La reciente decisión del Consejo de Estado de censurar la transmisión del consejo de ministros reabre el debate sobre el verdadero compromiso del país con la transparencia. En una Colombia marcada por la desconfianza institucional, esta medida pone en evidencia las tensiones entre el derecho a la información y una democracia que, cada vez más, parece diseñada para espectadores y no para ciudadanos.
Por: Mauricio Chamorro Rosero
(Profesor universitario e investigador. Doctor en Sociología y Antropología)
En Colombia, la exigencia de transparencia surge como una respuesta inaplazable ante una corrupción estructural que ha debilitado profundamente la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones públicas. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, en el año 2024 Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100, ocupando el puesto 92 entre 180 países a nivel mundial. A pesar de haber tenido señales de una mejora en el indicador con respecto a años anteriores, el puntaje del país es preocupante, pues cualquier puntuación por debajo de 50 indica problemas graves de corrupción.
La situación de Colombia deja claro que la transparencia es más que necesaria; sin embargo, conviene detenernos a pensar: ¿qué significa realmente la transparencia? Para empezar, es importante mencionar que la transparencia es un valor democrático indispensable para que las sociedades contemporáneas funcionen adecuadamente. En este sentido, la transparencia busca que la ciudadanía vea, entienda y cuestione lo que hacen quienes gobiernan, convirtiendo la gestión pública en un espacio deliberativo. Concretamente, la verdadera transparencia debería otorgar a la ciudadanía las herramientas para vigilar el poder. Sin transparencia real, cualquier discurso democrático podría ser falaz.
Aunque la transparencia, como valor democrático, ha estado presente en la retórica institucional desde hace varias décadas, su consolidación como política pública solo comenzó a tomar fuerza a principios de este siglo con la expedición de los códigos de buen gobierno, los cuales representaron una intención clara –aunque insuficiente– de combatir los excesos del poder. Más adelante, la creación de la Secretaría de Transparencia en 2011 marcó un hito histórico: por primera vez, se instalaba en la Casa de Nariño un órgano cuya misión explícita era coordinar la lucha contra la corrupción.
Así pues, desde los inicios de la política de transparencia en Colombia, el desarrollo normativo sobre este asunto ha sido abundante. Además, gobiernos y medios de comunicación han utilizado en sus discursos el binomio corrupción/transparencia como una muletilla que les ha permitido mostrarse cercanos a las exigencias sociales. No obstante, tanto el marco normativo, como las políticas públicas y la aparente voluntad política de los gobiernos han demostrado su ineficacia para combatir la corrupción del país.
En este contexto, el 4 de febrero del presente año el gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de transmitir en vivo, a través de los medios de comunicación públicos y privados, el consejo de ministros. En este consejo, dirigido por el presidente, los ministros debaten y deciden la formulación de las políticas atinentes a su despacho, la actividad administrativa y la ejecución de la ley (Artículo 208, Constitución Política de Colombia).
Pese a su importancia, debido a que el consejo de ministros siempre había sido un espacio oculto (cerrado) para la ciudadanía, hay un desconocimiento generalizado de sus implicaciones en la gestión pública. Por lo tanto, es necesario señalar que la transmisión de este consejo no sólo permite que la ciudadanía vea, entienda y cuestione lo que hacen quienes nos gobiernan, sino que representa una práctica fundamental en favor de la transparencia y de la construcción de una democracia deliberativa.
Entonces, ¿por qué hay tantos detractores de la transmisión del consejo de ministros si esta práctica responde a la exigencia ciudadana de transparencia? En su libro Piscopolítica (2021), el filósofo Byung-Chul Han nos invita a dudar de la exigencia de transparencia que se realiza en la sociedad neoliberal actual, pues en el fondo esta no obedece a una reivindicación política, sino que se limita a la mera escandalización. Este enfoque podría explicar por qué algunas personas y varios medios de comunicación privados, que han difundido y en algunos casos han abanderado el discurso de la transparencia, hoy se oponen a la transmisión del consejo de ministros.
Byung-Chul Han es claro en asegurar que a la sociedad neoliberal no le interesa la transparencia frente a los procesos políticos de decisión, pues esta sociedad quiere fundarse en una democracia de espectadores donde actúan consumidores y no ciudadanos. Así las cosas, al ciudadano que se desea convertir en consumidor no le debería interesar realmente la política, su inconformidad se debe quedar en el plano de la queja y no de la acción política. Vigilar y develar las dinámicas del poder podrían convertirse en un obstáculo para la total conversión de una ciudadanía que se ha visto desprovista de su capacidad deliberativa.
La oposición a la transmisión del consejo de ministros llegó a su punto más álgido el pasado 11 de abril, cuando el Consejo de Estado decidió que dicha transmisión, realizada a través de los canales privados, vulnera el derecho fundamental a la información. Con esta decisión, muchos medios de comunicación privados seguirán reproduciendo la vieja táctica mediática, la de “ocultar mostrando”, a la que aludía Pierre Bourdieu cuando afirmaba que la televisión siempre muestra algo distinto de lo que tendría que mostrar.
Para el Consejo de Estado, la transmisión del consejo de ministros vulnera el derecho a la información en sus dos dimensiones: suprime el derecho a no informarse y suprime la pluralidad informativa. En otras palabras, prohíbe a las personas la posibilidad de no vigilar el poder e impide que las personas puedan ver otros programas de televisión. Este planteamiento no debería sorprendernos, pues obedece al fortalecimiento de una sociedad de consumidores y no de ciudadanos, donde “al cliente hay que darle lo que quiere y siempre tiene la razón”.
Finalmente, la censura a la transmisión del consejo de ministros ha ratificado –una vez más– que muchos medios de comunicación privados continúan siendo dispositivos importantes para la consolidación de una democracia de espectadores, donde realmente no importa la verdadera transparencia.
