El 18 de diciembre de 2025, familias de la Comuna 13 volvieron a La Escombrera, en Medellín, para exigir verdad y justicia por desapariciones ocurridas en 2002 y 2003 durante las operaciones militares Mariscal y Orión. La Unidad de Búsqueda (UBPD) y la JEP han recuperado siete cuerpos; seis fueron identificados y cuatro entregados. Aún no hay condenas. Las buscadoras alertan que el presupuesto 2026 puede frenar la búsqueda de más de 500 personas.
Por: Camilo Gómez
Especial para la Revista RAYA
Camilo Gómez 2025 - Madre buscadora ofrendando una luz tras un año de hallazgos en La Escombrera.
Durante años, La Escombrera fue un lugar incómodo para Medellín: un terreno de explotación minera convertido en vertedero, una montaña removida una y otra vez para sostener el crecimiento urbano, pero también, como lo denunciaron insistentemente las madres buscadoras, un cementerio clandestino donde la guerra urbana enterró cuerpos y verdades. Hoy, un año después del hallazgo de los primeros restos humanos, La Escombrera ya no es una sospecha ni un rumor: es una prueba material del horror, de la desaparición forzada como práctica sistemática y de la persistente negación del Estado colombiano.
El 18 de diciembre de 2025, las familias regresaron al lugar no para cerrar una herida, sino para reafirmar que sigue abierta. La jornada de conmemoración, nombrada “La tierra habló, la verdad floreció”, no fue un acto simbólico aislado ni una ceremonia institucional. Fue un ejercicio colectivo de memoria, duelo y exigencia política. Allí se recordó que durante más de dos décadas las mujeres señalaron este sitio como fosa común y que, durante esos mismos años, el Estado prefirió no oír y mirar hacia otro lado.
Camilo Gómez, 2025,Polígono donde se dieron los primeros hallazgos en La Escombrera y lugar donde se realizó la jornada simbólica.
Entre el 18 de diciembre de 2024 y el 25 de septiembre de 2025, los equipos forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz recuperaron siete cuerpos. Seis de ellos ya fueron plenamente identificados y cuatro entregados a sus familias, lo que permitió actos de despedida negados durante más de veinte años. Cada cuerpo hallado confirma una verdad: las desapariciones no fueron excesos ni hechos aislados, sino parte de una práctica sostenida de eliminación y ocultamiento.
“La Escombrera es el símbolo del horror, pero también de la resistencia”, explica Adriana Arboleda, abogada y defensora de derechos humanos que ha acompañado durante años a las familias de la Comuna 13. Para ella, este lugar encarna una dualidad que interpela a la ciudad: fue utilizado por los victimarios para borrar rastros, pero hoy se ha transformado en un espacio que confronta el negacionismo institucional y los relatos oficiales, o la mentira oficial. Durante años, dice, se privilegió el silencio porque detrás del negacionismo había intereses económicos concretos. La intervención del terreno se aplazó una y otra vez para no afectar a la empresa El Cóndor, que se lucró durante décadas mientras las denuncias de las familias eran archivadas o ridiculizadas.
Fredy Henao, 2025 Las mujeres y madres buscadoras de la comuna 13 sostienen una vela en la misa conmemorativa por un año de los hallazgos de los primeros restos óseos encontrados en la escombrera
Desde 2003, las madres señalaron este lugar como sitio de enterramiento clandestino. Desde entonces, ninguna administración municipal ni departamental ordenó una búsqueda seria. No hubo investigaciones judiciales diligentes, ni planes integrales de búsqueda, ni voluntad política. Solo con el Acuerdo de Paz y la creación de la JEP y la UBPD el Estado empezó, de manera tardía, a escuchar lo que las víctimas llevaban décadas diciendo.
Los hallazgos no son aleatorios. Los cuerpos recuperados corresponden a personas desaparecidas entre 2002 y 2003, en el periodo más crudo de la militarización de la Comuna 13. Todas las víctimas tenían denuncias previas de desaparición forzada; ninguna apareció de manera fortuita. Los cuerpos fueron encontrados en un mismo polígono, lo que revela un patrón: detención, tortura, ejecución e inhumación clandestina en un mismo lugar. No se trata de hechos aislados, sino de una práctica sistemática ejecutada por estructuras paramilitares con participación de agentes estatales, según testimonios y expedientes judiciales.
En procesos judiciales, incluidos los de Justicia y Paz, se ha señalado reiteradamente al Bloque Cacique Nutibara y a su jefe, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien reconoció la actuación conjunta con la fuerza pública. A pesar de ello, los altos mandos militares y policiales de la época, como el general Mario Montoya Uribe y el general Leonardo Gallego, continúan negando su responsabilidad. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, bajo cuyo gobierno se desarrollaron estas operaciones, tampoco ha reconocido los hechos. La responsabilidad estatal no se limita a la comisión del crimen: se extiende a la omisión sistemática. Nunca se investigó, nunca se buscó, nunca se sancionó. Hoy, en la Comuna 13, aún se buscan más de 500 personas desaparecidas.
Fredy Henao, 2025, presidente de la jurisdicción especial para La Paz (JEP) Magistrado Alejandro Ramelli sostiene la figura humana de una de las víctimas que fue encontrada en la Escombrera el 19 de diciembre de 2024 y madres buscadoras en el evento simbólico "La tierra hablo, la verdad florecio".
El último año no solo dejó hallazgos forenses. También produjo un quiebre simbólico. A comienzos de 2025, una frase empezó a repetirse en los muros de Medellín y luego del país: Las cuchas tienen razón. Nacida desde el arte callejero, la consigna se convirtió en una afirmación política y en una forma de reparación simbólica frente a décadas de estigmatización. Durante años, a las mujeres que denunciaron la existencia de fosas en La Escombrera se les dijo que exageraban, que mentían, que estaban locas. Hoy, la evidencia forense confirma lo que siempre supieron y gritaron.
Para Arboleda, esa consigna logró algo fundamental: convertir la búsqueda de los desaparecidos en un asunto de la sociedad y no solo de las víctimas. La presión social, explica, es clave para romper la inercia estatal y exigir recursos, investigación y verdad.
Pero la búsqueda también ha cobrado un precio alto en los cuerpos de las madres. Margarita, integrante del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, lo dice sin rodeos: “Cada vez que vengo acá se me sube la presión. Hoy la tenía en 180”. Vive desplazada. Su casa quedaba frente a una de las escombreras. Buscar a su hija, Carol Vanessa, en este lugar es como buscarla en el patio de su propia casa. Nunca se preparó para esa posibilidad, pero sabe que es real.
Fredy Henao, 2025, Gloria Holguín madre buscadora sostiene la silueta de su hijo desaparecido el 29 de noviembre de 2002 en la comuna 13.
Este último año le ha traído esperanza, sí, pero también enfermedad, desgaste emocional y pérdidas irreparables. Dos días después de los primeros hallazgos murió Luz Ángela Velásquez, una de las históricas buscadoras. Como ella, al menos 27 mujeres fallecieron sin conocer la verdad. La desaparición forzada no solo se llevó a sus hijos: también quebró sus cuerpos, sus proyectos de vida y su salud mental.
Margarita no duda en señalar a los responsables empresariales. Afirma que la empresa El Cóndor sabía lo que ocurría en el terreno. Que volqueteros y maquinistas fueron obligados a transportar cuerpos mezclados con tierra. Que muchos abandonaron el trabajo por miedo. El silencio empresarial fue funcional a la desaparición. La alianza entre paramilitares, fuerza pública y actores económicos permitió que La Escombrera operara durante años como un cementerio clandestino a plena luz del día.
A pesar de los avances, las familias insisten en que el proceso está lejos de concluir. El mayor riesgo es que los hallazgos se conviertan en cifras sin justicia. Encontrar cuerpos es fundamental, pero insuficiente si no se investiga y sanciona a quienes dieron las órdenes, planificaron las operaciones y garantizaron la impunidad. Hasta hoy, no existe una sola condena judicial por los cuerpos hallados en La Escombrera.
Camilo Gómez, 2025, Madre buscadora sosteniendo un vela y con su ofrenda preparada para el evento simbólico.
A este panorama se suma una preocupación que amenaza con frenar la búsqueda cuando apenas comienza a mostrar resultados: la grave crisis presupuestal de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Organizaciones de derechos humanos y de víctimas han alertado sobre el presupuesto aprobado para 2026, al que califican como claramente insuficiente y contrario al mandato humanitario de la entidad. El posible recorte de personal, la precarización de los equipos territoriales y técnicos, e incluso la eliminación de esquemas de protección en contextos donde persiste el riesgo, ponen en entredicho la continuidad de procesos como el de La Escombrera. Para las organizaciones, supeditar la búsqueda a criterios administrativos o financieros no solo incumple las obligaciones del Estado y el Acuerdo de Paz, sino que afecta de manera directa el derecho de las víctimas a la verdad y debilita la confianza construida con años de lucha. Sin recursos suficientes, sin equipos estables y comprometidos con los derechos humanos, advierten, la búsqueda corre el riesgo de volver a ser una promesa vacía y la verdad, otra vez, de quedar enterrada.
Las madres no piden favores. Exigen derechos. Exigen que la búsqueda continúe, que se destinen recursos suficientes, que exista una articulación real entre las instituciones y que se firme la ley y el decreto de buscadoras. Exigen que el país entienda que la desaparición forzada no es un dolor privado. Es una herida colectiva.
La conmemoración de este año no fue un cierre. Fue una advertencia. La tierra habló porque las madres nunca callaron. Y mientras haya cuerpos sin encontrar, responsables sin juzgar y mujeres buscando, La Escombrera seguirá siendo una herida abierta en Medellín y en Colombia.
Camilo Gómez, 2025, Tela intervenida por las madres buscadoras y colectivos de artistas a varias técnicas gráficas, en el polígono de hallazgos de La Escombrera.
