Después de más de una semana de protestas aún quedan muchas preguntas por resolver sobre las posibles salidas de la crisis política en el Perú, a pesar de que hoy el Congreso peruano aprobara en primera votación el adelanto de elecciones para abril del 2024. Jaime Borda, periodista peruano, recoge a continuación para revista Raya algunos de los hechos más importantes sobre lo sucedido en los últimos días y plantea las incógnitas más importantes que están aún sin resolver.
Por: Jaime Borda
Tras 13 dias de la vacancia del expresidente Pedro Castillo, por el de intento de golpe que dio mediante un mensaje a la nación, las protestas y movilizaciones no han cesado en el Perú. Por el contrario, se han agravado, según los últimos reportes, han llegado a un saldo de 350 personas heridas, dentro de las que hay un promedio de 290 policías heridos, y 27 personas muertas, 21 de ellas por impactos de bala de la Policia Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FFAA).
Una vez vacado Pedro Castillo le sucedió en el cargo Dina Boluarte, quien hasta hace poco se desempeñaba como vicepresidenta del Perú y como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Las primeras medidas de la nueva presidenta del Perú hacían suponer que habría una especie de tregua entre el Ejecutivo y el Congreso, sin embargo, al transcurrir los días, los lamentables hechos que hemos presenciado evidencian que no solo no es una tregua, sino que se trata de una alianza entre los grupos de perdedores de las elecciones generales del 2021 y los promotores de la vacancia presidencial, con respaldo de las fuerzas policiales y militares. Por ello algunas personas han empezado a llamar al gobierno de Dina Boluarte un “régimen cívico-militar” por la forma como ha decidido encarar las movilizaciones y protestas ciudadanas en la mayoria de regiones del Perú que piden la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.
La “autovacancia” del expresidente Pedro Castillo
El pasado 7 de diciembre del presente año el expresidente Pedro Castillo dio un inusitado mensaje a la nación donde señalaba que: “En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho y democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, entre otras medidas complementarias, este mensaje se dio cuando el Congreso de la Republica ese día iba nuevamente a discutir, por tercera vez, la vacancia contra el presidente Castillo. Para muchos el presidente se equivocó en el intento de golpe de Estado que dio en su mensaje, ya que no había los votos suficientes para vacarlo desde el Congreso.
Lo cierto es que, por un lado, la denominada “autovacancia” del expresidente ha sido el producto de una campaña sistemática de los grupos y partidos perdedores de las elecciones presidenciales del 2021; desde el primer día que Pedro Castillo asumió la presidencia empezaron a hablar de fraude y de no reconocer los resultados electorales en las urnas. Ya habían intentado vacar a Castillo en dos oportunidades. Por otro lado, también es cierto que el expresidente hizo muchos meritos para ser cuestionado, debido al entorno que lo rodeaba, a las malas decisiones que tomaba para conformar su equipo de asesores y ministros y a las denuncias por corrupción que ya tenía abiertas en menos de un año y medio de gestión presidencial. Aun con todos estos cuestionamientos, el gobierno de Castillo tenía un nivel de aprobación, en torno al 25 o 30 por ciento, su apoyo principal venía desde las regiones andinas del Perú, mientras que el Congreso se encuentra alrededor del 10 por ciento de aprobación ciudadana.
En este momento el expresidente se encuentra detenido en el local de la DIROES con 18 meses de prisión preventiva, acusado por el presunto delito de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Graves violaciones a los derechos humanos
La actual presidenta del Perú, y primera presidenta mujer en la vida republicana de país, Dina Boluarte, asumio el mandato pensando que se quedaria hasta el 2026, sin embargo, debido a la grave crisis social y política ha señalado que se someterá al adelanto de elecciones. Lamentablemente las decisiones que ha tomado la señora Boluarte en sus primeros días de gobierno han sido nefastas, primero se alió con el Congreso, las fuerzas policiales y las fuerzas armadas; segundo autorizó el uso de la fuerza para controlar las movilizaciones ciudadanas, primero en Andahuaylas (Apurimac) y luego en Ayacucho, Arequipa, Ica, Cusco, Puno, Junin y en las demás regiones donde se registraron movilizaciones, y tercero la semana pasada decretó el Estado de Emergencia en todo el país por 30 días y el toque de queda en 15 provincias durante la noche.
El saldo de esta crisis, según el portal Ojo Público, al momento de escribir este artículo, era de “27 fallecidos a nivel nacional: 21 producto de enfrentamientos de manifestantes con efectivos de la PNP y de las FF.AA., y otros seis en hechos indirectos vinculados a las protestas. Además, más de 350 civiles y 290 policías resultaron heridos”. Los registros de videos y testimonios de los manifestantes señalan que las fuerzas del orden no solo han cometido excesos, sino que han disparado directamente a los cuerpos de los manifestantes, las regiones donde más muertes se han registrado son Ayacucho (9 personas) y Apurimac (6 personas). La respuesta que ha dado el gobierno nacional sobre estas muertes es que se ha buscado defender la infraestructura pública y privada y restablecer el principio de autoridad.
Al respecto, la Defensoria del Pueblo y las organizaciones peruanas e interancionales de derechos humanos, han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza y la violación de los derechos humanos de los manifestantes. Muchos de los asesinados son jóvenes, incluso menores de edad, que no necesariamente estaban participando en las movilizaciones. También se han producido hechos vandálicos en varias ciudades capitales de región donde se han incendiado y destruido instalaciones públicas como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la SUNAT y aeropuertos, entre otras instalaciones. Se ha denunciado también el uso de ternas de la policia, que son agentes encubiertos de civiles, así como de otros grupos violentistas infiltrados en las movilizaciones que habrían azuzado en las movilizaciones,
Este fin de semana, las autoridades allanaron la Confederación de Campesinos del Perú, histórica organización indígena del Perú, e incautaron machetes, pasamontañas y otros materiales, organizaciones como la Vía Campesina denunciaron persecución a los líderes campesinos tras estos hechos, y dirigentes de la confederación denunciaron que se trataba de material plantado por las autoridades como la una, cuando efectivos de la PNP y la DINCOTE intentaron acusarlos de terrorismo y organización criminal. La oportuna intervención de congresistas, abogados y la presión de la población movilizada hicieron que se les liberará, aunque posiblemente deberán afrontar una investigación judicial.
¿Hay salidas para la crisis?
El día de hoy el Congreso de la República ha discutido nuevamente la aprobación del adelanto de las elecciones que, en la primera discusión y votación la semana pasada, no alcanzó los votos suficientes para su aprobación. La mayoría de las organizaciones estatales, privadas y sociales coinciden en que la única salida es adelantar las elecciones generales (presidenciales y congresales) al año 2023, así lo ha reconocido también la presidenta Dina Boluarte. En horas de la noche el Congreso de la Republica finalmente aprobó con 93 votos a favor el adelanto de elecciones generales para abril del 2024, esta decisión deberá ser ratificada con más de 87 votos en una segunda legislatura. La propuesta plantea que el mandato presidencial, del Congreso y del Parlamento Andino culmine en julio de 2024. Sin embargo, la petición de las movilizaciones era para un adelanto de elecciones en el 2023 y no el 2024, la prórroga hasta el 24 podría agravar la situación de la crisis política en el Perú.
Mientras tanto, en estos días ha habido un desescalamiento de las movilizaciones sociales debido a las fiestas de fin de año y a que la población movilizada ha estado varios días sin trabajar. Se habla de una tregua para retomar las movilizaciones en enero del próximo año, aunque esto es relativo, ya que, en varias provincias y regiones se encuentran en movilización permanente.
Lo cierto es que no parece haber un escenario de calma para las próximas semanas, y que no todo se puede resolver con el adelanto de las elecciones. Hoy en Perú hay una profunda sensanción de dolor y agravio al pueblo peruano por parte del régimen de Dina Boluarte, recordemos que Boluarte es parte de la formula presidencial que lideró Pedro Castillo, un gobierno que se hacía llamar “Gobierno del Pueblo”.
