Colombia es un país de radioyentes. La radio llega a 1.083 municipios y cubre el 99,1 por ciento del territorio nacional. Se podría decir que conecta a Colombia más que ningún otro medio, incluso más que las redes eléctricas y de acueducto y alcantarillado; no es de extrañar, entonces, que haya tenido un rol preeminente en el desarrollo del conflicto durante los últimos 30 años, y que aún esté pendiente pensar en su papel para la paz.
Por: Maria Camila Díaz Esguerra
La semana pasada la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó el informe La radio de la fuerza pública: un monopolio que debilita la democracia donde aborda la proliferación histórica de emisoras de interés público de la fuerza pública y cómo estas han tenido una incidencia histórica en el desarrollo del conflicto, en la llegada del Estado a través del espectro radial a distintas zonas del país y en la competencia con la radio comercial y comunitaria. Para entender mejor las implicaciones de esta investigación y los desafíos de construir un sistema radial para la paz, Revista RAYA habló con la FLIP, con un investigador y con un experto de la radio comunitaria.
El Estado a través de las ondas de radio
Según las cifras de MinTIC recogidas por la FLIP, en Colombia hay 620 emisoras comerciales, 770 emisoras comunitarias y 328 emisoras de interés público. Las primeras están destinadas a satisfacer los hábitos y gustos del oyente, pueden también tener propósitos educativos, recreativos, culturales, informativos, etc. tienen ánimo de lucro y gestión indirecta; las segundas están orientadas a generar espacios de expresión, información, educación, formación y debate, entre otros, para promover la concertación y el encuentro entre las diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad; y las terceras buscan “satisfacer necesidades de comunicación del Estado con los ciudadanos y las comunidades en general, la defensa de los derechos constitucionales, la protección del patrimonio cultural y natural de la Nación, en búsqueda del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”. Entre estas últimas se encuentran las 150 emisoras de la Fuerza Pública —93 del Ejército, 36 de la Policía, 18 de la Armada y 3 de la Fuerza Aérea— que constituyen el 45,73 por ciento de las emisoras de interés público.
Como explica Germán Rey, académico e investigador en comunicación, “en Colombia ha existido una tradición radial muy importante, con una presencia desde hace más de 80 años de un sistema de radio pública, una destacada oferta privada y una vitalidad y diversidad muy grande de emisoras comunitarias, ciudadanas y étnicas. A ello se agregan hoy en día, las emisoras de la paz nacidas del Acuerdo de Paz y el crecimiento de los medios nativos digitales, especialmente sus versiones sonoras y la creciente producción de podcast. Todo lo anterior se encuentra con una criticable militarización de la radio que ha sido asumida como una estrategia funcional al desarrollo del conflicto armado interno desde las instituciones de seguridad y defensa.”
A pesar de que el panorama de radio es muy variado dados los cientos de emisoras de distinta naturaleza que existen en el país, la investigación de la FLIP habla de un monopolio de la fuerza pública, especialmente de las radio de interés público. Según explica César Paredes, subdirector programático de la FLIP y autor del estudio, hay varios factores que permiten hablar de una cierta cooptación del espectro. Primero cabe destacar que ningún actor concentra tantas emisoras en el país como las fuerzas de seguridad, ni siquiera los grandes grupos empresariales dueños de múltiples emisoras comerciales. Segundo, “Se puede hablar de cooptación por la potencia de la radio de las Fuerzas Armadas, porque hay municipios o veredas donde solamente entra la frecuencia de la fuerza pública, una emisora militar o de la Policía.” Según explica el estudio y detalla su autor, las emisoras comunitarias no suelen contar con equipos de la misma potencia, “se centran en un barrio o en un solo municipio, entonces, dependiendo de las condiciones físicas, no hay una posibilidad de que te escuchen… Hay sitios donde no hay nada más, ni emisora comercial ni comunitaria”. Como explica Fernando Tibaduiza, director de Nativa comunicaciones y anterior gerente de la red de radios comunitarias de Santander, esto es especialmente evidente en los departamentos más alejados como Amazonas, Guaviare o Guainía, zonas donde el conflicto armado también ha tendido capítulos intensamente violentos.
Por último, está la financiación. Y es que las emisoras de interés público de la fuerza pública son financiadas por esta, y por lo tanto reciben dinero que viene de los presupuestos de defensa del país, mientras que las emisoras comunitarias tienen grandes dificultades para sostenerse.
La fortaleza de las emisoras de la fuerza pública se deriva de su utilidad para el desarrollo de las políticas y estrategias de seguridad y de guerra durante el último medio siglo. Según explica el informe de la FLIP la radio se incluyó dentro de la estrategia militar como instrumento para: lograr la difusión de información institucional; luchar contra los esquemas de propaganda de los grupos armados ilegales; mejorar la imagen de Fuerzas Armadas; disminuir la moral de los combatientes subversivos, y posteriormente, para impulsar un modelo de “guerra integral” donde las acciones de orden político, socioeconómico, religioso y cultural hacían parte de la estrategia, y donde se fomentó la radio como instrumento para construir y fortalecer la relación cívico-militar.
A finales de los 90, el Plan Colombia permitió continuar con el desarrollo, el mejoramiento administrativo, técnico y de formación de la radio militar y durante el gobierno de Álvaro Uribe, dentro del Plan Patriota (enmarcado dentro de la Política de Seguridad Democrática), la radio jugó un plan fundamental en la difusión masiva e intensiva de piezas publicitarias que buscaban fortalecer la imagen de las Fuerzas Militares, desmoralizar a las tropas insurgentes y fomentar la desmovilización.
Después del gobierno Santos y el Acuerdo de Paz con las FARC, el Estado ha buscado redireccionar la estrategia de la radio militar bajo el compromiso con los Derechos Humanos. Recientemente durante el gobierno Duque se buscó que la radio de la fuerza pública se convirtiera en una herramienta de acercamiento a los territorios. Sin embargo, según menciona el informe de la FLIP, esta visión no se ha logrado implementar del todo en la práctica, de hecho, según menciona César Paredes, las radios de la fuerza pública han continuado aumentando durante los últimos años.
Reconfigurar el “dial” para la Paz
Según explica Paredes este informe se publicó con motivo de la discusión que se abre en torno a la política de Paz Total, y donde es importante entender “cuál es el papel que tiene la radio interés público en Colombia, cómo el gobierno y el ministerio de Defensa pueden utilizar estos recursos y esta estructura en otra dirección… Era un poco llamar la atención y poner el debate sobre la mesa de lo que significa este modelo en una democracia.”
Dentro de la tarea de reconfigurar la estructura de la radio en Colombia para un escenario de paz cabe otra pregunta: cuál es el papel de las emisoras comerciales, de interés público y comunitarias y cómo pueden articularse. Como explica Fernando Tibaduiza: “la radio comunitaria tiene un enfoque más pedagógico para la paz, para hacer visibles experiencias locales, experiencias organizativas, de redes de mujeres, de líderes sociales, ambientales y culturales más focalizadas en transformación y contribución para la paz… Habría que mirar cómo se diferencia la radio comunitaria de la radio de interés público y de la radio comercial, cada una tiene sus enfoques misionales pero sería genial una conexión entre todos los sistemas de Radio Nacional en función de la paz… Desde la del nivel central se generan fuentes de informativas de impacto nacional, y debería luego promover espacios de discusión a nivel local y a nivel territorial y que se haga sincronía.”
Sin embargo, como señalan los tres expertos consultados en este artículo, el principal desafío para lograr una nueva concepción de radio para la paz está en las fuentes de financiación, especialmente para el caso de las emisoras comunitarias que son las que más dificultades tienen para acceder a recursos significativos y continuos que les permitan mantenerse. Como explica Tibaduiza “Se necesita apoyo de sostenibilidad para que las radios comunitarias de los territorios tengan una garantía y puedan tener la tranquilidad. Para que puedan subsanar todas las limitaciones de supervivencia se necesitan recursos del gobierno central y de los gobiernos departamentales para lograr hacer esa conexión entre las fuentes de información nacionales, para adaptarlas a lo local y también hacer visible a nivel nacional lo más lo local y regional.”
El reto de la financiación cada vez es más grande para los medios de distintas naturalezas. Como explica Germán Rey: “En mis estudios he encontrado que muchas iniciativas comunicativas dependen de los propios recursos económicos, membresías, crowfunding, consultorías, además de pauta local, pauta oficial y apoyo de la cooperación. Entre los desafíos de estas formas de sostenibilidad están la dependencia de los gobernantes, las afiliaciones políticas y su utilización, especialmente en períodos de elecciones. Un punto que se debate es si se deben crear fondos especiales para apoyar la sostenibilidad de medios y que como lo sostuve en un artículo publicado en La Silla vacía, debe ser un proceso cuidadoso, con implicaciones en decisiones de los medios como: equidad de género, apoyo a jóvenes periodistas que inician su carrera, clara rendición de cuentas, etc.”
Por lo tanto, es claro que la discusión sobre el rol de los medios de comunicación en general y de la radio en particular dentro del conflicto armado, y sobre la necesidad de democratizar y replantear un sistema de radio con un alta presencia de las Fuerzas Militares, abre preguntas de cara al futuro sobre cómo entender la radio de interés público, cómo responder a la necesidad de apoyo de los medios comunitarios e independientes, y cómo plantear políticas públicas que fortalezcan la democracia, la institucionalidad y la pluralidad informativa en el marco de la Paz Total.
