La Revista RAYA tuvo acceso a dos expedientes de violencia sexual de militares contra niñas de la etnia Nukak Makúk. Estos hechos de acceso carnal violento, que sucedieron en Guaviare, reflejan discriminación, racismo, e indiferencia por parte de una justicia que ni siquiera cuenta con traductores para escuchar a las indígenas.
Por: Redacción Revista Raya
En la Fiscalía General de la Nación existen doce procesos de violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas del pueblo Nukak Makú, cuyos expedientes reposan en diferentes fiscalías del país. En cuatro de esos casos la responsabilidad recae sobre militares del batallón José Joaquín París del Guaviare, cuyas tropas se asentaron y se quedaron en el territorio ancestral de los nukak para enfrentar a la guerrilla. Aquí contaremos dos de esas historias con el fin de evidenciar que existe un modus operandi que ha alimentado la impunidad y ocasionado que los hechos de violencia sexual se repitan sin que aún exista un castigo contra quienes, incluso, han confesado en sus testimonios su responsabilidad.
La Comisión de la Verdad, en su capítulo étnico Resistir no es aguantar, también mencionó el caso de la violencia sexual del pueblo Nukak Makúk. En un informe titulado «Nosotras Queremos Cantar: Violencia Sexual No Más», las organizaciones indígenas le contaron a la Comisión que una práctica sistemática contra las mujeres del pueblo Nukak es emborracharlas y obligarlas al uso de sustancias psicoactivas para someterlas y dejarlas inconscientes y totalmente expuestas a sus victimarios antes de ser violadas. “Abusar de ellas, dejarlas desnudas y abandonarlas en caminos, carreteras o en las cercanías de los ríos, es una práctica de la que aún son víctimas las mujeres nukak”, concluyó el informe.
La lengua, una ventaja para los victimarios
La sentencia absolutoria fue en favor del soldado Cesar Augusto Marulanda Orozco. Los hechos sucedieron el 12 de julio de 2009 y la denuncia fue presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), seccional Guaviare, unas semanas más tarde. En ella se acusaba al soldado de haber tocado las partes íntimas de una menor de seis años, de la etnia nukak, mientras el uniformado pidió permiso en la casa de los padres de ella para escamparse del aguacero después de un partido de fútbol.
En ese momento, según el testimonio de la madre, Marulanda se dedicó a tomarle fotos a la menor que tenía un mico encima de uno de sus hombros. Y mientras ella estaba dentro de la vivienda, dos minutos más tarde de la llegada del militar, la niña lloró y salió corriendo del sitio donde se guarnecían del aguacero. Enseguida, Marulanda expresó que dicha actitud obedecía a que él había tocado el mico. Sin embargo, el hermano que estaba cerca de la menor le comentó a su madre que el soldado “había tocado el chichí” de su hermana, mientras le tomaba fotos con el celular.
Seis meses más tarde, en febrero de 2010 la menor nukak fue entrevistada por una psicologa forense de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin). En el informe, la funcionaria concluyó que la niña mantuvo la estructura lógica de su relato y que manifestó una vivencia de tipo sexual por parte de un sujeto, al que reconoce como “un soldado”. Según ese informe, que reposa en el expediente del juzgado promiscuo de San José del Guaviare, la menor nukak “narra hechos de forma coherente y relaciona eventos de la vivencia con otras actividades como el partido de fútbol entre la comunidad y los soldados”.
El 7 de abril de 2010 un investigador de la Fiscalía entrevistó al padre de la víctima y este relató que el día de los hechos se encontraba jugando fútbol en el equipo del resguardo contra los soldados. En ese momento, dijo, lo llamó su compañera y le comentó que el soldado que se encontraba en la casa de ellos había tocado a su hija menor. “Él recuerda que era un soldado de apellido Marulanda, ya que días antes este mismo soldado le había ofrecido unas arepas y en el casco estaba plasmado ese apellido”.
El tránsito de los militares por el resguardo El Refugio era constante, pues a 500 metros estaban acantonados en la Escuela de reentrenamiento de las Fuerzas Especiales. Ante el reclamo de las comunidades por la actuación y presencia de los militares en el territorio, estos expresaron en varias comunicaciones que reposan en el expediente que era “inevitable el contacto con indígenas ya que estos se la pasan por todos lados”.
Cuatro años después, el caso no prosperaba. Así quedó registrado en diciembre de 2014 en una comunicación que la Fiscalía le envió al Gobernador Guaviare y al alcalde de San José del Guaviare. El objetivo de ese documento era buscar apoyo para que designaran un traductor y un intérprete para el testimonio de los padres de la víctima. No obstante, la Gobernación informó que eso no era posible porque no contaba con el personal capacitado para ejercer labores de traducción o intérprete del idioma nukak. El argumento se convertía en una justificación constante para dilatar la investigación y el juicio final. Incluso, se repetiría una década después, en otro de los casos que abordaremos más adelante, cuando se repitieron los hechos de violencia sexual por militares contra las niñas nukak, muy cerca de ese resguardo.
Para el 2014, el abogado del soldado Marulanda había presentado doce excusas médicas y personales. Entre tanto, la defensora de la víctima, que pertenecía a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), no se presentó en nueve audiencias. Según indicó la abogada, desde las instancias institucionales no se generaron las garantías respectivas para la movilidad de las víctimas en el transcurso del proceso. Estas dilaciones respondían a dos estrategias: el manoseo de los recursos que le da la justicia a los investigados y el nulo interés por transportar a las víctimas de la etnia nukak a las audiencias.
Finalmente, el 13 de diciembre de 2016 se desarrollaría el juicio en San José del Guaviare. En ese momento, salieron a relucir y dieron fruto las principales estrategias que utilizó la defensa del militar. Por un lado, la lengua de los nukak terminó siendo un impedimiento para que la Fiscalía pudiese comprender con claridad lo que la menor de 6 años estaba expresando. Así lo dejó claro el juez al expresar que para la Fiscalía no fue fácil desplegar sus actividades de manera más efectiva y eficiente. Texualmente señaló: “aunque la presunta víctima fue entrevistada por una funcionaria especializada en delitos contra la libertad y formación sexuales, no le fue fácil interactuar con la pequeña, pues el dialecto que maneja dicha comunidad no se compagina con la lengua castellana y por ello la funcionaria tuvo que interpretar lo que la niña le contaba en su dialecto”.
Cosa que terminó con una sentencia absolutoria del juez, quien argumentó que las manifestaciones de la menor de edad “si bien resultan desprevenidas y genuinas no permiten entender con claridad si en efecto fue objeto de tocamientos lúbricos por parte del soldado Marulanda, o si quizá la niña lloró porque el soldado cogió el mico de raza Titî que era de la infante”. Es decir, la teoría acogida por el juez giró en torno a que la niña nukak y su hermano intentaron decir Tití y no Chichí.
La repetición de los militares contra las nukak
Otro de los casos a los que tuvo acceso esta revista fue bastante publicitado por medios de comunicación a raíz de las dimensiones que adquirió la situación. La noticia se conoció el 19 de septiembre de 2019, a las 5 pm., cuando ingresó una menor de 15 años de étnia Nukak Makuk, por urgencias al hospital de San José del Guaviare, Según el expediente, un mes antes la menor había sido raptada en un baño público en la vereda Charras, zona rural del Guaviare. Los testimonios de las amigas y de ella misma daban cuenta de un hecho escabroso: fue detenida por los militares, luego encerrada en las instalaciones donde pernoctaban los uniformados, donde durante cuatro días fue sometida a abusos sexuales sin comida ni bebida alguna.
La menor así relató lo sucedido a los médicos que la atendieron, quienes consignaron su testimonio en la historia clínica: “la joven, por medio de un traductor, manifiesta que el 8 de agosto de 2019 iba con una amiga por el centro de Charras y fue a orinar a un baño y que al salir del baño venían dos soldados que se quedaron mirándolas. Se les aproximaron y tomaron de la mano a la de 15 años y se la llevaron. La amiga se cansó de esperarla y luego se fue hacia la maloka para avisar que no sabía dónde estaba la menor de 15 años”.
Cuatro días después, el 12 de agosto la menor logró escaparse del lugar donde permanecía encerrada y llegó a la maloka a las 8 de la mañana de un viernes. Allí, le contó a su madre que durante esos días dos soldados la violaron. “Durante el acto la forzaron, pero no utilizaron ataduras. Mientras la menor estuvo encerrada no le dieron nada de comer. Aunque ella trató de defenderse ellos la doblegaron”, escribió el médico al recibir el primer testimonio de la progenitora de la nukak.
En esa entrevista, la madre de la menor profundizó en los detalles que servirán de prueba para acusar a los militares: “Ellos pusieron los ojos en mi hija desde la mañana porque le preguntaron al hermano que quién era y le dijeron que era muy bonita y por eso sé que la salieron a cazar en la noche. Los vi como la miraban en la mañana, ellos pusieron los ojos en ella. Cuando llegó a la maloca llegó mal, tenía sed y hambre y le dijo a la hermana lo que le habían hecho esos hombres por todos esos días. Yo le di limonada y le lavé la ropa que traía. Le lavé bien para que se la pueda volver a poner porque la ropa es muy difícil de conseguir. Después vino una camioneta de la ONU, unos monos, y les contó lo que había pasado. No dijeron nada. Luego vino una funcionaria de Parques Naturales y ella dijo que debíamos venir acá y contar lo que había pasado para que nos ayudaran. Salimos y un carro de línea nos dejó acá (en el hospital)".
A su llegada al hospital de San José del Guaviare, tras un mes de los hechos, los médicos le practicaron un examen sexológico para determinar el grado de afectación que tenía la menor: “no se encontró evidencia de signos de trauma recientes en miembros superiores ni inferiores”. Un dictamen que se contradice con estudios sicológicos y testimonios que la Fiscalía recopiló en días posteriores. Un ejemplo de ello fue el informe de conclusiones y recomendaciones que hizo el ICBF tras la valoración psicológica el 20 de septiembre: “En la evaluación se puede conceptuar que la menor presenta alteraciones mentales y/o emocionales directas propias de las víctimas de violencia sexual potencialmente derivadas de factores de riesgo en su entorno mediato, pero cuenta con un grupo familiar que le garantizan el goce efectivo de sus derechos”, dice el documento.
Uno de los testimonios que ratifican que sí hubo acceso carnal violento reposa en los archivos del Batallón de Infantería de Selva Nº 19, José Joaquín París. El 30 de octubre de 2019 entregó su declaración el soldado Juan Sebastián Cardona: “Nosotros llegamos un martes y ya la peladita andaba desaparecida, el miércoles recibimos la guardia, yo era ranchero; ellos recibieron la guardia y a Fernández le tocó en puesto vara, eso fue el primero o segundo turno, no recuerdo bien, cuando al rato llegó al alojamiento Ortíz, yo ya estaba durmiendo y le fue a decir a otro compañero que arriba había una Guajíva (confundiendo la etnia de la menor nukak) y que subiera para que se la comiera. Pero el otro compañero le dijo que él no iba a subir, que él no se metía en esos problemas, de ahí se fueron como seis, los seis que están ahí metidos. Esa misma noche allá arriba la cogieron y la metieron en un matorral”. Los otros detalles de la violación, consignados en el expediente, contra la menor, esta revista se abstiene de explicitarlos. De acuerdo con el testimonio del soldado Cardona, la menor nukak llegó al puesto de control los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2019 entre las 6:30 y las 10:30 de la noche al sitio donde estaban los soldados.
Uno de los testimonios contradictorios lo entregó el soldado Yilber Arley Rojas Camargo quien aceptó haber tenido relaciones sexuales con la menor. Sin embargo, describió su acción como algo normal al calificarla una situación consentida y de prostitución, sin remarcar en el hecho de que por ser menor de edad ella no podía dar su consentimiento para esto y se configuraba entonces un hecho de explotación sexual infantil. Confesó que salió de la guarnición militar una sola vez sin pedir permiso junto al soldado Yeison Poloche Liberos. Describió que llegaron a un billar y luego se fueron a las canchas de tejo de la vereda Charras desde donde vieron llegar, horas más tarde, unos 15 indígenas nukak en un bus de linea, quienes se sentaron a tomar cerveza. “había varios menores de edad entre 6 y 15 años. Yo me paré de la mesa y me fui a orinar atrás de la tienda, donde queda el orinal, y al salir del orinal, me paré un poco más atrás de la mesa donde estaba sentado con el soldado Poloche y empecé a hacerle señas con las manos a una indígena que estaba sentada al frente de nosotros para que viniera hacia mi, pero ella con señas me decía que la esperara. Intenté dos o tres veces, pero a lo último me aburrí de llamarla. Miré a otra indígena que estaba en el otro extremo y empecé hacerle las mismas señas. Como a los cinco minutos ella pasó con la otra indígena, es decir, la que estaba llamando antes”, dijo el militar.
Según el relato del militar, una de las menores entró al baño y la que él estaba llamando se quedó afuera. “Luego yo me le acerqué y empecé a tocarle todo el cuerpo y a darle besos por el cuello, después le pregunté que qué íbamos a hacer, ella me dijo que estaba con su amiga, yo le dije, vaya acompáñela al grupo donde están ustedes y se viene usted nuevamente”, confesó el militar.
Las menores salieron del baño y regresaron a la mesa donde estaban los indígenas tomando cerveza. Unos 10 minutos más tarde, dijo el soldado Rojas, una de las menores regresó a donde estaba él y fue cuando el soldado la accedió carnalmente. Tras el hecho, narró el militar, “yo le pregunté su nombre y ella me lo dijo y después le pregunté que cuantos años tenía y me dijo: tengo 15 años. Luego me dijo que ella cobraba y yo le pregunté cuanto y me respondió $ 30.000”.
Sin duda, el relato del militar continuó justificando su comportamiento en un supuesto hecho de prostitución. Luego agrega detalles de su salida de la cancha de tejo, fabricando una escena que se contradice en su misma versión. “Al terminar la relación yo le dije que me esperara que iba a la base a recoger la plata y volvía con los $30.000. Yo le dije que iba a salir primero y luego que saliera ella. Al salir de ese sitio donde estábamos observé que ya no había nadie tomando cerveza, solo en el otro extremo había como tres indígenas por la cancha de tejo. Al soldado Poloche tampoco lo vi, eran como las 9:40 de la noche, todo estaba oscuro. Como estaba volado me tocó entrar por el bordo de las instalaciones de la ONU. Ingresé y me acosté a dormir. Creo que esa noche nadie me vio ingresar”.
La mencionada contradicción radica en que el soldado Rojas miente cuando describe su salida de la cancha de tejo donde accedió carnalmente a la menor indígena. En una de las entrevistas que le practicó la Fiscalía le preguntaron sobre qué pasó con la menor: “La verdad no tengo ni idea, porque yo cuando salí de la tienda donde tuve relaciones con ella, a ella la deje sentada sobre la mesa y cuando yo iba a unos metros de la tienda volteé a mirar y la vi que iba saliendo y luego se le acercaron unos miembros de la misma comunidad indígena. Afuera seguía el carro de Coontransguaviare, esperándolos a que se embarcaran”.
Tras conocerse los hechos, el Batallón José Joaquín París inició una investigación disciplinaria contra algunos de los soldados señalados. Mientras tanto, el curso de la investigación en la Fiscalía continuó y, el 21 de febrero de 2020, puso en evidencia un modus operandi que sigue alimentando la impunidad: “la víctima no es clara al momento de brindar la información. Tampoco se cuenta con traductor que le brinde confianza a la menor. Las fuerzas militares presentan demoras para brindar la información solicitada o para permitir realizar la diligencia. Las personas a entrevistar ya terminaron su servicio militar y se requiere la entrevista en diferentes departamentos y no se ha logrado la ubicación de otros. Es complicado el desplazamiento de los testigos desde el asentamiento indígena al centro poblado”, dice el documento de la Fiscalía.
En medio de todos los obstáculos que ha tenido el caso, el 21 de febrero de 2020 la Fiscalía registró un sorpresivo cambio de versión de la menor de 15 años, quien confesó tener miedo de las autoridades por sentirse culpable, lo que se tradujo en su declaración a su progenitora. Así lo registró la Fiscalía: “no quería seguir mintiendo, le cuenta que ella el día en que se encontraba departiendo con su familia, se le hizo tarde, que decidió por sus propios medios regresarse al resguardo y que a mitad de camino decide quedarse donde unos conocidos de la mamá durante los cinco días que estuvo desaparecida”. Una versión abiertamente falsa, pues uno de los militares confesó su autoría en los hechos de violencia sexual aquí denunciados y otro ratificó que sus compañeros lo hicieron.
El caso aún está en etapa de investigación en la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá. A finales de 2020 los investigadores aún no podían establecer dónde estaban los documentos de la investigación disciplinaria que adelantó el Batallón. Mientras tanto, estaban a la espera de realizar la entrevista a la menor con las condiciones necesarias para que cuente con un traductor que le permita contar su historia sin ser revictimizada.
