A días del fallo que definirá el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe, su entorno desplegó una ofensiva política, jurídica y mediática para presionar a la jueza y victimizarse ante la opinión pública. Desde reuniones con políticos extranjeros, cartas dirigidas a la jueza y campañas en medios masivos, la estrategia busca desacreditar a las reconocidas víctimas y golpear la sentencia del próximo lunes 28 de julio.
Por: Redacción Revista RAYA
El pasado 21 de junio, mientras continuaban los alegatos de conclusión en el juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por manipulación de testigos, soborno y engaño a la justicia, su hijo menor sorprendió con una carta dirigida a la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia. La carta, de dos páginas, que Jerónimo Uribe publicó en sus redes sociales, buscaba eco mediático y lo logró. Varios medios lo replicaron sin contexto ni contrastación, dando por ciertas sus afirmaciones. Un ejemplo es el titular de la revista SEMANA: “Álvaro Uribe ya es inocente: Jerónimo Uribe habla sobre el proceso penal en contra de su padre y el dolor que siente su familia”. Una revista que ha dedicado sus páginas para defender al expresidente y que pertenece al Grupo Gilinski, uno de los conglomerados económicos más influyentes del país.
Jerónimo Uribe utilizó un argumento que no tiene precedentes: sugirió que la inteligencia artificial podría revisar las pruebas y concluir que su padre era inocente. “Con todo el acervo probatorio disponible en redes y canales digitales, muy pronto, profesionales y aficionados someterán el fallo al examen de la inteligencia artificial”, escribió sin aportar elementos jurídicos, buscando restar credibilidad al fallo de la jueza Sandra Liliana Heredia.
La carta se suma a los intentos del expresidente, su familia, políticos extranjeros de la extrema derecha, sus abogados y medios de comunicación, para presionar a la justicia, buscando influir en la sentencia. Uribe ha insistido en que el proceso es producto de una “persecución política” iniciada durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Más recientemente, sin aportar pruebas, responsabilizó al presidente Gustavo Petro.
El 12 de julio pasado, el expresidente Uribe aseguró en sus redes sociales: “este juicio ha sido inducido por el actual Gobierno, por su más representativo senador”. La declaración fue respaldada por políticos de extrema derecha de varios países. Entre ellos, el senador colombo-norteamericano Bernie Moreno quien, aunque nació en Bogotá tiene ciudadanía estadounidense y es senador del Estado de Ohio por el Partido Repúblicano. Moreno es sobrino del colombiano Roberto Moreno Mejía, fundador de la constructora Amarilo, y hermano de Luis Alberto Moreno, exembajador en Washington durante los gobiernos de Andrés Pastrana y el mismo Álvaro Uribe, y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Dos días antes, Bernie Moreno había publicado en su cuenta de X un mensaje contra las instituciones colombianas. Arremetió contra la independencia de la Rama Judicial, a la que calificó como “un arma contra el expresidente Uribe”, y afirmó que el juicio contra Uribe “es un camino muy peligroso para quien debería ser uno de los principales aliados de los Estados Unidos en Latinoamérica”.
El senador Bernie Moreno arremetió contra las instituciones colombianas. Bernie es hermano de Luis Alberto Moreno, viejo aliado del expresidente Uribe. En su mensaje Moreno dijo que “Colombia necesita dejar de utilizar su sistema judicial como arma contra el expresidente Álvaro Uribe. Es un camino muy peligroso para lo que debería ser uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina”.
Moreno no fue el único político extranjero que intervino en los asuntos internos de Colombia, como lo es la justicia. Rick Scott, un republicano de ultraderecha que fue gobernador de Florida y ahora es senador por ese mismo Estado, escribió en febrero que Petro estaba en una “misión para difundir su agenda socialista” y vinculó su amenaza con el juicio que se sigue contra Uribe: “Desde el primer día, Gustavo Petro ha estado en una misión para difundir su agenda socialista de extrema izquierda en Colombia y en todo nuestro hemisferio. Su última maniobra para utilizar el sistema judicial como arma contra su más fuerte oponente político y líder democrático, Álvaro Uribe, es un camino peligroso”. Mismas palabras, por demás amenazantes, contra el estado colombiano.
Al coro se sumó el representante a la Cámara, Mario Díaz-Balart, también Republicano, envuelto recientemente en el escándalo de varios audios en los que el excanciller colombiano, Álvaro Leyva, lo relaciona como parte de una conspiración para derrocar al presidente Gustavo Petro, en complicidad algunos gremios económicos del país y grupos al margen de la ley. Para el caso Uribe, el congresista Díaz-Balart fue más lejos y calificó el proceso como un “juicio farsa”, irrespetando así la independencia de la Rama Judicial colombiana. Es más, el conservador envió otra amenaza directa contra Colombia al afirmar que Estados Unidos seguía de cerca el desarrollo del juicio, cuyo desenlace podría ser, acuñó la misma palabra que sus colegas, “peligroso”.
Rick Scott y Mario Diaz-Balart, dos senadores republicanos, han intervenido en los asuntos internos del país con declaraciones que desafían la autonomía del poder judicial.
El congresista republicano Carlos Giménez también se sumó al coro, asegurando que Álvaro Uribe era el “Abraham Lincoln de Colombia” y calificando el proceso como un “juicio político con tal de desprestigiarlo”. Giménez ha sido especialmente agresivo en sus pronunciamientos contra Colombia, llegando al punto de insultar al presidente Gustavo Petro, a quien ha llamado “matón narcoterrorista” y “drogadicto”.
Uribe recibió, en lo que parecen los prados de su mansión en Rionegro (Antioquia), a otra figura extranjera que hizo declaraciones de intervención en asuntos del país: la política española Macarena Olona, exdiputada del partido ultraderechista Vox, conocido por promover el racismo, la xenofobia y los discursos de odio en Europa. Olona afirmó que había viajado hasta Colombia para manifestar su respaldo al expresidente Uribe en medio de un proceso “sin pruebas”, usando la estrategia de presionar a la juez mientras redacta el fallo.
La exdiputada española Macarena Olona y el expresidente Uribe en un encuentro en julio
Un cubrimiento mediático disfrazado de imparcialidad
La gran prensa hegemónica, la mayoría de los medios masivos de comunicación, se han sumado a esta narrativa de que el expresidente Uribe es una supuesta víctima de persecución judicial, con un cubrimiento parcializado del juicio en su contra, publicando fragmentos de las declaraciones de testigos que favorecían al expresidente (muchos de ellos investigados por falso testimonio y desvirtuados por la Corte Suprema de Justicia), sin ningún contexto y, sobre todo, sin contrastar estás versiones con las demás evidencias y piezas procesales que incriminan a Uribe.
Desde opinadores como Felipe Zuleta Lleras (primo lejano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras), quien en el diario El Espectador le dedicó una columna exclusiva en la que afirmó que “Uribe es inocente”. Varios medios replicaron luego una carta firmada por abogados (algunos de dudosa procedencia) también intentando sembrar la tesis del “inocente”, sin que se haya leído aún la sentencia, hasta el propio expresidente Uribe ha publicado 17 videos en sus redes sociales, desde que finalizaron los alegatos de conclusión, cuyos mensajes atacan la independencia judicial pretendiendo presentar el juicio como una rencilla política, desconociendo todo lo actuado hasta el momento por docenas de jueces de la República.
El exsenador Juan Lozano, quién fue congresista entre 2010 y 2014 con aval y respaldo de Álvaro Uribe, también publicó una columna en el diario El Tiempo indicándole a la jueza como debía fallar en el proceso de Uribe. Lozano se autodenomina como periodista y de hecho conduce un espacio matinal en la emisora La FM, desde donde reproduce una narrativa afín a sectores de derecha y grandes conglomerados económicos como el Grupo Ardila Lulle, dueño de esa emisora. Es evidente el enorme conflicto de interés de Lozano, pues ha sido aliado político de Uribe y ahora es empleado de un medio corporativo ligado a un grupo económico que siempre respaldó al uribismo.
El político uribista Juan Lozano, quién se presenta como periodista, publicó una columna presionando a la jueza Sandra Heredia antes del fallo
La unidad investigativa de El Tiempo, por su parte, ha filtrado en primicia memoriales de la oficina del abogado Jaime Granados, defensor principal de Uribe, con reproches a la jueza del caso. Durante el juicio también salieron a la luz interceptaciones de 2018 al abogado Diego Cadena, en las que se le escucha pactando entrevistas y filtraciones con la periodista Martha Soto, directora de esa misma unidad investigativa.
Los titulares hablan por sí solos. El 5 de febrero pasado, El Tiempo tituló: “Los dos nuevos argumentos defensa de Álvaro Uribe para pedir que se aplace reinicio de juicio en su contra”, reproduciendo un memorial filtrado por la oficina de Granados. El 9 de septiembre de 2024, publicó otro: “Dura carta de defensa de Uribe por negativa de juez del caso de aplazar audiencia”. Y el 8 de octubre de 2024 volvió a citar a Granados sobre las dilaciones de la defensa, dando por cierta su versión sin evidenciar los hechos que revelaron dichas maniobras para impedir el juicio: “Defensa de Uribe dice que es falso que esté pidiendo suspender el proceso en contra del expresidente”.
La más descarada de las manipulaciones mediáticas ocurrió cuando la Revista RAYA y el periodista Daniel Coronell revelaron pruebas que indican que la defensa de Uribe presuntamente manipuló testigos durante el juicio, manipulando a Óscar Monsalve, padre del testigo estrella Juan Guillermo Monsalve. En lugar de verificar los hechos o informarlos, El Tiempo publicó una carta del abogado Granados tergiversando la realidad y asegurando que era la contraparte la que “presionaba” a los testigos: “Defensa del caso Uribe pide intervención por lo que califica presiones a testigos”.
El diario El Tiempo replica sin contrastar los comunicados y memoriales de la defensa del expresidente
Nuevos montajes judiciales
A la par, personas vinculadas a la defensa de Uribe, como los abogados Franklin Guevara y Diego Cadena, han realizado presuntas maniobras ilegales para torcer testimonios y montar procesos judiciales que desacrediten al senador Iván Cepeda, principal opositor y reconocida víctima de Uribe, y a Miguel Ángel del Río, uno de los abogados más importantes de la contraparte en el juicio.
El primer episodio tiene que ver con la revelación de la Revista RAYA y el periodista Daniel Coronell sobre presuntas presiones a Óscar Monsalve, padre del testigo clave Juan Guillermo Monsalve, justo antes de declarar en el juicio, intentando desvirtuar la versión de su hijo, quien ha incriminado a Uribe desde 2011. Un hijo de Luis Guillermo Villegas, alias “Tubo”, narcoparamilitar señalado de haber fundado el Bloque Metro de las AUC en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, acompañó a Óscar Monsalve, según las denuncias, para supervisar que diera una declaración preparada días antes con el objetivo de “cagarse” en Iván Cepeda, según las palabras del propio Óscar Monsalve.
Lea la investigación: Las presiones contra Óscar Monsalve, padre del testigo Juan Guillermo Monsalve
El periodista Daniel Coronell reveló unos audios que demostrarían cómo Óscar Monsalve fue libreteado para mentir días antes de su comparecencia en el juzgado, con el propósito de ofrecer una declaración falsa, en una maniobra supuestamente dirigida por un “abogado cachetón”, quién sería Franklin Guevara, abogado investigador de apoyo de Jaime Granados. Guevara también ha sido abogado de César Augusto Giraldo Montoya, alias “Calzones”, señalado narcotraficante de la banda criminal La Cordillera y aliado político de Álvaro Uribe.
Izquierda: Luis Guillermo Villegas junto a Óscar Monsalve Correa, padre del testigo Juan Guillermo Monsalve, justo antes de ingresar al centro de servicios judiciales de Santa Fe de Antioquia, donde rindió su declaración. derecha: Luis Guillermo Villegas en una cabalgata en Las Mercedes (Puerto Triunfo) - (Fotos: https://revistaraya.com/las-presiones-contra-el-padre-del-testigo-estrella-en-el-juicio-uribe.html )
Pero esta no ha sido la única maniobra para engañar a la justicia en la antesala del fallo en el caso Uribe. Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río también denunciaron horas después de terminado el juicio, cómo se desarrollaba un plan coordinado por el propio Diego Cadena (abogado de Uribe a las puertas de un fallo por los mismos delitos), para desprestigiarlos con un montaje judicial que los relacionara con falsos hechos de narcotráfico. El objetivo era generar un golpe mediático que desacreditara a la víctima principal del proceso contra el expresidente, es decir, a Iván Cepeda. La trama fue revelada por el periodista Daniel Coronell, quien demostró con chats y audios, cómo Diego Cadena, quien fue intermediario para supuestamente sobornar testigos a favor de Uribe, buscó recientemente a Manuel Castañeda, alias “el narcochófer”, para ofrecerle declarar contra Iván Cepeda a cambio de prebendas y protección de agencias federales de EE. UU., como la DEA y el FBI. Ese plan también quedó al descubierto, pero la prensa hegemónica le restó importancia en su agenda mediática y las agencias extranjeras nada han respondido ante una denuncia que tiene los nombres propios de los agentes federales relacionados con Diego Cadena, el aboganster.
De hecho, el presidente Petro se pronunció en las últimas horas sobre las presiones que ha recibido la jueza en los últimos días y anunció que rompía el silencio, que había mantenido por respecto a la justicia, precisamente para pedir imparcialidad en el fallo: “Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado… Los jueces tienen el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad. Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea y a la persona que la profiera”, afirmó el presidente.
