Tras años sin contratos, sin salud ni pensión, miles de repartidores y conductores de plataformas digitales en Colombia tendrán por fin derechos laborales reconocidos por ley. La reforma laboral del gobierno Petro, sancionada el 25 de junio pasado, obliga a empresas como Rappi, Uber o Didi a garantizar seguridad social, condiciones dignas y reglas claras. Este artículo explica, en diez puntos, qué cambia, cómo se aplicará y qué desafíos enfrenta esta transformación.
Por Shameel Thahir Silva
Análisis especial para RAYA
Escribo mientras el presidente Gustavo Petro firma la reforma que modifica el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002. Con la firma se cierra un pulso de casi dos meses en la Comisión Séptima del Senado, donde se intentó bloquear la discusión de la segunda versión del proyecto prometido en campaña. El texto llegó recortado desde la Cámara de Representantes: se amputaron capítulos cruciales para fortalecer a las organizaciones sindicales en un país que concentra más del 60 % de los asesinatos de sindicalistas documentados en el mundo. Ese dato basta para dimensionar la fragilidad de los derechos colectivos en Colombia.
Las concesiones negociadas por la exministra Gloria Inés Ramírez —dirigente sindical histórica y pieza clave del Pacto Histórico— respondieron a un cálculo político: avanzar todo lo posible en garantías mínimas frente a élites que durante décadas han capturado nodos estratégicos del Estado y vaciado de contenido la promesa de Estado social de derecho consagrada en 1991. La apuesta de Petro busca ampliar la capacidad pública para garantizar derechos y cortar flujos de dinero público que enriquecen patrimonios privados a costa del bienestar colectivo.
En ese tablero de disputas se inscribe Rappi. La trayectoria de esta plataforma —de “startup” bogotana a actor financiero transnacional— ilumina las tensiones entre innovación tecnológica, desregulación laboral y luchas por reconocimiento de derechos en el capitalismo contemporáneo.
1. Rappi en la red del capital global
Fundada en Bogotá en 2015, Rappi alcanzó estatus de unicornio apenas tres años después. Creció a contrarreloj con inyecciones sucesivas de capital de riesgo y hoy opera en buena parte de América Latina desde una estructura societaria con residencia fiscal en Delaware, jurisdicción usada por corporaciones globales para evitar pagar impuestos
Su relato público habla de “conectar” comercios, repartidores autónomos y usuarios finales; su práctica empresarial es más amplia: intermedia datos, pagos, logística urbana, consumo, turismo, servicios financieros livianos, entretenimiento y salud ligera dentro de una misma interfaz que aspira a convertirse en superapp regional al estilo de WeChat en China.
El entramado accionario revela la escala transnacional. Delivery Hero —gigante de entregas que cotiza en Frankfurt— posee el 7,9 % de las acciones de Rappi. Cuando en 2022 compró el 100 % de Glovo, incorporó también a PedidosYa (presente en varios países sudamericanos) y reforzó posiciones cruzadas en la región. Antes fue dueña de Domicilios.com en Colombia, luego vendida a la brasileña iFood. Rappi, por su parte, ha tejido alianzas con bancos de peso local en cada mercado: Davivienda (Colombia), Interbank (Perú), Banorte (México). A ello se suman acuerdos con negocios de turismo (Civitatis), farma (Laboratorios Richmond) o entretenimiento (Promotora de conciertos Páramo), todos orientados a anclar al usuario dentro de su ecosistema de servicios.
La compañía también invierte. En 2021 participó en la ronda de la startup pakistaní Airlift —apodada la “Rappi pakistaní”— junto a figuras del ecosistema tecnológico global: Sam Altman (OpenAI), Biz Stone (Twitter), Steve Pagliuca (Bain Capital), Jeffrey Katzenberg (ex Disney), Taavet Hinrikus (TransferWise), Stanley Tang (DoorDash) y Bastian Lehmann (Postmates), entre otros. Los vasos comunicantes del capital tecnológico convierten a Rappi en un nodo protagonista dentro de una constelación donde dinero, código, datos y poder son cimientos del capitalismo de vigilancia contemporáneo.
2. La ideología emprendedora de Simón Borrero.
El cofundador y CEO Simón Borrero ocupa un lugar central en la narrativa corporativa. En entrevistas, podcasts y foros repite una ética de autoayuda empresarial: “no quejarse”, “aprovechar el tiempo”, superar la adversidad con esfuerzo individual. Suele citar a su abuela y su metáfora de la “bolsa de mierda”: los problemas se cargan lejos de la nariz; hay que seguir. También insiste en que los emprendedores de su generación miden el éxito por impacto social más que por riqueza personal; que quiere formar jóvenes latinoamericanos en programación e inglés para “sacarlos de la pobreza”; que sin el iPhone de Steve Jobs Rappi no existiría; que presiona a sus equipos porque “la exigencia es respeto”. Sus referentes: Bezos, Musk, Zuckerberg, Jobs.
El problema no es la motivación personal sino su extrapolación al conjunto de la fuerza laboral precarizada que sostiene la plataforma. El relato iguala la tienda callejera y la startup valorada en miles de millones de dólares como si habitaran el mismo continuo meritocrático. Omite estructuras: acceso diferencial a capital, redes globales, subsidios implícitos, capturas regulatorias y un modelo de negocio que externaliza costos y riesgos hacia repartidores sin piso de protección social. También invisibiliza que las decisiones tecnológicas (algoritmos, incentivos, sanciones) moldean directamente la posibilidad de “emprender” dentro de la aplicación.
Borrero afirma que los repartidores “no son empleados” porque pueden conectarse cuando quieran. Sin embargo, la evidencia de dependencia económica, control algorítmico y sanciones automatizadas contradice la idea de plena autonomía: la libertad de desconectarse tiene costo inmediato en pedidos, puntaje e ingresos.
3. El mundo del trabajo que cambió (y el que no)
En 75 años Colombia pasó de país rural a urbano y financiarizado, insertado en cadenas globales de valor y en circuitos de renta —legales e ilegales— que distorsionan la política económica. Las reformas de flexibilización laboral de 1990 (César Gaviria) y 2002 (Álvaro Uribe) prometieron formalización y empleo masivo. Dos décadas después, más de la mitad de la fuerza laboral sigue en la informalidad o en economías populares sin afiliación plena a la seguridad social. El recorte de derechos no produjo el milagro.
El gobierno de Petro elevó el salario mínimo acumulado en más de 40 % entre 2022 y 2025. Contra los pronósticos gremiales, ni la inflación se disparó ni el empleo colapsó; al contrario, la desocupación bajó a niveles no vistos en 25 años. Estos datos reabrieron el debate sobre la relación entre costos laborales y empleo, argumento central en la oposición a la reforma.
En ese contexto, las plataformas se convirtieron en válvula de escape para el subempleo urbano. Voces neoliberales —el tecnócrata Mauricio Cárdenas, por ejemplo— promocionan la “flexibilidad”: hoy Uber, mañana Rappi, luego un podcast. La evidencia en terreno muestra otra cosa: jornadas extensas, ingresos inciertos y ausencia de protección colectiva. El proletariado industrial dio paso al precariado digital; la “uber economía” reemplaza contratos por términos de uso.
4. Pérdidas operativas, valorización explosiva
Los datos disponibles pintan una compañía que quema efectivo para crecer. En Colombia registró pérdidas operativas superiores a $305.000 millones COP en 2019 y por encima de $230.000 millones en 2020 y 2021. Ese mismo 2020, año pandémico de demanda disparada, marcó su pico de ingresos en el país: $394.800 millones; en 2021 cayeron a $249.529 millones sin que disminuyeran proporcionalmente las pérdidas. A escala corporativa, la valoración estimada saltó de US$1.000 millones (2018) a US$4.300 millones, luego US$5.200 millones y alcanzó US$6.400 millones en 2024.
¿Cómo se explica semejante brecha entre operación y valoración? Capital de riesgo. Rappi ha levantado cerca de US$2.200 millones de fondos como Sequoia Capital, T. Rowe Price, Andreessen Horowitz y SoftBank Group Corp. Las pérdidas son vistas como inversión: subsidian tarifas para capturar usuarios y repartidores, desplazan competidores y crean dependencia de la plataforma. Cuando la posición se consolida se abren vías de monetización: comisiones mayores a comercios, servicios financieros propios, publicidad dirigida, venta de datos. El riesgo es que si la burbuja se desinfla, los costos ya habrán sido socializados en territorios que nunca vieron las ganancias.
Esta lógica ayuda a entender por qué Rappi puede perder dinero y aumentar su valoración: los inversionistas apuestan al monopolio futuro. Mientras tanto, los trabajadores financian la expansión con su precariedad; los Estados pierden recaudo por estructuras offshore y regímenes tributarios favorables; las ciudades absorben congestión, contaminación y riesgo vial.
5. Captura regulatoria: puertas giratorias y lobby regional
La expansión de Rappi no se explica solo por tecnología y capital, sino también por política, poder e influencia en las instituciones públicas.
David Luna —ex ministro TIC (2015‑2018), hoy senador de Cambio Radical y candidato presidencial— creó el gremio Alianza In en plena pandemia para agrupar plataformas como Rappi, Uber y Didi e influir en la agenda regulatoria. Su exviceministro y sucesor en la cartera, Juan Sebastián Rozo Rengifo, pasó pocos meses después a Rappi como jefe de Políticas para la Región Andina y luego director regional de Política Pública (hasta 2024). Rozo es además yerno del influyente periodista Darío Arizmendi. Durante su paso por el gobierno ambos lideraron iniciativas clave la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Economía Digital y canalizaron recursos públicos al “fomento” del sector.
Los movimientos continuaron en la región. En Perú, redes empresariales y parlamentarias —con la congresista Adriana Tudela como figura visible— frenaron cinco proyectos de ley que buscaban reconocer derechos laborales en plataformas. Integrantes de la familia empresarial Ambuja han participado en gremios que presionan contra la regulación y en cargos dentro de la operación local de Rappi. En Argentina, Gabriel Buenos dejó la Dirección Nacional de Datos e Información Pública del gobierno de Mauricio Macri para asumir relaciones públicas en Rappi Cono Sur; en paralelo, jurisdicciones bajo administraciones afines impulsaron prácticas “formativas” no remuneradas de estudiantes en empresas tecnológicas beneficiarias.
La línea entre diseño de política pública y cabildeo corporativo se vuelve borrosa cuando los ex reguladores terminan en la nómina de las empresas que debían vigilar
6. Gestión algorítmica: el supervisor invisible
Rappi, como sus pares Glovo o Deliveroo, organiza trabajo mediante gestión algorítmica: sistemas que asignan pedidos, calculan tarifas dinámicas, clasifican desempeño y aplican sanciones automáticas. El repartidor ve la interfaz; detrás opera un motor estadístico opaco. Componentes clave:
- Evaluación por clientes. Calificaciones en estrellas y métricas de puntualidad influyen en la cola de pedidos; una baja nota implica menos trabajo y, por tanto, menos ingreso.
- Gamificación. Bonos, insignias, rachas y barras de progreso empujan a “estar siempre conectados”, incluso en lluvia, inseguridad o fatiga.
- Opacidad. La fórmula de asignación y cálculo de tarifas no es transparente; limita decisiones informadas sobre dónde y cuándo conectarse e impide prever ingresos.
- Sanciones automáticas. Bloqueos temporales o definitivos por rechazos, demoras, fallas técnicas o supuestas violaciones de términos de uso redactados unilateralmente por la empresa.
El resultado es control sin supervisor humano visible. Encuestas sindicales indican que 81 % de los repartidores en Colombia depende exclusivamente de Rappi, dato que desmonta la narrativa corporativa de “múltiples aplicaciones, plena libertad”.
7. Condiciones laborales: riesgo transferido
La mayoría de repartidores son jóvenes; un porcentaje significativo son migrantes —los venezolanos predominan en Colombia y Perú—. Trabajan sin contrato laboral directo, sin afiliación plena a salud, pensión ni riesgos laborales. Cubren de su propio bolsillo: bicicleta o moto, combustible, mantenimiento, teléfono, plan de datos, maleta térmica, casco y otros elementos de protección. En Argentina, la propia empresa comercializa cascos con su logo; en algunos mercados, como México, ni siquiera se recomienda de forma consistente el uso de equipo de seguridad.
Los peligros van de lo cotidiano a lo letal: accidentes de tránsito en ciudades congestionadas; robos y agresiones en zonas de alta inseguridad; exposición climática; estrés físico y mental. Los ingresos son a destajo y volátiles; para alcanzar umbrales dignos deben permanecer conectados largas horas, lo que incrementa el riesgo vial.
El manejo de efectivo agrega fricción. Cuando el usuario paga en cash, el repartidor debe transferir luego el dinero a la plataforma. Errores, demoras o inconsistencias del sistema se traducen en “deudas” que pueden bloquear cuentas. En México se documentaron casos por montos de hasta 40.000 pesos, condonados tras protestas de repartidores.
La consigna corporativa de que “ganan el doble del salario mínimo por hora” ignora los tiempos muertos, la espera de pedidos, la compra de insumos y la depreciación de equipos. Una hora conectada no es una hora pagada y tampoco es una regla para la mayoría de los precarios que se ven obligados a vender su tiempo de vida a esta corporación.
8. Organización y acción colectiva
La dispersión territorial y el diseño competitivo de las apps no han impedido que surjan formas de solidaridad y lucha sindical. Grupos de WhatsApp y Facebook sirven para alertas de seguridad, ubicar compañeros accidentados, compartir información sobre zonas peligrosas o cambios en tarifas. De esas redes emergió una organización sindical.
- Junio 2019. Protestas en Bogotá: repartidores queman mochilas frente a oficinas de Rappi para denunciar condiciones laborales.
- 8 de octubre de 2020. Nace la Unión de Trabajadores de Plataformas (UNIDAPP), fundada por Andrés Barbosa y 97 repartidores con apoyo de la CUT tras una movilización de más de 3.000 trabajadores. El sindicato rechaza la etiqueta de “colaboradores” y exige reconocimiento laboral.
- Durante la pandemia, UNIDAPP denunció seguimiento y fotografía de líderes por personal de seguridad privada bajo pretexto de vigilar protocolos de bioseguridad.
El cambio político de 2022 con la llegada del presidente Petro abrió puertas institucionales.
- Septiembre 2023: El Ministerio del Trabajo media un acuerdo: Rappi reconoce a UNIDAPP como interlocutor válido y ajusta notificaciones y comunicaciones en la app —un primer paso para limitar decisiones algorítmicas arbitrarias.
- Febrero 2024: Nuevo acuerdo fija tarifa mínima por pedido finalizado; el sindicato se compromete a impulsar avances similares para repartidores de otras plataformas, incluida la china Didi.
- Marzo 2025, Medellín: La Unión Sindical de Mensajeros de Tiendas Turbo logra, con mediación de la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Antioquia, beneficios para 700 repartidores: zonas seguras de parqueo, hidratación, baños y reglas de debido proceso para cierres de cuenta.
Declaración del ministro de Trabajo Antonio Sanguino (febrero 2025): “La negociación colectiva no puede obstaculizarse por la inexistencia de reglas que rijan su desarrollo. Nuestro deber es proteger las nuevas modalidades de trabajo digital y garantizar que las personas más vulnerables accedan a trabajo digno y decente.”
El contraste regional es fuerte. En Argentina, Rappi bloqueó a la mesa directiva de la Asociación de Personal de Plataformas (APP); el conflicto sigue en los tribunales ante la ausencia de un marco regulatorio favorable y el peso del lobby corporativo. En Chile, colectivos como Rapi08 y Riders Unidos Ya integran la Mancomunal de Repartidores por App (MAREA), que coordina demandas por salario mínimo, seguridad social y derechos sindicales.
La reforma laboral aprobada por el gobierno Petro es un avance indiscutible en la región.
9. El marco legal colombiano para trabajo en plataformas (arts. 24‑30 de la reforma)
Tras más de seis meses de sesiones de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales —que recogió más de 3.000 propuestas de todo el país; unas 50 de gremios empresariales, incluida Alianza In— el gobierno incorporó un capítulo específico sobre plataformas digitales en la reforma laboral. Según la asesora ministerial Mery Laura Perdomo, la mayoría de propuestas gremiales no buscaban formalización ni empleo sino disminuir costos laborales bajo la vieja premisa de que abaratar crea trabajo, tesis desmentida por la evidencia de reformas previas.
Los puntos aprobados:
- Definiciones precisas. Trabajador digital, plataforma, usuario y empresa operadora quedan jurídicamente delimitados; se desmonta la ficción del “usuario independiente”.
- Primacía de la realidad. Se reconocen dos modalidades (dependiente‑subordinado e independiente‑autónomo), pero si hay subordinación fáctica se declara relación laboral sin importar el rótulo contractual.
- Aportes a seguridad social. Las plataformas deben pagar 60 % de salud y pensión y 100 % del seguro de riesgos laborales para todos los trabajadores, sin umbral mínimo de ingreso. La base de cotización será 40 % de los ingresos reales del trabajador para reducir evasión y subregistro.
- Registro obligatorio. Sistema nacional de identificación de trabajadores bajo supervisión del Ministerio del Trabajo con apoyo del MinTIC, clave para trazabilidad, inspección y acceso efectivo a protección social.
- Transparencia algorítmica y revisión humana. Las plataformas deben informar criterios de asignación, evaluación y sanción; los trabajadores pueden solicitar revisión humana de decisiones automatizadas que afecten sus condiciones.
- No exclusividad, descanso y no discriminación. Se prohíben cláusulas que impidan trabajar en otras plataformas; se garantiza derecho al descanso y a no discriminación por razones personales, ideológicas o sindicales en los términos de uso.
Frente al modelo defendido por Alianza In —derechos segmentados por nivel de ingreso, cobertura parcial de riesgos y adhesión unilateral a términos redactados por las empresas— la ley supone un giro regulatorio significativo y, simbólicamente, una derrota del discurso desregulado de la “economía colaborativa”.
Conclusión: después del unicornio
Rappi es la punta visible de un ecosistema en el que innovación tecnológica, capital financiero global y captura política conviven con precariedad laboral extrema. Su valorización (US$6.400 millones en 2024) descansa menos en utilidades presentes que en expectativas de dominancia futura. Mientras esa apuesta se consolida, los costos los asumen repartidores que pedalean sin seguro, Estados con recaudos erosionados por estructuras offshore y ciudades que absorben congestión, contaminación y riesgo vial.
La reforma laboral colombiana no resuelve todas las asimetrías, pero introduce un piso normativo: reconocimiento jurídico de la relación de trabajo digital, aportes obligatorios a seguridad social, transparencia algorítmica, registro público y límites a la exclusividad. Falta la parte dura: hacerla cumplir. Auditoría algorítmica independiente, inspecciones laborales adaptadas al trabajo geolocalizado, datos auditables y sanciones proporcionales serán claves para que la letra se convierta en derecho efectivo.
Lo que está en juego va más allá de los rappitenderos. Se define si la economía digital latinoamericana será territorio de burbujas financiadas por capital de riesgo que privatiza ganancias y socializa pérdidas con las clases populares, o si podremos construir un modelo en el que la tecnología se someta a reglas democráticas, redistributivas y de dignidad humana. Ese desenlace dependerá de la presión social, de la coordinación regional y de que los repartidores —hoy precarios, mañana trabajadores con derechos— sigan organizándose. Porque el futuro del trabajo digital también es el futuro de la democracia en nuestras ciudades.
