Esta semana, la jueza Sandra Liliana Heredia condenó a 12 años de prisión al expresidente Álvaro Uribe tras comprobarse que sobornó a testigos y engañó a la justicia. Sin embargo, no es la primera vez que se acusa a Uribe de urdir montajes contra políticos y jueces, hechos por los cuáles hay una veintena de sus exfuncionarios condenados. Estos son otros de los montajes en los que salió bien librado.
Por: Redacción Revista RAYA
Es oficial: Álvaro Uribe es el primer expresidente de Colombia condenado por conductas criminales. La justicia lo encontró culpable de articular un plan para sobornar y manipular testigos con el fin de engañar a los magistrados de la Corte Suprema. Entre el acervo probatorio que lo incriminó figuran centenares de interceptaciones telefónicas en las que le dio órdenes al autodenominado “abogángster”, Diego Cadena, para conseguir testimonios falsos en las cárceles.
Cómo lo había revelado la Revista RAYA en entrevista exclusiva con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, también existen constancias de pagos ilegales de sobornos por cerca de cuarenta millones de pesos hechos por la oficina de Diego Cadena para que Vélez testificara falsamente ante la Corte Suprema, no sólo a favor de Álvaro Uribe y su hermano Santiago, sino enlodando al senador Iván Cepeda, víctima del montaje judicial del expresidente.
Lea la entrevista exclusiva: “Uribe es el papá de nosotros, es el papá de los paramilitares”
Esta es la primera vez que la justicia logra responsabilizar a Uribe como máximo determinador de un plan criminal para manipular testigos. Sin embargo, no es la primera vez que es señalado por hechos similares.
Desde 2007, cuando aún era presidente, varios montajes judiciales contra la justicia y sus adversarios políticos terminaron con la condena de sus funcionarios más cercanos en la Casa de Nariño. Siempre con el mismo patrón: Uribe quedaba por fuera de las investigaciones, pese a ser señalado como presunto determinador de delitos graves como las interceptaciones ilegales del DAS, conocidas como chuzadas, y la manipulación de exparamilitares en las cárceles para atacar a los congresistas que investigaban la relación entre la política y los paramilitares.
Caso “Tasmania”: cuando Uribe intentó desacreditar a quienes investigaban la parapolítica
El 11 de septiembre de 2007 una carta escrita a computador en la cárcel de máxima seguridad Itagüí, Antioquia, desató un escándalo que buscó cambiar el rumbo de la justicia en Colombia. El documento estaba firmado por José Orlando Moncada, un exparamilitar de las AUC, conocido con el alias de “Tasmania”. En la misiva se señalaba al entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez, de haberlo presionado para que testificara contra el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y su hermano Santiago Uribe.
“Me ratificó en el ofrecimiento de beneficios, a que aludieron los funcionarios de la Fiscalía, siempre y cuando vinculara al presidente Álvaro Uribe y a Ernesto Garces Soto al atentado contra René, excomandante de las AUC en el suroeste de Antioquia, lo mismo que declarara en contra de Mario Uribe, Senador, sobre el apoyo a grupos paramilitares en la zona del suroeste de Antioquia”, dice la carta. Lo que parecía una grave denuncia de corrupción judicial terminó siendo uno de los montajes más oscuros de la historia del país, conocido como el caso “Tasmania”.
A mediados de la década del 2000, cuando Álvaro Uribe era presidente, la Corte Suprema de Justicia lideraba una ofensiva judicial contra la parapolítica, una red de alianzas entre congresistas y grupos paramilitares denunciada en el 2005 por el hoy presidente Gustavo Petro, siendo él congresista del Polo Democrático. Más de 60 legisladores fueron investigados, varios de ellos aliados del entonces presidente Uribe, incluso, para aprobar su reelección. Entre ellos, el senador Álvaro García, alias el “Gordo” García, quien apoyó la reelección presidencial en el 2006, hoy condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo y sus nexos con paramilitares del sur de Bolívar.
El entonces presidente de la Corte Suprema, Cesar Julio Valencia Copete, explicó el fenómeno a la periodista Cecilia Orozco para el podcast En la RAYA con Cecilia Orozco: “La parapolítica fue una alianza entre un gran sector del Congreso de la República con los autodenominadas paramilitares, las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, con el propósito de tomarse alcaldías, consejos, y espacios de poder. Revolvieron narcotráfico con política y auspiciaron la llegada de congresistas al Capitolio. Se tomaron todo el país, sobre todo la costa norte”,
En el centro de las pesquisas por la parapolítica estaba el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, quien junto con la hoy fiscal Luz Adriana Camargo coordinaban las investigaciones que terminarían por desmoronar el andamiaje político de los paramilitares.
Para esos años, entre el 2006 y el 2010, en medio de ese ambiente de tensión institucional, cualquier maniobra para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia podría representar una ventaja estratégica para los paramilitares y sus socios en la política. Por eso, no fueron gratuitas las declaraciones del expresidente Uribe cuando dijo en agosto de 2018, refiriéndose a Iván Velásquez: “la lucha contra la corrupción no se puede dar con jueces que actúan no de acuerdo con las normas jurídicas sino de acuerdo con los afectos o desafectos, de acuerdo con sus filiaciones políticas”.
Lo cierto es que la Corte Suprema estaba destapando cómo los aliados más firmes de Álvaro Uribe en realidad eran los operadores políticos del paramilitarismo en el Congreso, aliados con sanguinarios grupos de Autodefensa para conseguir votos y silenciar a sus opositores. El 10 de julio de 2007 la Corte dio la apertura de investigación penal contra el senador Mario Uribe Escobar, primo hermano del expresidente Álvaro Uribe, por aliarse con Eleonora Pineda, entonces concejal de un pueblo apartado en Córdoba. Según la propia Corte, con aspiración de convertirse a nivel nacional en la representante de las Autodefensas. Los testimonios de Salvatore Mancuso Gómez, Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella, y el análisis de los resultados electorales de los años 1998, 2002 y 2006, develaron el plan.
Dos meses después de ese hecho, el 11 de septiembre de 2007, inexplicablemente para la justicia, el entonces presidente Álvaro Uribe supo de una carta supuestamente escrita por el exparamilitar José Orlando Moncada Zapata, alias “Tasmania”, preso en la cárcel Itagüí, Antioquia, en la que afirmaba que Velásquez le había ofrecido beneficios judiciales si declaraba en contra del presidente y su hermano, Santiago Uribe Vélez, señalado de haber fundado un grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.
Apenas veinte días después, el 29 de septiembre de ese año, la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado ordenó a la subdirectora de operaciones Martha Inés Leal, viajar a Medellín a recibir del abogado Sergio González la carta original de “Tasmania”, como se relata en el libro “Chuzadas: ocho años de espionaje y barbarie”, escrito por el periodista Julián Martínez. “Martha Leal redactó por la mañana un informe secreto de inteligencia de dos páginas, para entregárselo a la directora Hurtado, que contenía los datos de la reunión con el abogado González y en el cual adjuntaba la copia de la carta, que supuestamente había escrito alias ‘Tasmania’”, se lee en el libro.
La carta de “Tasmania” fue rápidamente usada por el expresidente Uribe para señalar y enlodar públicamente a la Corte Suprema de Justicia durante una rueda de prensa. Sin embargo, lo que no esperaban era que “Tasmania” se retractara. Varios exparamilitares habían sido testigos de cómo se fraguó el montaje, entre ellos, Pablo Hernán Sierra García, conocido como Alberto Guerrero o Pipintá, quien se encontraba en esos días en la Cárcel de Itagüí y contó en entrevista exclusiva a la Revista RAYA los pormenores del montaje.
En junio de 2008, un año después, alias “Tasmania” rompió su silencio y aceptó que nunca había sido presionado por el magistrado Velásquez, ni por ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia, y aseguró que firmó la carta por petición del narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el Tuso Sierra, y su abogado Sergio González, contratado por el Tuso.
Lo que quedó probado es que “Tasmania” nunca escribió la carta que fue obligado a firmar, y que a cambio de su firma le prometieron una casa para su señora madre, cuatrocientos millones de pesos, ayudarlo con su postulación a la ley de Justicia y Paz. También le prometieron un traslado de patio en la cárcel. Pero solo le dieron la reubicación de patio y a su mamá 3 millones de pesos. Así las cosas, mientras la falta de evidencias contra Velasquez y la contundencia de la declaración de “Tasmania” desembocó en el cierre de la investigación por parte de la Fiscalía, nunca se enfatizó en que se trataba de un montaje judicial.
Pese a las evidencias de que intentaron fraguar un montaje judicial con la versión falsa de alias “Tasmania”, la justicia no alcanzó al expresidente Uribe, solo a sus funcionarios más cercanos y con poder. El 10 de enero de 2012, cuatro años después de que “Tasmania” se retractara de la carta falsa contra Velásquez, un juez de Bogotá condenó a 70 meses de prisión al abogado del “Tuso Sierra”, Sergio Gonzales Mejía, por el delito de calumnia agravada en calidad de determinador. Fue el único condenado por el caso “Tasmania”, aunque existían evidencias de que “Tuso Sierra” había liderado el plan y de la participación de la directiva del DAS que dependía de las órdenes del expresidente Uribe.
El caso “Tasmania” no fue un hecho aislado. Se inscribió dentro de una estrategia más amplia de guerra jurídica y persecución institucional, que incluyó el uso del extinto DAS para espiar magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos, así lo dejan claro diferentes condenas de la Corte Suprema de Justicia en contra de los implicados, una de esas sentencias, precisamente es de finales del 2024 en contra dos altos funcionarios del gobierno de Uribe: Cesar Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, quienes fueron hallados culpables de filtrar información reservada al DAS para facilitar las interceptaciones y seguimientos ilegales en contra de los opositores de Uribe.
Las “chuzadas” del DAS: otro crimen sin determinador
En el mismo contexto del plan para desacreditar y enlodar a la Corte Suprema de Justicia se cometieron las interceptaciones ilegales, conocidas como “chuzadas”, en cabeza de María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien direccionó las interceptaciones ilegales en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Según los expedientes, 23 magistrados fueron grabados en las sesiones de Sala Plena de la Corte, pero las interceptaciones se enfocaron especialmente en Iván Velásquez Gómez, Magistrado Auxiliar de la Sala Penal. También fueron vigilados los presidentes de la Corte, Yesid Ramírez Bastidas, César Julio Valencia Copete, Francisco Javier Ricaurte, Sigifredo Espinosa Pérez, Augusto Ibáñez Guzmán, Jaime Alberto Arrubla Paucar, Alfredo Gómez Quintero. Y también a los magistrados María del Rosario González de Lemon, Camilo Humberto Tarquino y Pedro Octavio Munar Cadena.
En mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo definitivo contra dos de los más altos funcionarios del expresidente Uribe: la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y su secretario administrativo de presidencia, Bernardo Moreno Villegas. Los dos, según el alto tribunal, fueron encargados de construir montajes contra la excongresista Yidis Medina, quien en 2008 confesó haber vendido su voto para aprobar la reelección de Álvaro Uribe.
Según la condena, Hurtado ordenó a sus subalternos recolectar información de inteligencia sobre Yidis Medina, la cual sería destinada al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de Uribe, Bernardo Moreno Villegas, condenado por solicitar dicha información de manera ilegal. Además, la Corte ratificó que el DAS autorizó el pago de $20.000.000 de pesos para una fuente humana, para obtener información destinada a desprestigiar a la excongresista Yidis Medina.
Uribe se ha pronunciado pocas veces sobre el tema de las “chuzadas” en sus dos gobiernos, pero hoy es claro que las interceptaciones fueron parte de su estrategia para perpetuarse en el poder, que incluyó la persecución a la oposición de izquierda, a los magistrados de la Corte Suprema que investigaban la parapolítica y sus aliados que, como Yidis Medina, terminaron denunciando la corrupción de su gobierno.
En total, por el escándalo de las “chuzadas” y la “Yidispolítica”, fueron condenados once exfuncionarios de alto nivel del gobierno de Uribe: la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado; el secretario de presidencia, Bernardo Moreno; el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez; el secretario jurídico de presidencia, Edmundo del Castillo; el también exdirector del DAS, Jorge Noguera; el ex subdirector de operaciones del DAS, Hugo Daney Ortiz; el exdirector de inteligencia del DAS, Carlos Alberto Arzeyus; Martha Leal, subdirectora de operaciones del DAS; Sabas Pretelt de la Vega, exministro del interior; Diego Palacio Betancourt, exministro de salud y Alberto Velasquez Echeverry, entonces Director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
A pesar de las evidencias y de las múltiples condenas contra sus altos exfuncionarios, por “chuzadas” y montajes judiciales, apenas la semana pasada el expresidente Álvaro Uribe fue alcanzado por la justicia, pues renunció al fuero de los expresidentes, quienes son investigados únicamente por la Comisión de Acusaciones del Congreso. De esa manera, la Fiscalía logró demostrar en primera instancia que Uribe lideró un montaje judicial contra el senador de izquierda, Iván Cepeda, quien ha revelado pruebas que incriminan al expresidente Uribe en la conformación de grupos paramilitares. Una verdad que queda parcialmente resuelta con este fallo y con las palabras de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien aseguró que Álvaro Uribe Vélez había sido el “cerebro criminal” de la operación.
