Este lunes 25 de agosto, Tumaco debatirá el Proyecto de Ley 002 de 2025 sobre sometimiento, el mismo que llegará en las próximas semanas al Congreso. Asistirán el Ministro de Justicia, congresistas de la Comisión Primera de la Cámara y líderes sociales que acompañan los diálogos de paz con dos organizaciones ilegales del sur del país: Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Por: Redacción Revista RAYA
Será una audiencia trascendental para el futuro de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro. Este lunes 25 de agosto, Tumaco recibe a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con el fin de discutir el Proyecto de ley No.002 de 2025, “por medio del cual se establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley, y reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana”.
Está audiencia pública será la primera de tres que también se desarrollarán en los siguientes días en Medellín y Bogotá. Al evento asistirán el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lineth, congresistas y líderes sociales de las organizaciones del Pacífico que han venido acompañando dos mesas de diálogos con dos organizaciones ilegales: Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Sobre la mesa se presentará la propuesta del proyecto de Ley que contempla penas de entre 5 y 8 años para máximos responsables, 2 y 5 para integrantes sin mando, y el principio de oportunidad para quienes estén vinculados por “mera pertenencia”. En términos generales, el proyecto de Ley fija el marco jurídico de las negociaciones; mientras que las víctimas y procesos comunitarios de Tumaco entregarán sus aportes sobre verdad, bienes y garantías.
La Comisión Primera está conformada por los siguientes congresistas: Gabriel Becerra Yáñez (Pacto Histórico), Orlando Castillo Advíncula (Circunscripción Especial de Paz), Alirio Uribe Muñoz (Pacto Histórico), Ana Paola García Soto (Partido de la U), Andrés Felipe Jiménez Vargas (Partido Conservador) y Juan Sebastián González (Nuevo Liberalismo).
En Nariño, el Gobierno desarrolla desde hace varios meses una mesa de diálogos con Comuneros del Sur, una disidencia del ELN, desconocida por el Comando Central de esa guerrilla, que mantiene presencia principalmente en el municipio de Samaniego (Nariño). Gabriel Yepes Mejía, alias “H.H”, es el comandante de esa organización, quien ingresó al ELN en 1991 y permaneció en esa guerrilla hasta 2024. “H.H” ha sido objeto de disputa entre Estados Unidos y Colombia. En 2022, un tribunal en Texas lo acusó formalmente por su presunta participación en el tráfico de drogas.
Pie de foto: Alias “H.H”, comandante de Comuneros del Sur.
Según documentos judiciales de Estados Unidos, “H.H” tendría alianzas con carteles mexicanos. En abril de este año, la Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó la extradición de “H.H”, pero el presidente Petro la suspendió para dar garantías en el marco de las negociaciones de paz.
El otro grupo armado de Nariño con el que está negociando el Gobierno es la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de las Farc que tiene presencia en Nariño y Putumayo y es comandada por José Vicente Lesmes, más conocido como Walter Mendoza, un comandante de las antiguas Farc.
Mendoza criticó el Acuerdo de Paz firmado en 2016, pero participó en la dejación de armas. En 2018 lo detuvieron por porte ilegal de armas y luego quedó en libertad por irregularidades procesales. Regresó a las armas en 2019 junto a Iván Márquez y Jesús Santrich para conformar lo que se conoció como la Segunda Marquetalia. Luego, tras la instalación de la mesa de diálogos en Caracas con Iván Márquez, el grupo se separó y Mendoza quedó como vocero político y líder en la mesa de negociación con el Gobierno Petro de lo que hoy se conoce como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Walter Mendoza, vocero de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Créditos: Julián Ríos Monroy.
Dentro del marco jurídico impulsado por el ministro Montealegre, ambas guerrillas están clasificadas como Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), definidos como: “Aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas con fines políticos”. Esto quiere decir que ambas organizaciones ilegales tienen un carácter político, según lo han afirmado voceros del Gobierno, a diferencia de grupos como el Clan del Golfo, a los que no se les ha dado este estatus.
Este proyecto de ley ha tenido críticas, incluso por parte del presidente Petro. El 19 de agosto pasado, en un Consejo de Ministros, afirmó que este marco jurídico, aún pendiente de aprobar por el Congreso, tiene “algunos errores”, pero agregó que se pueden corregir.
Los avances de las negociaciones
Con Comuneros del Sur se instaló la mesa de diálogo en julio del año pasado, tras la escisión entre este grupo y el Comando Central del ELN. En abril de este año, se establecieron acuerdos que han producido resultados, como la destrucción de 500 artefactos explosivos; además, se fijó la meta de la sustitución voluntaria de 5.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito en los siguientes municipios de Nariño: Samaniego, Santa Cruz de Guachavés, La Llanada, Los Andes, Sotomayor, Barbacoas, Ricaurte, Cumbal, Mallama, Providencia y Huachucal. El objetivo planteado en abril fue declarar al municipio de Samaniego libre de cultivos durante 2025.
Otro de los puntos importantes ha sido el trabajo en conjunto con combatientes de Comuneros del Sur para la búsqueda de personas desaparecidas en Nariño, que ya empieza a dar frutos. A inicios de agosto, se conoció la noticia de la ubicación de cinco fosas comunes en el resguardo indígena Awá El Sande, ubicado en Samaniego, y un antiguo campamento de guerra donde se estima que pueden haber alrededor de 15 cuerpos de personas desaparecidas entre 1999 y 2009.
Según datos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), Nariño tiene 4.084 desaparecidos, y Tumaco concentra una parte importante, con 871 víctimas. Este municipio ha sido uno de los más golpeados por el conflicto armado y sigue siendo foco de la violencia actual, razón suficiente por la que se decidió llevar a cabo la primera audiencia pública del proyecto de ley en uno de los sitios considerados “laboratorio de paz”. Por ahora, ante una eventual dejación de armas el Gobierno ha definido como posible zona de ubicación temporal de Comuneros del Sur el Resguardo Indígena del Gran Mallama, en el piedemonte costero nariñense.
Con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano también se han logrado avances, como el compromiso de destruir 13,5 toneladas de material de guerra, la sustitución de 7.500 hectáreas de cultivos de uso ilícito y la creación de una zona de ubicación temporal en Nariño. Según declaraciones de Walter Mendoza, vocero de la Coordinadora, 60 combatientes irán a la zona de ubicación de Nariño y otros 60 estarán en Putumayo. Además, el jefe guerrillero aseguró que dentro del cronograma establecido está la destrucción del 60% de su material de guerra en 40 días.
De igual manera, Gloria Miranda Espitia, directora del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, afirmó en el evento de abril que entre los pactos acordados con la Coordinadora Bolivariana estaba la intervención de 15.000 hectáreas en Nariño y otras 15.000 en Putumayo. Además, la Resolución 149 de 2025 modificó la dinámica regional de paz. Con esta determinación se autorizó al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, a realizar acercamientos con grupos armados con los que no hay procesos de negociación en curso, lo que otorga herramientas a las autoridades regionales para jugar un papel activo en la política de paz y no ser simples espectadores de las decisiones nacionales.
Un líder territorial, a quien reservamos su identidad por seguridad, le dijo a RAYA que desde que iniciaron las mesas de negociación descendieron de forma importante los hechos de violencia. “Tumaco, Roberto Payán, Magüí Payán, Barbacoas y Ricaurte fueron los más beneficiados por los diálogos”, comenta el líder. Estos municipios han sido los más golpeados por el conflicto, en parte por la cantidad de cultivos de uso ilícito que hay en estas zonas y su ubicación estratégica. Sin embargo, el líder comenta que desde las organizaciones sociales se está planteando en la mesa un nuevo modelo de desarrollo económico, productivo y de comercialización, porque si no es así no habrá paz.
El conflicto y las dudas presentes
La guerra en Nariño ha sido y sigue siendo muy fuerte, tanto así que la JEP hizo un macrocaso solo para tres extensos municipios de este departamento: Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. Entre estos tres sitios suman 527.000 hectáreas y el 78% de las tierras pertenece a comunidades afro e indígenas. El tema de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito es clave porque estos municipios padecieron los estragos de la fumigación con glifosato; tanto así que, dentro del macrocaso que lleva la JEP, en junio de 2024 se convocó a cuatro exgobernadores de Nariño a rendir testimonio sobre los impactos que tuvo la erradicación forzada entre 2000 y 2013.
Antonio Navarro Wolf, exgobernador de Nariño (2008-2011), fue uno de los que rindió testimonio en la JEP. Créditos: JEP.
Tras el Acuerdo de Paz y la creación de la Segunda Marquetalia por parte de antiguos jefes de las Farc, en Nariño se ha librado una guerra por el control del territorio entre facciones al mando de Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia más fuerte del suroccidente colombiano, y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico de la Segunda Marquetalia, una confederación armada que se disolvió con la ruptura entre Iván Márquez y Walter Mendoza.
En una alerta temprana de febrero de 2024, la Defensoría del Pueblo denunció el riesgo de intensificación de combates entre integrantes de la Columna Móvil Alan Rodríguez, en apoyo al Frente 30 Rafael Aguilera, ambas estructuras del EMC, y la Segunda Marquetalia en la subregión del Sanquianga nariñense, cuyo control está en manos de hombres comandados por Mendoza. En marzo de 2024, la Defensoría también señaló el peligro que podía generar para la población civil los enfrentamientos en la cordillera nariñense, específicamente en Cumbitara, Leiva, El Rosario, Policarpa y el corregimiento de Remolino, en Taminango, entre el Frente Franco Benavides del EMC y la presunta alianza entre la Segunda Marquetalia, Comuneros del Sur y los autodenominados Autodefensas Unidas de Nariño.
Respecto a este último grupo, creado en 2023, hay muchas dudas. Según investigaciones periodísticas, esta organización habría establecido alianzas y realizado operaciones conjuntas con Comuneros del Sur. El líder con el que habló RAYA contó que en el territorio todos saben que las Autodefensas Unidas de Nariño operan en la misma zona que Comuneros del Sur, en la parte alta de la cordillera, y que la falta de claridad respecto a este grupo genera preocupaciones de cara a un proceso de desarme.
En abril de este año RAYA publicó una entrevista con Otty Patiño, comisionado de paz, en la que se cuestionó la presencia de estas Autodefensas en Samaniego y zonas aledañas, donde también se encuentra Comuneros del Sur. El comisionado respondió lo siguiente: “Ese grupo prácticamente ya desapareció. Fue un grupo creado por mafiosos de allá, gente que trabajaba con narcotráfico, pero prácticamente se disolvió”. Sin embargo, las dudas se mantienen.
El 7 de junio de este año, comunidades de la vereda Tortuga-Magaly, del municipio de Magüí Payán, denunciaron la muerte violenta de cuatro personas, señalando que los autores llevaban brazales de color rojinegro con las siglas F.C. Sur. Rober Garzón, jefe de la delegación de Comuneros del Sur, declaró que la zona es bastante convulsa en términos de conflicto, pero negó que ellos fueran los responsables.
Denuncia pública de las comunidades respecto a la masacre del 7 de junio.
De igual forma, a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en medio de los avances en la mesa de negociación, se le atribuyó la muerte de 11 militares ecuatorianos en la zona del río Punino, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, donde este grupo tiene presencia. Sin embargo, Walter Mendoza negó la responsabilidad de sus tropas en este hecho, a pesar de que un líder de esta insurgencia, alias “Compadre”, fue abatido en el sitio.
En medio de las negociaciones también hay preocupaciones por las órdenes de captura que pesan sobre los grandes jefes de los grupos armados. La solicitud de extradición de “H.H” fue motivo de disputa interna en el Gobierno, y fue detenida por el presidente Petro; pero, en febrero de este año, fue capturado en Bogotá, durante los diálogos, Andrés Rojas, alias “Araña”, líder de los Comandos de Frontera, facción que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, y en julio la Fiscalía halló una pistola con la que se pretendía asesinarlo, aseguraron los investigadores.
Alias “Araña”, jefe de Comandos de Frontera. Créditos: Mauricio Alvarado Lozada.
En Bogotá también hubo capturas de jefes de Comuneros del Sur. El 10 de agosto, fue capturado alias “Bayron”, señalado de ser el jefe de finanzas de este grupo en Nariño. Según investigaciones judiciales, “Bayron” sería el segundo al mando de la compañía Jaime Otoño Obando. En medio de todo este proceso, si llegara a buen puerto, se esperan contribuciones a la verdad para encontrar víctimas de desaparición y esclarecer hechos de violencia, así como responsabilidades de terceros, teniendo en cuenta que en el departamento hay alcaldes que, al igual que líderes de grupos armados, son solicitados en extradición por Estados Unidos debido a su supuesta participación en delitos de narcotráfico. Es el caso de Wylton Oleynar Belalcázar Gaón, alcalde de Pupiales (Nariño), que fue capturado el 27 de junio pasado con fines de extradición por supuestamente hacer parte de una red de narcotráfico en el suroeste del país.
Con el inicio de esta audiencia pública, el Ministerio de Justicia aspira a empezar un camino que conduzca al desarme de estos grupos que contribuyen a una fábrica de víctimas a la que el gobierno Petro ha prometido ayudar a terminar.
