Derechos Humanos

RAYUELA

Niñas, niños y jóvenes de distintos territorios presentaron el Informe alterno de las voces de la niñez, construido con la Plataforma Tres Voces. En un diálogo directo con la delegada para la Infancia, denunciaron violencias digitales, acoso callejero, machismo, contaminación, hambre escolar, trabajo infantil y miedo al secuestro. Sus palabras fueron más claras que cualquier diagnóstico técnico.

Por: Nicolás González (texto y fotografía)

El mundo atraviesa una crisis silenciosa de derechos de la niñez. UNICEF advierte que los niños y niñas viven hoy más violencia, más riesgo digital, más pobreza y más desplazamiento que hace diez años. En Colombia, uno de cada dos menores vive en pobreza monetaria; cuatro niñas, niños o adolescentes desaparecen cada día y casi medio millón trabaja. En medio de este escenario, la Plataforma Tres Voces decidió que la niñez no debía ser objeto de análisis, sino autora de su propia verdad.

Así surgió el Informe alterno de las voces de la niñez (2021–2023), un documento que rompe con el formato tradicional de informes: “Nuestros derechos están siendo vulnerados y nadie puede hablar de esto por encima de nosotras y nosotros”, escribieron las y los NNJ al abrir el texto. Esa afirmación no fue una frase decorativa; fue el punto de partida de la jornada en Bogotá donde se encontraron con una funcionaria que debía escucharlos.

La cita fue en la biblioteca de la sede central de la Defensoría del Pueblo. No era un auditorio solemne ni una sala llena de funcionarios; era un espacio cotidiano con estantes altos, mesas de madera y sillas movidas en círculo. Allí, la delegada para la Infancia y la Vejez, Ana María Sánchez Guevara, aguardaba con una libreta abierta. Frente a ella, niñas, niños y jóvenes llegaban con carteles, dibujos, cuadernos y preguntas ensayadas en voz baja.

Por grupos fueron pasando las voceras y los voceros con una problemática que querían plantear y comunicar a la delegada. En ese momento se hizo aún más evidente la premisa del informe. Como expresó Yuilisca de Los Ríos: “Las niñas y los niños no somos pendejos con nuestros derechos.” Cada participación, cada comentario y cada pregunta dejaban al descubierto las duras realidades que enfrentan y la necesidad urgente de ser escuchados. Ser niños no es excusa para ser ignorados.

Aquí comenzaron a emerger las realidades crudas. Cada niño y cada niña habló desde la experiencia y no desde el protocolo. No eran frases memorizadas, sino problemas que han tenido que enfrentar a su corta edad. No se trataba de reclamar sin proponer ni de exigir soluciones instantáneas; sabían que no es fácil resolver estas problemáticas. Lo que pedían era reconocimiento de su palabra, un lugar en la conversación pública que históricamente se les ha negado.

La primera en exponer fue Sofía, de Cecucol. Con una serenidad que contrastaba con la dureza de su relato, habló del ciberacoso. Dijo: “Queremos que no nos prohíban las redes sociales, sino que sean seguras para nosotras las niñas”. Su frase coincide con una alerta del informe: “Las redes sociales pueden ser un espacio peligroso si no existen rutas claras de protección ni adultos responsables que respondan”. Una de cada dos niñas en Colombia ha sido víctima de violencia digital, según cifras incluidas en el documento.

La delegada escuchó en silencio, tomó notas y mencionó campañas preventivas. Pero Sofía explicó que las rutas de atención son lentas, confusas y no llegan cuando el daño ya está hecho. Detrás de sus palabras había un mensaje que ningún protocolo logra maquillar: la protección digital no existe si no hay una institución que responda de manera real y oportuna. El murmullo breve en la sala confirmó que su experiencia no era aislada.

Luego habló Isabela, de Taller Sur, quien puso sobre la mesa el acoso callejero. Contó cómo las niñas cambian de ruta para evitar comentarios, cómo aprenden a medir distancias, a acelerar el paso, a desconfiar de cualquier sombra. Preguntó, mirando directo a la delegada, con quién trabajan para prevenir esta violencia. El informe lo respalda: “Las niñas viven con miedo de caminar solas: el espacio público no es igual para todas”. La delegada mencionó alianzas locales, pero Isabela insistió: en los barrios, nadie responde.

La intervención de Leidy, también de Cecucol, trajo el tema más íntimo y más doloroso: la violencia en el hogar. Habló de golpes, silencios obligados y machismo cotidiano. El informe alterno de OSC lo verifica: “Más del 90 por ciento de los casos de violencia sexual contra niñas y niños no llega a sentencia”. Leidy preguntó qué pueden hacer cuando la violencia es tan grave que no pueden acceder a una ruta de atención. La delegada reconoció la gravedad, pero no logró ofrecer una respuesta que calmara la inquietud.

El ambiente cambió cuando habló José Abel Rodríguez, de Funsarep. Habló del agua, no como concepto, sino como elemento ausente o contaminado. Dijo que el Caño Juan Angola y la Ciénaga de la Virgen, que antes eran espacios para jugar y pescar, hoy huelen a vertedero. Preguntó qué se había hecho más allá de oficios y visitas técnicas. El informe de NNJ apunta lo mismo: “La contaminación del entorno afecta nuestra salud, nuestra alimentación y nuestra dignidad”. La delegada mencionó procesos en curso. José Abel bajó la mirada. Las aguas siguen igual.

Después llegó el turno de la educación. Valentina Caicedo, de Reantorcha, describió escuelas donde faltan profesoras, donde los baños no funcionan y donde el PAE entrega comida en mal estado. Contó lo de la yuca dañada, que ya pareció símbolo de un sistema que falla incluso en lo básico. El informe alterno señala: “Estudiamos en lugares que no permiten aprender ni vivir dignamente”. Valentina lo dijo sin rodeos. No pedía privilegios; pedía condiciones mínimas.

El grupo encargado de hablar de pobreza lo hizo con una claridad devastadora. Un niño explicó: “La pobreza es cuando no hay dinero para nada, nada es nada”. Otra niña, que se presentó como niña trabajadora, dijo que ella decidió trabajar, pero que eso no significa aceptar explotación. El informe NNJ lo dice así: “La pobreza nos empuja a trabajar, pero el Estado responde con castigo y no con garantías”. Aunque se habló con voz de niña, era un análisis estructural.

Detrás de esas sonrisas y de la frescura de la juventud, cada pregunta golpeaba como un látigo. Se sentía la preocupación y el deseo de cambio en cada voz. En la biblioteca de la Defensoría, los rostros de niñas y niños confrontaban una verdad que suele decirse en abstracto: la infancia en Colombia carga con problemas que ningún niño debería cargar. Ese contraste entre su edad y la gravedad de lo que contaban hacía difícil respirar.

La intervención sobre explotación laboral infantil vino de una niña de Ciudad Bolívar. Contó que algunos son obligados a trabajar en semáforos o para redes que se aprovechan de la necesidad familiar. Según el DANE, casi 500 mil menores trabajan en Colombia. La niña no mencionó la cifra: describió lo que veía desde su ventana. La delegada habló de campañas, pero la niña le replicó que esas campañas no llegan a los cruces donde ella trabaja.

La última en intervenir fue Isabel García, migrante venezolana. Habló del miedo al secuestro y de cómo salir es peligroso incluso acompañadas. Propuso fortalecer una alerta tipo Amber y preguntó por qué, si existe un mecanismo de búsqueda, las desapariciones siguen aumentando. El informe NNJ lo respalda: “La desigualdad define quién recibe atención y quién no”. Isabel no pidió estadísticas; pidió protección.

Durante la ronda final, la delegada Ana María Sánchez Guevara respondió una a una las inquietudes. Reconoció que las violencias no son aisladas y que requieren soluciones integrales. Pero ese día, la institucionalidad se vio obligada a responder ante lo que los NNJ viven y que tantas veces pasa desapercibido. Ellos, en cambio, hablaron con una honestidad sin maquillaje: nombraron lo que duele, lo que falta y lo que tiene que cambiar.

Cuando terminó la jornada, los chalecos institucionales volvieron a su estante, pero las palabras no. Quedaron suspendidas en la biblioteca —más duras que cualquier informe, más claras que cualquier campaña—. El Informe alterno de las voces de la niñez ya no era un documento: era una escena viva, un ejercicio de democracia elemental. Los niños y niñas habían hecho lo que muchos funcionarios no: decir la verdad sin adornos.

La frase de Yuilisca volvió al final, como un eco que cerraba y abría a la vez: “Las niñas y los niños no somos pendejos con nuestros derechos”. Lo dijo mirando de frente, sin titubeos. Ese día, la niñez habló. Ahora falta saber si el país, por fin, va a escuchar.

NOTA EDITORIAL 

Esta publicación hace parte de un contenido pautado. Su realización respetó plenamente la voz, las experiencias y la participación de niñas, niños y jóvenes, garantizando que sus testimonios fueran presentados con fidelidad, sin interferencias y con total transparencia hacia la audiencia.

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