tanto, a la espera de que la comunidad internacional le ponga freno a la andanada de violencia y represión contra los manifestantes, el Perú se sigue desmoronando en su intento de respetar el voto popular.
