Por: Girlandrey (Yiya) Sandoval Acosta
Tras seis años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, aun persisten los vacíos y la falta de comprensión sobre la importancia, los aportes y las necesidades de los excombatientes, y especialmente de las mujeres, en al ámbito rural.
Entre 2017 y 2018 recorrimos trochas, veredas y ríos en el marco del proceso de reincorporación de las FARC-EP, la guerrilla que firmó el Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016. El notable Acuerdo, histórico por la inclusión del enfoque de género, de un capítulo étnico en los seis puntos pactados, y de medidas especializadas para superar las discriminaciones históricas que mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentaron durante medio siglo de conflicto social y armado.
Valga la aclaración, discriminaciones históricas y desigualdades de larga duración configuradas a nivel estructural y edificadas en paralelo a la invención del sistema-mundo patriarcal moderno y durante la reconfiguración del orden de género en América en la época de la colonia, como bien explica la teórica feminista anticapitalista Silvia Federicci.
Así es, el racismo, el patriarcado y el modelo de desarrollo capitalista deben ser leídos y comprendidos en perspectiva histórica. De algún rincón de estas comprensiones políticas y económicas del mundo, hombres y mujeres en su mayoría de origen campesino ingresaron a las FARC-EP. Me interesa esta referencia en tanto es una oportunidad para comprender un importante ángulo del proceso de reincorporación de los exintegrantes de la guerrilla. Especialmente de las mujeres que hicieron parte de sus filas.
Mujer en reincorporación trabajando en La Montañita, Caquetá, febrero 2018. Fotografía de Nadège Mazars
Me interesa entonces comentar el significado de la reincorporación de las mujeres de FARC-EP desde la perspectiva de la relación que existe entre reincorporación y el campo agrario colombiano. ¿Cuál es el impacto de la reincorporación de las mujeres firmantes del Acuerdo de Paz en el contexto agrario? Esta es una pregunta que busca abrir una conversación, especialmente por su propia limitación, ya que nos preguntamos, además: de qué impacto(s) podríamos conversar (?).
Ahora bien, en el Punto 3 del Acuerdo Final de Paz, desde el momento de su negociación se estipuló que la reincorporación se daría desde un marco político, económico y social. Además, la reincorporación se haría de manera colectiva y de acuerdo con sus intereses. Es decir que su participación en política, la sostenibilidad económica y la reincorporación social se pensaba también como la posibilidad de iniciar la transición democrática en Colombia sobre los ejes del desarrollo económico territorial, la profundización de la democracia y la reconstrucción del tejido social por la vía de la reconciliación. A partir de ese momento, sus vidas como civiles sin armas, sin ejército, buscó desplegar un nuevo entramado de relacionamientos sociopolíticos, económicos y ecológicos con las comunidades y habitantes de los que fueran sus anteriores territorios de influencia: zonas agrarias campesinas, afrodescendientes e indígenas.
Así, un porcentaje importante de la población en proceso de reincorporación optó por continuar viviendo en los que fueron sus lugares de nacimiento, de crianza o donde se encontraban asentadas algunas redes de afecto familiar (77% de la población en reincorporación es de origen campesino de acuerdo con el censo realizado por la Universidad Nacional en 2017).
El CONPES 3931, reconocido como el documento guía de la política de reincorporación exclusiva para las y los exintegrantes de las FARC-EP, expuso en 2016 que, a partir del porcentaje del origen campesino de los exguerrilleros, se presumía su vocación económica agrícola, además de un prominente dominio de conocimientos y sabidurías localizadas y situadas en el campo, ligados fuertemente al sector agropecuario y a los bienes y servicios en el sector rural. La presunta vocación agraria de las y los excombatientes no ha podido ser realmente medida y visible a la fecha.
En paralelo al inicio del proceso de reincorporación en Colombia se realizó el Censo Agropecuario. Dicho Censo, implementado en 2016 aún sin el uso de la categoría “campesino” en sus instrumentos de recolección de información, reflejó los datos quizá más actualizados sobre explotación de la tierra según la variable género: 26% de las explotaciones manejadas por personas naturales está a cargo de mujeres; el 61,4% a cargo de hombres y el 12,6% restante de manera conjunta.
Esta información demuestra las brechas de género de la cuestión agraria en Colombia. Por otro lado, en 2017 se creó la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, con el objeto de adoptar el Plan de Revisión, Evaluación y Seguimiento de los programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales y se creó el Comité Interinstitucional de seguimiento al Plan, entidades que no cuentan aún con sistemas de información sobre la relación existente entre reincorporación, mujeres y mundo agrario.
Después del Censo, el gobierno de Iván Duque en 2018, dio un “espaldarazo” a la posibilidad de que las y los excombatientes accedieran a una política agraria favorable a su proceso de reincorporación. Después de que la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) se pronunciara públicamente e instalara el ambiente mediático de rechazo a las negociaciones que adelantaban los componentes FARC y Gobierno en el Consejo Nacional de Reincorporación creado por el Acuerdo Final de Paz, Duque ahogó cualquier posibilidad de profundizar la reincorporación por la vía del acceso a tierras y el establecimiento de economías campesinas como parte del proceso, donde claramente las mujeres campesinas y las mujeres firmantes del Acuerdo de paz también fueron afectadas.
Se observa frente a esta información parcial, que hoy en Colombia continúan activos problemas asociados al no reconocimiento de las mujeres como población económicamente activa, el restringido acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica y por supuesto, al acceso, tenencia y titulación de la tierra por parte de mujeres campesinas en general. Frente a la población femenina excombatiente, en esencia población en proceso de reincorporación que adoptaró de nuevo la identidad y la vocación agrícola campesina, tampoco se cuenta con cifras que promuevan la comprensión del impacto de la forma en que las mujeres integran de nuevo el mundo agrario. Tampoco hay información desagregada desde el enfoque étnico, lo que complejiza el reconocimiento del impacto generado entre mujeres indígenas y afrodescendientes.
Si bien los sistemas de información institucionales en Colombia deben dichos insumos, es posible hacer un listado mínimo acerca de las dificultades que presenta hoy el proceso de reincorporación de las mujeres exguerrilleras en el mundo agrario: las limitaciones presentadas para generar una política eficaz para la tenencia, el uso y la titulación de tierras por parte de la población firmante del Acuerdo, especialmente para las mujeres; la tercerización del proceso de reincorporación en manos de la cooperación internacional, principalmente de los proyectos productivos para las mujeres; la disminución de la actividad política de las mujeres excombatientes; el incremento de la precarización de la vida debido a la estigmatización de las mujeres excombatientes y los obstáculos presentados en el desarrollo de la reincorporación comunitaria; y finalmente la reincorporación de mandatos de género y las múltiples violencias a las que se han visto enfrentadas las mujeres firmantes.
Bonus-track. Sumado a la reducida y casi inexistente voluntad política e interés institucional por parte del anterior gobierno de Iván Duque de afirmar un proceso de reincorporación acorde a los lineamientos generados por el Acuerdo Final de Paz y la apertura de la transición democrática que debió significar, se debe decir también que algunas de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones que han dedicado notables esfuerzos al seguimiento de la implementación del enfoque de género del Acuerdo tampoco logran diseñar y aplicar un modelo de análisis que permita comprender el impacto que se ha generado mutuamente entre población femenina firmante del Acuerdo de Paz y las mujeres campesinas en los territorios PDET o en los territorios rurales donde se concentró la población en proceso de reincorporación.
En 2018 escribí un documento que a manera de conclusión planteaba lo siguiente:
“Lo poco que se ha avanzado en el proceso de reincorporación, ha sido sobre la idea de un “sujeto excombatiente universal”, es decir, un excombatiente meramente masculino, que no toma en cuenta diferencias de cuerpo-sexo, de reproducción y sexualidad, de impactos de la guerra sobre las subjetividades femeninas, de las proyecciones o planes de vida individual y/o familiar de las mujeres, de proyecciones o planes de vida política de las mujeres y de ocupación laboral o desempeño académico de las mujeres que tenga en cuenta sus ciclos vitales y no reproduzca roles y estereotipos de género asociados a la división sexual del trabajo (…) el enfoque de género no ha pasado de ser un principio inspirador de la norma jurídica, se ha reducido a un “término jurídicamente correcto” y no a un despliegue real de capacidades institucionales, técnicas y políticas en la vida y en los cuerpos de las mujeres excombatientes”.
Siete años después de la firma del Acuerdo Final de Paz no puede bastar con solo repetir este argumento, se debe ampliar la mirada hacia la comprensión de un proceso de reincorporación vinculante del estado actual de la estructura agraria en Colombia, volviendo sobre los compromisos trazados en la perspectiva de la reincorporación comunitaria, pero también de las acciones de redistribución de la tenencia de la tierra, de la riqueza y del poder político al cual también pueden y deben acceder la población en proceso de reincorporación, con especial acento en las mujeres firmantes del Acuerdo de Paz y las mujeres campesinas.
