Francia, Reino Unido, Australia y Canadá se sumaron a los 157 países de la ONU que reconocen a Palestina como Estado. El gesto diplomático fortalece la legitimidad internacional palestina y aísla a Israel, pero no detiene las bombas en Gaza ni los asentamientos en Cisjordania. Sin sanciones ni medidas concretas, el reconocimiento se queda en símbolo frente al genocidio y el apartheid.
Por: Migdalia Arcila-Valenzuela, análisis especial para RAYA
Francia, Reino Unido, Australia y Canadá, aliados de Washington, se sumaron recientemente a los 157 de los 193 miembros de Naciones Unidas que reconocen oficialmente a Palestina como Estado. El Reino Unido es un caso especial, considerando su responsabilidad directa en lo que pasa en Medio Oriente. Tras más de 100 años de la declaración de Balfour —texto en el cual el ministro del Exterior británico Arthur Balfour, entonces funcionario del Imperio Británico, entregó al sionismo el territorio palestino—, el pasado 21 de septiembre el primer ministro Keir Starmer declaró: “Ante el creciente horror en el Medio Oriente, estamos actuando de modo tal que mantengamos viva la posibilidad de la paz y la solución de los dos estados”.
Para entender qué significa esta ola de reconocimientos del Estado palestino y cuáles son sus verdaderos alcances políticos, es importante aclarar a qué se refiere el primer ministro británico —y los demás miembros de la ONU— cuando se habla en términos de una “solución de los dos estados”. Más aún, es importante entender por qué esta solución dejó de ser viable hace muchos años y por qué no representa una medida significativa para detener el genocidio en Gaza, los asentamientos ilegales, el apartheid en Cisjordania y en los demás territorios ocupados.
La inviabilidad de la solución de los dos estados
La idea de los dos estados aparece por primera vez en el lenguaje de la ONU con la aprobación de la resolución 181(II) del 29 de noviembre de 1947. En esta resolución se decide dividir el territorio palestino en tres partes: una parte judía que comprendía el 56% del territorio, pese a que para ese momento las comunidades judías poseían tan solo un 7% en tierras privadas; una parte árabe con el 42% del territorio, pese a que los palestinos musulmanes y cristianos constituían la mayoría de la población; y un Corpus Separatum (Jerusalén), zona internacionalmente administrada bajo responsabilidad de la ONU.
Sin embargo, para finales de 1949, el recién fundado Estado de Israel había desplazado violentamente a más de 750.000 personas y destruido más de 400 pueblos palestinos en lo que posteriormente se conocería como La Nakba (Catástrofe). Pese a lo dictaminado por la resolución 181(II), para principios de 1950 Israel dominaba el 78% del territorio palestino. El restante 22% —Cisjordania, el este de Jerusalén y Gaza— pasó a manos del control administrativo de Jordania y Egipto hasta 1967.
El sionismo, ideología política nacionalista que nace en Europa en el siglo diecinueve, alcanza así su primer gran logro internacional con el reconocimiento oficial del Estado de Israel en la resolución 181(II) de la ONU, también conocida como la resolución de partición. Asimismo, en el subsiguiente proceso de saqueos y masacres que dieron lugar a La Nakba –y que de facto contradicen a la resolución de la ONU– se hace explícita la impunidad de la cual el movimiento sionista habría de gozar desde su fundación al amparo del imperio británico y posteriormente del estadounidense.
Tras la guerra de los seis días (1967), en la cual Israel se tomó la península del Sinaí en Egipto, la Franja de Gaza, Cisjordania, el este de Jerusalén y los Altos del Golán en Siria, se inició un proceso de negociaciones diplomáticas en el cual Estados Unidos jugó un rol fundamental. Esos diálogos culminaron en la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual se exige a Israel retirarse de territorios ocupados —con la omisión intencional de especificar cuáles— a cambio de tratados de normalización con los estados árabes (Egipto, Siria y Jordania) que participaron en la guerra.
Hasta el día de hoy, Israel ocupa ilegalmente los Altos del Golán en Siria y Cisjordania, y ha mantenido un asedio militar absoluto sobre Gaza, cuya expresión máxima es el genocidio presenciado en los últimos dos años. Adicionalmente, la resolución 242 logró centrar la atención internacional en las hostilidades entre Israel y sus vecinos árabes, restándole importancia a la ilegalidad de la expansión israelí y al rompimiento de los acuerdos de la resolución de partición de 1947.
El Estado palestino reconocido en las últimas semanas por varios países de la ONU se restringe a la Franja de Gaza y Cisjordania, sin alusión a los territorios ocupados de 1947 a 1949, ni a los adquiridos ilegalmente entre 1949 y 1967. Basta con mirar el mapa de la progresión del colonialismo israelí para notar que este Estado palestino es inviable por dos razones.
En primer lugar, es un Estado con un territorio discontinuo, donde para moverse entre la Franja de Gaza y Cisjordania los palestinos deben atravesar Israel. En segundo lugar, Israel es un etnoestado que ha impuesto un sistema de apartheid tanto en Cisjordania como en los demás territorios ocupados. Esta discriminación estructural no se resolverá sin sanciones internacionales —como ocurrió en Sudáfrica— que desmantelen el apartheid.
Reconocer un Estado palestino limitado a Gaza y Cisjordania, sin imponer un embargo militar y económico a Israel, es una acción simbólica incapaz de detener el genocidio en Gaza ni la desaparición de Cisjordania a manos del colonialismo sionista. Según Médicos Sin Fronteras, el 92% de las unidades residenciales y el 70% de las estructuras civiles en Gaza fueron destruidas por Israel durante los primeros 15 meses del genocidio. El 25 de septiembre de este año, Israel bombardeó 170 veces la ciudad de Gaza. En Cisjordania, más de 1.000 palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023, más de 620.000 colonos israelíes se han asentado ilegalmente, y actualmente Israel retiene a más de 10.000 palestinos, en su mayoría presos políticos.
Adicionalmente, el reconocimiento de la ONU es condicional: el Estado palestino debe excluir a Hamas, exigencia hecha únicamente a los palestinos y no a Israel, cuyo ejército y grupos paramilitares han cometido múltiples crímenes de guerra no solo contra Palestina, sino también en contra de otros países de la región. En Gaza, por ejemplo, tanto la ONU como el observatorio internacional de derechos humanos Human Rights Watch, encontraron que más de 800 palestinos han sido asesinados por soldados israelíes mientras intentaban obtener algunos alimentos en las inmediaciones de los centros de distribución de ayuda humanitaria. Por otro lado, en el sur del Líbano, Amnistía Internacional, reportó el uso ilegal de armas químicas incendiarias, como el fósforo blanco, por parte del ejército israelí en contra de la población civil.
La “solución de los dos estados” consiste entonces en, por un lado, un Estado palestino asentado en un territorio discontinuo, sometido a un régimen de apartheid, al borde del exterminio y sin posibilidad de defensa armada legítima; y por otro, Israel, un etnoestado expansionista con un inmenso aparato militar y la impunidad necesaria para usarlo.
La solución 377: Unión pro paz
Como expusieron distintos mandatarios ante la 80ª Asamblea General de la ONU, la prioridad inmediata de la comunidad internacional debe ser detener el genocidio en Gaza. Ante la velocidad y ferocidad con la cual Israel está exterminando al pueblo palestino, los gestos diplomáticos son insuficientes. Como propuso el presidente Gustavo Petro, urge una movilización internacional de fuerzas militares que contenga el asedio israelí y proteja a la población palestina. El precedente legal está en la resolución 377A(V) de 1950 de la Asamblea General de la ONU, también conocida como “Unión pro paz”, que permite a los Estados miembros tomar acciones concretas que hayan sido previamente bloqueadas en el Consejo de Seguridad, y que sean necesarias para velar por los principios fundacionales de la ONU.
En el largo plazo, la “solución de los dos estados” tampoco responde de fondo a la existencia de un Estado de apartheid y un superpoder militar expansionista en la región. La alternativa que proponen muchas voces palestinas, como la investigadora y escritora Ghada Karmi, es la creación de un solo Estado laico y democrático en todo el territorio histórico de Palestina, desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, donde la nacionalidad no dependa del linaje religioso y todos los ciudadanos gocen de igualdad de derechos. Este escenario permitiría además el legítimo derecho al retorno de los palestinos desplazados.
